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Crisis del sistema judicial en la España democrática y medidas para su superación (I)

MADRID, 19 de MAYO de 2015
 

 

Sobre la crisis del sistema judicial se ha hablado y lamentablemente se seguirá hablando. Las enormes carencias de juzgados y tribunales hacen que no exista una comunicación rápida y precisa entre ellos, que por el volumen que han alcanzado solo pueden intentar conseguirse atreves de un serio plan que sea aprobado e impulsado por el Consejo General del Poder Judicial y sobre todo también con el soporte, de orden económico, por parte del Gobierno de la Nación. En este punto concreto no pueden escatimarse medios de ninguna clase. Se le debe conceder la máxima ayuda para que el funcionamiento de la Administración de Justicia esté a la altura de las circunstancias y desaparezca, de una vez por todas, la escandalosa desinformación que, a veces, se ha producido en recientes sucesos por demás sangrantes e inexplicables.

Los juzgados, fiscalías y Tribunales de Justicia en España a penas si han evolucionado y no han llegado los medios para su informatización que, en la actualidad, existen en empresas, privadas o públicas, órganos administrativos del Estado, autonómicos y locales. Esto se me presenta como inconcebible e inexplicable; se trataría pues de una especie de discriminación in-peius para la totalidad de la administración de justicia, en ese concreto aspecto. La verdad es que nunca ha estado bien nutrida de medios tenidos por elementales. Nunca, pues, ha funcionado medianamente bien en ese aspecto: Ni ahora, ni con la Constitución, ni antes con la Dictadura, ni tampoco la justicia era el modelo de nada durante la época republicana. Y así estamos.

Pero, con la natural superficialidad muy propia del actual ambiente sociopolítico, inmediatamente se alzan voces de personas, en verdad indocumentadas, por lo que a la justicia se refiere, clamando por reformas legislativas, ya sean substanciales (Código penal) o a las leyes de procedimiento criminal. A golpe de linotipia del BOE pretenden resolver de un plumazo y de forma un tanto milagrera, con verdadero simplismo, lo que tiene que ser intentado o en vía de solución o salida, de una forma más reflexiva e inteligente. Desde luego, no con la mentalidad, un tanto providencialista de que la Ley lo resuelve todo porque no es verdad: La Ley, a veces no es más que un comienzo para iniciar el camino de la solución, pero en modo alguno por medio de la Ley se puede llegar, simplistamente, a resolver ningún problema concreto, y menos los aparecidos en estos días con todo lujo de detalles en los medios de comunicación social.

No cabe duda de que se requiere, sobretodo, una reforma de la oficina judicial tanto en su estructura cuanto en su función. Desde luego, también en cuanto a su dotación de medios materiales y de formación de los funcionarios que componen. Hoy no tiene sentido ninguno en dichas oficinas se carezca de cualquier tipo de informatización. Los ordenadores cuantos los hay, son la especie más elemental y miserable y se suelen utilizar; por lo general, como simples maquinas de escribir; y nada más.

Porque no debe olvidarse ni un solo momento, que la información que se necesita, primaria y esencialmente, no está al alcance de los obligados usuarios. La administración de justicia española no está, ni tan siquiera, mínimamente informatizada.

Manuel Cobo del Rosal

Abogado y Catedrático de Derecho Penal. 


 

 

 
 
 
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