El
Consejo
de
Ministros
ha
remitido
al
Consejo
Económico
y
Social
el
Anteproyecto
de
Ley
de
fomento
y
promoción
del
trabajo
autónomo
y la
economía
social,
una
norma
que
la
vicepresidenta
del
Gobierno,
Soraya
Sáenz
de
Santamaría,
ha
enmarcado
en
el
que
"sigue
siendo
el
objetivo
fundamental"
del
Ejecutivo:
mejorar
la
creación
de
empleo
y su
calidad.
Los
autónomos
podrán
contratar
trabajadores
sin
perder
los
incentivos
de
la
tarifa
plana
a la
Seguridad
Social,
capitalizar
el
100%
de
la
prestación
por
desempleo
en
un
único
pago
con
independencia
de
su
edad
y
recuperar
esa
prestación
hasta
60
meses
después
de
iniciar
la
actividad
emprendedora.
El
Gobierno
estima
que
este
paquete
de
incentivos
facilitará
la
creación
de
550.000
empleos
hasta
2019.
La
ministra
de
Empleo
y
Seguridad
Social,
Fátima
Báñez,
señaló
que
el
proyecto
cuenta
con
el
consenso
de
las
organizaciones
de
autónomos
y de
la
economía
social
y
que
el
Ejecutivo
ha
tenido
desde
el
principio
"en
su
hoja
de
ruta"
a
estos
colectivos
como
"protagonistas
de
la
salida
de
la
crisis
y el
inicio
de
la
recuperación".
Iniciativas
como
la
Ley
de
Emprendedores
y el
Plan
de
Pago
a
Proveedores
han
permitido,
a
juicio
de
la
ministra,
revertir
la
situación
en
este
terreno:
hay
casi
60.000
autónomos
más
que
al
inicio
de
la
legislatura
y el
número
de
autónomos
empleadores
ha
crecido
un
12,5%.
El
objetivo
del
Anteproyecto
es
sistematizar
todos
los
incentivos
al
autoempleo,
ampliarlos
a
nuevas
edades
y
colectivos
y
reforzar
los
mecanismos
de
segunda
oportunidad
y de
protección,
especialmente
para
los
autónomos
económicamente
dependientes.
"Este
paquete
de
incentivos
al
emprendimiento
autónomo
y a
la
economía
social
puede
facilitar
la
creación
de
550.000
empleos
en
España,
lo
que
permitiría
alcanzar
los
3.600.000
afiliados
en
el
Régimen
Especial
de
Autónomos",
ha
asegurado
Báñez.
Tarifa
plana
y
prestación
por
desempleo
Entre
las
medidas
incluidas
en
el
texto,
la
titular
de
Empleo
destacó
las
relacionadas
con
la
tarifa
plana
de
cotización:
se
fija
la
cuantía
de
la
cuota
en
50
euros
para
los
nuevos
autónomos
durante
los
seis
primeros
meses
de
alta
en
la
Seguridad
Social
y se
mantiene
esa
reducción
para
quienes,
una
vez
iniciada
su
actividad,
contraten
a
trabajadores
dentro
de
su
empresa.
Además,
los
supuestos
de
la
'Tarifa
Plana
Especialmente
Protegida'
se
extienden
a
las
víctimas
del
terrorismo
y de
la
violencia
de
género
y a
las
personas
con
discapacidad,
con
independencia
de
su
edad.
La
ministra
de
Empleo
también
detalló
las
novedades
referidas
a la
prestación
por
desempleo.
La
posibilidad
de
capitalizar
la
prestación
en
un
único
pago
se
amplía
a
todos
los
grupos
de
edad,
y
también
se
podrá
capitalizar
una
parte
como
aportación
al
capital
social
de
cualquier
tipo
de
sociedad
mercantil
de
nueva
creación.
Todos
los
autónomos
podrán
compatibilizar
la
prestación
por
desempleo
con
el
alta
en
el
Régimen
de
Autónomos
durante
un
periodo
máximo
de
nueve
meses,
algo
reservado
hasta
ahora
a
los
menores
de
treinta
años.
Con
relación
a la
'segunda
oportunidad',
Báñez
subrayó
que
el
plazo
para
la
reanudación
de
la
prestación
por
desempleo
se
amplía
hasta
los
60
meses.
"El
grado
de
desaparición
de
empresas
en
los
cinco
primeros
años
es
del
cincuenta
por
ciento,
también
entre
los
autónomos
cuando
inician
una
actividad
emprendedora.
Por
tanto,
nos
parece
relevante
que
permitamos
que
una
persona
que
no
utiliza
toda
la
prestación
por
desempleo
la
pueda
recuperar
al
final
de
ese
periodo",
ha
explicado.
El
Anteproyecto
de
Ley
amplía
igualmente
el
incentivo
para
el
alta
en
la
afiliación
de
nuevos
familiares
colaboradores
hasta
los
24
meses
e
introduce
la
posibilidad
de
que
los
autónomos
económicamente
dependientes
-aquellos
que
perciben
al
menos
el
75%
de
sus
ingresos
de
un
único
cliente
o
empresa- contraten
en
casos
de
conciliación
de
la
vida
laboral
y
personal.
Fomento
de
la
economía
social
Las
medidas
en
favor
de
cooperativas
y
sociedades
laborales
y de
centros
especiales
de
empleo
y
empresas
de
reinserción
constituyen
otro
apartado
fundamental
de
la
norma.
Por
un
lado,
se
establece
una
bonificación
de
800
euros
anuales
a lo
largo
de
tres
años
para
facilitar
la
incorporación
de
socios
a
las
cooperativas
y
sociedades
laborales.
Por
otro,
se
mantienen
los
incentivos
a
las
empresas
de
inserción
cuando
contraten
a
personas
en
situación
de
riesgo
o
exclusión
social
y se
amplía
la
bonificación
existente
para
las
empresas
ordinarias
que
contraten
a
trabajadores
procedentes
de
esas
empresas
de
inserción.
Fátima
Báñez
apuntó
que
las
cooperativas
y
las
sociedades
laborales
emplean
a
más
de
335.000
personas
en
España,
y
los
centros
especiales
de
empleo
y
las
empresas
de
inserción
a
más
de
75.000.
En
este
sector,
añadió,
la
destrucción
de
empleo
durante
la
crisis
ha
sido
seis
puntos
inferior
a la
media
de
la
economía. |