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29 de SEPTIEMBRE de 2015

Álvaro García, fiscal, Presidente de la UPF:
“Transformar las faltas en delitos leves está generando muchas distorsiones a nivel penal”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

En esta vuelta al trabajo, tras el paréntesis estival, era obligado conocer de algún profesional contrastado las impresiones de la carrera fiscal del momento actual. Charlar con Álvaro García presidente de  UPF, Unión Progresista de Fiscales, asociación de profesionales que forma parte del Consejo Fiscal, órgano consultivo del FGE, ha ayudado bastante a clarificar un panorama poco halagüeño para estos profesionales. Excesivos trabajo, sistema muy jerarquizado y pocos medios configuran un contexto poco grato para el Ministerio Público: “Hay que darse cuenta que en el futuro se nos exigirán más competencias. Si quieren que los fiscales llevemos la instrucción habrá que definir un proyecto de justicia donde quede claro cuál es el papel de nuestro colectivo.  De momento se va parcheando de mala manera”, comenta nuestro interlocutor. Con él, hemos pasado revista a la situación de los fiscales en nuestro país, su papel en las reformas que ha puesto en marcha el Ministro Catalá y aquellas reivindicaciones que desde hace años reclaman: “Es fundamental la autonomía presupuestaria del fiscal. Esta autonomía ayudaría a realizar muchas cosas y tener más competencias. No la tenemos ni creo que la vayamos a tener. Ni siquiera tenemos una página en el BOE para publicar nuestras resoluciones”, subraya. En la foto, a la izda. de Joaquín Bosch en una rueda de prensa de Jueces para la Democracia y UPF contra la corrupción.

¿Qué impresión tiene del año judicial que hemos arrancado recientemente?

Es un año complejo, donde justicia y política van a coexistir. Es el momento de muchas causas penales relacionadas con la corrupción que puede tener influencia mediática. Al mismo tiempo lo que suceda tras las elecciones catalanas será determinante. Habrá que ver qué respuesta judicial o política se da a este contexto nuevo que surge del 27S.

Por otro lado, hay que darse cuenta en estos cuatro años, legislador y ejecutivo, los diferenciamos aunque a veces se solapen, no han dado un tratamiento que debiera a lo que es la situación de la justicia. Todos los operadores jurídicos coincidimos que en estos cuatro años no se ha dado un impulso a este servicio público.

Por último, está el contexto de las elecciones generales de diciembre, donde muchas decisiones judiciales podrían estar condicionadas con este ambiente.  Esperemos que haya la menos distorsión posible en lo que es la justicia y sus actos jurídicos.

“El gran problema que tenemos los fiscales es que en este país no se afrontado como debiera la reforma penal, sobre todo por falta de voluntad política”

Recordamos las palabras de la FGE, Consuelo Madrigal, en ese evento del año judicial para que no se utilizara políticamente los fiscales.

Eso es lo que todos queremos. Para que eso ocurra también el fiscal tiene que parecer independiente. Una cosa tiene que ir con la otra. Tenemos que ser muy transparentes para que la sociedad vea lo que hacemos y que los fiscales no estamos mediatizados por nadie. Y si el FGE da órdenes a los fiscales sería bueno que se conociera en ese afán de transparencia.

A este respecto, le tengo que preguntar por el fichaje del anterior FGE, Eduardo Torres-Dulce, por un destacado despacho de abogados.

Ya nos pronunciamos a través de un comunicado de forma dura sobre esta cuestión.  Hay que dar una vuelta a esta medida de que al FGE le dejen fichar por un bufete.  No olvide que hablamos de un profesional que conoce el funcionamiento de las instituciones por dentro; los propios mecanismos de acusación existentes porque su labor es siempre esa, luchar contra la delincuencia organizada, mafias etc.

Es complicado que el FGE acabe en una firma legal que se dedica, como tantas otras, a la defensa legítima de aquellos que acabamos de señalar.  Esta situación es anacrónica y habría que buscar la manera de frenar este tipo de situaciones.  La sociedad no conoce la capacidad de información que puede tener un FGE.

Habrá que estudiar, entonces como preservar a los exFGE cuando dejen de ejercer como tales.

En el caso de Torres-Dulce era sencillo. Tenía el puesto de Fiscal de Sala del Tribunal Constitucional, un escalón por debajo del citado puesto de FGE, también de gran importancia. ¿Por qué no se pudo quedar ahí? Al mismo tiempo, es hacer de menos el cargo que se ha ocupado.

¿Le convence el trabajo de Doña Consuelo Madrigal en estos ocho meses como FGE?

No es fácil hacer la valoración de alguien que lleva poco tiempo en el cargo. Es una persona que ha entrado, no para culminar un proyecto sino para realizar una gestión concreta.  Nadie duda que es una excelente persona aunque desde el punto de vista de los nombramientos, no parece que todos tienen un perfil parecido y no ayudarán a avanzar a la carrera fiscal.

Lo que si notamos, ya lo vimos en la época de Torres-Dulce, y ahora también, y es achacable al Gobierno de la nación, es la dependencia del FGE respecto al Ministerio de Justicia y su falta de autonomía en todos los sentidos.

Teníamos dos promesas muy claras del Ministerio, una de ellas la autonomía presupuestaria del fiscal. Esta autonomía ayudaría a realizar muchas cosas y tener más competencias. No la tenemos ni creo que la vayamos a tener.  Ni siquiera tenemos una página en el BOE para publicar nuestras resoluciones.

Ella ha comentado que se trabaja en un Código Ético para llegar a la excelencia en la labor de los fiscales.

Esta es una iniciativa que ya nos imponía Europa desde hace tiempo desde el GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción, entidad que depende del Consejo de Europa. Ahora se está desarrollando y confiemos que tenga los más altos estándares de exigencia, de acuerdo con la importancia de nuestra institución.

También se ha hablado de una Oficina Digital Fiscal en Valladolid, como experiencia piloto que se está desarrollando ahora.

Es cierto, ya está en marcha, veremos cuáles son sus resultados. Lo triste es que deberíamos ya estar hablando del tema desde hace quince años. Ojala que ayude a que podamos trabajar mejor y con más eficacia. Pero este tipo de iniciativas llegan tarde en tiempo.

Desde la FGE se ha creado un portal de Transparencia. ¿Es oportuna dicha medida?

Es una iniciativa loable aunque en temas de transparencia la carrera fiscal tiene mucho que avanzar aún. La Fiscalía es una entidad muy poco conocida donde no se conoce la motivación de determinadas decisiones claves para nuestra actividad. Ahí a lo mejor tendríamos que ver lo que ha hecho el CGPJ en determinados asuntos.

Igual pasa en el Consejo Fiscal, órgano consultivo del FGE, creemos que si tuviera más transparencia e información, toda la carrera estaría mejor informada.

Nadie discute a estas alturas de la situación, que la carrera fiscal necesita cambios internos que doten de seguridad jurídica a sus profesionales.

Necesitamos un proyecto de qué queremos hacer, tiempo para desarrollarlo y complicidad con el legislador para llevarlo a cabo.

No somos capaces que el Ministerio de Justicia apruebe mínimas modificaciones reglamentarias nuestras que ayudarían a mejorar nuestro régimen disciplinario.  De hecho alguna resolución judicial ha cuestionado el citado régimen nuestro.  Necesitamos más agilidad en algunos cambios que nos afectan, desde luego.

A este respecto es fundamental que se cree un nuevo Reglamento Disciplinario. Esa será la mejor manera de saber a qué tenemos que atenernos los fiscales.  Es fundamental que los fiscales tengamos seguridad jurídica en el ejercicio de nuestra actividad profesional.

¿El ejemplo es la carrera judicial y cómo está gestionando estos temas?

En algunas cosas si, en otras, no. Somos una carrera diferente. Creo que como institución estamos muy desaprovechados realmente. Estar implantados en todo el Estado  de la manera que estamos es un valor del que no se le está sacando provecho.   De hecho en la jurisdicción penal está el reto de la nueva delincuencia que nos obliga a estar mejor preparados y trabajar de otra forma.

Respecto al papel del fiscal en las reformas que está llevando el Ministro Catalá: ¿Cuál debe ser el papel de su colectivo en las mismas?

Deberíamos tener más protagonismo del que se nos ha dado. En la reforma de la Jurisdicción Voluntaria se concibe al fiscal como un fiscal a la carta, que puede estar en todas partes mientras que nuestra realidad es otra: estamos muy cortos de plantilla.

Respecto a la LEcrim y los plazos impuestos ahora para la instrucción nos hará mucho daño. Tendremos que cambiar la forma de trabajar y ver si somos capaces de atenderlo. Y la reforma penal última, nos está trayendo de cabeza desde su entrada a primeros de julio.

¿Qué problemas tienen los fiscales con esta reforma penal última?

Hay algunos cambios inútiles desde el punto de vista de persecución de los delitos, incluso del funcionamiento de los juzgados que funcionaban de una determinada forma, parece inútil transformar las faltas en delitos leves, eliminando algunas de ellas.  Se está generando mucha confusión desde esta perspectiva y la técnica legislativa deficiente no está ayudando en nada a nuestro trabajo.

El gran problema que tenemos los fiscales es que en este país no se afrontado como debiera la reforma penal, sobre todo por falta de voluntad política. Esta es una asignatura pendiente de los últimos gobiernos que se tendrá que afrontar en la próxima legislatura. Hasta la fecha nadie ha logrado que el procedimiento penal sea eficaz.

De todas formas, el uso del Código Penal y sus reformas frecuentes, exasperan a cualquiera.

Son excesivos los cambios que el Código Penal de la democracia de 1995 ha sufrido en estos años. Con estos cambios, esta normativa no es mejor que la anterior. Al mismo tiempo, desde otros puntos de vista, estamos con una normativa muy dura, sin que seamos un país especialmente conflictivo o con problemas de seguridad. Hay que reflexionar sobre esta cuestión y hacer reformas que se consoliden en el tiempo.

¿Es bueno que encontremos un fiscal en cualquier jurisdicción?

Esta es una pregunta complicada que intentaré aclarar. Los fiscales podemos hacer muchas cosas pero si hacemos demasiadas no haremos ninguna bien.

Deberíamos estar haciendo nuestro trabajo pero haciéndolo bien. En el tema penal parece que nadie discute nuestro papel en la instrucción, otra cosa es si al final se nos encargará la dirección de la misma, asunto aún no resuelto.

En cuestiones de familia, civil o derechos fundamentales somos también una parte importante y debemos estar presentes, sobre todo si no existe otra persona que pueda defender esos derechos de esas personas en ese momento.

Por último, ¿cómo valora el presupuesto de Justicia para el 2016 y las plazas presupuestadas de 100 jueces y fiscales?

Los fiscales tenemos un déficit de plantilla desde hace muchos años. Para tener una plantilla decente en todos los sitios donde se nos reclama necesitaríamos muchísimos fiscales.  Hay que darse cuenta que en el futuro se nos exigirán más competencias.

Si quieren que los fiscales llevemos la instrucción habrá que definir un proyecto de justicia donde quede claro cuál es el papel de nuestro colectivo.  De momento se va parcheando de mala manera.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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