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15 de JULIO de 2015

Carnicer pide al Gobierno que frene su forma de legislar actual y avisa de las injusticias que va a generar el Código Penal

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

El presidente del CGAE también reclama que se acaben los paraísos fiscales como manera práctica de luchar contra la corrupción

Los paraísos fiscales son una lacra y un elemento que impulsa la corrupción, a juicio de Carlos Carnicer, presidente del CGAE. Desde su punto de vista “ los ciudadanos tienen que darse cuenta que los Gobiernos tienen una voluntad firme de acabar con la corrupción, si no se acabará con ella”, apuntó en la presentación del Observatorio de la Abogacía, un informe realizado por Metroscopia. En el citado informe los propios abogados ven necesario acabar con la corrupción “si este o cualquier Gobierno no acaba con los citados paraísos fiscales le faltará credibilidad en este tema”, aclaró. Sobre el Código Penal volvió a subrayar que a la abogacía no le gusta la reforma amplia de este Código Penal “se van a generar situaciones de injusticia notable con la remisión de los delitos leves  y las faltas al ámbito contencioso administrativo. Ahí se van a producir indefensiones y al mismo tiempo conculca el derecho de acceso a la justicia porque no es lo mismo tener la obligación de ir a un juicio contencioso administrativo que tener la garantía de un juez desde la primera incoación del hecho”, subrayó. Para Carnicer, la actual técnica legislativa es reprobable “se introducen reformas en otros textos legislativos y no generan ninguna seguridad jurídica. Debería acabarse con esta forma de legislar que no gusta a nadie”, denunció.

Además de la parte económica del Informe elaborado por Metroscopia para el CGAE, hay otra más jurídica que sirvió para que el propio presidente de los abogados, Carlos Carnicer contestara a algunas preguntas de los medios informativos allí presentes: “Ha mejorado la relación entre jueces y abogados, los letrados perciben a los jueces como víctimas del sistema pero reconocen su trabajo”, comentó Toharia. Sobre el acceso a la abogacía y el número de colegiados que se han incorporado a esta actividad, se indicó que más de 1400  licenciados se presentaron al examen y es posible que siguiendo los ratios del año pasado aprobaron la misma el 80 por ciento aunque Justicia aún no ha hecho público estos datos  oficialmente. “Las pruebas, que seguramente cambiarán el año que viene, están sobre todo pensadas para acreditar los conocimientos de los futuros abogados, no para impedirles que sean abogados”, comentó Carnicer.

Para el presidente del CGAE la formación es clave en la carrera de un abogado, tanto en su acceso a la profesión,  en su gestión del Turno de Oficio y a nivel permanente a lo largo de toda su carrera profesional. “El nivel de personas que han ido a ver a un abogado en España solo es del 50 por cien, mientras que en otros países la cifra es mayor”, apuntó el presidente de Metroscopia. Preocupado por la mala calidad de las leyes apuntó que se ha creado una Comisión para la Defensa del Estado de Derecho entre cuyos cometidos se encuentra la formación de aspirantes a abogados como la citada formación permanente del letrado. “Ahora trabajamos en señalar cuáles son las malas leyes del Estado para pedir su adecuación a la nueva realidad·, indicó. Para Carnicer la forma de legislar en vísperas de las elecciones ha sido lamentable “no se pueden concatenar textos legales en reformas importantes como la que se hizo sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es lamentable que se utilicen esas prácticas. Habría que acabar con esta técnica legislativa en beneficio de la legalidad vigente”.

Sobre el estudio, Los abogados se manifiestan de forma unánime al considerar el 86% de los encuestados que la Justicia está en una situación de crisis muy grave y profunda que necesita una auténtica refundación para adecuarla a las realidades sociales. Por este motivo, un 92% de los letrados reclama con urgencia un nuevo Pacto de Estado que ponga remedio al estado actual de la Justicia.

Peligro politización de la justicia

Un masivo 91% considera que los gobiernos –independientemente del signo político- intentan controlar la Justicia antes que emprender mejoras para su modernización y eficiencia. Los abogados denuncian que los problemas de la Justicia dependen de cómo está organizada (79%), de una organización más propia del siglo pasado que del siglo XXI (79%) y de que existen diversos cuerpos que no están debidamente coordinados (74%). Además, el funcionamiento de la Justicia se realiza de la forma más conveniente para jueces y juristas y no de acuerdo a lo más cercano y útil para la ciudadanía (68%).

No obstante, el 84% de los abogados –porcentaje muy cercano a la opinión del conjunto de la población- sigue pensando que, con todas sus imperfecciones, la Administración de Justicia representa la última garantía de defensa de la democracia y de las libertades, en definitiva, buenos jueces y mala Justicia.

La misma pauta existente en la sociedad española se registra también entre los abogados: el 95% considera que en España existe mucha corrupción, pero concentrada específicamente en la vida pública.

El estudio de Metroscopia concluye, al igual que en la sociedad, que es más intensa la sensación de que existe una corrupción extendida que la experiencia de los abogados de haberla padecido. En España, la sensación de que existe corrupción se sitúa en los niveles registrados en Rumanía, pero en cuanto a la experiencia personal de corrupción los datos españoles son equiparables a los de Alemania o Dinamarca.

La causa de que la corrupción haya tenido un impacto tan intenso y sostenido en la ciudadanía se debe –según los abogados- a que no se combate con la prontitud y determinación debida. El 91% de los encuestados considera que los partidos políticos tienden a proteger a los implicados en casos de corrupción en lugar de denunciarlos y expulsarlos.

De forma casi unánime (88%), los abogados siguen pensando que la Justicia debe ser financiada exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y para el 76% de los encuestados no existe justificación posible a la introducción de tasa judicial alguna.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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