La abogacía madrileña ha tenido,
por fin, la oportunidad de celebrar un Congreso a su altura. El éxito de
organización, de contenidos y de participación ha acompañado a una cita de la
que absolutamente nadie duda que se ha convertido ya, desde esta primera
edición, en una referencia ineludible y con futuro.
A lo largo de tres días, hemos
tenido oportunidad de ponernos al día y ampliar conocimientos, cumpliendo esa
responsabilidad que compete al abogado para su continua mejora profesional. Y
ello ha sido posible a través de un amplio y variado abanico de mesas redondas
conformadas por ponentes de altura.
Hemos podido, además, tener
espacio para el encuentro profesional entre compañeros fuera del marco procesal,
algo que durante años se echaba de menos en un Colegio de las dimensiones del de
Madrid y que ahora se ha facilitado con la puesta en marcha de una veintena de
secciones temáticas y con este Congreso.
Finalmente, no ha faltado la
reivindicación de nuestra profesión y de su dignidad, junto a la expresión del
compromiso de la abogacía con la Justicia –que pretendemos dotada de medios y
sin barreras de acceso-, con el Estado de Derecho y con la ciudadanía. El
discurso de apertura de la decana Sonia Gumpert, pronunciado ante el Ministro de
Justicia Rafael Catalá y ante más de un millar de asistentes, es una pieza que,
en mi opinión, ningún letrado madrileño debería dejar de conocer.
Dentro del bloque de ponencias de
práctica profesional, el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social contó con
tres mesas redondas que despertaron gran interés.
La primera de ellas se centró en
el Derecho Social Internacional y Comunitario. Podría erróneamente pensarse que
el mismo contiene proclamas genéricas que ya están incorporadas a nuestro
Derecho interno. Y tal vez durante años era así en cierta medida: las normas
españolas suponían mejoras respecto a los derechos reconocidos en normas
internacionales. Pero, como nos recordaba la profesora Salcedo, sucesivos
recortes sociales han producido que, en algunos casos, nos hayamos quedado por
debajo de estándares supranacionales. En esa situación, conviene no olvidar que
los tratados internacionales debidamente ratificados por España forman parte de
nuestro ordenamiento y que, incluso, prevalecen jerárquicamente en caso de
conflicto de normas.
Esto abre un abanico de
posibilidades prácticas para el laboralista de a pie, que está obligado, más que
nunca, a conocer y manejar este Derecho y explorar su utilización, ya sea para
reclamar derechos de trabajadores o para contraargumentar cuando su cometido es
defender intereses empresariales.
Fue un privilegio contar con tres
de los mayores expertos en la materia, en los que se aunaba la solvencia en el
conocimiento con la calidad humana, y que nos obsequiaron con intervenciones
ilustrativas, útiles, didácticas y amenas. De la mano de Julia López,
catedrática de la Universitat Pompeu Fabra, repasamos aquellos convenios de la
OIT que más pueden servir como referencia para la práctica cotidiana del
laboralista. Conocimos también los acuerdos mundiales suscritos entre empresas
multinacionales -muchas de ellas con presencia en España- y organizaciones
sindicales internacionales, instrumentos que están dotados de valor contractual.
La profesora titular de la Universitat de València Carmen Salcedo nos ofreció
otra magnífica ponencia, en la que exploró las posibilidades de invocación de la
Carta Social Europea ante los tribunales españoles en procedimientos sobre
cuestiones muy frecuentes.
Entre otros aspectos, repasamos
los no pocos pronunciamientos judiciales que ya han considerando nulo el
singular “período de prueba” de un año del contrato de apoyo a
emprendedores. José María Miranda, de la Universidad de Santiago de Compostela,
dedicó su intervención a las directivas y reglamentos del Derecho comunitario,
exponiéndonos casos concretos en los que ha servido para alcanzar resultados que
no hubieran sido posibles sólo desde las normas emanadas del legislativo y
ejecutivo españoles, en aspectos tan de “andar por casa” como vacaciones
coincidentes con maternidad, retribución por antigüedad en empleados públicos o
permiso de lactancia para varones... La palpable atención con la que se
siguieron todas las intervenciones, junto a las numerosas peticiones que después
nos han llegado para que remitamos las presentaciones que ilustraron las mismas,
nos da una idea del nivel alcanzado y de la acogida dispensada.
Cartel de lujo en la segunda mesa
que celebramos, dedicada al análisis jurisprudencial de las principales medidas
contenidas en las últimas reformas laborales: acudieron generosamente a la
llamada del Colegio Mª Luisa Segovia, Magistrada de la Sala IV del Tribunal
Supremo, Ricardo Bodas, Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, y Juan Miguel Torres, Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, con presentación y moderación a cargo de un
ilustre compañero laboralista y colegiado de honor del ICAM, Esteban Ceca. Una
oportunidad para conocer la jurisprudencia de manos de una representación
cualificada de quienes la construyen. El despido colectivo, la modificación
sustancial de condiciones y las medidas relacionadas con el sector público,
destacaron entre los asuntos abordados por los ponentes en sus intervenciones, a
las que siguió un interesante coloquio con los presentes.
La tercera y última actividad que
preparamos desde la Sección de Derecho Laboral para el Congreso estuvo dedicada
al área de Seguridad Social. Otro prestigioso laboralista, Fernando Vizcaíno,
tuvo la amabilidad de hacerse cargo de la dirección de esa mesa redonda, en la
que dos expertos, Natalia Pastor, letrada del INSS de Madrid, y José Luis
Velázquez, letrado de la asesoría jurídica de prestaciones de de la Mutua FREMAP,
repasaron las novedades en la regulación del proceso de incapacidad temporal y
el resto de la actualidad normativa en esta materia.
Terminamos el Congreso con
legítima satisfacción. Y con gratitud hacia todos los que le han hecho posible,
desde la Junta de Gobierno hasta los empleados de la corporación, desde los
ponentes hasta los patrocinadores. Y, por supuesto, a los asistentes: a todos
los compañeros y compañeras que crearon el grato ambiente de trabajo y de
relación que ha reinado en estas jornadas.
El ejercicio profesional en una
materia compleja y cambiante, como es el Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, precisa de foros de estudio, de actualización, de intercambio de
experiencias, de debate... A ello nos seguiremos dedicando desde la Sección de
Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid. |