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13 de OCTUBRE de 2015

José Muelas, decano Colegio de Abogados de Cartagena:
“Solo un cambio de Gobierno tras el 20D hará que desaparezcan las tasas judiciales para PYMEs”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Las hazañas de la Brigada Tuitera no dejan de sorprendernos. Este pasado jueves el Parlamento Andaluz aprobaba una proposición no de ley impulsada desde Ciudadanos pero impulsada desde este colectivo de juristas para la abolición de las tasas judiciales en las pymes. Una propuesta que sólo tuvo un voto en contra. “Gracias a el trabajo de compañeros de Sevilla como Jaime Borrego, Juan Ignacio Moreno y Enrique Hinojosa, junto con otros profesionales de la Brigada, se mantuvieron reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, incluido el PP. Redactaron  dicha proposición que enviaron a todos los partidos políticos. Al final Ciudadanos se adelantó a PSOE que quería presentarla también y fue ésta la que se debatió,” comenta José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, uno de los impulsores de esta Brigada y asistente al debate en el Parlamento Andaluz. Al final moción aprobada y sus tres peticiones: derogar tasas judiciales para las pymes; que el dinero de las tasas vaya a justicia gratuita y dotar de más medios a la justicia. “El PP se abstuvo en la primera pero en las otras dos también voto a favor,” indica nuestro entrevistado.  Con él hemos conversado de la repercusión de este acto y de la situación actual de nuestra justicia.  En la foto Muelas, el pasado año dirigiéndose en el ICAM a los asistentes a los actos de la Brigada Tuitera.

Abogado Muelas, ¿qué trascendencia tiene el fallo reciente del Parlamento Andaluz sobre las tasas judiciales?

Lo primero hay que darse cuenta que PSOE, Ciudadanos, IU y Podemos se han posicionado políticamente en este momento. Esta misma moción se va a presentar en otros parlamentos autonómicos. El efecto político que genera es muy importante.

La Brigada ya ha presentado dicha moción en Euskadi, en esta ocasión presentada por el PSOE, y en cuestión de días estará en Cantabria, La Rioja y Navarra. En Cantabria la moción ya la tiene la propia presidenta de la Asamblea.

Con este posicionamiento, queda claro que solo hace falta que cambie el Gobierno a nivel nacional para que las tasas desaparezcan, tal y como han suscrito en estas mociones que se irán presentando.  Se ha visto que el PP ya no defiende estas tesis de las tasas, como hemos visto en la votación final.

Vamos que la Brigada está desarrollando una estrategia de guerrilla, que está dando sus resultados.

Creemos que es la mejor manera para denunciar un hecho, el oprobio de las tasas que aún soportan las pymes y el abandono de nuestra justicia.  En Andalucía, todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta iniciativa nuestra.

Por desgracia, la abolición de las tasas tiene que hacerse en las Cortes Generales. De todas formas, el posicionamiento del resto de los grupos está siendo claro. Procuramos que esas mociones sean presentadas en cada Parlamento autonómico por diferentes grupos políticos.  La idea es que tras las elecciones del 20 de diciembre, si se produce el cambio político que las encuestas presagian, se pueda provocar una votación en Madrid sobre las tasas.

“Lo peor de la gestión del Ministro Catalá ha sido  la diarrea legislativa que hemos vivido en estos últimos meses. No se entienden que se cambien las prescripciones civiles de 15 a 5 años y se mantengan los plazos hipotecarios en veinte.”

Sabemos que el Ministro Catalá conoce la actividad de la Brigada, parece que ahora le preocupa sobre todo la llamada justicia digital y más plazas judiciales.

La apuesta de Catalá por la justicia digital se ha ido relajando bastante en los últimos días. No tendremos oficina sin papeles a 1 de enero del 2016. Solo habrá ese concepto de justicia digital para los juicios que vayan entrando.

Además el ancho de banda de Lexnet para transmitir mensajes es muy pequeño. Eso hará  que muchas demandas no se puedan enviar vía telemáticamente. Con el reporte que no se puede transmitir, el abogado acude al final a su juzgado como siempre.

Al final la apuesta digital de Catalá tiene mucho de promesa electoral. Lexnet presenta muchos problemas: hubo este año un colapso en La Rioja. Y aún no es compatible con algunos sistemas como Android.

Hay que darse cuenta que nos estamos acostumbrando a leer las resoluciones en movilidad.  Sobre todo porque puedes prometer mucho para el 20 de diciembre si posiblemente el 1 de enero no serás Ministro.  Nuestro destino es Lexnet aunque lo necesitamos mucho más mejorado de lo que está en estos momentos.

Respecto a las plazas judiciales ¿cuál es la fórmula para que Ministerio y CCAA puedan crear más planta judicial, sabiendo los pocos recursos económicos que hay?

Hay que darse cuenta que la CCAA tiene que poner en marcha los juzgados y el Estado es el que tiene que poner los jueces. En los últimos cuatro años no se creado, por esa crisis que usted aludía, ningún juzgado.

Es fundamental que exista una coordinación entre ambas administraciones y, lo más importante que los presupuestos del año que viene de cada institución,  Gobierno y CCAA reflejen esa dotación para los nuevos juzgados. Todo lo que se aleje de este escenario es un brindis al sol y hablar por hablar.

En la última Sectorial de Ministerio y CCAA no se habló para nada de Justicia Gratuita pese a los problemas que existen en Madrid, Andalucía o Valencia a nivel de pagos de los abogados.

En la moción que se ha aprobado en el Parlamento Andaluz, lo dice claro, que se siga lo que señala el artículo 11 de la Ley de Tasas y que ese dinero recaudado vaya a la Justicia Gratuita.

Si se hacen artículos para no cumplirlos, lo mejor es no hacerlos porque de esta forma queda en evidencia nuestro Gobierno.  Hemos preguntando lo que se ha recaudado por las tasas este año y aún no nos han dicho nada. 

El dinero de las tasas hay que repartirlo entre la zona Ministerio y las CCAA con competencias transferidas. Es clave para que este servicio siga operativo con los niveles de calidad que ha tenido siempre. Sin embargo, la sensación que hay es que el Gobierno no va a destinar el dinero recaudado en tasas para la justicia gratuita.

Y en el caso que haya un cambio de gobierno a finales de diciembre.

En ese caso quitarán las tasas judiciales y las harán desaparecer. Por desgracias, el dinero de las tasas judiciales ya se lo han gastado y destinado a otras prioridades.  Digan lo que digan no piensan abolir  la ley que ellos hicieron. Con ese dinero, bien gestionado se solucionaba el problema de la justicia gratuita en España.

Es el momento de hacer un balance sobre la gestión del Ministro Catalá: ¿Qué resaltaría de estos trece meses en Justicia?

A nivel positivo, se le agradece que haya parado todas las leyes que Ruiz-Gallardón tenía, entre ceja y ceja, aprobar y la derogación parcial de la Ley de Tasas. En el aspecto negativo muchas más cosas a comentar. La llamada Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza es una vergüenza. Y los cambios cosméticos en la Lecrim en materia de plazos de instrucción  no vale para nada y añade más impunidad a los corruptos.

Lo peor de la gestión del Ministro es la diarrea legislativa que hemos vivido en estos últimos meses.  No se entienden que se cambien las prescripciones civiles de 15 a 5 años y se mantengan los plazos hipotecarios en veinte. Tampoco es muy lógico que reformas importantes aparezcan ocultas en disposiciones transitorias o adicionales de otras normas.

Curiosamente el Ministerio de Justicia parece estar al margen de los problemas del CGAE y los Colegios con Competencia. ¿Dónde está la solución?

La verdad que las multas están llegando al CGAE y a los Colegios y todas se van a recurrir por la vía contenciosa administrativa. Es sorprendente que Competencia quiera a nivel de justicia de gratuita que a un ciudadano de Santiago le atienda un abogado de Cartagena. No tiene mucho sentido sobre todo cuando la Orden Ministerial obliga a que el abogado pueda prestar ese servicio con cierta diligencia en su ámbito de actuación.

Competencia sanciona realmente por una cosa que no entiende.  En cualquier contratación de los servicios está la llamada condena en costas. Debería haber un criterio que estipulase lo que se debe cobrar a la parte perdedora del asunto. 

Para Competencia que exista ese criterio puede condicionar la relación de los propios abogados, para ellos es un cierre de mercado fijar esa política de precios. Lo que no advierten los señores de Competencia es que no hay esa regulación que ellos persiguen sino moderar la condena en costas.  Ahora, Competencia y los Colegios de Abogados han creado una comisión para buscar unos criterios generales en esta materia.

Brigada Tuitera celebrará su Congreso en Madrid, el próximo mes de noviembre. Un evento muy similar al que hubo hace un año en la capital de España.

Ese 20N es un día histórico para este país y para la justicia. En ese día se aprobó la aún vigente Ley de Tasas por el Ministro Gallardón.

La idea es seguir la línea del evento del año pasado que servirá para que conozcamos a muchos compañeros que se han sumado a la Brigada en este último año.

Aunque queda por definir mejor su contenido, sí le diré que habrá un seminario sobre activismo acompañado de un acto de afirmación de nuestra asociación. Es posible que como el año pasado algunos políticos estén con nosotros aunque nuestro evento se encuentra en medio de la campaña electoral del 20D.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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