El
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
ha
calificado
el
tráfico
de
órganos
como
una
grave
violación
de
los
derechos
fundamentales
de
las
personas
y de
la
dignidad
humana.
El
ministro,
que
ha
comenzado
su
intervención
en
la
Conferencia
Internacional
sobre
el
tráfico
de
órganos
que
se
celebró
ayer
en
Santiago
de
Compostela
con
unas
palabras
de
recuerdo
y
condolencia
por
las
víctimas
del
accidente
aéreo
de
ayer
en
los
Alpes,
ha
alertado
también
sobre
estas
prácticas
delictivas
que,
a su
juicio,
suponen
un
grave
riesgo
contra
la
salud
pública
y
privada.
España
ha
sido
pionera
al
incorporar
en
2010
en
nuestro
Código
Penal
la
compraventa
de
órganos
y el
turismo
de
trasplante
con
penas
de
hasta
12
años
de
cárcel.
Junto
con
España,
también
han
suscrito
este
convenio
Albania,
Austria,
Bélgica,
Republica
Checa,
Grecia,
Italia,
Luxemburgo,
Moldavia,
Noruega,
Polonia,
Portugal,
Reino
Unido
y
Turquía.
El
tratado
pueden
firmarlo
todos
los
Estados
sean
o no
miembros
del
Consejo
de
Europa.
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año alrededor de 10.000 trasplantes se llevan cabo de forma clandestina en el mundo. |
La
Conferencia
Internacional,
que
se
ha
inició
con
un
minuto
de
silencio
en
recuerdo
de
las
víctimas
del
accidente
aéreo,
servirá
de
marco
para
la
firma
del
Convenio
del
Consejo
de
Europa
de
lucha
contra
el
tráfico
de
órganos,
un
nuevo
instrumento
abierto
a la
firma
de
todos
los
países
que
lo
deseen,
y
que
el
ministro
Catalá
ha
descrito
como
un
hito
en
su
campo
para
poder
erradicar
el
comercio
de
órganos
humanos
en
el
ámbito
internacional.
El
ministro
de
Justicia
subrayaba
los
tres
objetivos
que
se
fija
esta
Conferencia
Internacional:
prevenir
y
combatir
el
tráfico
de
órganos
humanos
mediante
medidas
de
derecho
penal
sustantivo,
proteger
a
las
víctimas
de
manera
que
reciban
asistencia
apropiada
para
su
recuperación
y
facilitar
la
cooperación
nacional
e
internacional
con
el
fin
de
prevenir
y
combatir
esta
amenaza.
En
la
ceremonia
inaugural
junto
con
el
ministro
Catalá
y el
ministro
de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
Alfonso
Alonso,
participaron
también
el
secretario
general
del
Consejo
de
Europa,
Thorbjørn
Jagland,
el
presidente
de
la
Xunta
de
Galicia,
Alberto
Núñez
Feijóo,
y el
alcalde
de
Santiago
de
Compostela,
Agustín
Hernández.
Margaret
Chan,
directora
general
de
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
(OMS),
intervino
mediante
un
mensaje
de
vídeo.
La
Conferencia
se
iniciaba
con
la
apertura
de
la
firma
del
Convenio
Internacional
contra
el
Tráfico
de
órganos,
promovido
por
el
Consejo
de
Europa,
que
han
suscrito
un
total
de
14
países,
entre
ellos
España,
el
país
anfitrión.
Conviene
recordar
que
nuestro
país
ha
jugado
un
papel
fundamental
en
la
gestación
y
desarrollo
de
este
Convenio,
en
una
actuación
conjunta
de
los
ministerios
de
Justicia;
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
a
través
de
la
Organización
Nacional
de
Trasplantes
(ONT);
y
Asuntos
Exteriores
y
Cooperación.
Quienes
suscriben
Convenio
Junto
con
España,
también
han
suscrito
este
convenio
Albania,
Austria,
Bélgica,
Republica
Checa,
Grecia,
Italia,
Luxemburgo,
Moldavia,
Noruega,
Polonia,
Portugal,
Reino
Unido
y
Turquía.
El
tratado
pueden
firmarlo
todos
los
Estados
sean
o no
miembros
del
Consejo
de
Europa.
Este
convenio
es
el
primer
tratado
internacional
para
combatir
este
tipo
de
delitos.
Supone
un
paso
decisivo
en
la
lucha
contra
el
tráfico
de
órganos
en
el
mundo.
Fue
adoptado
el 9
de
julio
2014
por
el
Comité
de
Ministros
del
Consejo
de
Europa,
que
representa
a
todos
los
estados
miembros.
Su
objetivo
es
la
prevención
y la
lucha
contra
el
tráfico
de
órganos
humanos,
la
protección
de
las
víctimas
y el
fomento
de
la
cooperación
nacional
e
internacional
en
este
ámbito.
Asimismo,
ofrece
una
oportunidad
para
lograr
una
acción
concertada
a
nivel
mundial
mediante
la
armonización
de
las
legislaciones
nacionales.
En
concreto,
el
tratado
obliga
a
los
estados
firmantes
a
establecer
como
delito
la
extracción
ilícita
de
órganos
humanos
procedentes
de
donantes
vivos
o
fallecidos
y su
uso
para
trasplantes
o
para
otros
fines,
y
otras
acciones
relacionadas.
También
contiene
medidas
encaminadas
a
asegurar
la
transparencia
de
los
sistemas
nacionales
de
trasplante
de
órganos
y
garantizar
un
acceso
equitativo
a
los
trasplantes
de
órganos.
El
convenio
establece
también
que
las
Partes
habrán
de
adoptar
las
medidas
legislativas
y
otras
medidas
que
fueran
necesarias
para
garantizar
el
acceso
a la
información,
la
asistencia
y el
derecho
de
compensación
a
las
víctimas.
En
cuanto
a la
prevención
del
delito,
cada
Estado
deberá
asegurar
la
existencia
de
un
sistema
nacional
transparente
para
el
trasplante
de
órganos
y el
acceso
equitativo
al
trasplante,
así
como
para
la
recogida,
análisis
e
intercambio
de
información
relativa
a
los
delitos
incluidos
en
el
Convenio
en
cooperación
con
las
autoridades
relevantes.
En
España
las
actividades
de
donación
y
trasplante
están
reguladas
en
nuestro
ordenamiento
jurídico.
En
él
se
pone
de
manifiesto
el
carácter
gratuito
que
han
de
tener
las
donaciones
a
partir
de
personas
vivas
o
fallecidas.
La
legislación
española
también
establece
la
obligatoriedad
del
consentimiento
libre,
informado
y
expreso
para
proceder
a la
extracción
de
órganos
para
trasplante
a
partir
de
una
persona
en
vida
y
los
requisitos
de
consentimiento
y
autorización
para
proceder
a la
extracción
de
órganos
a
partir
de
una
persona
fallecida.
España,
un
país
pionero
España
ha
sido
pionero
en
el
mundo
en
incorporar
el
tráfico
de
órganos
y el
turismo
de
trasplantes
al
Código
Penal
en
2010.
El
Código
Penal
español
hace
referencia
explícita
al
tráfico
de
órganos,
establece
sanciones
de
hasta
12
años
de
cárcel
y
dispone
de
una
serie
de
artículos
destinados
a
prevenir
el
delito
y a
proteger
a
sus
víctimas.
Nuestro
país,
a
través
de
la
ONT,
está
implicado
desde
hace
tiempo
en
numerosas
iniciativas
internacionales
para
combatir
esta
nueva
forma
de
esclavitud.
Entre
otras
actuaciones,
participó
en
la
redacción
de
la
Declaración
de
Estambul,
un
documento
de
relevancia
mundial
de
lucha
contra
el
tráfico
de
órganos,
promovido
y
suscrito
por
las
sociedades
científicas
y
organizaciones
profesionales
de
mayor
peso
internacional
en
el
campo
de
los
trasplantes;
también
promovió
la
elaboración
de
la
denominada
Resolución
de
Madrid
de
la
OMS,
a
través
de
la
que
se
llama
a
los
gobiernos
y
profesionales
a
progresar
hacia
el
logro
de
la
autosuficiencia
en
trasplantes,
como
estrategia
fundamental
para
luchar
contra
la
compraventa
de
órganos.
En
la
actualidad,
la
ONT
forma
parte
del
Comité
Ejecutivo
del
Grupo
Custodio
de
la
Declaración
de
Estambul,
encargado
de
velar
por
el
buen
cumplimiento
de
las
recomendaciones
de
la
mencionada
Declaración.
El
tráfico
de
órganos
es
un
problema
de
dimensión
global
que
viola
los
derechos
humanos
fundamentales
como
el
de
la
dignidad
humana,
y
supone
una
grave
amenaza
para
la
salud
pública.
A
menudo
está
vinculado
al
crimen
organizado
transnacional,
que
se
aprovecha
de
la
vulnerabilidad
de
los
donantes,
y
surge
en
el
contexto
de
la
incapacidad
de
los
países
para
satisfacer
a
las
necesidades
de
órganos
de
sus
pacientes.
La
Organización
Mundial
de
la
Salud
estima
que
cada
año
alrededor
de
10.000
trasplantes
se
llevan
cabo
de
forma
clandestina
en
el
mundo.
Tras
la
firma
del
Convenio,
ha
dado
comienzo
la
Conferencia
Internacional
que
se
prolongará
hasta
hoy
jueves,
26
de
marzo.
Este
encuentro
ha
reunido
a
más
de
200
expertos
gubernamentales,
jueces,
fiscales,
policías,
profesionales
sanitarios,
responsables
políticos
y
académicos
para
compartir
puntos
de
vista
y
enfoques
en
la
lucha
contra
el
tráfico
de
órganos.
Los
participantes
también
debatirán
las
ventajas
que
aporta
el
convenio,
y
los
retos
que
plantea
su
aplicación,
además
de
alentar
a
los
Estados
a
que
lo
firmen
y lo
ratifiquen.
Asimismo,
los
expertos
analizarán
el
fenómeno
del
tráfico
de
órganos
y
los
delitos
cubiertos
por
el
convenio,
el
perfil
de
las
víctimas
y de
los
autores
de
este
tipo
de
delitos,
las
responsabilidades
de
los
profesionales
de
la
salud
y
las
medidas
para
proteger
a
las
víctimas.
|