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10 de JUNIO de 2015

Jueces para la Democracia y UPF impulsan un Observatorio contra la Corrupción, abierto a la carrera fiscal y judicial

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Consideran que la reforma penal próxima poco va a aportar en la lucha contra esta lacra

Ha sido en el transcurso de este último Congreso de Jueces para la Democracia celebrado el pasado fin de semana en Cádiz cuando la asociación judicial Jueces para la Democracia presentó un proyecto regeneracionista como es un Observatorio contra la Corrupción. Esta iniciativa también está respaldada por UPF, Unión Progresista de Fiscales. Magistrados como Ramón Sáez y Javier Martínez y Begonya López del Secretariado de esta entidad asociativa impulsan esta actividad. A lo largo de este evento se analizó la vigencia de la Constitución de 1978 y sus posibles cambios en aras a estar actualizada con la sociedad en que vivimos. “De hecho parece que surgen otros derechos fundamentales como el derecho a la vivienda o el de los consumidores, protegidos por directivas europeas pero no en nuestra Carta Magna”, explica la propia Begonya López, magistrada asociada a esta entidad. La idea de este Observatorio es analizar realmente qué se entiende por corrupción y ver la tramitación judicial de cada uno de los procedimientos y cuántos se han convertido en condena. Nuestros lectores recuerdan que hace unos días Fundación Hay Derecho presentó un estudio sobre la corrupción en la misma dirección que esta alianza estratégica que empuja este Observatorio contra la Corrupción presentado hace unos días.

Jueces y fiscales aúnan fuerzas para luchar contra la corrupción. Da la sensación que ya están hartos de que se les cargue el mochuelo de que por su culpa determinados imputados quedan libres o sus causas son archivadas. En la ciudad constitucional de Cádiz el pasado fin de semana se presentó oficialmente el Observatorio Contra la Corrupción,  una iniciativa que Jueces para la Democracia lidera en colaboración con UPF: “Sabemos que hay pocos medios para trabajar en estos temas pero queremos llegar al fondo del asunto y ver cuál es la evolución de muchos de los procesos hasta que se dicta sentencia”; comenta López. Una de las primeras medidas será analizar cuánto tiempo se está tardando en las causas de corrupción y en su instrucción “también queremos ver el impacto de la nueva LECRIM cuando se ajusten los plazos. Es sorprendente que el legislador no haya reducido los recursos de los abogados en la fase de instrucción para evitar dilaciones”, aclara.

Los trabajos de este Observatorio quieren focalizar lo que es el fenómeno de la corrupción y ver realmente donde está afectando a nivel de administraciones públicas. “También queremos ver el papel de las FFAA y colectivos de seguridad de CCAA y ver si realmente hacen su trabajo o también están contaminadas por la corrupción”; aclara nuestra interlocutora. “Otro tema que nos preocupa es visibilizar las presiones que pueden recibir jueces o magistradas y fiscales en el cometido de su labor ante determinados temas.  Haremos una encuesta entre todos ellos para saber realmente si han sufrido esas presiones de las que antes hablaba”. En este punto Begonya López, como otros magistrados recuerdan que el papel del CGPJ debería ser más proactivo e intentar proteger la honorabilidad de aquellos jueces que casi siempre determinadas declaraciones de políticos cuestionan su buen hacer.

Curiosamente esta conversación que mantenemos por teléfono tiene lugar el día en el que el juez Velasco ordena el registro de diez Ayuntamientos, la mayor parte madrileños y otros localizados en la comunidad valenciana: “La verdad que el fenómeno de la corrupción está muy extendido y hay que desarrollar medidas claras que este Gobierno aún no ha puesto en marcha contra su desarrollo”. Las medidas de las que habla nuestra entrevistada son de carácter preventivo referidas a la mejora de los controles por parte de los interventores de las cuentas públicas y una mayor agilidad del propio Tribunal de Cuentas, al que le falta presupuesto y recursos para realizar su labor. “En Francia, se tarda muy poco en tener este tipo de informes de control de las grandes instituciones mientras que en nuestro país pasan años hasta que los tenemos, lo que genera algunas veces la prescripción de los delitos”, comenta.

Para esta magistrada, miembro del Secretariado de Jueces para la Democracia, hay que darse cuenta que la corrupción no es patrimonio de la Audiencia Nacional. “Hay muchos juzgados que también llevan temas de estas características y que necesitan medios materiales y humanos para llevarlos de manera correcta. Falta una policía y unos peritos que dependieran de los juzgados y no del Ministerio de Interior que pudieran ayudar al juez en su cometido para poder desarrollar una administración judicial independiente y rápida”. Aunque los medios son modestos, los objetivos son bastante ambiciosos y de hecho otro elemento de este Observatorio seria para ayudar la independencia judicial  desde la denuncia de casos concretos que estuvieran pasando.  Desde su punto de vista, en un momento como el actual donde se vislumbran pactos entre diferentes fuerzas políticas para formar Gobierno “sería un momento ideal para que nuestros políticos se comprometieran a suscribir un pacto global contra la corrupción.  La sociedad ve la corrupción como un gran problema”.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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