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01 de ABRIL de 2015

Tribuna de un joven abogado: “Crisis en las instituciones del Estado”

LAWYERPRESS

Por Juan Gonzalo Ospina Serrano, Presidente Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid

 

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”, Montesquieu.

Juan Gonzalo Ospina Serrano, Presidente Agrupación de Jóvenes Abogados de MadridUn Estado de Derecho que no es capaz de velar y garantizar el bien social a sus ciudadanos desde el respeto a sus derechos fundamentales, es un Estado que produce abusos y desigualdades, y que por lo tanto, carece de fin.

Los Estados democráticos y de Derecho se construyen sobre una premisa esencial, que si se corrompe, corroe a todo el ordenamiento. La falta de autonomía de los tres poderes de un Estado lleva inevitablemente a este, a producir abusos legales y sociales, ya que lo “justo” deja de ser un valor universal para convertirse en algo electoral. Las leyes se convierten en un fin instrumental para captar poder y votos en detrimento de proveer bienestar. Esto conlleva a la existencia de leyes que no son justas y que los derechos fundamentales, esencia inherente de todo ser humano, se vean tristemente vulnerados.

Decía Adolfo Suárez, “de nada sirve que se reconozcan derechos fundamentales en las leyes del movimiento si estos derechos no se pueden desarrollar”, y este es el grave problema que hoy vive España, el relativismo moral de las instituciones del Estado, en la falta de respeto a los derechos que reconoce nuestra Constitución.

Nuestro poder judicial no es un poder independiente del ejecutivo, siendo éste, el principal y mayor problema de nuestro ordenamiento jurídico. El poder judicial es la columna vertebral de toda sociedad democrática, ya que es el responsable de velar en la aplicación de la ley de manera “justa, ciega e imparcial”, como contrapeso para garantizar nuestros derechos más esenciales como seres humanos: el derecho a la tutela judicial efectiva, que es poder acudir a un árbitro neutro; el derecho de defensa, que es poder valernos de nuestro derecho a probar que no somos culpables frente a cualquier intromisión pública o privada de nuestra libertad.

Si nuestros jueces no son plenamente independientes en su función, y los ciudadanos no pueden valerse de todos los medios de prueba suficientes para valer su inocencia, se producen automáticamente abusos y desigualdades sociales en todos los niveles, desde la corrupción estructural, leyes inconstitucionales, y situaciones materiales de injusticias, puesto que lo “justo y el bien”, queda en el arbitrio del poder ejecutivo. Las naciones más prósperas en términos sociales y económicos, son aquellas en dónde su poder judicial, tiene un peso inalterable en su estructura de Estado: Estados Unidos, Inglaterra o Alemania.

Si el ejecutivo controla nuestro Tribunal Constitucional, cámara que debería de estar completamente blindada ante cualquier injerencia política, y que vela más por sus réditos electorales que por lo “justo y el bien”. Dejamos al lobo cuidar a las gallinas, caemos en el relativismo moral de dejar al ejecutivo decidir lo justo o injusto, y legislar sobre ello.

El legislador, y actualmente el gobierno, con su vigente Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ha creado una situación de crisis social, política y económica. Si el ejecutivo elige a la cúpula de los jueces CGPJ, estos a su vez escogen las composiciones de los Tribunales de Justicia (Tribunal Supremo, Audiencias Provinciales, y promociones internas, etc.); y es el CGPJ el que sanciona a aquellos jueces díscolos o incómodos, la corrupción florece en un Estado que tiene el poder judicial a su favor y no a favor de los ciudadanos. Sin independencia judicial no hay justicia y sin justicia no hay libertad.

La elección del Fiscal General del Estado por el gobierno es inaceptable en una democracia que cree en el Derecho como valedor de la paz social. El Fiscal debe y tiene que ser independiente funcional y orgánicamente en todos sus cometidos, para controlar así los desmanes e ilegalidades, primero, los de la propia administración, y luego los producidos por la ciudadanía. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción si el ente que debe de velar por acabar contra la misma es controlado por el potencial corrupto?

Toda la batería legislativa inconstitucional, entendida como tal aquellas leyes que vulneran flagrantemente los derechos fundamentales, acabarán por ser legales, cuando el órgano que debería de velar por lo “justo”, el Tribunal Constitucional, es controlado por el ejecutivo y presionado para que se permita así su aplicación. De tal manera que, terminamos teniendo leyes injustas en nuestro sistema y cayendo en la premisa, “no todo lo legal por ser ley es justo”.

Si nuestro Tribunal Constitucional fuera independiente, las leyes injustas nunca hubieran visto la luz. Nunca hubiéramos tenido la actual LOPJ que no garantiza la división de poderes y que permite al ejecutivo entrometerse en la vida judicial. Nunca hubiéramos tenido una Ley 30/1992 que otorga la presunción de veracidad a la administración pública, lesionando de manera directa nuestro derecho fundamental de ser iguales ante la ley, nunca hubieran existido Leyes Hipotecarias tan lesivas para los consumidores como las que hemos padecido en nuestro sistema, y nunca verían la luz leyes como la de Seguridad Ciudadana conocida como la “Ley Mordaza”, una ley contra nuestra dignidad, que permite cacheos entre policías varones a mujeres, que permite a las fuerzas del orden acabar con una reunión pacífica, que permite a las fuerzas impedirnos grabar cuando un policía se excede de sus funciones, ¿se garantiza así el derecho de defensa?, y peor aún, ¿cómo podremos los ciudadanos hacer valer nuestra inocencia si la administración tiene presunción de veracidad?, con el actual sistema, los ciudadanos estamos indefensos ante el “leviatán” que todo lo puede, un ejecutivo enmascarado de falsa imparcialidad.

Sin independencia judicial no acabaremos con la corrupción, sin independencia del Tribunal Constitucional tendremos leyes injustas, sin reforma de la Ley 30/92, estamos vendidos frente al poder público, ¿queremos los españoles una débil democracia?, o ¿es el momento de hacer valer nuestra dignidad ante el dilema de que si callamos seremos cómplices de la barbarie? “Para que triunfe el mal sólo hace falta que los buenos no hagan nada”, Edmund Burke.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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