El
XI
Congreso
Nacional
de
la
Abogacía,
que
tuvo
en
Vitoria,
reflexionó
y
sobre
la
Convención
de
la
ONU
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad
firmada
en
Nueva
York
y
exploró
las
distintas
fórmulas
para
lograr
una
igualdad
de
derechos
real
y el
máximo
respeto
a la
autonomía
personal.
El
Congreso
celebró
en
su
segunda
jornada
de
trabajo
un
taller
temático
sobre
'Discapacidad
y
Derecho',
en
el
que
participaron
el
presidente
del
Consejo
Territorial
de
la
ONCE
en
Euskadi,
Javier
Domínguez;
la
delegada
del
Cermi
para
Convención
de
la
ONU,
Leonor
Lidón
Heras;
el
fiscal
del
Tribunal
Supremo
Carlos
Ganzenmüller
Roig,
y
Óscar
Moral
Ortega,
en
calidad
de
asesor
jurídico
del
Cermi.
El
debate
estuvo
moderado
por
el
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Mataró,
Julio
Naveira.
El
taller
contó
con
traducción
simultánea
a la
lengua
de
signos,
al
igual
que
ocurrió
con
la
sesión
inaugural
presidida
por
el
rey
Felipe
VI,
el
lehendakari
vasco,
Iñigo
Urkullu,
y el
ministro
de
Justicia,
Rafael
Català.
En
su
intervención,
Domínguez
se
refirió
al
Convenio
entre
ONCE,
Cermi
y
Consejo
de
la
Abogacía
Española
firmado
en
2004
para
facilitar
el
acceso
a la
justicia
y
supresión
de
barreras,
la
sensibilización
de
colegios
en
relación
a
los
letrados
con
discapacidad,
el
fomento
del
empleo
en
el
mundo
jurídico
y
diversos
aspectos
que
han
incluido
acciones
formativas,
divulgativas
y de
accesibilidad.
En
total
enumeró
más
de
dos
decenas
de
acciones
tendentes
a
garantizar
el
acceso
a
los
derechos
de
las
personas
con
discapacidad.
Alrededor
de
cuatro
millones
de
personas
tienen
alguna
discapacidad,
explicó
el
representante
de
la
ONCE.
Ellas
y
sus
familias
se
encuentran
en
riesgo
de
exclusión
social
y
sufren
un
peligro
elevado
de
incurrir
en
situaciones
de
pobreza.
Además,
la
crisis
ha
afectado
a
las
prestaciones
sociales,
que
se
han
reducido
de
manera
significativa,
por
lo
que
el
derecho
en
esta
materia
tiene
un
“alto
contenido
social”.
Asimismo,
reclamó
un
paso
delante
en
la
mentalidad
de
toda
la
sociedad,
pero
sobre
todo
insistió
en
que
“no
basta
con
reconocer
los
derechos”
sobre
el
papel,
sino
que
hay
que
garantizar
su
ejercicio
real
y en
pie
de
igualdad,
aspecto
en
el
que
la
Abogacía
tiene
un
papel
decisivo.
Leonor
Lidón
se
refirió
a la
Convención
de
la
ONU
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad
y
denunció
la
falta
de
igualdad
que
se
manifiesta
desde
el
inicio
de
la
etapa
educativa,
en
la
que
aún
no
se
da
integración
real.
Insistió
en
que
la
“realidad
biológica”
que
es
la
discapacidad
está
cargada
de
connotaciones
negativas
y en
función
de
esa
percepción
“se
conceden
o
limitan
derechos”.
Recordó
que
en
el
artículo
8 de
la
Convención
se
produce
un
hecho
jurídico
novedoso
que
consiste
en
incidir
sobre
la
percepción
social
de
la
discapacidad,
porque
esa
mirada
es
la
que
determinará
si
hay
inclusión
o
exclusión
social.
Que
una
persona
con
discapacidad
acabe
integrada
en
su
entorno
depende
de
cada
uno
de
los
miembros
de
la
comunidad,
y no
de
su
condición
individual,
remachó.
“Los
derechos
son
para
todos,
no
valen
excepciones”,
y
por
eso
los
operadores
jurídicos
tienen
una
responsabilidad
especial
en
la
consecución
de
una
igualdad
real,
indicó
Lidón.
En
materia
de
ejercicio
de
derechos,
las
personas
con
discapacidad
tiene
que
enfrentarse
a
barreras
físicas
y
barreras
de
comunicación
que
aunque
preservan
la
titularidad
del
derecho,
lo
hacen
imposible
desde
el
punto
de
vista
práctico.
Abogó
por
medidas
de
equiparación
que
sirvan
para
igualar
en
derechos
a
las
personas
con
discapacidad
y
permitan
la
plena
accesibilidad,
o en
su
caso
el
diseño
de
un
“traje
a
medida”
para
aquellos
casos
individuales
que
necesiten
de
solución.
Insistió,
además,
en
que
de
acuerdo
con
la
ONU,
los
recortes
presupuestarios
“no
pueden
ser
excusa”
para
limitar
el
derecho
a la
igualdad
de
las
personas
con
discapacidad.
Capacidad
jurídica
También
en
nombre
del
Cermi,
Óscar
Moral
desgranó
lo
que
significa
el
artículo
12
de
la
Convención
de
la
ONU
para
las
personas
con
discapacidad,
relativo
a su
capacidad
jurídica.
Se
preguntó
“¿hasta
dónde
nos
lleva
un
sistema
que
nos
habla
de
incapacitación,
de
tutela
o de
sustitución
de
la
titularidad
de
un
derecho?”.
La
Convención,
señaló,
“nos
dice
que
no
se
puede
utilizar
esa
limitación
de
derechos,
sino
establecer
un
sistema
de
apoyos
para
que
puedan
ejercer
esos
derechos
de
los
que
son
titulares".
En
ese
sentido,
denunció
que
la
regulación
actual,
por
ejemplo,
de
internamiento
involuntario
produce
“vulneración
de
derechos”
y
“desprotección”
de
la
persona
con
discapacidad.
Habló
también
de
la
pérdida
del
derecho
al
sufragio
tras
haber
sido
objeto
de
una
sentencia
de
incapacitación,
algo
que
Moral
consideró
“imposible
de
soportar”
en
un
sistema
democrático
que
supuestamente
pretende
“evitar
corruptelas”
con
esa
exclusión.
Finalmente,
animó
a
los
letrados
presentes
en
el
debate
a
imprimir
una
nueva
perspectiva
“a
la
hora
de
plantear
nuestras
demandas.
No
podemos
hacer
demandas
como
si
fueran
sentencias,
tales
como
las
de
incapacitación,
que
se
limitan
a
eliminar
derechos”.
Por
su
parte,
el
fiscal
Ganzenmüller
destacó
la
labor
de
difusión
de
la
Convención
de
la
ONU
que
hace
el
Tribunal
Supremo
en
sus
sentencias.
Insistió
en
que
al
no
haber
una
legislación
específica
en
España,
este
texto
legal
debe
usarse
como
referente
de
derechos
por
los
juristas
españoles.
Asimismo,
insistió
en
la
inutilidad
de
los
procesos
de
incapacitación
y
abogó
mejor
por
habilitar
las
ayudas
que
la
persona
con
discapacidad
necesite
para
ejercer
sus
derechos
en
condiciones
de
igualdad. |