@LP_Hans
Pedir
la
desaparición
del
Tribunal
Constitucional
es
no
sólo
un
total
disparate,
sino
también
la
clara
expresión
de
falta
de
madurez
de
nuestra
cultura
política
que
no
solo
afecta
a
los
partidos
"emergentes"
sino
también
a
los
partidos
"clásicos".
La
Constitución
de
un
estado
nos
es
una
ley,
es
una
declaración
política
convertida
en
norma
fundamental
para
la
estructura
de
un
estado,
para
su
Justicia,
para
su
Ejecutivo
y
para
su
Legislativo,
los
tres
poderes
que
emanan
de
ella
y
que
constituyen
en
una
moderna
democracia
el
teórico
equilibrio
de
contra
vigilancia.
Hay
estados
que
ni
siquiera
precisan
de
una
constitución
y
por
ende
de
un
Tribunal
Constitucional,
pero
gozan
de
una
cultura
democrática
centenaria,
como
puede
ser
el
Reino
Unido.
Una
cultura
democrática
basada
en
formalismos
inamovibles
como
la
elección
y
proclamación
de
sus
Members
of
the
House
of
Parliament.
Lejos
de
proclamar
un
sistema
superior
a
otro,
quiero
fijarme
en
lo
que
en
Ciencias
Políticas
se
llama
"Cultura
Política"
una
forma
de
analizar
sistemas
de
gobierno
según
el
arraigo
de
valores
y
formas
democráticas.
Un
método
algo
complejo
y no
muy
extendido,
que
formó
la
base
de
mi
trabajo
sobre
la
transición
política
de
España
que
empecé
hace
ya
30
años.
En
muchas
conversaciones
con
los
protagonistas
de
la
transición
he
podido
recoger
los
principales
miedos
de
los
responsables
políticos
de
aquella
época,
que
no
tenían
el
lucro
o la
protección
de
la
corrupción
como
objetivo
en
la
construcción
de
la
España
democrática
después
de
40
años
de
franquismo.
Eliminar
o
vencer
a la
resistencia
de
los
franquistas
convencidos
y
aperturistas
ha
sido
la
primera
fase
de
esta
transición
capitaneado
por
Adolfo
Suárez,
cuya
labor
de
primero,
autoconvencerse
de
las
posibilidades
y
oportunidades
de
un
moderno
estado
y
luego
hacer
saltar
la
chispa
al
restos
del
franquismo
en
las
Cortes
Generales
se
basó
en
un
compromiso
personal
que
no
debemos
olvidar
y
dejar
de
agradecer
nunca.
La
elaboración
de
la
constitución
del
78,
cuyo
proceso
desgraciadamente
nunca
ha
sido
analizado
con
la
fuerza
científica
suficiente,
y su
aprobación
en
referéndum
ha
sido
el
segundo
hito
importante
en
la
transición.
Influenciado
por
la
larga
época
dictatorial
y
por
la
sombra
de
la
Guerra
Civil,
los
padres
de
la
Carta
Magna
elaboraron
un
sistema
político
para
aquel
momento
decisivo,
pero
como
no
podían
sobrepasar
sus
marcadas
orientaciones
políticas
para
desvincular
la
Constitución
de
los
partidos,
cuyo
poder
y la
falta
de
contra
poderes
establecidos,
ha
sido
el
mayor
lastre
de
éste
proyecto,
que
valorado
desde
nuestra
perspectiva
actual
puede
haber
requerido
de
alguna
reflexión
continua
y
profunda.
Los
padres
de
la
Carta
Magna
se
merecen
igual
que
Adolfo
Suárez
una
mención
especial
en
la
construcción
de
la
España
"moderna".
La
tercera
etapa
de
la
transición
con
la
llegada
del
primer
gobierno
sin
vinculación
directa
con
el
franquismo
- y
me
atrevo
a
postular
que
independientemente
del
color
político
-
supuso
poner
en
práctica
un
nuevo
sistema
político,
administrativo
y
judicial.
Los
cambios
de
personas
en
los
respectivos
órganos
creados
por
la
constitución
o
prolongados
desde
el
régimen
anterior
se
nutrían
de
las
filas
políticas
al
desconfiar
de
los
cargos
y de
su
compromiso
con
la
joven
democracia.
En
su
base
una
decisión
comprensible,
a la
que
faltó
su
segunda
parte:
la
creación
de
un
funcionariado
independiente,
altamente
cualificado,
base
de
una
administración
independiente
y
profesional,
tal
y
como
se
estableció
en
muchos
países
de
nuestro
entorno
después
de
la
II
Guerra
Mundial.
La
continua
y
tolerada
intromisión
de
los
sucesivos
gobiernos
no
solo
en
la
administración
general
del
Estado,
sino
también
en
la
administración
de
la
Justicia,
ha
provocado
por
un
lado
la
desaparición
de
la
separación
de
poderes
y de
su
labor
de
contrapesos
y de
control
y la
irrupción
de
la
impunidad
de
la
responsabilidad
política.
Pero
por
otro
lado
nos
ha
arrojado
una
administración
donde
los
nombramientos
afectan
casi
al
nivel
de
los
auxiliares
administrativos.
Una
administración
politizada
y
con
cargos
de
decisión
precarios,
al
depender
de
las
elecciones
de
los
gobiernos
nacionales,
autonómicos,
provinciales
y
locales.
En
todos
estos
niveles
se
ha
visto
reducido
el
funcionamiento
de
la
administración
a
pesar
de
la
gran
valía
de
nuestros
funcionarios.
Hay
que
acometer
los
cambios
precisos
en
nuestro
sistema
político
con
un
nuevo
consenso
entre
todos
los
partidos,
los
"emergentes"
resultados
del
cabreo
y de
la
desilusión
de
los
ciudadanos,
y de
los
"clásicos"
muy
vinculados
a
los
desvíos
de
nuestra
democracia.
La
reflexión
ha
de
incluir
la
sociedad
civil,
aunque
puedan
existir
algunas
dudas
sobre
su
despolitización,
para
generar
un
sistema
de
garantías,
de
representación
y de
estado
de
derecho
moderno
que
nos
permita
afrontar
los
retos
de
un
futuro
complejo.
Y la
regeneración
ha
de
crear
una
cultura
política
con
el
máximo
respeto
y
confianza
en
sus
instituciones
que
representan
valores
fundamentales
en
una
convivencia
democrática. |