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 Hay un viejo refrán que dice eso de “calumnia, que algo queda…”. Por desgracia,
es bien sabido que, en cuanto alguien difunde un bulo sobre un tema,
especialmente si se trata de un tema que pueda resultar atractivo a los medios
de comunicación, les es difícil a éstos no sucumbir a la tentación de hincarle
el diente y echarse de cabeza a la piscina, con agua o sin ella.
Pero esto, pensado en su día para las maledicencias que se soltaban en el casino
o en la plaza del pueblo, alcanza proporciones cósmicas en los tiempos actuales,
con ese altavoz multiplicador que suponen los medios de comunicación y las redes
sociales. Y la cosa se complica más todavía cuando, en lugar de una información
soltada al viento, se trata de darle un marchamo de seriedad pasándola por la
pátina de un juzgado o fiscalía, consiguiendo un cuño oficial que parece
convertir en todo en oro, cual si de Rey Midas se tratara. Olvidando que, como
dice también la sabiduría popular, no es oro todo lo que reluce. Porque las
cosas no son siempre lo que parecen, ni lo que nos quieren hacer ver.
Lo bien cierto es que hoy en día, máxime en esta sempiterna y desquiciante
campaña electoral que hemos vivido y seguiremos viviendo, gran parte de la
acción parece haberse desplazado a las sedes judiciales. Las noticias ofrecen
casi más imágenes de pasillos y fachadas de juzgados que de plazas de toros en
pleno mitin. Y no precisamente para hablarnos del estado de sus sedes, muchas de
ellas cochambrosas, ni de la precariedad de sus medios, sino de sus ilustres
visitantes, voluntarios o involuntarios.
Cualquiera que posea una información que afecte, o crea que pueda afectar a sus
intereses, o se sienta alarmado o molesto, corre a los juzgados o a fiscalía a
darle un marchamo legal. Y a continuación, o simultáneamente, corre más todavía
a contarlo a todo aquel que, micrófono en mano, quiera oírlo. Y ya está el lío
armado. Como si el mero hecho de interponer una denuncia transformara en
delictivo cualquier hecho. Y confundiendo a las personas con algo que no debería
hacerse: su admisión.
Todos tenemos obligación de denunciar aquellos hechos aparentemente delictivos
de que conocemos, por supuesto. Y además, tenemos el derecho de hacerlo. Pero lo
que no tenemos, en modo alguno, como ciudadanos, es el poder de decidir lo que
es delictivo y lo que no lo es, lo que está probado y lo que no. Eso nos
corresponde a los que trabajamos en ello, que recibimos la noticia y le damos
forma jurídica. Y en eso está precisamente el quid de la cuestión. En que
nuestra tarea consiste en recibir la información y decidir cómo proceder.
Cualquiera podría denunciar, por ejemplo, que el vecino del quinto le ha robado
la luna, que le pertenecía, y eso no convierte el hecho en delictivo ni al
denunciado vecino del quinto en delincuente.
A diferencia de lo que ocurre con las querellas, que tienen previsto un trámite
de admisión –muchas veces por motivos formales-, las denuncias no lo tienen. Lo
que significa que proclamar que se ha admitido una denuncia no significa nada,
como no significa gritar a los cuatro vientos que se ha denunciado algo. Todo lo
que entra en un juzgado, o en una Fiscalía, se recibe y se le da la forma
jurídica correspondiente para empezar, o no, la investigación que corresponda.
Puede investigarse, o archivarse de plano si no es relevante jurídicamente
hablando, y puede también archivarse tras una investigación o acabar en un
juicio, y éste a su vez con condena o sin ella. Denunciar, o poner de la manera
que sea los hechos en conocimiento de la autoridad competente, no es más que
ponerse en la línea de salida de un largo maratón con múltiples posibilidades de
bifurcación, un maratón del que ni siquiera se ha dado el pistoletazo que da
comienzo a la carrera.
Pero aún hay más. Los jueces, y los fiscales, tenemos la obligación de actuar de
oficio, cuando de delitos públicos se trate –que son la mayoría-, aun cuando no
exista denuncia. Pero eso no implica, como pretenden algunos, que tengamos que
estar revisando los periódicos a ver quién cuenta algo que, si fuera cierto y
además estuviera probado, podría ser delito. Obviamente, si así fuera, no
podríamos dedicarnos a otra cosa, o tal vez debíamos crear una figura nueva con
ocupación a tiempo completo, el “revisador de noticias”. Y huelga decir que no
están los tiempos para andar creando. Pero cuando se ha de hacer se hace, como
siempre se ha hecho. Como debe de ser.
Lo que no podemos, ni debemos, es convertir nuestras sedes en una suerte de
alfombra roja donde famosos o políticos acudan a hacerse la foto como si de un
photocall del festival de Cannes se tratara, que aquí no estamos para
perder el tiempo. Y ya son bastantes los que se pasean por nuestros nada
glamurosos pasillos porque no tienen otro remedio, como vemos a diario.
Y ya que estamos, también deberíamos aclarar otra cosilla. La denuncia es lo que
es, pero no es patrimonio del denunciante, ni la información le pertenece a él
solo y puede hacer con ella lo que quiera. Eso de “retirar las denuncias” tan
oído en tertulias y mentideros, jurídicamente es la nada absoluta, el conjunto
vacío. Las denuncias no se pueden quitar, porque nadie puede quitar lo que no
tiene, que no es otra cosa que lo que llamamos la “notitia criminis” y es de
carácter público. E igual que, en el caso de que se tuviera conocimiento de
hechos constitutivos de delito se actuaría mediara o no denuncia, una vez se han
conocido, se continúa con el procedimiento que corresponda aunque alguien se
echa atrás.
Y por cierto, también puede denunciarse ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
que algunos parecen haberlo olvidado. Y aunque hubo un tiempo en que entre
determinados círculos, sobre todo del famoseo de medio pelo, se puso de moda ir
a una comisaría y pasear la copia del atestado como si de un trofeo se tratara,
ahora parece que se ha quedado trasnochado. Y, por supuesto, el valor era
exactamente el mismo: se ha recibido la declaración, la comparecencia, o lo que
sea, y se ha actuado en consecuencia. Y las cosas seguirán su trámite.
Así que a ver si al menos queda clara una cosa. Cualquiera puede denunciar, pero
que se reciba la denuncia no significa más que eso, que se recibe. Y que se hace
lo que se debe con la legislación en la mano, que es incoar el expediente
oportuno, llámese como se llame. Porque muy atrás quedó un tiempo en que las
cosas se guardaban en cajones y se decidía si se aireaban y cuándo. Por fortuna. |
