Los
Centros
de
Internamiento
de
Extranjeros
(CIE),
ocho
en
toda
España,
son
“auténticas
cárceles”
donde
hay
“una vulneración
masiva
de
los
derechos
humanos”.
Esta
es
la
principal
conclusión
que
se
extrae
del
informe “Situación
de
los
Centros
de
Internamiento
de
Extranjeros
(CIE)
en
España
y su
adecuación
al
marco
legal”,
elaborado
por
las
clínicas
jurídicas
de
las
universidades
de
Comillas
ICAI-ICADE,
Barcelona,
Valencia
y
Valladolid,
a
petición
de
la
ong
jesuita
Pueblos
Unidos.
El
trabajo
coordinado
por
la
Clínica
Jurídica
ICADE
y
Amalia
Rodríguez
Sendín,
de
Garrigues,
analiza
la
situación
de
los
ocho
CIE
que
hay
en
España
(Algeciras-Tarifa,
Barcelona,
Madrid,
Murcia,
Valencia,
Fuerteventura,
Gran
Canaria
y
Tenerife).
Según
el
informe,
en
ellos
las
personas
se
encuentran
retenidas
por
haber
cometido,
en
la
mayoría
de
los
casos,
infracciones
administrativas
y se
vulneran
garantías
y
derechos
fundamentales en
contra
de
lo
que
dicta
la
legislación
vigente que
afecta
a
estos
centros
de
internamiento.
Los
responsables
del
estudio
denuncian
“la
falta
de
implementación
de
servicios
sanitarios
permanentes,
que
se
limitan
a
prestar
atención
sanitaria
básica
y no
especializada,
y
siempre
inferior
a la
que
se
recibiría
en
un
centro
de
salud”.
En
este
sentido,
“no
existen
mecanismos
que
permitan
detectar
la
existencia
de
enfermedades
contagiosas,
ni
medidas
que
no
sean
el
aislamiento
de
los
internos en
condiciones
que
atentan
a su
integridad
y
salud
física”.
El
informe,
que
fue
presentado
en
el
Consejo
General
de
la
Abogacía
en
Madrid,
sirve,
según
sus
promotores,
como
“una
llamada
de
atención
para
que
la
problemática
que
rodea
a
estos
centros
se
resuelva”,
ya
que son
lugares
“opacos”
de
donde
no
se
puede
sacar
nada
de
información”.
No
en
vano,
para
la
elaboración
del
trabajo
se
remitió
un
cuestionario
a
diferentes
ministerios
que
jamás
contestaron.
Denuncias
y
mejoras
El
informe
sobre
la
situación
legal
de
los
CIE
denuncia
que
hay
personas
ingresadas
que
son
vulnerables,
especialmente
menores
no
acompañados,
respecto
a
los
que no
se
siguen
protocolos
adecuados para
su
identificación.
“Tampoco
consta
que
los
funcionarios
reciban
la
formación
obligada
por
el
Real
Decreto
162/2014
en
derechos
humanos,
extranjería
y
enfoque
de
género”,
se
asegura
en
el
informe.
Las
cuatro
clínicas
jurídicas
también
ponen
de
manifiesto
la
ausencia
de
suficientes
sistemas
de
video-vigilancia,
lo
cual
impide
verificar
el
correcto
funcionamiento
de
los
centros,
y la
dificultad
para
acceder
a
las
imágenes
grabadas
por
las
pocas
cámaras
que
existen
en
caso
de
incidentes.
El
informe
también
denuncia
la falta
de
garantía
de
acceso
a la
defensa
jurídica y
la
desinformación
en
cuanto
a
los
derechos
de
defensa
de
los
internos.
Además,
el
informe
incluye
propuestas
de
mejora
a
nivel
legislativo,
para
lo
cual habría
que
abordar
algunas
reformas.
En
él
se
propone
prohibir
el
internamiento
en
casos
de
mera
estancia
irregular
por
carecer
de
permiso
de
residencia
o,
en
general,
carecer
de
documentación
en
regla;
reducir
el
plazo
máximo
de
internamiento,
“por
cuanto
el
plazo
de
60
días
actualmente
vigente
parece
excesivo
y,
en
todo
caso,
no
justificado,
teniendo
en
cuenta
que
la
legislación
anterior
a la
reforma
acometida
en
el
año
2009
especificaba
un
periodo
máximo
de
40
días”.
Asimismo,
el
informe
pide
un
control
judicial
exhaustivo
de
las
acciones
administrativas
y
competencias
compartidas
entre
los
Ministerios
de
Interior,
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad
y el
Ministerio
de
Empleo
y
Seguridad,
y
solicita que
la
convivencia
en
el
interior
de
los
CIE
no
quede
en
manos
de
los
funcionarios
del
Cuerpo
Nacional
de
Policía que,
según
el
informe,
“carecen
de
la
formación
precisa
(a
pesar
de
que
el
Real
Decreto
162/2014
insiste
en
este
aspecto),
debiendo
depender,
preferentemente,
de
personal
especializado
en
asistencia
social
o de
un
cuerpo
funcionarial
especializado”. |