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 Hay sueños e ideales por los
que merece la pena luchar, y más si los descubres en la ilusión de una de las
mayores promesas del panorama universitario español. Ana María Fúnez Pérez,
alumna de la Universidad Complutense, competirá el próximo 14 a 17 de Julio de
2015 en la Copa Masters de Debate Nacional Universitario que se celebrará en el
Parlamento Europeo de Bruselas, Embajada Española de París, Juzgados de Plaza
Castilla, Congreso de los Diputados y Colegio de Abogados de Madrid.
El Torneo, organizado por
varios magistrados y juristas que defienden la Independencia del Poder Judicial,
culmina la Liga de Debates Judiciales y reúne a los 17 mejores universitarios
del país, en busca del trofeo al mejor universitario del año 2015.
No obstante, el referido
torneo es algo más que una competición entre alumnos universitarios, dado que
tiene por objeto servir de voz y concienciar a la ciudadanía de la importancia
de nuestro Estado de Derecho y de la plena separación de poderes.
Serán esos 17 alumnos
universitarios, quienes pondrán voz a esa lucha por la separación de poderes,
por una Justicia plena al servicio de los derechos de la ciudadanía, que por
desgracia se ha visto atacada durante las recientes legislaturas mediante
reformas que han erosionado la calidad de nuestro Estado de Derecho y han puesto
en tela de juicio la separación de poderes.
Hemos asistido con pesar a
reformas denostadas como la ley de tasas judiciales, parcialmente derogada
posteriormente, o a la evidente desprotección del deudor hipotecario pese a la
persistente línea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una lucha
permanente entre reformas legislativas inadecuadas y cuestiones prejudiciales
planteadas por Jueces y Magistrados en defensa de los derechos de la ciudadanía.
Así mismo es evidente, que la
configuración del Consejo General del Poder Judicial es uno de los puntos más
controvertidos y cuestionados de nuestro mundo jurídico por las incesantes
evidencias sobre su politización desde que en el año 1985, el cambio legislativo
otorgara al Parlamento la elección del total de sus miembros. Así lo advertía ya
la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 que recomendaba como método
más acorde con el espíritu constitucional, la elección de los 12 vocales
judiciales por y entre los jueces.
Desde entonces, el dominio
político ha ido instalándose en el espacio reservado al Poder Judicial con el
resultado de un tinte político cada vez más evidente del sistema, que lo ha ido
anulando y oprimiendo de cara a la opinión pública.
Uno de los temas que más
controversia genera, ha sido el de su composición, los problemas vienen siempre
con la apreciación de una clara politización del sistema cuando la designación
de todos los vocales se produce únicamente de forma parlamentaria, que nos trae
como consecuencia la pérdida de independencia y la absoluta contaminación de su
labor. Se consagra con la reforma impulsada por el anterior Ministro de
Justicia, una nueva categoría judicial, la de “jueces con padrino político”, que
se encontrarán en una posición preeminente para acceder a la condición de vocal
del CGPJ.
Asistimos de este modo a un
alejamiento evidente entre nuestro órgano de gobierno y los jueces y magistrados
de éste país, que con una labor abnegada, incansable y supliendo con su esfuerzo
la carencia de medios materiales y personales que caracteriza a la
Administración de Justicia, desarrollan sus funciones jurisdiccionales de forma
absolutamente independiente.
Unido a lo anterior, se ha
producido una merma de las competencias del Consejo General del Poder Judicial,
para convertirlo en un órgano presidencialista , con vocales de primera
categoría y de segunda categoría, incapaz de garantizar la preservación efectiva
de la Independencia Judicial y sin que la nueva configuración haya redundado en
una mayor transparencia en el ejercicio de sus competencias. Así lo ponen de
manifiesto distintos informes de la Plataforma Cívica por la Independencia
Judicial, sobre nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder
Judicial.
Y lo más paradógico del caso es
que el anterior Ministro de Justicia, renegaba recientemente del sistema de
elección parlamentaria de vocales judiciales, que él mismo promovió, conculcando
eso sí el pacto de legislatura con la ciudadanía, con traición a la palabra dada
y al Estado de Derecho.
Cualquiera podrá llegar a la
conclusión que el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial esté
politizado, es inadmisible e incluso contrario a la finalidad propia del
Consejo, pero Ana, ¿por qué un mero estudiante de derecho decide lanzarse tan de
frente al debate que supone un tema tan controvertido y tan denso como éste?
Personalmente, me he unido a
éste reto porque considero vital que la sociedad tome plena conciencia de la
gravedad del asunto, que se constituya una opinión pública consolidada. Es una
pena que la firme denuncia existente por parte de un gran colectivo de jueces,
de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, haya resultado ignorada a
nivel gubernamental, pero resulta aún más lamentable que la ciudadanía apenas
está enterada. Decía Cicerón que “- Ningún hombre debería tratar de obtener
beneficio a costa de la ignorancia de otros -” y desgraciadamente, el
desconocimiento sobre esta realidad, es uno de los grandes problemas que padece
nuestro pueblo.
Por eso, debemos colaborar para
que esta situación acabe para siempre con la independencia del Poder Judicial, y
para ello es necesaria la unión de toda la ciudadanía, para que esto no sea algo
que al ciudadano o al propio estudiante de derecho le suene a un tema “sólo de
Jueces”, sino que toda la sociedad civil seamos conscientes de la situación, de
algo tan primordial y tan valioso como nuestro sistema judicial , y se apresuren
todos juntos a exigir la inmediata regeneración democrática que tan necesaria
resulta.
Muchos ciudadanos desconocen que
lo que está en peligro en España es la democracia y la correcta separación de
poderes que cita nuestra Constitución. No es una cuestión de derecha o
izquierda, ni de nuevas fuerzas políticas, ha de ser un ideal de la ciudadanía
por el que merece la pena luchar.
Pretendemos conseguir llegar a
la ciudadanía española la necesidad inminente de impulsar y conseguir la total
despolitización y plena independencia del Poder Judicial, solicitando de forma
unánime y apoyando, algunas medidas ya propuestas como la elección democrática
por los jueces de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial:
jueces decanos, presidentes de audiencias y de tribunales superiores de
justicia, salas de gobierno así como de los doce vocales de procedencia judicial
de los veinte que integran el CGPJ o el mantenimiento en poder de los jueces de
las funciones estrictamente jurisdiccionales que le asigna la Constitución, lo
que exige una muy clara delimitación de las funciones atribuidas a los
secretarios judiciales y la conservación por aquellos de la instrucción penal en
tanto el Ministerio Fiscal siga dependiendo jerárquicamente del poder ejecutivo.
Y es así Ana como esa Justicia,
erosionada, mermada en su apariencia de independencia e imparcialidad ha de
resurgir de sus cenizas. Cenizas que aún permanecen incandescentes ante la
restricción de la Justicia Universal por espúreos motivos políticos que han
primado intereses diplomáticos a la persecución de crímenes de genocidio y lesa
humanidad. O ante el olvido permanente desde la política de una dotación de
medios materiales y personales adecuada, con una ley procesal criminal anclada
en el pasado incapaz de hacer frente a las nuevas formas de delincuencia.
Se hace necesaria una
modificación del Consejo General del Poder Judicial, que además del sistema de
elección de sus miembros, le dote de plena autonomía financiera y competencias
en lo que a “política judicial” se refiere. Evitando así la injerencia de otros
poderes del Estado.
Igualmente es ineludible, la
reforma de la organización judicial, con la creación de órganos jurisdiccionales
especializados en materia de delitos de especial complejidad, adscripción de
cuerpos de peritos y policía judicial bajo la dirección exclusiva del Magistrado
Titular. Es imprescindible incentivar la especialización de órganos
jurisdiccionales, en aras de la obtención de una mayor calidad y agilidad en las
resoluciones judiciales, incrementar la plantilla de Jueces y Magistrados y la
inversión en Justicia.
Así mismo en aras de garantizar
el nombramiento de cargos judiciales, resulta prioritario la elaboración de un
Reglamento de Nombramientos de carácter vinculante para el CGPJ, que se
extenderá al otorgamiento de plazas en comisiones de servicio y de Jueces de
Adscripción Territorial. Evitando de éste modo, cualquier sombra de duda,
injerencia política o parcialidad en la cobertura de plazas judiciales en los
distintos órganos jurisdiccionales.
Y sí en esa lucha querida Ana,
llega el tiempo de dar vuestro primer paso. Tendréis el país, que queráis.
Vosotros los 17 mejores universitarios de la Liga Nacional de Debates, sois una
gran herramienta para hacer llegar a la sociedad el grito de un colectivo que no
se cansa de luchar por todos, que no se cansa de intentar mejorar el estado de
la Administración de Justicia y garantizarnos a todos su plena independencia,
eliminando cualquier rasgo de politización dentro del Poder Judicial.
Cualidades no te faltan para
alcanzar cualquier sueño, es hora de que la elegancia que hacen brillar tus
intervenciones en los debates, sea el símbolo de un sueño de democracia
judicial. Es hora Ana, de que empieces a convertir ese sueño en una realidad de
nuestro país. Bruselas, París y Madrid serán testigos y jueces de una ilusión
sin límites: La preservación de nuestro Estado de Derecho.
Pues, como dijo Ortega y Gasset
“No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa.” |
