|
Por
segundo
año
consecutivo
en
el
apretado
programa
de
los
Cursos
de
Verano
de
la
Universidad
Menéndez
Pelayo
de
Santander
la
comunicación
jurídica
y
las
habilidades
para
comunicar
mejor
tuvieron
un
protagonismo
especial
en
estos
seminarios.
Los
coordinadores
del
mismo
Jesús
Hernández
Galilea,
profesor
de
Derecho
Procesal
de
la
Universidad
de
Oviedo
y Mapi
Ballesteros
Panizo,
doctora
en
filología
hispánica
de
la
Universidad
de
Barcelona
elaboraron
un
programa
con
expertos
en
la
materia
entre
los
que
podemos
destacar
a
José
María
Segovia,
socio
director
de
Uría
Menéndez.
Hablamos
con
otro
de
los
ponentes,
Cristina
Carretero,
estudiosa
del
lenguaje
jurídico
e
impulsora
con
otros
profesionales
del
Grupo
de
Investigación
de
Derecho
y
Lenguaje
de
ICADE
COMILLAS
que
ahora
cumple
diez
años.
“Al
igual
que
la
pasada
edición
se
han
seguido
con
interés
las
ponencias.
Junto
a
jóvenes
abogados
a
punto
de
acabar
la
carrera;
otros
más
seniors,
funcionarios
de
diferentes
tipos
de
administraciones
cercanos
al
mundo
legal
asistieron
a
estas
jornadas”,
comenta
Cristina,
encargada
de
analizar
el
papel
de
los
abogados
en
los
medios
informativos.
En
su
opinión,
la
autorregulación
de
los
periodistas
ayudaría
a
que
determinadas
informaciones
no
se
tergiversasen
“con
los
datos
objetivos
logrados
de
las
fuentes
informativas
poca
creatividad
le
queda
al
informador”,
apunta.
Profesora
Carretero,
¿cuál
es
la
imagen
que
se
percibe
de
la
presencia
de
los
abogados
en
los
medios
de
comunicación?
Estamos
hablando
de
un
tema
de
gran
actualidad.
Hoy
en
día
no
se
entiende
el
Derecho
y,
por
ende,
el
papel
de
estos
juristas
sin
los
medios
de
comunicación.
Si
hacemos
casos
a
los
datos
del
CGPJ
solo
una
cuarta
parte
de
la
ciudadanía
tendrá
relación
directa
con
la
administración
de
justicia
a lo
largo
de
su
vida.
El
resto
de
la
sociedad
conoce
lo
que
es
la
justicia
y
sus
interlocutores
a
través
de
los
profesionales
de
la
información.
|
“La avalancha legislativa última es difícil de digerir tanto por juristas como por los ciudadanos que no ven el alcance real de estas reformas. Genera mucha inseguridad jurídica ver cambios normativos importantes en otras leyes” |
Se
tacha
a
los
periodistas
en
algunos
casos
de
no
contrastar
las
informaciones
y de
hacer
un
trabajo
poco
profesional.
Sería
injusto
generalizar
esta
cuestión.
Hay
muy
buenos
periodistas
jurídicos
que
hacen
muy
bien
su
trabajo
y
contrastan
la
información
que
publicarán
y es
una
suerte
para
nuestro
país
contar
con
expertos
de
estas
características
que
ayudan
a
reforzar
nuestro
Estado
de
Derecho.
Sin
embargo,
el
problema
se
encuentra
en
los
opinadores,
que
sin
prepararse
los
temas
que
tienen
que
abordar,
analizan
determinadas
cuestiones
con
mucha
frivolidad.
Lo
peor
es
cuando
descontextualizan
determinados
comentarios
que
les
llaman
la
atención.
Este
tipo
de
actitudes
derivan
en
muchas
ocasiones
en
juicios
mediáticos,
paralelos
al
proceso
penal.
Al
mismo
tiempo
se
pueden
producir
filtraciones
interesadas
de
determinados
temas
lo
que
puede
producir
que
se
conozca
el
sumario
con
antelación.
Esto
puede
generar
que
la
investigación
esté
en
boca
de
todo
el
mundo,
cuestión
que
puede
generar
presión
en
los
jueces
de
ese
proceso.
No
parece
fácil
evitar
este
tipo
de
presiones
impulsadas
desde
los
medios
informativos.
Lo
ideal
sería
encontrar
un
punto
de
equilibro
entre
el
derecho
a la
información
y a
que
los
ciudadanos
tengan
una
información
veraz
con
el
artículo
24
de
la
Constitución,
cuando
habla
de
presunción
de
inocencia
en
cualquier
asunto
penal.
Las
noticias
de
tribunales
interesan
mucho
y
pueden
generar
una
alarma
social
que
no
produce
otro
tipo
de
noticia.
Ahora
vemos
que
los
medios
informativos
trabajan
muy
rápido,
procuran
contarlo
antes
que
sus
competidores
y
eso
hace
que
falten
datos
reales
y en
algunos
casos
hasta
expresiones
lógicas.
En
estos
diez
años
de
vida
de
su
Grupo
de
Trabajo
Derecho
y
Lenguaje,
¿se
han
producido
cambios
importantes
en
la
jerga
jurídica?
 La
evolución
es
lenta
pero
se
han
visto
algunos
avances.
Publicaciones
como
Lawyerpress
ayudan
con
su
difusión
a
generar
esa
concienciación
en
diferentes
niveles.
Hace
diez
años
no
había
cursos
como
el
que
acaba
de
celebrarse
hace
unos
días
en
Santander.
Creo
que
el
propio
jurista
empieza
a
estar
sensibilizado
que
debe
expresarse
con
un
grado
de
comprensión
mayor.
Al
mismo
tiempo,
la
labor
de
los
periodistas
jurídicos
es
clave
para
esa
parte
de
la
sociedad
que
nunca
acudirá
a un
juzgado.
El
Ministerio
de
Justicia
puede
hacer
mucho
por
la
modernización
del
lenguaje
jurídico.
Desde
la
Comisión
de
Clarificación
del
Lenguaje
creada
por
esta
entidad
se
deberían
de
dar
más
pasos
para
consolidar
ciertos
avances.
Podría
en
esa
labor
otros
Ministerios
colaboran
con
Justicia
para
buscar
una
mejor
comunicación
de
la
actividad
jurídica.
Así
se
hace
en
otros
países
donde
muchas
normas
son
antes
de
ser
aprobadas
revisadas
por
lingüistas.
Hay
abogados
que
dicen
que
tienen
que
hablar
así
para
distinguirse
de
los
demás.
Este
es
un
comentario
repetitivo
en
algunas
esferas
muy
concretas.
A
los
alumnos
del
Master
de
Acceso
a la
Abogacía
les
recordamos
que
cada
despacho
tiene
un
estilo
determinado
de
trabajar.
Eso
hace
que
en
algunos
despachos
sí
se
cambie
la
palabra
“Suplico”
por
“Solicito”,
más
normal
y
adaptada
a
los
tiempos,
pero
en
otros
se
mantiene
esta
tradición
de
cara
a
ese
escrito
que
se
formula
ante
el
juez
¿Es
cierto
que
hay
palabras
jurídicas
que
nuestra
sociedad
no
entiende?
El
estudio
que
hizo
la
periodista
María
Peral
y su
equipo
para
la
Comisión
de
Modernización
del
Lenguaje
Jurídico
del
Ministerio
de
Justicia
puso
de
manifiesto
algunos
de
los
problemas
en
materia
de
comprensión
de
noticias
jurídicas.
De
hecho
de
su
lectura
se
desprende
el
mal
uso
de
determinados
conceptos
legales.
A
este
respecto
hablar
de
la
firmeza
de
una
sentencia
no
lo
entiende
todo
el
mundo.
Cuando
se
habla
de
sentencia
de
conformidad
es
posible
que
muchos
ciudadanos
piensen
que
ahí
hay
un
posible
chanchullo
entre
las
partes.
Tampoco
se
conoce
muy
bien
lo
que
es
la
palabra
alevosía
y su
significado
real.
Lo
mimo
que
pasa
si
hablamos
de
providencia,
pocas
personas
advierten
que
es
un
escrito
del
juez.
También
se
mezclan
demanda
con
denuncia
cuando
son
dos
conceptos
diferentes.
¿Se
percibe
en
estos
diez
años
un
esfuerzo
de
nuestros
jueces
por
ser
más
claros
en
sus
sentencias?
Parece
evidente
que
las
nuevas
generaciones
de
jueces,
sobre
todo
aquellos
que
han
salido
en
los
últimos
años
de
la
Escuela
Judicial,
sean
más
receptivos
a
expresarse
de
otra
forma.
Frente
a
ellos
los
magistrados
que
ya
llevan
veinte
años
de
ejercicio
da
la
sensación
que
se
dejan
llevar
por
cierta
inercia
en
sus
escritos.
La
lectura
de
sus
sentencias
deja
claro
su
forma
de
expresarse
ciertamente
compleja.
En
ellos
ese
cambio
del
que
usted
habla
no
se
ha
visto.
¿Ahora
el
Ministro
Catalá
ha
decidido
cambiar
los
términos
imputado
por
investigado
con
la
futura
Lecrim,
ahora
en
el
Parlamento,
era
lógico?
Es
una
buena
idea
porque
desde
hace
años
se
estaba
estigmatizando
a la
persona
con
este
tipo
de
calificativo
por
una
mera
sospecha
en
una
fase
preprocesal.
Ahora,
con
estos
cambios
durante
un
tiempo
nos
acostumbraremos
a
estas
palabras
y su
significado.
Con
el
tiempo
y el
mal
uso
de
las
mismas
volveremos
a
otra
situación
similar
a la
anterior
en
unos
años
pero
no
debemos
preocuparnos,
es
parte
de
la
evolución
de
nuestra
vida.
Como
bien
sabe,
ahora
vivimos
un
momento
especial.
Final
de
legislatura
y
aluvión
de
leyes
que
agobian
al
profesional
jurídico.
Es
cierto
esta
avalancha
legislativa
es
difícil
de
digerir.
En
nuestro
caso,
desde
la
Universidad,
procuramos
estar
al
día
de
estos
cambios,
cuestión
que
no
es
sencilla.
Al
mismo
tiempo,
la
opinión
pública
no
advierte
la
verdadera
importancia
de
estos
cambios
normativos.
En
el
caso
del
Código
Penal
y su
desarrollo,
sabemos
que
los
juzgados
empezaron
a
aplicar
estos
cambios
normativos
de
forma
precipitada.
Eso
lo
que
hará
será
generar
Juntas
de
Jueces,
dictámenes
y
diferentes
programas
formativos
para
conocer
estos
cambios.
Avalancha
legislativa
donde
encontramos
dentro
de
una
reforma,
otra
camuflada
en
disposiciones
adicionales
o
transitorias.
Esta
es
una
práctica
legislativa
generalizada
estos
años
y
peligrosa
para
los
juristas.
De
aquel
BOE
de
los
últimos
años
del
día
donde
en
la
Ley
de
Presupuestos
Generales
del
Estado
se
incluían
otras
reformas,
hemos
pasado
a
estos
cambios
generalizados
que
usted
indica.
Ahora
hay
que
leer
a
fondo
esa
reforma
sobre
todo
por
si
al
legislador
se
le
ocurre
introducir
cambios
de
otras
normas.
Es
una
práctica
que
se
debería
descartar
porque
genera
a la
larga
mucha
inseguridad
jurídica.
Otra
cuestión
que
también
preocupa
es
que
no
siempre
se
informa
en
qué
fase
legislativa
está
esa
reforma.
Y en
ese
sentido
los
medios
de
comunicación
tienden
a
generalizar
y a
hablar
de
la
aprobación
de
determinada
ley,
cuando
es
sólo
un
anteproyecto
o
proyecto
de
ley..
Informaciones
sin
contrastar,
reformas
legislativas
poco
claras,
da
la
sensación
que
tiene
justificación
que
el
abogado
sea
tan
técnico
al
expresarse..
El
gran
problema
de
los
juristas
es
el
cambio
de
registro.
No
es
lo
mismo
hablar
con
un
compañero
abogado,
fiscal
o
magistrado
que
emplearás
un
lenguaje
técnico
que
si
recibes
a tu
cliente
con
pocos
conocimientos
legales
o si
te
aborda
un
periodista.
En
este
caso
debes
ser
más
descriptivo
y
más
claro.
Al
mismo
tiempo,
con
todo
lo
que
hemos
hablado,
se
observa
una
falta
notable
de
tiempo
en
los
operadores
jurídicos
para
avanzar
en
los
cambios
que
se
han
propuesto
desde
diferentes
instancias.
Saben
que
comunican
mal
pero
que
con
la
carga
de
trabajo
que
tienen
no
pueden
pararse
a
hacer
ejercicios
de
comprensión
con
terceros.
¿Es
oportuno
que
determinados
despachos
de
abogados
hayan
creado
sus
propios
libros
de
estilo?
Parece
que
sí
lo
es.
Tenga
en
cuenta
que
hablamos
de
despachos
de
gran
tamaño
y
muchos
letrados.
Con
esos
manuales
lo
que
se
pretende
es
uniformar
el
trabajo
y
hasta
cierto
punto
crear
un
estilo
propio
de
cara
a
terceros.
En
este
contexto
algo
caótico
del
que
hablamos,
Profesora
Carretero,
han
llegado
las
redes
sociales
para
quedarse,
¿Cómo
están
afectado
a la
comprensión?
Obliga
a
que
todos
los
juristas
hagan
un
esfuerzo
de
claridad.
Tenga
en
cuenta
que
sólo
hay
140
caracteres
para
expresarse.
Otra
lectura
es
que
a
veces
ese
mensaje
no
sea
todo
lo
concreto
que
se
espera
de
él.
La
inmediatez
de
las
redes
sociales
permite
que
nos
enteremos
de
un
suceso
o
cambio
normativo
casi
en
el
mismo
momento.
Puede
ser
el
periodista
o
determinados
juristas
quienes
suban
esa
información
desde
su
móvil.
SUMARIO
|
