|
La Asociación
Profesional
e
Independiente
de
Fiscales
(APIF),
representada
por
su
portavoz,
y
una
delegación
de
fiscales
de
la
Audiencia
Provincial
de
Málaga,
invitada
al
efecto
por
la
asociación,
han
llevado
hasta
el
Ministerio
de
Justicia
la
discriminación
que,
desde
hace
años
vienen
padeciendo
y
denunciando,
por
una
injusta
y
desproporcionada
distribución
de
plazas
de
segunda
y
tercera
categoría
en
la
Fiscalía
de
Málaga
que
les
obliga
a
desempeñar
funciones
de
categoría
superior,
sin
la
retribución
económica
que
le
corresponde
y, a
la
vez,
les
impide
ocupar
la
plaza
de
la
categoría
que,
por
antigüedad
en
años
de
ejercicio,
les
pertenece
Por
tal
motivo,
la
delegación
de
fiscales
de
Málaga,
tras
no
haber
recibido
respuesta
concreta
al
escrito
que
en
junio
pasado
remitieron
al
Ministerio
en
tal
sentido,
se
ha
desplazado
a
Madrid
con
la
APIF
para
la
reunión
con
la
secretaria
de
Estado
de
Justicia,
Carmen
Sánchez-Cortes,
a
quien
han
trasladado
el
profundo
malestar
existente
dentro
de
la
fiscalía
de
Málaga
donde
cerca
de
una
quincena
fiscales
vienen
sufriendo
una
situación
injusta,
indebida
y de
nefasta
justificación
por
parte
de
quienes,
precisamente,
han
de
ser
modélicos
en
cuanto
al
sentido
de
la
justicia.
En
la
reunión,
el
Portavoz
de
la
APIF
y la
delegación
de
fiscales
malagueños
pusieron
de
manifiesto
el
excesivo
número
de
plazas
de
tercera
categoría
respecto
al
número
de
plazas
de
segunda
que
existen
en
la
Fiscalía
de
Málaga,
sin
proporción
alguna
a la
que
se
mantiene
en
el
resto
de
fiscalías
de
España,
con
perjuicio
para
la
quincena
de
fiscales
de
segunda
categoría
que
ocupan
de
manera
prácticamente
perenne
plazas
de
tercera
categoría,
existiendo
casos
de
fiscales
que
llevan
más
de
diez
años
de
ejercicio
sufriendo
esta
escandalosa
situación.
La
discriminación
e
injusticia
producida
es
evidente,
y
así
lo
reconoció
la
propia
Secretaria
de
Estado
de
Justicia,
al
consultar
la
plantilla
orgánica
del
Ministerio
Fiscal
donde
se
muestra
cómo
en
la
Fiscalía
Provincial
de
Málaga
hay
20
plazas
de
tercera
frente
a 36
de
segunda,
mientras
que
en
fiscalías
homólogas
como
la
de
Sevilla
hay
12
de
tercera
frente
a 50
de
segunda;
en
Madrid,
32
de
tercera
frente
a
143
de
segunda;
en
Barcelona,
11
de
tercera
frente
a
110
de
segunda;
o en
Valencia,
17
de
tercera
frente
a 81
de
segunda.
En
el
estudio
porcentual,
en
Málaga,
las
plazas
de
tercera
representan
el
35,71
por
ciento
respecto
a
las
de
segunda;
Sevilla,
el
19,35
por
ciento;
Madrid
18,2
por
ciento;
Barcelona,
el
9,09
por
ciento;
y
Valencia,
el
17,3
por
ciento,
por
lo
que
porcentualmente
Málaga
llega
a
tener
hasta
el
cuádruple
de
plazas
de
tercera
que
otras
fiscalías
de
grandes
ciudades.
Todo
ello
provoca
una
doble
discriminación:
frente
a
los
propios
compañeros
de
Málaga
(con
idénticas
funciones,
tareas,
responsabilidades
y
cargas
de
trabajo
que
los
compañeros
de
segunda)
y
frente
al
resto
de
fiscalías
de
España
con
plantillas
más
equilibradas
en
el
reparto
de
fiscales
de
segunda
y
tercera
y
que,
sin
embargo,
cuentan
con
una
tasa
de
litigiosidad
por
habitante
indudablemente
menor
a la
de
Málaga
capital
que
junto
a
Marbella
ocupan
el
liderazgo
del
ranking
nacional,
según
los
últimos
datos
del
CGPJ.
El
problema,
que
deriva
de
la
falta
de
interés
en
revisar
la
plantilla
orgánica
del
Ministerio
Fiscal,
afecta
a
otros
fiscales
de
España,
pero
donde
se
manifiesta
con
mayor
intensidad
es
en
la
Fiscalía
de
Málaga.
A la
vez,
se
da
la
circunstancia
de
que
las
posibilidades
de
“ascenso”
en
el
tiempo
son
prácticamente
nulas
ya
que
cuando,
de
tarde
en
tarde,
salen
a
disposición
alguna
plaza
de
segunda
ésta
suele
ser
ocupada
por
fiscales
procedentes
de
cualquier
otra
localidad
de
España
que
así
la
piden,
impidiendo
el
acceso
de
los
propios
fiscales
de
Málaga
que
ven
eternizarse
hasta
las
puertas
de
su
jubilación
el
natural
ascenso
que
viene
correspondiendo
a
cualquier
fiscal
de
España
en
no
más
de
cuatro
o
cinco
años.
Ante
esta
situación,
la
delegación
de
fiscales
de
Málaga
y la
propia
APIF,
que
no
entienden
que
la
Administración,
a
sabiendas,
pudiera
mantener
una
situación
injusta
y
arbitraria,
han
vuelto
a
reclamar
al
Ministerio
de
Justicia
que
aporten
una
solución
urgente
y
pasen
a
convertir
las
plazas
de
tercera
en
plazas
de
segunda
para
equiparar
a
Málaga
con
el
resto
de
fiscalías
de
España
a la
vez
que,
como
medida
transitoria,
ordenen
la
asignaciones
económicas
que
procede
a
los
fiscales
afectados
a
tenor
del
desempeño
que
realizan
en
categoría
superior
que
no
ocupan,
y
todo
ello
en
evitación
de
procesos
judiciales
y
medidas
laborales.
|
