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29 de JULIO de 2015

Eduardo de Porres, Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid:
“Falta cultura jurídica en nuestro país. No se puede litigar por todo”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Reconoce que estos catorce meses al frente de este órgano jurisdiccional ha sido un cambio muy importante “nunca hasta la fecha había realizado labores de gestión; la actividad que hago es muy diferente a la jurisdiccional. Al mismo tiempo hemos vivido una situación peculiar con la incorporación de 15 nuevos magistrados y la adscripción de otros siete a distintas secciones y eso ha obligado a ciertas gestiones complejas”, comenta Eduardo de Porres, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. En este tiempo nuestro interlocutor ha resuelto con acierto las gestiones relacionadas con el personal, sobre todo en materia de vacantes en esta plantilla, “no podemos olvidar que es el Tribunal más grande de España con ciento cincuenta magistrados y las incidencias propias de la actividad diaria de la Audiencia son importantes. Es posible que si contásemos con la Ciudad de la Justicia la gestión fuera más sencilla al contar la Ciudad con una gerencia propia pero, hoy por hoy, la situación es la que es”, apunta. Con él hemos pasado revista a las últimas reformas legislativas, a la situación de la justicia sin papeles que busca el Ministro Catalá y al estado actual de las Audiencias Provinciales que hace unos días tuvieron su jornada anual. “Creo que su desaparición plantearían problemas parecidos a los cambios en los partidos judiciales”, explica. Para este jurista ha llegado el momento de buscar una solución real a la litigiosidad de nuestro país. “Hacen falta reformas procesales y mentalizar al ciudadano que no debe ir al juzgado por cualquier cosa”, aludiendo al desarrollo del arbitraje o la mediación como métodos alternativos.

Sr. de Porres, ¿qué impresión le merece esta reforma penal que acaba de entrar en vigor?

Hablamos de una reforma muy importante. Afecta a una tercera parte del Código Penal y  no sólo a preceptos de la parte especial, con la supresión o creación de nuevos tipos penales, como ha sido la desaparición de las faltas, sino también a la parte general, donde están figuras como la prisión permanente revisable, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o algo tan decisivo como la modificación de la suspensión de las penas privativas de libertad. Es una reforma de gran calado y eso es lo que ha hecho que se vea con preocupación y con la necesidad de estudiarla muy a fondo.

“La existencia de las Audiencias depende del diseño final de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Creo que las Audiencias funcionan bien y su supresión sería conflictiva especialmente en CCAA con diferentes provincias.”

¿Entiende la polémica existente que ha generado?

Es lógico que se haya generado polémica. Como le decía, es una reforma enorme. Decir que no era necesaria es excesivo, es una forma de simplificar las cosas.

Hay avances significativos. En  materia de terrorismo se ha avanzado bastante y quedan mejor dibujados los tipos para afrontar la amenaza yihadista. La suspensión o modificación de las penas privativas de libertad es otro avance serio que va a afectar a decenas o miles de condenados y que ayuda a la individualización de la respuesta judicial.

En el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas hay un cambio de gran significación respecto de la regulación introducida en el año 2.010 y que planteaba muchos problemas dogmáticos. Ahora se da a las empresas la posibilidad de contar con un sistema de prevención de riesgos que les exima de responsabilidad penal cuando hayan actuado diligentemente.

La reforma penal contiene muchas innovaciones y modificaciones y durante los próximos meses habrá que analizar precepto por precepto y ver cuál es la valoración final de las  muchas modificaciones  que se introducen en el Código Penal.

¿Tenemos los medios suficientes para ponerla en marcha?

En principio sí. La reforma no supone una modificación sustancial de la actividad de los juzgados y tribunales. Habrá que ver hasta qué punto incide en el trabajo diario de los juzgados pero ya se atisban algunos cambios.

La reforma modifica la competencia de los juzgados de instrucción y de las Audiencias Provinciales. Ahora, por ejemplo, a las Audiencias se les da las competencias para los robos agravados y otras infracciones lo que va a generar un aumento de trabajo.

En los juzgados de instrucción también habrá más trabajo ya que el enjuiciamiento de los delitos leves se ha ampliado respecto a las faltas. Incluso se habla de organizar un sistema de guardias para gestionar mejor el enjuiciamiento de los delitos leves.

Hay cambios en  algunas competencias de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados y habrá que ver hasta qué punto la reforma plantea problemas operativos.

Sobre el problema de las faltas, ¿realmente va haber menos trabajo en los juzgados?

Es una cuestión muy delicada. Algunas faltas se despenalizan y se llevan al ámbito civil o al administrativo. Otras, se mantienen como delitos leves e incluso el propio delito leve se amplía respecto de las antiguas faltas porque se consideran delitos leves no sólo los castigados con pena leve sino algunos delitos castigados con pena menos grave.

En definitiva, por un lado se despenalizan algunas faltas pero, por otro, muchas se convierten en delitos leves y se amplía el número de estos últimos respecto de las antiguas faltas.

Uno de los problemas  que vamos a tener, que es un tema complicado y habrá que ver cómo se resuelve, es el de los accidentes de tráfico. Al desaparecer la falta de imprudencia leve, que era el procedimiento habitual para enjuiciar los accidentes,  va a ver una cierta tensión para que los accidentes se sigan enjuiciando en la jurisdicción penal y no en la civil, porque la desaparición de la falta ha ido acompañada de la introducción de una nueva figura, el delito  de imprudencia menos grave. A este cambio hay que añadir el de la reforma del baremo, que va a dar lugar durante cierto tiempo a problemas interpretativos sobre su aplicación.

Sin duda el baremo, frente al criterio de libre arbitrio judicial, ha dado más seguridad jurídica e igualdad de trato, pero nos enfrentamos a una modificación importante de esta norma y no sabemos si el resultado final de todo será el que los afectados acudan a la vía civil o si, por el contrario, se incrementarán los procedimientos penales.

Otra reforma reciente es la Ley de Jurisdicción Voluntaria, necesaria para que el juez se centre en su trabajo y así desjudicializar muchos asuntos.

Con la reforma se pretende delimitar muy bien lo que es la función judicial y tratar que los jueces vean los asuntos contenciosos. Al mismo tiempo se establecen mecanismos extrajudiciales para resolver las cuestiones donde no exista una controversia.

Cada vez más hay proyectos relacionados con el desarrollo de los métodos extrajudiciales. En esta Audiencia Provincial también hay uno sobre mediación penal.

Es cierto, llevamos trabajando ya algunas semanas en el proyecto. Creemos que la mediación es un mecanismo interesante de resolución de conflictos al que se le debe dar una oportunidad.

En esta Audiencia Provincial se ha puesto en marcha una experiencia piloto para ver cómo funciona y si realmente es útil.

Es posible que los asuntos penales que se enjuician en la Audiencia Provincial  no sean los más adecuados para la mediación, por la gravedad de los delitos, pero aún así se está haciendo la experiencia. Haremos un estudio de los casos derivados a mediación para saber cómo responden los abogados y el resto de operadores jurídicos y en breve publicaremos las conclusiones.

“El problema principal al que nos enfrentamos ahora es saber si va a continuar o no el proyecto de Ciudad de la Justicia. Y en el caso que se ponga en marcha, cómo se hace y en dónde.”

Hay también un nuevo Gobierno en Madrid. ¿Ha podido hablar ya con la presidenta Cifuentes y el consejero de Presidencia y Justicia Ángel Garrido?

He contactado ya con el consejero de Justicia, Ángel Garrido, que es una persona muy agradable. Nos ha ofrecido todo el diálogo y colaboración posible, ofrecimiento mutuo  que también  hemos trasladado las diferentes autoridades judiciales madrileñas.

Estamos expectantes por saber qué hoja de ruta tienen para colaborar con ellos en todo lo que sea posible.

¿Qué es lo más urgente para la Justicia en Madrid en estos momentos?

El problema principal al que nos enfrentamos ahora es saber si va a continuar o no el proyecto de Ciudad de la Justicia. Y en el caso que se ponga en marcha, cómo se hace y en dónde.

Un proyecto de este tipo es necesario para una gran ciudad como Madrid donde la dispersión de sedes es alarmante. Tarde o  temprano tendrá que abordarse.

Es un proyecto que hay que hacer muy bien porque se trata de las instalaciones para la justicia del siglo XXI que debe responder a las necesidades actuales y de futuro. Esta es otra dificultad: no sólo se debe dar respuesta a lo que se necesita ahora sino lo que hará falta a medio y largo plazo.

Otra cuestión relacionada con la mejora de la Justicia es la digitalización de la misma y el acceso telemático que anuncia el ministro Catalá para el 1 de enero del 2016.

Será complicado llegar a esa fecha con los deberes hechos. En la Comunidad de Madrid se está haciendo un gran esfuerzo en esta materia a través de ICM y se ha mejorado mucho en este sentido. Hará falta mucho trabajo para lograr la comunicación digital y el acceso digital a cualquier expediente.

Ese es el camino que hay que seguir y seguro que al final se logrará el objetivo aunque no sea en la fecha citada. En el caso de esta Audiencia Provincial los medios telemáticos se van integrando de forma progresiva, con normalidad.

Desde el CGPJ y desde el propio ciudadano se observa también que otro de los caballos de batalla es la ejecución de sentencias.

Es un problema más acuciante en la jurisdicción civil que en la penal. En la jurisdicción civil se ha de conseguir la dotación de medios suficientes para que la ejecución se haga en unos tiempos razonables. En este campo hay mucho por hacer y está por ver si se potencia la intervención de los procuradores. En la jurisdicción penal, que es la que mejor conozco, se puede simplificar el modelo actual para agilizar la ejecución.

En este modelo de Justicia del que estamos hablando ¿va a cambiar mucho el papel de las Audiencias Provinciales tal y como las conocemos ahora?

Como bien sabe, hubo un intento de suprimir las Audiencias Provinciales de forma que las secciones civiles se habrían de integrar en una nueva sala Civil del TSJ y las penales, una parte irían a la sala penal del  propio TSJ y otras se integrarían en el nuevo  Tribunal de Instancia como órgano de enjuiciamiento.

El proyecto fue muy discutido porque la Audiencia Provincial es un tipo de tribunal que funciona muy bien a nivel general y muchos no entienden la necesidad de su desaparición.   Es una clase de tribunal que se adapta a en su estructura a la propia de los Tribunales de Instancia, por su despliegue  provincial, y es un órgano que combina muy bien con el diseño de la nueva oficina judicial al utilizar una tramitación procesal sencilla y al ser posible su funcionamiento  mediante servicios comunes.

La existencia de las Audiencias depende del diseño final de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Creo que las Audiencias funcionan bien y su supresión sería conflictiva especialmente en CCAA con diferentes provincias. Su desaparición plantea problemas similares a la de los partidos judiciales. En cualquier caso es imprescindible también modernizar la planta judicial.

En las últimas jornadas de presidentes de las Audiencias Provinciales, que se celebraron en Badajoz, hemos buscado mejorar el funcionamiento de estos tribunales con distintas propuestas y nos hemos pronunciado decididamente por la mediación como un instrumento útil en el futuro de la Justicia.

¿Han notado en las Audiencias Provinciales menos apelaciones por la implantación de las tasas judiciales en estos últimos años?

Si hablamos de la jurisdicción civil habría que decir que en los dos últimos años hubo un descenso relevante de asuntos. El porcentaje debe estar cercano al 20 por ciento. Es  muy probable que tanto las tasas implantadas como la propia situación económica del país hayan generado esa reducción de apelaciones.

¿Cómo se ve desde la Audiencia Provincial el problema de los abogados del Turno de Oficio en Madrid?

La justicia gratuita es imprescindible para los ciudadanos que carecen de recursos y es el Estado quien debe darle esos recursos para litigar. En España no hay un cuerpo de abogados de oficio como existen en otros países. Se entiende que los abogados, profesionales libres, pueden organizar ese sistema desde sus Colegios profesionales, instituciones que  gestionan y controlan de forma eficaz la forma en que se presta ese servicio.

El gran problema es su financiación y en ese sentido quiero enviar mi apoyo y reconocimiento a los abogados del Turno de Oficio que hacen su trabajo y no siempre cobran de forma puntual.

Nueve millones de asuntos que ingresan en nuestros juzgados para cinco mil jueces. Una ecuación complicada de resolver.

Es cierto, el problema está ahí y pese al gran trabajo de todos los magistrados españoles la sobrecarga de trabajo es una realidad.  La clave está, sin lugar a dudas, en ir  reduciendo la entrada de asuntos mediante la utilización de métodos alternativos al proceso y simplificar las normas procesales.

En la Audiencia Provincial de Madrid la situación es algo mejor que la media.   En las secciones penales hay un tiempo medio de pendencia de 2,5 meses y en las secciones civiles la pendencia media se sitúa en 5,5 meses. Sí le digo que el nivel de trabajo de todos los magistrados es extraordinario.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
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