Ultima conferencia sectorial de esta legislatura,  tercera que ha gestionado el Ministro de Justicia Rafael Catalá desde que asumió la cartera de este departamento. En esta oportunidad, gran parte de los temas que se abordaron tuvieron que ver con las tecnologías.  Se logró consenso generalizado para que a partir del 15 de octubre en todas las CCAA algún hospital realice la gestión telemática con el Registro Civil de los nuevos recién nacidos.  Respecto al objetivo de papel cero en los juzgados a partir del 1 de enero, todos los asistentes advirtieron de la necesidad de modernizar la justicia en este aspecto. Sin embargo, Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana o Aragón pidieron más ayudas para impulsar la gestión telemática. También se habló de la necesidad de poner en marcha nuevas plazas judiciales aunque en este asunto también las propias CCAA reclamaron más ayudas para financiar este tema. Este jueves Catalá y parte de su equipo han participado en un foro sobre Justicia Digital en la Fundación Rafael del Pino con la asistencia de la mayor parte de los operadores jurídicos del país.

Jornada maratoniana la de este pasado miércoles, con comida de trabajo incluida y casi cuatro horas de duración lo que hizo que muchos consejeros marcharan rápidos a sus lugares de procedencia y no comparecieran, como es habitual, ante los medios informativos que aguantamos estoicamente el paso del tiempo. Solo algunos consejeros como los de Aragón, Asturias, Canarias o Galicia tuvieron ganas tras la reunión citada de charlar con los medios informativos que allí estábamos.  Se percibe más consenso que en otras reuniones aunque también las CCAA reclamarán más financiación tanto para modernizar telemáticamente su justicia como para la creación de plazas judiciales.

La jornada sirvió para que Catalá explicara a los representantes de las doce comunidades autónomas con competencias transferidas las nuevas leyes que han entrado en vigor en los últimos seis meses y las que, estando ya aprobadas, comenzarán su andadura en los próximos días.  En este contexto, como ya hemos comentado, el desarrollo de la tecnología en nuestra justicia es un pilar importante de cara a que esta actividad se convierta en el servicio público que todos buscamos.  En este contexto, se avanzó que  la comunicación de los nuevos nacimientos desde los hospitales al Registro Civil. Esta medida deberá estar implantada a partir del día 15 de este mes y para ello el Ministerio de Justicia está coordinando el proceso con las diferentes comunidades autónomas que han mostrado una actitud positiva y de colaboración.

El modelo implantado garantiza que los datos y la documentación van a  llegar de manera electrónica desde el hospital a los Registros Civiles a través de una aplicación informática. El objetivo es que todas las comunidades autónomas adopten esta medida de forma progresiva y para ello al menos un centro sanitario público de cada territorio se incorporará al nuevo modelo a partir del próximo 15 de octubre.

Rafael Catalá reiteró  a los doce consejeros la voluntad del Ministerio de encontrar una fórmula consensuada para la creación de plazas de jueces y fiscales en función de las necesidades y posibilidades presupuestarias de cada comunidad. En esa línea, ha mostrado su disposición a mantener reuniones bilaterales con las diferentes Gobiernos autonómicos para identificar sus necesidades estructurales.  No podemos olvidar que según algunos expertos consultados el coste de poner en marcha un juzgado pudiera estar sobre los 300.000 euros y que nuestras CCAA, por motivo de la crisis, no andan muy boyantes de fondos. 

A este respecto, el propio Catalá les comentó que  las nuevas reformas procesales, como el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aliviarán a carga de trabajo en los juzgados al permitir que se eviten determinados trámites administrativos por la vía judicial.  También ha consensuado la puesta en marcha de dos pruebas de acceso a la abogacía -en este momento sólo hay una- para que "quien suspenda la primera prueba no tenga que esperar un año “y ha especificado que las fechas se adaptarán a los calendario de las instituciones académicas. Estas pruebas se harán en castellano y posiblemente en la lengua oficial de cada CCAA.