El
Colegio
albergó
el
pasado
27
de
abril
la
inauguración
de
la
Sección
de
Derecho
Militar
y
Seguridad,
coordinada
por
el
diputado
José
Manuel
Pradas
y
presidida
por
el
abogado
Mariano
Casado,
en
un
acto
donde
se
analizó
el
presente
y
futuro
de
esta
área
del
Derecho.
Ante
una
numerosa
asistencia,
cerca
de
un
centenar
de
participantes,
la
decana,
en
su
discurso
de
bienvenida,
destacó
que
la
nueva
Sección
es
“conveniente
e
incluso
necesaria”,
recordando
que
a
pesar
de
la
especificidad
de
las
tareas
de
esta
rama,
“el
Colegio
es
un
lugar
donde
todos
los
campos
del
Derecho
y
todas
las
sensibilidades
deben
estar
presentes,
y
donde
todos
pueden
tener
su
voz
y su
lugar”.
Por
su
parte,
el
diputado
y
coordinador
de
la
Sección,
José
Manuel
Pradas,
puso
de
manifiesto
su
intención
de
poner
“entusiasmo
y
dedicación
para
llegar
a
conocer
con
solvencia
la
sensibilidad,
los
problemas
y
las
vicisitudes
que
entraña
el
ejercicio
profesional
en
un
campo
tan
específico”.
La
inauguración
contó,
además,
con
la
presencia
e
intervenciones
del
vicepresidente
del
Tribunal
Supremo,
Ángel
Juanes,
y
del
presidente
del
Tribunal
Militar
Central,
Rafael
Matamoros,
que
también
se
refirieron
a la
necesidad
de
promover
y
divulgar
una
cultura
de
la
defensa
y la
seguridad.
Mariano
Casado
experto
en
derecho
militar
y
treinta
años
como
colegiado,
es
secretario
general
de
la
Asociación
Unificada
de
Militares
Españoles,
también
responsable
jurídico
de
la
Asociación
Unificada
de
Guardias
Civiles
y
miembro
del
Observatorio
de
la
Vida
Militar
de
las
Cortes
Generales
indica
que“
Hay
un
reto
por
delante
importante,
que
es
que
aquello
que
pase
en
las
fronteras
del
derecho
militar
pueda
conocerse
fuera
de
ellas”,
apunta.
Para
este
experto
el
propio
colegio
madrileño
va a
ayudar
a
difundir
la
cultura
de
seguridad
y
defensa
fuera
de
su
ámbito
de
actuación.
Desde
su
punto
de
vista
se
abre
un
nicho
de
mercado
para
el
abogado
que
quiera
introducirse
y
profundizar
en
lo
que
es
el
derecho
militar
“lo
que
hace
falta
es
saber
que
existe
este
campo
especializado
en
el
mundo
del
derecho.
Hay
que
animar
a
los
abogados
madrileños
a
que
se
acerquen
a la
sección
para
conocer
estos
dos
grandes
ámbitos
que
son
la
Seguridad
y
Defensa.
Nadie
duda
que
una
nueva
oportunidad
laboral
surge”,
aclara.
A su
juicio
parece
anacrónico
que
la
reforma
de
determinadas
leyes
militares
se
haga
por
el
Ministerio
de
Defensa
y no
por
Justicia
“de
hecho
el
Código
Penal
Militar
debería
llevar
el
mismo
trámite
que
el
habitual
Código
Penal
e ir
a la
Comisión
de
Justicia,
cuestión
que
no
sucedió”,
indicó.
Las
críticas
que
está
recibiendo
la
citada
normativa
militar
penal
se
basan
en
que
introduce
delitos
del
Código
Penal
ordinario
en
la
esfera
militar,
tales
como
el
hurto,
robo,
estafa
o
apropiación
indebida,
entre
otros.
“Se
ha
criticado
desde
diferentes
esferas
esta
ampliación
aduciendo
el
artículo
117
de
la
Constitución
donde
se
habla
que
la
jurisdicción
militar
debe
estar
solo
en
el
ámbito
castrense
representada.”,
subraya.
Otro
de
los
debates
abiertos
que
nos
señala
nuestro
interlocutor
tiene
que
ver
con
las
continuas
peticiones
de
los
grupos
parlamentarios
para
refundar
o
repensar
la
llamada
jurisdicción
militar.
“Desde
esta
sección
podemos
contribuir
a
crear
un
foro
de
debate
donde
se
analice
este
y
otros
temas
colaterales.
Hasta
ahora
la
jurisdicción
militar
ha
sido
muy
endogámica,
cuando
son
temas
que
interesan
al
grueso
de
la
sociedad”,
aclara
Casado.
Se
trata,
sobre
todo,
de
ver
cómo
se
homologa
la
jurisdicción
militar
con
el
resto
de
jurisdicciones
existentes.
Un
dato
que
revela
nuestro
interlocutor
es
que
la
gran
parte
de
las
normas
de
esta
jurisdicción
tienen
que
ver
con
la
etapa
preconstitucional
del
país.
“Se
han
modernizado
el
resto
de
las
jurisdicciones,
queda
la
militar
por
hacerlo”,
recalca.
En
este
contexto
hay
tres
posturas,
una
que
habla
de
la
radical
supresión
de
la
jurisdicción
militar.
Otra
tiene
que
ver
con
la
adaptación
parcial
de
la
jurisdicción
a su
entorno
y
hay
otra
tercera
“por
la
que
yo
me
inclino”
–comenta
Casado-
“
que
tendería
a la
especialización
de
la
jurisdicción.
Al
final
se
trata
de
que
la
jurisdicción
militar
no
sea
especial
y si
especializada
integrada
plenamente
en
el
CGPJ,
con
jueces
y
magistrados
que
no
dependan
del
Ministerio
de
Defensa”.
La
actual
Sala
Militar
del
Supremo
que
preside
Angel
Calderón
tiene
una
procedencia
mixta;
parte
proceden
de
la
carrera
militar
y
parte
de
lo
jurídico.
“Sin
embargo,
los
juzgados
militares
no
tienen
jueces
de
carrera,
los
que
se
integran
en
el
TS
pierden
su
condición
de
militares.
Los
que
están
en
órganos
disciplinares,
contencioso
o
penales
militares
son
militares
en
activo.
Este
anacronismo
hay
que
resolverlo”,
indica |