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 Comienzo con un apunte personal para contextualizar lo que seguirá. Después de
ejercer como abogada del ICAM, llevo más de dieciséis años dando clases en la
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Clases de
Derecho Procesal en Grado (antes Licenciatura) y de Oratoria y Redacción
Jurídicas en el Máster de Acceso a la Abogacía. Desde la creación, en esta misma
universidad, del Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje, en 2005, uno de
mis objetivos fundamentales, y sin perder la ilusión pese a las circunstancias y
vaivenes, se centra en el estudio y propuestas de adaptación de la comunicación
jurídica a los tiempos actuales. En mi opinión, esta resulta ser la base de la
una comunicación eficaz.
Los juristas tenemos una responsabilidad significativa en el logro de esa
adaptación. Los abogados, el colectivo más numeroso de juristas, ya intentan
hacer parte de este trabajo cada vez que tienen al cliente en el despacho, pero
no todas las tareas en esta materia acaban en ese punto. En realidad, hay muchos
implicados en la comunicación del Derecho. ¿Qué ocurre cuando el resto -por
ejemplo, jueces, fiscales, estudiantes de Derecho y futuros abogados, notarios,
registradores, legisladores, funcionarios técnicos en la redacción de las
futuras normas, o periodistas que transmiten la información jurídica- trabaja
con una forma de comunicar distinta en cada caso y sin ningún tipo de
aprendizaje? El caos en la narración, en la oratoria, en la comunicación en
definitiva y, lo que es peor, en la confianza que la ciudadanía tendría que
depositar en nosotros sin fisuras.
Quienes estudiamos el clásico plan de estudios de Derecho (e incluso otros menos
clásicos) apenas tuvimos algún tipo de preparación para negociar, redactar -para
juristas y no juristas-, presentar unas conclusiones o para interrogar.
Desde hace muy poco tiempo, algunos profesores hemos comenzado a explicar estas
otras materias que completan la formación del derecho material o procesal, como
la redacción jurídica y la oratoria. En algunas de estas clases, pido a los
alumnos un resumen oral de un texto jurídico o versionamos el típico suplico de
demanda, o los hechos probados de una sentencia. Cuando comprueban el resultado
de pasar la oratoria o la redacción por el tamiz de la mejora, reconocen que se
gana muchísimo en claridad. La paradoja viene de la mano de los alumnos que ya
están en prácticas en despachos, porque me confiesan que a ellos les exigen “lo
clásico”, es decir, el mega-párrafo, las mega-conclusiones, cierta forma de
expresión (lo traduzco por pompa y circunstancia) y temen presentar otra
redacción más clara porque tal vez esos jefes les obliguen a comenzar de cero.
En parte, lo comprendo. Los abogados no tienen ninguna culpa de tener que
cocinar con una materia prima, la ley, de la que a veces se desconoce si es
claramente carne o pescado. Tampoco los jueces o fiscales ni los profesores al
explicarlas (o intentarlo) la tenemos. Y es que las construcciones sólidas
necesitan cimientos. Los cimientos deben comenzar, en nuestro caso, por las
normas, que deberían estar redactadas de forma precisa y clara. Esto es lo que
han hecho en muchos países del entorno, destaco Suecia y Alemania (en el primer
caso con más de cuarenta años de tradición) y de otros bastante más alejados,
como Canadá, EEUU o Australia. El denominador común de sus tendencias es que son
alcistas en la búsqueda de la claridad y la comprensión.
En España nos siguen fallando las políticas públicas que impulsen esa tendencia.
Las medidas han resultado algo tibias, intermitentes y sin, por el momento,
previsiones de medio plazo. El pasado noviembre, invitada por el Ministerio de
Justicia alemán, asistí a un Simposio Internacional sobre la mejora de la
comprensibilidad de las disposiciones legales, para dar una conferencia sobre
claridad jurídica en España. Allí, conocí personalmente a miembros de los
equipos que en otros países tienen como misión exclusiva que las leyes que se
vayan a publicar resulten claras. En los países europeos que citaba, Suecia y
Alemania, por ejemplo, tienen expertos trabajadores, un cuerpo de filólogos y
juristas fijo (nada de previsiones temporales), que se ocupan de la claridad y
exactitud de la norma desde su génesis y trabajan con los técnicos de
legislación desde la primera fase de construcción legal, desde el anteproyecto.
Este pasa por parámetros de calidad hasta que se hace pública en versión final y
el resultado es que la comprensión, y como demostraron desde Suecia con un
estudio sobre confianza, derivan en el mejor cumplimiento de las leyes. Lógico y
envidiable, la verdad.
Cuando en España se desee solucionar el problema, quiero pensar que producirá
una reacción en cadena positiva de influencia en el resto de comunicaciones
jurídicas. Los profesores podrán explicar más sencillamente las leyes, los
abogados redactar unas demandas más comprensibles, los jueces resultar más
inteligibles, etc. Tengo el convencimiento de que los legisladores deben estar
apoyados por expertos -siempre con filólogos de por medio- para que se revise la
forma de comunicar la norma, de elaborarla claramente, de evitar las
ambigüedades, la falta de transparencia, y, en consecuencia, de que se genere
confianza tanto en los legisladores como en las propias normas (me consta que
muchos ciudadanos –lo he preguntado en numerosas ocasiones- tienen el prejuicio
de que no entenderán la normativa del BOE, si decidieran leerla).
Estas políticas, por descontado, deben acompañarse de otras que impliquen, a
nivel universitario, como indicábamos, unos planes de estudio de las Facultades
de Derecho que resulten igualmente completos como para que los estudiantes
puedan comunicar el derecho de modo efectivo. También es necesaria la formación
para jueces y magistrados, fiscales, secretarios, procuradores, abogados,
notarios, registradores…, de todos los intervinientes en la comunicación del
Derecho.
Verán, suelo charlar sobre esta comunicación jurídica con numerosos juristas de
distintos ámbitos. Y tomo nota porque, para mí, el estudio de campo es la base
de la investigación. Unas veces son abogados, otras, notarios, jueces,
secretarios, etc.
Hace unos días fui a visitar los Juzgados de Alcorcón, en Madrid. Allí, además
de conocer a estupendos trabajadores de la institución, pasé unas horas en el
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 y conversé con la secretaria del
juzgado, Dª Mercedes Martín López y el magistrado del mismo, D. Juan Ramón
Rodríguez Llamosí, a quienes desde aquí agradezco su tiempo, amabilidad y
dedicación que pude comprobar personalmente. En ellos vi a dos profesionales
extraordinariamente preocupados por su trabajo que realizan del mejor modo
posible con los medios de los que disponen. Cuando les pregunté, como suelo
hacer, por las dificultades de comunicación justicia-ciudadano, me reconocían
que sí les preocupa y que entienden que en muchas ocasiones la comprensión no
resulta ser la más adecuada. Las plantillas procesales, ininteligibles aún para
los ciudadanos que las reciben en cada caso, son uno de los caballos de batalla.
Otra es la escasez de tiempo que tienen para poder afrontar una muy importante
carga de trabajo que impone, sencillamente, la meta de sacarlo adelante. Me
decían algo que compartí plenamente: si todos los involucrados en el Derecho nos
implicásemos en conjunto en esa mejora, esta resultaría más sencilla. Cierto, no
podemos pedir a Secretarios Judiciales o a Magistrados, que carguen en exclusiva
con una responsabilidad que siempre habrá de ser compartida. Y de nuevo volvemos
a la importancia de demandar unas políticas públicas de base que vayan calando
desde la ley al resto de las comunicaciones del Derecho.
Además, quiero destacar ahora, algún otro factor que influye en la comunicación,
me refiero a las actitudes personales. El citado magistrado me sorprendió
cuando estuve presente en la sala de vistas de su juzgado. Ha sido la primera
vez que he presenciado la escena de un magistrado, que antes de iniciarse cada
uno de los juicios, salga al pasillo a presentarse a los letrados, a las partes
y a conocer el nombre de cada uno de ellos y resolver alguna primera duda. La
sorpresa no terminó aquí porque, ya por los pasillos, fue saludando y él fue
saludado con respeto y cariño por los profesionales, procuradores, abogados y
funcionarios que se cruzó en el camino de salida. Fue algo inusual para mí
presenciar ese trato profesional y humano a partes iguales. Y es que en
numerosas ocasiones escucho a letrados quejándose de las actitudes de algunos
jueces y magistrados –también he presenciado en mis visitas a tribunales algunas
que bordean sin delicadeza la mala educación y la soberbia- y del malestar que
se genera en la sala. Aquí hago una llamada a esas buenas actitudes, como las
descritas, porque la generación de confianza en las instituciones resulta sin
duda vital, y pasa, en mi opinión, por el fomento de las que favorecen la
fluidez comunicativa entre ciudadanos y profesionales del Derecho.
Hoy, en especial, quiero romper una lanza por todos estos profesionales
relacionados de una u otra manera con la comunicación jurídica en España. A
pesar de que hay miles de personas que trabajan estupendamente la buena
comunicación, nombraré ahora solo a algunos de aquellos con los que he tenido
oportunidad de contactar, y que no serán sino una pequeña representación del
abanico de personas que, paso a paso, han ido y van trabajando, desde distintas
posiciones, para que en nuestro país la Justicia genere confianza a través de la
comunicación adecuada a cada ocasión.
En primer lugar a quien desde que nos conocemos creyó en mi fe por la mejora de
la comunicación (modernización o adaptación) jurídica y quien me invita a
escribir reiteradamente para que esta cuestión no languidezca, al periodista
Luis Javier Sánchez, Luisja, a quien denomino -y él acepta- “padrino de la lucha
por la mejora de la comunicación jurídica”. Él lo comparte, lo apoya y lo
destaca con tenacidad.
Gracias al Ministerio de Justicia, que en 2009, con el Ministro F. Caamaño al
frente, ideó la primera institución en España en el marco de la modernización de
la Justicia: la Comisión de Modernización del Lenguaje jurídico, para la que
tuve la misión de investigar junto al Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje,
qué políticas públicas y privadas se habían adoptado dentro y fuera de España.
Gracias a todos ellos por su trabajo y sus claras recomendaciones; y gracias a
los compañeros, eminentes profesionales que también realizaron investigaciones
para la Comisión, como la maravillosa periodista María Peral –también miembro de
la Comisión-, los catedráticos y amigos de las universidades de Salamanca,
Barcelona, Valencia, Julio Borrego, Estrella Montolío y Antonio Briz,
respectivamente, y el académico de la RAE, miembro de la Comisión y catedrático
de León, Salvador Gutiérrez, a quien agradezco en especial su amistad y su ánimo
para continuar con los trabajos de la Comisión, así como a la propia RAE. Al
Consejo General de la Abogacía Española, que con Carlos Carnicer, apostó y
siguen apostando por la adaptación del lenguaje jurídico –y a Marta Ballesteros,
letrada del Consejo- por su apoyo y amistad en todo momento. A Decanos de
Colegios de Abogados, como Sonia Gumpert, en Madrid, o Carles McCragh, en
Gerona, por manifestarme su apoyo a la causa. A José Manuel García Collantes,
Presidente del Consejo General del Notariado, quien también personalmente ha
expresado su apoyo a esta adaptación comunicativa. A profesores como María Pilar
Ballesteros, de la Universidad de Barcelona y a Jesús Hernández Galilea de la
Universidad de Oviedo, por concebir en la Universidad de Verano Menéndez Pelayo
los exitosos Cursos de comunicación para juristas; al Grupo de Investigadores de
Derecho y Lenguaje de mi Facultad, con una mención especial a la profesora
Alicia Duñaiturria y al profesor que además introdujo esta importante materia en
el Máster de Acceso a la Abogacía, profesor Federico de Montalvo; a las
autoridades de la misma Facultad y de la Universidad que han apoyado los
trabajos de claridad en la comunicación jurídica. A Ana García Sánchez, por su
trabajo sin tregua en el Ministerio de Justicia junto a la Comisión de
Modernización y la difusión de esta necesidad en España. Y, del mismo
Ministerio, a uno de los grandes profesionales, técnicos, de la Justicia en
España, el actual Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, Julio
Fuentes, por haber retomado la misión que el actual Ministro de Justicia, Rafael
Catalá y la Subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán le encomiendan para
colaborar en la continuación de políticas públicas de adaptación y claridad.
Solo queda esperar que la apuesta por la claridad en comunicación del Derecho en
nuestro país siga adelante, con voluntad y decisión.
Estimado Sr. Catalá, por y para los ciudadanos: ¿podemos, con su ayuda, seguir
avanzando hacia una Justicia y un Derecho más comprensibles para todos en
España? |
