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 ¿Se hubieran producido tantas
injusticias legislativas en España de haber tenido un Tribunal Constitucional
eficiente que velase por proteger los principios constitucionales?
En nuestro sistema, no todo lo
legal por el mero hecho de ser ley es justo, lo que produce que existan
desigualdades y abusos entre iguales. Todas las leyes deberían ser justas,
entendidas desde el respeto a los derechos fundamentales, como esencia de todo
Estado Democrático de Derecho que tiene sus raíces en el respeto de la dignidad
humana desde un plano de igualdad, libertad y justicia.
Sin embargo, cuando el garante de
la legalidad, que en España es el Tribunal Constitucional no se debe al respeto
ciego e imparcial de los derechos fundamentales y de los principios
constitucionales, se termina desvirtuando lo justo y descafeinando la esencia de
la Constitución, en beneficio de intereses partidistas y en detrimento del
bienestar de toda la sociedad. Esta desigualdad que el ciudadano percibe como un
abuso de unos pocos desde el sistema, alimenta el odio, los celos, la
inseguridad y la inestabilidad. El Tribunal Constitucional no es simplemente el
máximo guardián de lo “legal” sino que es la llave de lo justo en nuestro Estado
de Derecho. Por ello, dado que sus resoluciones condicionan toda la razón de un
pueblo, el Constitucional debiera estar blindado lo máximo posible ante
injerencias políticas que busquen el oportunismo electoral, debiéndose sus
decisiones únicamente a lo justo y a los principios que emanan de la
Constitución.
Si el Tribunal Constitucional
hubiera estado blindado ante dichas injerencias políticas y sus Magistrados
hubieran actuado con el máximo respeto a los principios constitucionales, en
España la división de poderes nunca hubiera muerto, ya que la intromisión
política en el poder judicial fue fruto de esta imparcialidad. Uno de los
factores principales que limita nuestra democracia es la triste politización de
la justicia comenzando desde su pilar: el Tribunal Constitucional. Si este
órgano hubiera velado por respetar el contenido real del artículo 122.3 de la
Constitución, que en su día garantizaba la independencia judicial a través de la
elección por los propios jueces de los vocales del CGPJ, la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en 1986, las siguientes y la última por parte del
Partido Popular, nunca debieron de haberse permitido por entenderse estas
contrarias a la esencia democrática de nuestra Constitución.
Si tuviéramos un Tribunal
Constitucional ciego e imparcial, eficiente y eficaz, además que determinante en
sus resoluciones, nunca hubieran visto la luz leyes que atentasen contra los
derechos fundamentales. Desde el Estatut de Cataluña que no permite a los
españoles ser “iguales” ante la ley y les discrimina entre hispano y
catalanoparlantes; o la Ley de Tasas que dificultó el acceso a la justicia a la
clase media, vulnerando el derecho acudir ante un juez; o la Ley de Seguridad
Ciudadana que permite los cacheos integrales entre hombres y mujeres, lesionando
la dignidad humana; o la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no permite acudir a
una segunda instancia para los casos enjuiciados en las Audiencias Provinciales,
limitando así el derecho a un juicio con todas las garantías; o la Ley de
Enjuiciamiento Civil art. 455.1 que impide las apelaciones para juicios de menos
de 3000 euros; o la Ley 30/1992, que establece la presunción de veracidad de la
administración discriminando así el derecho a la “igualdad” ante la ley, etc.
Del mismo modo, una de las dos
leyes más sangrantes de los últimos tiempos, culpable de numerosas injusticias,
y abanderada de quienes ahora desean ir contra un sistema que no les ha
protegido, ha sido la Ley Hipotecaria española, y la Ley 7/1998 que regula las
condiciones generales de la contratación y las cláusulas abusivas. Estas dos
leyes, protegían y blindaban a la parte más fuerte del contrato, los bancos.
Durante años los deudores hipotecarios tuvieron limitado su derecho a un proceso
“justo” y en igualdad de armas, ya que no podían oponerse a la ejecución
bancaria sino pagando la totalidad de la deuda, aún cuando está tuviera un
origen ilegítimo, abusivo o nulo, y no pudiendo manifestar tal indefensión en
fase judicial, dando lugar a casos de desahucios que generaron una injusta
desigualdad. Tuvo que llegar Europa y el TJUE para corregir tales abusos
permitidos desde el ejecutivo y perpetrados por las entidades bancarias.
El Tribunal Constitucional, como
última instancia de lo justo, de lo adecuado, de lo bueno y de lo moral, debe
controlar que todas las leyes respeten los derechos fundamentales y los
principios de nuestra Constitución, que son las que nos permiten desarrollarnos
como seres humanos con dignidad. El Tribunal Constitucional no puede quedar
sometido al arbitrio político ya que es dejar al lobo cuidando a las ovejas, es
abrir la puerta a las injusticias y al relativismo moral. “No hay peor
tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la
justicia, Montesquieu”. |
