El título resulta escatológico, probablemente inapropiado para estos asuntos
pero es la sensación que tenemos tanto los consultores como los empresarios en
general en relación al entorno legal en el que debemos necesariamente
desenvolvernos.
Para empezar debemos acudir al Diccionario de la RAE que nos dice que es un “Síntoma
o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre líquidas y
frecuentes”. Nos quedaremos con la morbilidad de la descripción, pues en nuestro
caso el origen no es ventral, sino cerebral.
Una de las causas además de bacterias y virus, son la ansiedad y las situaciones
estresantes. No vamos a ahondar en la amplia chocarrería coloquial española que
se refiere a este indeseable efecto del pánico, pero es aquí en donde vamos a
fijar nuestra atención pues vamos a aplicar estos términos a uno de los grandes
problemas a los que se enfrentan todos los ciudadanos y más particularmente en
el campo que nos ocupa de la vida de las personas y de las empresas.
Esta es la diarrea producida por la ansiedad o el estrés en aquellos que se
enfrentan a sus obligaciones laborales sin tener la adecuada preparación para
desempeñar sus tareas. Tampoco nadie se ha tomado la molestia de definir en qué
consisten, ni qué formación previa es necesaria ni siquiera qué conocimientos
mínimos teóricos y prácticos son necesarios para desempeñar esa función. Y con
ello me estoy refiriendo a las competencias técnicas que debe poseer el
Legislador.
Legislador en el más amplio sentido del término en cuanto a aquella institución
capacitada y autorizada por la misma Ley para emitir cualquier tipo de norma
para que sea aplicada a los miembros de una comunidad, cualquiera que sea el
tamaño de ésta.
Este Legislador (Europeo, Nacional, Autonómico, Supralocal o Municipal) suele
llegar al cargo con la idea de justificar la existencia de su puesto: No tiene
muy claro en qué consiste, nadie le ha explicado qué debe hacer, no suele tener
la formación mínima imprescindible para desempeñarlo y además, muchos de sus
desinformados críticos tampoco tienen muy claro qué es lo que deben producir
como consecuencia de estas obligaciones.
Como en todo trabajo, hay que establecer unos parámetros de rendimiento para
poder evaluar si la productividad de estos asustados partícipes del proceso de
ordenamiento de la actividad de ciudadanos y empresas es adecuada al monto de
sus emolumentos y privilegios.
Como a alguien tan desnortado como ellos se le ocurrió en alguna ocasión pensar
que el baremo de actividad de cualquier órgano legislativo es la emisión de
leyes u ordenanzas, pues encontraron una fácil justificación de sus salarios: A
más leyes, más justificaremos nuestro trabajo frente a quienes nos eligen como
parlamentarios y legisladores de manera que en las Memorias de Actividad de
algunos Parlamentos (Y entiéndase este término en el más amplio sentido) se
ufanan orgullosos los redactores de la infausta Memoria Anual en el número
ingente de disposiciones que han sido capaces de excretar en el período de
tiempo de que se trate creando, ampliando, modificando, contradiciendo, anulando
y complicando la comprensión de las normas ya existentes que deben cumplir los
administrados y ampliando su ya inabarcable número de manera sumamente creativa
pero perfectamente entorpecedora.
De esta lamentable manera hemos conseguido imponernos la diarrea legislativa
como consecuencia del pánico del legislador ignorante ante sus obligaciones, que
no deberían ser otras más que REFLEXIONAR sobre las necesidades, DEBATIR sobre
las fórmulas a utilizar y DECIDIR sobre el Bien Común, no sobre el bien de los
apoltronados.
Y sus objetivos laborales deberían ser:
-
Facilitar la
existencia de los administrados. Y dentro de este capítulo entraría la
simplificación de la legislación, reuniendo y resumiendo en un único lugar todas
las disposiciones aplicables a cada asunto del que se trate. En nuestro caso, y
por estar más cercano, me referiré a la vasta y basta cantidad de barreras
legales que se encuentran los empresarios para desarrollar su actividad en
España debiendo añadir un factor que el Estado no tiene en cuenta en la
actividad de los ciudadanos como es la enorme cantidad de tiempo que hacen
perder para realizar las gestiones más sencillas. No hablemos ya de las que
puedan ser más complejas cuyo surrealista acontecer viene por la mala calidad de
la elaboración del precepto, emisión de la norma, desconocimiento generalizado
de la misma, aplicación incorrecta por el administrador que no conoce el sentido
que tiene y pérdida de tiempo, energías y salud de cualquier persona que se
enfrente a estas situaciones.
-
Defender al
administrado de abusos del aparato del Estado. Estos abusos pueden provenir de
muchas causas, pero en España la dictadura viene impuesta por el exacerbado uso
de las atribuciones cedidas a cada organismo emisor: Para demostrar su
competencia y poder en el territorio que les han encargado administrar no tienen
más remedio que hacer uso de toda herramienta que les permita distinguirse de
otros regidores mucho menos “sensibles” a las demandas sociales tengan éstas
sentido o sean pura filfa justificatoria del desmán del sátrapa de turno,
lealmente secundado por el Legislador incompetente que deberá su condumio al
mantenimiento de los principios del sátrapa, nunca a los intereses generales que
es para lo que han sido elegidos.
-
Buscar el bien común.
Y eso se hace con pausa, reflexionando sobre qué se quiere hacer y sobre todo
sobre qué pueden necesitar los administrados en su conjunto, no solamente los
más vociferantes y expresivos. No es necesario legislar. Es necesario
reflexionar antes de introducir cualquier modificación en las formas de vida de
los ciudadanos pues cualquier cambio en los hábitos y costumbres supone, de
entrada, una intromisión en aspectos vitales de la vida y creencias de las
personas y de las empresas cuya protección debería estar garantizada por
aquellos que elegimos para que nos defiendan del Estado.
No solamente no cumplen estas obligaciones, sino que en la mayoría de los casos
aplauden frenéticos cualquier disparate limitador de las libertades que podrán
justificar íntimamente en la permanencia en el puesto de ¿trabajo? que les
mantiene a ellos y a sus familias.
Cortemos la diarrea. Que no legislen más, que con lo que existe ya es suficiente
para asfixiar cualquier iniciativa. Que se esfuercen en analizar las
deposiciones (No es errata) actuales, su validez, su sentido y su aplicabilidad
y hacer un esfuerzo de síntesis para facilitar la vida de los administrados.
Comencemos por hacer una correcta Descripción de Puestos de Trabajo para los que
estén dispuestos a ser elegidos como nuestros representantes. Que a lo mejor
sucede como en las empresas, que hace falta una cualificación mínima para
desempeñar el trabajo más sencillo.
Y el de representante de los ciudadanos no lo es. Y visto lo visto, en la
creencia de que cualquiera puede ser representante de la ciudadanía, se da ese
caso. Cualquiera. Incluso lo más iletrado y descerebrado de la especie.
El resultado, ya lo hemos visto: Descontrol peristáltico-legal.
Buen día a todos |