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“Un Estado de Derecho que no respeta los derechos fundamentales, la Justicia,
la libertad y la igualdad pervierte su sentido de ser”.
 Los Derechos Fundamentales son la esencia en todo Estado de Derecho. Estos
Derechos son inherentes a todo ser humano por el simple hecho de serlo:
constituyen valores superiores del ordenamiento jurídico. El derecho a la vida
nos permite existir. El derecho a la libertad individual nos hace dignos. El
derecho de defensa nos protege de los abusos. La igualdad nos dota de
oportunidad. El derecho al honor nos hace decentes. La inviolabilidad del
domicilio nos garantiza nuestra intimidad. El derecho a comunicar nos enriquece
culturalmente. La justicia nos ofrece virtud. Así, los derechos fundamentales
representan el núcleo de todo Estado de Derecho moderno que desea respetar la
naturaleza humana. De ahí que no todas las leyes sean justas por el mero hecho
de ser leyes, sino que deben ser justas siempre y cuando respeten los derechos
fundamentales.
El abominable legislador, que se ha erigido como garante de lo justo en una
avalancha legislativa en la que regula todos los aspectos de la realidad humana,
ha olvidado que la Ley debe de estar sometida y de respetar tales derechos
fundamentales. La falta de respeto legal a los mismos produce injusticias y
tales injusticias generan desigualdad. Esta desigualdad produce desesperación y
frustración llevando a los nuevos políticos a buscar soluciones demagógicas e
irrealizables a los problemas reales.
¿Y por qué se vulneran tales derechos? Para que el legislador pueda controlar
más y mejor a una ciudadanía que deja de ser igual ante la ley, menos libre y
con más injusticias normativas. La politización de la justicia es el ejemplo más
flagrante que existe de esta vulneración: el del derecho a un proceso justo e
igual. No es eficiente, no por nuestros Jueces y Magistrados, sino por la falta
de medios en la administración de justicia. España tiene casi 10 jueces menos
por cada 100.000 habitantes que la media europea, el ratio español es de 11,2
jueces mientras que la media del continente es de 21. Los juicios se señalan
hasta a 4 años vista para 2019. Todo esto genera en la ciudadanía una percepción
de que el sistema nos ha abandonado, que los dirigentes políticos no quieren
permitirnos vivir bajo el imperio de una ley ciega y justa, que persiga todas
las fechorías y que esta sea igual para todos.
España es el tercer país de la Unión Europea en baja percepción de la
independencia judicial ¿Cómo va a existir independencia en los Tribunales si
estos son controlados o influidos por el Consejo General del Poder Judicial, que
es elegido a capricho y arbitrio por el ejecutivo-legislativo?
Efectivamente Montesquieu murió hace ya mucho tiempo. Esta falta de
independencia alimenta la impunidad en la corrupción. La ciudadanía está cansada
de que se le tome por ingenua, y exigimos una democracia de calidad con una
independencia real y eficiente de nuestros tribunales. La falta de seguridad
jurídica contribuye a alimentar la crisis económica en nuestro país. Esta
inseguridad jurídica no motiva al inversionista quien ve un riesgo añadido en
caso de conflicto, con sus respectivos costes en dinero y tiempo para encontrar
una solución al mismo. Con juicios para dentro de 4 y 5 años, ¿cómo va a
funcionar una economía eficiente? Con un Tribunal Constitucional controlado por
el poder político, ¿quién va a invertir en nuestro país sin preocupación, si
en las altas instancias judiciales no es la ley ciega la que se aplica, sino la
lealtad a quién te ha nombrado y a quien se le debe el puesto?
Sin seguridad jurídica no tendremos el contexto idóneo para crear riqueza, ya
que ni se respeta una ley igual para todos, ni existe una justicia ciega e
imparcial para sus ciudadanos. Exijamos más justicia y determinación de calidad
en la voluntad política, sabiendo que, “La mejor justicia no siempre es la
mejor política”, Abraham Lincoln. |
