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 Llevamos unos meses frenéticos. Quienes tenemos por profesión la aplicación de
las leyes, hemos llegado a un punto en que da verdadero pánico abrir el BOE.
Parece que cada día nos depara una sorpresa nueva, alguna ley que modifica a su
vez varias leyes más, con distintas fechas de entrada en vigor, para más inri.
En una progresión tan vertiginosa que se precisa un GPS para conseguir
orientarse en este maremágnum legislativo. Y en un fenómeno que algunos han
llamado motorización legislativa y otros han bautizado con un término bastante
escatológico que no repetiré pero que es muy ilustrativo. Un verdadero tsunami
de leyes. Que además os pilla en traje de baño y casi sin sitio para ponernos a
abrigo.
Lo primero que llama la atención –o no- es por qué ahora, y por qué con estas
dimensiones. Como si el tic tac del reloj de la legislatura se les hubiera caído
de repente encima y hubieran decidido recuperar el tiempo perdido. Como si
tuvieran que legislar como si ni hubiera un mañana. O quizás precisamente por
eso.
Una macrorreforma del Código Penal, una nueva ley de Jurisdicción Voluntaria, el
Estatuto de la Víctima, una recauchutada Ley Orgánica del Poder Judicial,
parches y retoques de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal, diseminados
aquí y allá, una reforma exprés del la ley reguladora del Tribunal
Constitucional y de la regulación del aborto y mil cosas más. Reconozco mi
incapacidad para abarcarlo todo, y el vértigo que me entra cada vez que he de
aplicar un precepto porque me asaltan las dudas de si está todavía en vigor o ha
venido el legislador con su enorme goma de borrar y su tippex virtual y
lo ha cambiado por otro o lo ha derogado.
Y esto, con lo sencillo que lo tenemos ahora, con San Google dispuesto a
apiadarse de nuestra alma togada y llevarnos de paseo por los estudios de todas
esas almas caritativas que han destripado una u otra ley. Que no hay cirios
bastantes para ponerle al santo, vaya.
Y ojo, como quiera que las prisas no son buenas consejeras, este tsunami de
leyes que llega arrasando no siempre es todo lo correcto técnicamente que
debiera. Y entonces el legislador nos obsequia con un bis consistente en
una corrección de errores metida en cualquier hueco. Y que plantea problemas
añadidos no solo por conseguir llegar a saber de su existencia sino, sin ir más
lejos, por otras cuestiones como las relacionadas con su entrada en vigor. Que
siempre puede suscitar sus dudas si esa corrección entra en vigor según la regla
general, 20 días desde su publicación, o, como es lógico, cuando lo haga la ley
cuyas disposiciones corrige. Y ya sabemos que en Derecho la lógica no siempre
puede aplicarse sino tiene norma que la ampare.
A veces echo marcha atrás en mi memoria y vuelvo a aquellos días en que el BOE
lo veíamos en papel, y teníamos que acudir a bibliotecas donde consultarlos. Un
tiempo que pudiera parecer el Pleistoceno pero del que no hace tanto. ¿Se
imagina alguien consultar semejante catarata de leyes a base de ir día a dia a
una biblioteca a buscar el Boletín, y pasarse horas allí haciendo esquemas de
cuántas son las disposiciones reformadas ese día? ¿Llenar de posits los Códigos
y de etiquetitas con fotocopias? La verdad es que solo de imaginármelo se me
hace un nudo en el estómago.
Como también se me hace pensando en las víctimas más inocentes de este afán
reformista, los estudiantes y en especial los siempre olvidados opositores. Esos
sufridos jóvenes para los que cada reforma es un paso atrás en la consecución
del objetivo de su vida. Porque no olvidemos que, por más que luego digamos que
existen otras muchas cosas en la vida, para el opositor la vida está en
suspenso, y sólo volverá a ser vida cuando llegue el ansiado aprobado. Si llega,
que aquí no hay seguro ni garantía que valga. Son las reglas del juego.
Pero, cada vez que la angustia me oprime porque a través de cualquier
conversación de café por whatsapp, por redes sociales o foros o por
cualquier otra vía, alguien me hace llegar la enésima reforma, me viene a la
cabeza esa figura jurídica tan abstracta y tan remota llamada seguridad
jurídica. Algo que estudiábamos en la facultad -y en la oposición quienes
pasamos por ese trago-, y que parecía no ser algo que pudiera generar mayores
problemas. La seguridad jurídica está anclada en que la ley prevea la aplicación
a un supuesto de hecho una consecuencia jurídica, de modo que el justiciable
pudiera conocer a priori las consecuencias de su acción antes de decidir
llevarla a cabo. Reforzado con eso de que la ignorancia de las leyes no exime de
su cumplimiento, como dice el propio Código Civil.
No albergo apenas dudas de que la cuestión de la seguridad jurídica esta
penamente cubierta en un plano formal. Con publicar la ley o disposición
pertinente en el medio oficial y con la publicidad prevista es suficiente. Eso
es fácil y más en los tiempos que corren, en que transmitir una norma al mundo
entero está a un golpe de tecla. Pero ¿es eso suficiente para que exista una
verdadera seguridad que ampare al ciudadano? Pues de eso no estoy yo tan segura.
Y es que aplicar las leyes no es una operación automática. No se mete en un
ordenador un supuesto A para que aparezca un resultado B. Si así fuera,
sobraríamos los operadores jurídicos. Hay que conocerla, interiorizarla y
estudiarla. Y así es imposible. Más aun con el imperio de lo instantáneo y la
acumulación de asuntos que campan por falta de medios y que hacen que, en
ocasiones, la urgencia prevalezca sobre la exquisitez. Y poco o nada ayuda el
hecho de que los plazos de entrada en vigor hayan menguado sobre lo que venía
siendo habitual, como ha ocurrido con el Código Penal, que ha reducido a tres
meses el plazo normalmente empleado para reformas de esa magnitud, de seis meses
al menos. Y en pleno verano, para rizar el rizo.
Si a todo lo anterior unimos que las normas de interpretación en nuestro
derecho, que son las que se emplean para solventar las dudas, son escasas y
están contenidas en el Código Civil, una obra legislativa del siglo XIX, el nudo
del estómago se aprieta cada día más. Desalentador.
El panorama es de verdad terrorífico para los que aplicamos las leyes. En
ocasiones, da la sensación que nos han quitado la tierra bajo los pies. O al
menos esa sensación me da a mí. Y, si lo uno al hecho de que un posible giro vía
urnas en la composición de Parlamento podría implicar la derogación o
modificación de muchas de esas disposiciones, del nudo en el estómago paso a ese
momento en que a una se le hincha la vena y no respondo. O sí. Planteándomelo al
menos.
Que las reformas nos sean leves. No nos queda otra que hincar codos y tila a
granel. Pero al menos, el derecho al pataleo. Eso que no falte. |
