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27 de ABRIL de 2015

Los autónomos podrán contratar trabajadores sin perder la tarifa plana a la Seguridad Social

LAWYERPRESS

 

El Consejo de Ministros ha remitido al Consejo Económico y Social el Anteproyecto de Ley de fomento y promoción del trabajo autónomo y la economía social, una norma que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha enmarcado en el que "sigue siendo el objetivo fundamental" del Ejecutivo: mejorar la creación de empleo y su calidad.    Los autónomos podrán contratar trabajadores sin perder los incentivos de la tarifa plana a la Seguridad Social, capitalizar el 100% de la prestación por desempleo en un único pago con independencia de su edad y recuperar esa prestación hasta 60 meses después de iniciar la actividad emprendedora. El Gobierno estima que este paquete de incentivos facilitará la creación de 550.000 empleos hasta 2019.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, señaló que el proyecto cuenta con el consenso de las organizaciones de autónomos y de la economía social y que el Ejecutivo ha tenido desde el principio "en su hoja de ruta" a estos colectivos como "protagonistas de la salida de la crisis y el inicio de la recuperación". Iniciativas como la Ley de Emprendedores y el Plan de Pago a Proveedores han permitido, a juicio de la ministra, revertir la situación en este terreno: hay casi 60.000 autónomos más que al inicio de la legislatura y el número de autónomos empleadores ha crecido un 12,5%.

El objetivo del Anteproyecto es sistematizar todos los incentivos al autoempleo, ampliarlos a nuevas edades y colectivos y reforzar los mecanismos de segunda oportunidad y de protección, especialmente para los autónomos económicamente dependientes. "Este paquete de incentivos al emprendimiento autónomo y a la economía social puede facilitar la creación de 550.000 empleos en España, lo que permitiría alcanzar los 3.600.000 afiliados en el Régimen Especial de Autónomos", ha asegurado Báñez.

Tarifa plana y prestación por desempleo

Entre las medidas incluidas en el texto, la titular de Empleo destacó las relacionadas con la tarifa plana de cotización: se fija la cuantía de la cuota en 50 euros para los nuevos autónomos durante los seis primeros meses de alta en la Seguridad Social y se mantiene esa reducción para quienes, una vez iniciada su actividad, contraten a trabajadores dentro de su empresa. Además, los supuestos de la 'Tarifa Plana Especialmente Protegida' se extienden a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género y a las personas con discapacidad, con independencia de su edad. 

La ministra de Empleo también detalló las novedades referidas a la prestación por desempleo. La posibilidad de capitalizar la prestación en un único pago se amplía a todos los grupos de edad, y también se podrá capitalizar una parte como aportación al capital social de cualquier tipo de sociedad mercantil de nueva creación. Todos los autónomos podrán compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en el Régimen de Autónomos durante un periodo máximo de nueve meses, algo reservado hasta ahora a los menores de treinta años. 

Con relación a la 'segunda oportunidad', Báñez subrayó que el plazo para la reanudación de la prestación por desempleo se amplía hasta los 60 meses. "El grado de desaparición de empresas en los cinco primeros años es del cincuenta por ciento, también entre los autónomos cuando inician una actividad emprendedora. Por tanto, nos parece relevante que permitamos que una persona que no utiliza toda la prestación por desempleo la pueda recuperar al final de ese periodo", ha explicado. 

El Anteproyecto de Ley amplía igualmente  el incentivo para el alta en la afiliación de nuevos familiares colaboradores hasta los 24 meses e introduce la posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes -aquellos que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un único cliente o empresa- ​contraten en casos de conciliación de la vida laboral y personal.

Fomento de la economía social

Las medidas en favor de cooperativas y sociedades laborales y de centros especiales de empleo y empresas de reinserción constituyen otro apartado fundamental de la norma. Por un lado, se establece una bonificación de 800 euros anuales a lo largo de tres años para facilitar la incorporación de socios a las cooperativas y sociedades laborales. ​Por otro, se mantienen los incentivos a las empresas de inserción cuando contraten a personas en situación de riesgo o exclusión social y se amplía la bonificación existente para las empresas ordinarias que contraten a trabajadores procedentes de esas empresas de inserción.

Fátima Báñez apuntó que las cooperativas y las sociedades laborales emplean a más de 335.000 personas en España, y los centros especiales de empleo y las empresas de inserción a más de 75.000. En este sector, añadió, la destrucción de empleo durante la crisis ha sido seis puntos inferior a la media de la economía.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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