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10 de SEPTIEMBRE de 2015

Ángel Dolado, Juez Decano de Zaragoza:
“Los jueces españoles buscamos la democratización del poder judicial”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Ángel Dolado, Juez Decano de Zaragoza

Un nuevo año judicial, inaugurado este martes por Felipe VI ante el mundo jurídico en un entorno en el que los problemas de la justicia tienden a cronificarse. En el día de ayer, en un comunicado de prensa las tres asociaciones judiciales, JpD, AJFV y FJ anunciaban la ruptura del diálogo con el Ministerio de Justicia ante la falta de comunicación existente. Dentro de un mes en la localidad gallega de Vigo los Jueces Decanos tendrán su encuentro anual del que siempre se extraen conclusiones muy provechosas, en esta oportunidad  los debates se centrarán en la nueva realidad profesional del juez; el modelo de organización judicial y el papel real de la justicia ante la sociedad. Por estas razones hemos querido conocer las impresiones de un magistrado como Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza desde hace muchos años y un profesional que conoce muy bien esta problemática: “Los jueces españoles desde 2009, con varias huelgas históricas, han venido presentando una serie de reivindicaciones para la mejora de la administración de justicia y muy pocas han sido acogidas.  Por el contrario, la lucha por el control de las estructuras de gobierno del Poder Judicial por parte de los poderes ejecutivo y legislativo han ido en aumento e incluso algunas reformas anunciadas quieren poner coto al potencial de los jueces como promotores de ciertos movimientos de protesta y en defensa de los derechos de los consumidores, como en ejecuciones hipotecarias y desahucios”, comenta.

Magistrado Dolado, ¿cómo encaran los jueces españoles este nuevo curso judicial? Acabamos de saber que las Asociaciones Judiciales rompen relaciones con el Ministro por su falta de diálogo

Los jueces encaramos el nuevo curso judicial con gran preocupación y con sentido de la responsabilidad. Preocupación porque llevamos 5 meses con importantes reformas legislativas que no llevan memoria económica y se indica que deben implantarse a “coste cero”, lo que conllevará mayores retrasos y demoras en la resolución de los problemas, generando una gran frustración en los ciudadanos.

Y con responsabilidad porque seguimos soportando cargas de trabajo superiores al 150 % de lo razonable, con serios riesgos de afectación de nuestra salud física y psíquica, pero todo en un intento de dar respuesta al mayor número posible de asuntos.

Tres asociaciones no acuden a encuentros por separado con el Ministerio de Justicia porque la convocatoria no lleva orden del día, no existen verdadera voluntad ministerial de realizar un trabajo común para dar soluciones a los graves problemas de nuestro sistema judicial. Afirman que no quieren ser instrumentalizadas en periodos preelectorales.

¿Se sienten los jueces españoles amparados por el Ministerio y el CGPJ? ¿Qué debería mejorar en esa relación entre magistrados e instituciones?

“No hay una verdadera voluntad de incrementar al 3% de los PGE el gasto en justicia, ni de aproximarnos de 11 al 21 jueces por 100.000 habitantes, como en países como Alemania o Francia. Es un tópico decir que la administración de justicia es la asignatura pendiente de nuestra democracia.”

Los jueces españoles desde 2009, con varias huelgas históricas, han venido presentando una serie de reivindicaciones para la mejora de la administración de justicia y muy pocas han sido acogidas.

Por el contrario, la lucha por el control de las estructuras de gobierno del Poder Judicial por parte de los poderes ejecutivo y legislativo han ido en aumento e incluso algunas reformas anunciadas quieren poner coto al potencial de los jueces como promotores de ciertos movimientos de protesta y en defensa de los derechos de los consumidores, como en ejecuciones hipotecarias y desahucios.

Los jueces en España quieren la democratización del Poder Judicial, con el lema de elección de los distintos cargos gubernativos “UN JUEZ-UN VOTO”.

El origen de nuestro desencuentro y descontento está en la colonización del CGPJ por los partidos políticos, que ahonda cada vez más en el desprestigio de este órgano constitucional y dificulta cualquier avance de verdadera y sincera colaboración.

Muy pocos jueces para casi nueve millones de asuntos. ¿Hay voluntad política de resolver este asunto realmente?

No hay una verdadera voluntad de incrementar al 3% de los PGE el gasto en justicia, ni de aproximarnos de 11 al 21 jueces por 100.000 habitantes, como en países como Alemania o Francia. Es un tópico decir que la administración de justicia es la asignatura pendiente de nuestra democracia. El proceso operado en España en 37 años, no ha alcanzado a un sistema judicial que se muestra incapaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, moderno, eficaz, eficiente y adecuado a las necesidades de la sociedad actual.

La incapacidad y saturación  de los tribunales tiene su origen en la cicatería de los presupuestos públicos en las últimas décadas y en el agotamiento del modelo de organización decimonónico vigente. A ello se añaden la falta de atención real y decidida de los sucesivos legislativos y ejecutivos por la modernización del sistema judicial y los frecuentes intentos de utilización partidistas de la administración de justicia.

La corrupción se ha convertido en un problema importante. ¿Cree que con estas medidas, Código Penal incluido reformado,  se podrá atajar?

En las Jornadas de Decanos de 2014 se ofrecían al legislador 57 medidas-propuestas para una más eficaz lucha contra la corrupción: medidas estructurales organizativas y de gestión,  reforma del proceso penal, del Ministerio Fiscal y Policía Judicial, sobre bienes intervenidos y responsabilidades civiles; sobre corrupción política, indultos y aforamientos.

Sólo se han acogido el delito de financiación ilegal de partidos políticos y la Oficina de recuperación de activos. Nada sobre aforamientos, indultos, ampliar el plazo de prescripción de delitos de corrupción y limitar la suspensión de penas si no se devuelve lo apropiados. En definitiva, sin coste económico, muchas de las medidas que proponíamos servían para la regeneración democrática, pero siguen pendientes.

En este final de año, justicia y política van a estar unidas y a veces mezcladas. ¿Les preocupa a los jueces españoles que se confundan?

Por supuesto, los jueces actuamos defendiendo el principio de legalidad y no de oportunidad política. El impulso de las instrucciones penales debe estar al margen de los tiempos políticos. Como ha dicho la Fiscal General del Estado, los fiscales (añado también los jueces) actúan sin atender a identidades, posición, afinidad o militancia política de los cargos que ostentan o han ostentado.  El éxito de las investigaciones , la obtención y conservación de las pruebas del delito o la seguridad de las personas y de su sujeción a la acción de la justicia es el fin que hemos de garantizar.

Muchas normas legislativas, a veces no tan bien diseñadas como se debiera, ¿realmente es necesaria tanta producción legislativa? ¿Es lógico que en una norma se incluya la reforma de otro tema diferente de la primera?

Las continuas modificaciones legislativas no mejoran las cosas, a veces trasladan la falsa idea de mejorar la administración y en realidad provocan más retrasos y demoras, con la consiguiente frustración de la ciudadanía. La mejor ley a veces es la que no se ha publicado. Asistimos a modificaciones de modificaciones de leyes que no han entrado en vigor como la del Registro Civil, a corrección de errores con varias páginas de BOE, a entradas en vigor de normas con 2 o 3 años vista. En definitiva, no existe consenso sobre cómo reformar y mejorar el sistema judicial.

El Gobierno acaba de aprobar la reforma de la Jurisdicción Voluntaria que, unida a la Ley de Arbitraje de 2003 y la Ley de Mediación de 2012, da unas herramientas notables al legislador para fomentar la desjudicialización. ¿Cree que a medio plazo se podrán liberar los juzgados de muchos asuntos?

La reforma de la jurisdicción voluntaria ha externalizado servicios públicos a favor de Notarios: bodas, divorcios, expedientes de dominios y declaración de herederos.

Además, centra en el Secretario Judicial  (ahora llamados  Letrados de la Administración de Justicia) la función de mediación y conciliación.

 Realmente no tenemos cultura de mediación. En España vamos a ganar el pleito, no a solucionar el problema. Es una cuestión de educación. Tenemos una mentalidad latina y no calvinista, por eso creo que los sistemas alternativos de conflicto tienen, de momento, poco recorrido en nuestro país.

Dicho esto, yo soy fiel partidario de la mediación, porque hay problemas que solo pueden autocomponerse entre las partes en conflicto.

¿Es un espejismo pretender por ley que el 1-1-2016 no tendremos papeles en la justicia y está tendrá un formato digital?

Desde el 2003 hemos sido incapaces de extender la nueva oficina judicial en España. La inversión económica en material informático que se precisa es muy importante. En Aragón se nos anuncia el cambio de 1500 ordenadores con doble pantalla para empezar.

Vemos como están ciertos edificios ruinosos en algunas Comunidades Autónomas y ciertas ciudades de la justicia megalómanas donde se han despilfarrados millones de euros, sin responsabilidad política ni penal. El expediente digital electrónico ni se conoce. Sencillamente, no se lo cree nadie.

 

 

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