“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el
calor de la justicia”, Montesquieu.
Un Estado de Derecho que no es capaz de velar y garantizar el bien social a sus
ciudadanos desde el respeto a sus derechos fundamentales, es un Estado que
produce abusos y desigualdades, y que por lo tanto, carece de fin.
Los Estados democráticos y de Derecho se construyen sobre una premisa esencial,
que si se corrompe, corroe a todo el ordenamiento. La falta de autonomía de los
tres poderes de un Estado lleva inevitablemente a este, a producir abusos
legales y sociales, ya que lo “justo” deja de ser un valor universal para
convertirse en algo electoral. Las leyes se convierten en un fin instrumental
para captar poder y votos en detrimento de proveer bienestar. Esto conlleva a la
existencia de leyes que no son justas y que los derechos fundamentales, esencia
inherente de todo ser humano, se vean tristemente vulnerados.
Decía Adolfo Suárez, “de nada sirve que se reconozcan derechos fundamentales
en las leyes del movimiento si estos derechos no se pueden desarrollar”, y
este es el grave problema que hoy vive España, el relativismo moral de las
instituciones del Estado, en la falta de respeto a los derechos que reconoce
nuestra Constitución.
Nuestro poder judicial no es un poder independiente del ejecutivo, siendo éste,
el principal y mayor problema de nuestro ordenamiento jurídico. El
poder judicial es la columna vertebral de toda sociedad democrática, ya que es
el responsable de velar en la aplicación de la ley de manera “justa, ciega e
imparcial”, como contrapeso para garantizar nuestros derechos más esenciales
como seres humanos: el derecho a la tutela judicial efectiva, que es poder
acudir a un árbitro neutro; el derecho de defensa, que es poder valernos de
nuestro derecho a probar que no somos culpables frente a cualquier intromisión
pública o privada de nuestra libertad.
Si nuestros jueces no son plenamente independientes en su función, y los
ciudadanos no pueden valerse de todos los medios de prueba suficientes para
valer su inocencia, se producen automáticamente abusos y desigualdades sociales
en todos los niveles, desde la corrupción estructural, leyes inconstitucionales,
y situaciones materiales de injusticias, puesto que lo “justo y el bien”,
queda en el arbitrio del poder ejecutivo. Las naciones más prósperas en términos
sociales y económicos, son aquellas en dónde su poder judicial, tiene un peso
inalterable en su estructura de Estado: Estados Unidos, Inglaterra o Alemania.
Si el ejecutivo controla nuestro Tribunal Constitucional, cámara que debería de
estar completamente blindada ante cualquier injerencia política, y que vela más
por sus réditos electorales que por lo “justo y el bien”. Dejamos al lobo
cuidar a las gallinas, caemos en el relativismo moral de dejar al ejecutivo
decidir lo justo o injusto, y legislar sobre ello.
El legislador, y actualmente el gobierno, con su vigente Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ), ha creado una situación de crisis social, política y económica.
Si el ejecutivo elige a la cúpula de los jueces CGPJ, estos a su vez escogen las
composiciones de los Tribunales de Justicia (Tribunal Supremo, Audiencias
Provinciales, y promociones internas, etc.); y es el CGPJ el que sanciona a
aquellos jueces díscolos o incómodos, la corrupción florece en un Estado que
tiene el poder judicial a su favor y no a favor de los ciudadanos. Sin
independencia judicial no hay justicia y sin justicia no hay libertad.
La elección del Fiscal General del Estado por el gobierno es inaceptable en una
democracia que cree en el Derecho como valedor de la paz social. El Fiscal debe
y tiene que ser independiente funcional y orgánicamente en todos sus cometidos,
para controlar así los desmanes e ilegalidades, primero, los de la propia
administración, y luego los producidos por la ciudadanía. ¿Cómo vamos a luchar
contra la corrupción si el ente que debe de velar por acabar contra la misma es
controlado por el potencial corrupto?
Toda la batería legislativa inconstitucional, entendida como tal aquellas leyes
que vulneran flagrantemente los derechos fundamentales, acabarán por ser
legales, cuando el órgano que debería de velar por lo “justo”, el
Tribunal Constitucional, es controlado por el ejecutivo y presionado para que se
permita así su aplicación. De tal manera que, terminamos teniendo leyes injustas
en nuestro sistema y cayendo en la premisa, “no todo lo legal por ser ley es
justo”.
Si nuestro Tribunal Constitucional fuera independiente, las leyes injustas nunca
hubieran visto la luz. Nunca hubiéramos tenido la actual LOPJ que no garantiza
la división de poderes y que permite al ejecutivo entrometerse en la vida
judicial. Nunca hubiéramos tenido una Ley 30/1992 que otorga la presunción de
veracidad a la administración pública, lesionando de manera directa nuestro
derecho fundamental de ser iguales ante la ley, nunca hubieran existido Leyes
Hipotecarias tan lesivas para los consumidores como las que hemos padecido en
nuestro sistema, y nunca verían la luz leyes como la de Seguridad Ciudadana
conocida como la “Ley Mordaza”, una ley contra nuestra dignidad, que permite
cacheos entre policías varones a mujeres,
que permite a las fuerzas del orden acabar con una reunión pacífica, que permite
a las fuerzas impedirnos grabar cuando un policía se excede de sus funciones,
¿se garantiza así el derecho de defensa?, y peor aún, ¿cómo podremos los
ciudadanos hacer valer nuestra inocencia si la administración tiene presunción
de veracidad?, con el actual sistema, los ciudadanos estamos indefensos ante el
“leviatán” que todo lo puede, un ejecutivo enmascarado de falsa
imparcialidad.
Sin independencia judicial no acabaremos con la corrupción, sin independencia
del Tribunal Constitucional tendremos leyes injustas, sin reforma de la Ley
30/92, estamos vendidos frente al poder público, ¿queremos los españoles una
débil democracia?, o ¿es el momento de hacer valer nuestra dignidad ante el
dilema de que si callamos seremos cómplices de la barbarie? “Para que triunfe
el mal sólo hace falta que los buenos no hagan nada”, Edmund Burke. |