La publicación
el pasado martes 6 de octubre de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ha
destapado las críticas en diferentes operadores jurídicos. En este caso
asociaciones de jueces y fiscales, quizás los mas implicados en este cambio
normativo, han señalado las buenas intenciones de la reforma, necesaria a todas
luces, pero la falta de medios técnicos y humanos para que ésta pueda llegar
adelante.
Esta reforma que, por vez primera introduce el control de los jueces en las
investigaciones tecnológicas, ha sido cuestionada desde diferentes operadores
jurídicos. En esta oportunidad, traemos a colación el análisis que de esta
reforma hacen Asociacion Francisco de Vitoria, APIF y UPF desde el colectivo de
fiscales, instituciones que ven necesario este cambio pero que muestran su gran
preocupación ante la alarmante falta de medios. De hecho, algunos de ellos se
atreven a señalar que con esta reforma en marcha muy posiblemente algunas causas
de corrupción mediáticas no se hubieran producido.
Sobre la reforma, los magistrados de la Asociación Francisco de Vitoria
advierten de la necesidad de la misma. Sin embargo son conscientes que la falta
de medios podrá generar impunidad en los delincuentes. “La gravísima carencia de
medios personales y materiales que sufre la Administración de Justicia es una
responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Nación y de las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas. No interesa invertir en Justicia: por
eso este Gobierno, primero en democracia que no ha creado un solo Juzgado en
toda la legislatura, ha impulsado cada reforma en materia de Justicia subrayando
expresamente que “no supondrá incremento de dotaciones de personal, ni de
retribuciones, ni de otros gastos de personal”, comentan en un duro comunicado.
Los expertos consultados señalan que establecer un plazo para las investigaciones judiciales resulta una burla a la pretendida agilización de la justicia penal y supone una desafortunada y errónea fórmula para combatir la creciente delincuencia cada vez más compleja |
Desde esta asociación judicial es fundamental tomar medidas para que la LECrim
pueda funcionar en la práctica: “Se trata de aumentar las plantillas de jueces
de instrucción, fiscales y cuerpos policiales, favoreciendo su especialización,
creando una verdadera Policía Judicial que dependa orgánicamente y
funcionalmente de los jueces y no del ejecutivo, simplificando el régimen de
recursos contenido en la LECrim, favoreciendo la oralidad y la mediación en el
proceso penal, etc. Lo que resulta difícil de imaginar es que la Justicia se
vaya a agilizar por publicar en el BOE que los procesos no durarán más de un
determinado plazo si no se adopta al tiempo ninguna medida que permita
efectivamente su agilización.”
En opinión de estos magistrados la situación puede generar efectos nocivos poco
deseados: “es muy fácil adivinar cuál es el futuro inmediato en un gran número
de causas penales: la imposibilidad de practicar una investigación suficiente
determinará el archivo de la causa o, tras juicio, la absolución y, con ello, la
impunidad de los delincuentes. Y ello beneficiará, entre otros, a los implicados
en los gravísimos casos de corrupción que todos tenemos en mente y de los que a
diario vemos noticias en los medios de comunicación. “Desde su perspectiva
señalan que “los más significativos casos de corrupción que salpican a la clase
política: ¿se hubiera llegado a averiguar lo que hoy conocemos sobre los hechos
ocurridos y sus responsables de los casos AVE, Astapa, Banca Catalana, Bankia.
Bárcenas, CAM, CCM, Emperador, ERE, Fabra, Faycán, Guateque, Gürtel, ITV,
Malaya, Mercasevilla, Palau o Palma Arena con la regulación de la LECrim que
ahora se introduce? La respuesta, sin duda, es no.”
Figura del
fiscal mal concebida en la reforma
Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante la
próxima entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se
quiere poner de manifiesto el absoluto desconocimiento que trasluce la reforma
hacia la figura del Fiscal de a pie, la pluralidad de sus funciones y la escasez
de medios con los que trabaja. Se establecen ahora plazos de caducidad de la
instrucción, que en España está en manos de los Jueces, indicando que podrán
prorrogarse únicamente a instancia del Fiscal o de alguna de las partes. En la
gran mayoría de las causas la única parte personada es el Fiscal.
Fiscal que en ocasiones tiene su sede a cientos de kilómetros de distancia de
los Juzgados que le corresponde despachar. Fiscal que cumple muchas otras
funciones y no sólo la de llevar uno o varios Juzgados de Instrucción, asiste a
juicios en todas las instancias y no sólo en materia penal, también interviene
en materia civil, social y contencioso-administrativa, se ocupa de la protección
de personas con discapacidad, menores, expedientes gubernativos de indulto,
expropiación forzosa, justicia gratuita, etc. No tiene, por regla general, una
oficina Fiscal que colabore con él en la realización material de su trabajo.
El Fiscal participa en muchas parcelas de la justicia, prácticamente sin apoyo,
lleva sus propias estadísticas, cuadros de control de causas, archivos, modelos
y hasta se ve obligado a registrar el trabajo realizado en las aplicaciones
informáticas de la Fiscalía. Pretender que puede estar al tanto, además de sus
restantes funciones, de todas y cada una de las causas que se tramitan en un
Juzgado, de su estado y evolución, es desconocer de forma absoluta la
vertebración del Ministerio Fiscal en España. En la Fiscalía española no existe
un estudio de la carga de trabajo de cada Fiscal ni de cada Fiscalía, no existen
plantillas equilibradas ni con una distribución eficiente, no existe normativa
de prevención de riesgos laborales y ahora se pretende que seamos la llave de
las prórrogas de la instrucción de las causas penales sin personal, sin
herramientas informáticas adecuadas, sin medios de ningún tipo. Es lamentable
que la Fiscalía General no haya levantado la voz para advertir de las
consecuencias de una reforma como la que entra en vigor en dos meses.
LECrim, parche
legislativo
También el Secretariado de la UPF, Unión Progresistas de Fiscales, critica esta
reforma parcial del proceso penal. “Como ya hemos manifestado en reiteradas
ocasiones, el legislador español sigue parcheando la vetusta ley procesal sin
abordar una definitiva reforma del proceso penal que atribuya al Ministerio
Fiscal en condiciones de efectiva autonomía -como sucede en la abrumadora
mayoría de las legislaciones occidentales- la dirección de la investigación
penal. Por el contrario, habiendo renunciado los dos últimos Gobiernos a sus
respectivos proyectos de reforma integral del sistema procesal -anteproyecto de
Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y Código Procesal Penal de 2013-, el
legislador actual opta por un nuevo remiendo de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que, manteniendo la figura inquisitiva del juez de instrucción, fija
expresamente un plazo temporal para llevar a término las investigaciones
judiciales con el consiguiente efecto adverso para el esclarecimiento de los
hechos delictivos y la averiguación de sus responsables.
Desde la Unión Progresista de Fiscales muestran el más enérgico rechazo “a una
reforma que denota el más absoluto desconocimiento por parte del Ministerio de
Justicia de la realidad diaria de los juzgados y fiscalías. La desoladora
trayectoria del Ministerio en los últimos cuatro años con medidas de nefastas
consecuencias para la administración de justicia culmina ahora con una reforma
procesal que, lejos de mejorar el sistema de investigación de los hechos
delictivos, determinará la impunidad de una buena parte de ellos como
consecuencia del establecimiento de un plazo tasado de instrucción. Entendemos,
pues, que establecer un plazo para las investigaciones judiciales resulta una
burla a la pretendida agilización de la justicia penal y supone una
desafortunada y errónea fórmula para combatir la creciente delincuencia cada vez
más compleja cuando, al mismo tiempo, la escasez de recursos económicos y de
medios personales y materiales en la administración de justicia es francamente
preocupante.”
Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales lamenta la significativa pérdida de
peso institucional de la Fiscalía General del Estado ante la sociedad y ante el
Ministerio de Justicia y por ello reclamamos una actitud más enérgica de la
Fiscal General en defensa de nuestros intereses ante una serie de reformas
legislativas que no hacen sino dificultar la investigación judicial y entorpecer
la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia, al
tiempo que implican una extraordinaria carga de trabajo para fiscales y jueces,
difícil de asumir con los precarios medios personales y materiales con que
contamos en la actualidad.