MARKETING

COMUNICACIÓN

INTERNET

FORMACIÓN

RRHH

PUBLISHING & EVENTS

Q-LAWYER

DIRECTORIO

Noticias de Despachos

Operaciones

Vida Colegial Comunidad Legal Sistema Judicial Internacional
Arbitraje Mediación TIC Abogados Jóvenes Entrevistas Colaboraciones/Opinión Reportajes Agenda BLOGS LP emprende

 
 
 
08 de OCTUBRE de 2015

Jueces y fiscales alertan que la falta de medios puede abortar las buenas intenciones de la LECrim en el proceso penal

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Consideran que muchos de los casos de corrupción, algunos de ellos ya en vía judicial, no hubieran podido desarrollarse con esta reforma procesal actual penal.

La publicación el pasado martes 6 de octubre de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ha destapado las críticas en diferentes operadores jurídicos. En este caso asociaciones de jueces y fiscales, quizás los mas implicados en este cambio normativo, han señalado las buenas intenciones de la reforma, necesaria a todas luces, pero la falta de medios técnicos y humanos para que ésta pueda llegar adelante. Esta reforma que, por vez primera introduce el control de los jueces en las investigaciones tecnológicas, ha sido cuestionada desde diferentes operadores jurídicos. En esta oportunidad, traemos a colación el análisis que de esta reforma hacen Asociacion Francisco de Vitoria, APIF y UPF desde el colectivo de fiscales, instituciones que ven necesario este cambio pero que muestran su gran preocupación ante la alarmante falta de medios. De hecho, algunos de ellos se atreven a señalar que con esta reforma en marcha muy posiblemente algunas causas de corrupción mediáticas no se hubieran producido.

Sobre la reforma, los magistrados de la Asociación Francisco de Vitoria advierten de la necesidad de la misma. Sin embargo son conscientes que la falta de medios podrá generar impunidad en los delincuentes. “La gravísima carencia de medios personales y materiales que sufre la Administración de Justicia es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Nación y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. No interesa invertir en Justicia: por eso este Gobierno, primero en democracia que no ha creado un solo Juzgado en toda la legislatura, ha impulsado cada reforma en materia de Justicia subrayando expresamente que “no supondrá incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”, comentan en un duro comunicado.

Los expertos consultados señalan que establecer un plazo para las investigaciones judiciales resulta una burla a la pretendida agilización de la justicia penal y supone una desafortunada y errónea fórmula para combatir la creciente delincuencia cada vez más compleja

Desde esta asociación judicial es fundamental tomar medidas para que la LECrim pueda funcionar en la práctica: “Se trata de aumentar  las plantillas de jueces de instrucción, fiscales y cuerpos policiales, favoreciendo su especialización, creando una verdadera Policía Judicial que dependa orgánicamente y funcionalmente de los jueces y no del ejecutivo, simplificando el régimen de recursos contenido en la LECrim, favoreciendo la oralidad y la mediación en el proceso penal, etc. Lo que resulta difícil de imaginar es que la Justicia se vaya a agilizar por publicar en el BOE que los procesos no durarán más de un determinado plazo si no se adopta al tiempo ninguna medida que permita efectivamente su agilización.”

En opinión de estos magistrados la situación puede generar efectos nocivos poco deseados: “es muy fácil adivinar cuál es el futuro inmediato en un gran número de causas penales: la imposibilidad de practicar una investigación suficiente determinará el archivo de la causa o, tras juicio, la absolución y, con ello, la impunidad de los delincuentes. Y ello beneficiará, entre otros, a los implicados en los gravísimos casos de corrupción que todos tenemos en mente y de los que a diario vemos noticias en los medios de comunicación. “Desde su perspectiva señalan que “los más significativos casos de corrupción que salpican a la clase política: ¿se hubiera llegado a averiguar lo que hoy conocemos sobre los hechos ocurridos y sus responsables de los casos AVE, Astapa, Banca Catalana, Bankia. Bárcenas, CAM, CCM, Emperador, ERE, Fabra, Faycán, Guateque, Gürtel, ITV, Malaya, Mercasevilla, Palau o Palma Arena con la regulación de la LECrim que ahora se introduce? La respuesta, sin duda, es no.”

Figura del fiscal mal concebida en la reforma

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante la próxima entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se quiere poner de manifiesto el absoluto desconocimiento que trasluce la reforma hacia la figura del Fiscal de a pie, la pluralidad de sus funciones y la escasez de medios con los que trabaja. Se establecen ahora plazos de caducidad de la instrucción, que en España está en manos de los Jueces, indicando que podrán prorrogarse únicamente a instancia del Fiscal o de alguna de las partes. En la gran mayoría de las causas la única parte personada es el Fiscal.

Fiscal que en ocasiones tiene su sede a cientos de kilómetros de distancia de los Juzgados que le corresponde despachar. Fiscal que cumple muchas otras funciones y no sólo la de llevar uno o varios Juzgados de Instrucción, asiste a juicios en todas las instancias y no sólo en materia penal, también interviene en materia civil, social y contencioso-administrativa, se ocupa de la protección de personas con discapacidad, menores, expedientes gubernativos de indulto, expropiación forzosa, justicia gratuita, etc. No tiene, por regla general, una oficina Fiscal que colabore con él en la realización material de su trabajo.

El Fiscal participa en muchas parcelas de la justicia, prácticamente sin apoyo, lleva sus propias estadísticas, cuadros de control de causas, archivos, modelos y hasta se ve obligado a registrar el trabajo realizado en las aplicaciones informáticas de la Fiscalía. Pretender que puede estar al tanto, además de sus restantes funciones, de todas y cada una de las causas que se tramitan en un Juzgado, de su estado y evolución, es desconocer de forma absoluta la vertebración del Ministerio Fiscal en España. En la Fiscalía española no existe un estudio de la carga de trabajo de cada Fiscal ni de cada Fiscalía, no existen plantillas equilibradas ni con una distribución eficiente, no existe normativa de prevención de riesgos laborales y ahora se pretende que seamos la llave de las prórrogas de la instrucción de las causas penales sin personal, sin herramientas informáticas adecuadas, sin medios de ningún tipo.    Es lamentable que la Fiscalía General no haya levantado la voz para advertir de las consecuencias de una reforma como la que entra en vigor en dos meses.

LECrim, parche legislativo

También el Secretariado de la UPF, Unión Progresistas de Fiscales, critica esta reforma parcial del proceso penal. “Como ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones, el legislador español sigue parcheando la vetusta ley procesal sin abordar una definitiva reforma del proceso penal que atribuya al Ministerio Fiscal en condiciones de efectiva autonomía -como sucede en la abrumadora mayoría de las legislaciones occidentales- la dirección de la investigación penal. Por el contrario, habiendo renunciado los dos últimos Gobiernos a sus respectivos proyectos de reforma integral del sistema procesal -anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y Código Procesal Penal de 2013-, el legislador actual opta por un nuevo remiendo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, manteniendo la figura inquisitiva del juez de instrucción, fija expresamente un plazo temporal para llevar a término las investigaciones judiciales con el consiguiente efecto adverso para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la averiguación de sus responsables.

Desde la Unión Progresista de Fiscales muestran el más  enérgico rechazo “a una reforma que denota el más absoluto desconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de la realidad diaria de los juzgados y fiscalías. La desoladora trayectoria del Ministerio en los últimos cuatro años con medidas de nefastas consecuencias para la administración de justicia culmina ahora con una reforma procesal que, lejos de mejorar el sistema de investigación de los hechos delictivos, determinará la impunidad de una buena parte de ellos como consecuencia del establecimiento de un plazo tasado de instrucción. Entendemos, pues, que establecer un plazo para las investigaciones judiciales resulta una burla a la pretendida agilización de la justicia penal y supone una desafortunada y errónea fórmula para combatir la creciente delincuencia cada vez más compleja cuando, al mismo tiempo, la escasez de recursos económicos y de medios personales y materiales en la administración de justicia es francamente preocupante.”

Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales lamenta la significativa pérdida de peso institucional de la Fiscalía General del Estado ante la sociedad y ante el Ministerio de Justicia y por ello reclamamos una actitud más enérgica de la Fiscal General en defensa de nuestros intereses ante una serie de reformas legislativas que no hacen sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia, al tiempo que implican una extraordinaria carga de trabajo para fiscales y jueces, difícil de asumir con los precarios medios personales y materiales con que contamos en la actualidad.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nosotros  /  Nuestro Equipo  / Contacto 

copyright, 2015 - Strong Element, S.L.  -  Peña Sacra 18  -  E-28260 Galapagar - Madrid  -  Spain - 
Tel.: + 34 91 858 75 55555
info@lawyerpress.com  -  www.lawyerpress.com - Aviso legal