Sobre
la
crisis
del
sistema
judicial
se
ha
hablado
y
lamentablemente
se
seguirá
hablando.
Las
enormes
carencias
de
juzgados
y
tribunales
hacen
que
no
exista
una
comunicación
rápida
y
precisa
entre
ellos,
que
por
el
volumen
que
han
alcanzado
solo
pueden
intentar
conseguirse
atreves
de
un
serio
plan
que
sea
aprobado
e
impulsado
por
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial
y
sobre
todo
también
con
el
soporte,
de
orden
económico,
por
parte
del
Gobierno
de
la
Nación.
En
este
punto
concreto
no
pueden
escatimarse
medios
de
ninguna
clase.
Se
le
debe
conceder
la
máxima
ayuda
para
que
el
funcionamiento
de
la
Administración
de
Justicia
esté
a la
altura
de
las
circunstancias
y
desaparezca,
de
una
vez
por
todas,
la
escandalosa
desinformación
que,
a
veces,
se
ha
producido
en
recientes
sucesos
por
demás
sangrantes
e
inexplicables.
Los
juzgados,
fiscalías
y
Tribunales
de
Justicia
en
España
a
penas
si
han
evolucionado
y no
han
llegado
los
medios
para
su
informatización
que,
en
la
actualidad,
existen
en
empresas,
privadas
o
públicas,
órganos
administrativos
del
Estado,
autonómicos
y
locales.
Esto
se
me
presenta
como
inconcebible
e
inexplicable;
se
trataría
pues
de
una
especie
de
discriminación
in-peius
para
la
totalidad
de
la
administración
de
justicia,
en
ese
concreto
aspecto.
La
verdad
es
que
nunca
ha
estado
bien
nutrida
de
medios
tenidos
por
elementales.
Nunca,
pues,
ha
funcionado
medianamente
bien
en
ese
aspecto:
Ni
ahora,
ni
con
la
Constitución,
ni
antes
con
la
Dictadura,
ni
tampoco
la
justicia
era
el
modelo
de
nada
durante
la
época
republicana.
Y
así
estamos.
Pero,
con
la
natural
superficialidad
muy
propia
del
actual
ambiente
sociopolítico,
inmediatamente
se
alzan
voces
de
personas,
en
verdad
indocumentadas,
por
lo
que
a la
justicia
se
refiere,
clamando
por
reformas
legislativas,
ya
sean
substanciales
(Código
penal)
o a
las
leyes
de
procedimiento
criminal.
A
golpe
de
linotipia
del
BOE
pretenden
resolver
de
un
plumazo
y de
forma
un
tanto
milagrera,
con
verdadero
simplismo,
lo
que
tiene
que
ser
intentado
o en
vía
de
solución
o
salida,
de
una
forma
más
reflexiva
e
inteligente.
Desde
luego,
no
con
la
mentalidad,
un
tanto
providencialista
de
que
la
Ley
lo
resuelve
todo
porque
no
es
verdad:
La
Ley,
a
veces
no
es
más
que
un
comienzo
para
iniciar
el
camino
de
la
solución,
pero
en
modo
alguno
por
medio
de
la
Ley
se
puede
llegar,
simplistamente,
a
resolver
ningún
problema
concreto,
y
menos
los
aparecidos
en
estos
días
con
todo
lujo
de
detalles
en
los
medios
de
comunicación
social.
No
cabe
duda
de
que
se
requiere,
sobretodo,
una
reforma
de
la
oficina
judicial
tanto
en
su
estructura
cuanto
en
su
función.
Desde
luego,
también
en
cuanto
a su
dotación
de
medios
materiales
y de
formación
de
los
funcionarios
que
componen.
Hoy
no
tiene
sentido
ninguno
en
dichas
oficinas
se
carezca
de
cualquier
tipo
de
informatización.
Los
ordenadores
cuantos
los
hay,
son
la
especie
más
elemental
y
miserable
y se
suelen
utilizar;
por
lo
general,
como
simples
maquinas
de
escribir;
y
nada
más.
Porque
no
debe
olvidarse
ni
un
solo
momento,
que
la
información
que
se
necesita,
primaria
y
esencialmente,
no
está
al
alcance
de
los
obligados
usuarios.
La
administración
de
justicia
española
no
está,
ni
tan
siquiera,
mínimamente
informatizada.
Manuel
Cobo
del
Rosal
Abogado
y
Catedrático
de
Derecho
Penal.
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