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26 de MARZO de 2015

España suscribe, junto con otros trece países, el Convenio Internacional de lucha contra el tráfico de órganos del Consejo de Europa

LAWYERPRESS

Conferencia Internacional en Santiago de Compostela que analiza estas cuestiones. El Convenio es el primer tratado internacional orientado a prevenir el tráfico de órganos, proteger a las víctimas y fomentar la cooperación nacional e internacional en este ámbito

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado el tráfico de órganos como una grave violación de los derechos fundamentales de las personas y de la dignidad humana. El ministro, que ha comenzado su intervención en la Conferencia Internacional sobre el tráfico de órganos que se celebró ayer  en Santiago de Compostela con unas palabras de recuerdo y condolencia por las víctimas del accidente aéreo de ayer en los Alpes, ha alertado también sobre estas prácticas delictivas que, a su juicio, suponen un grave riesgo contra la salud pública y privada. España ha sido pionera al incorporar en 2010 en nuestro Código Penal la compraventa de órganos y el turismo de trasplante con penas de hasta 12 años de cárcel. Junto con España, también han suscrito este convenio Albania, Austria, Bélgica, Republica Checa, Grecia, Italia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía. El tratado pueden firmarlo todos los Estados sean o no miembros del Consejo de Europa.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año alrededor de 10.000 trasplantes se llevan cabo de forma clandestina en el mundo.

La Conferencia Internacional, que se ha inició con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente aéreo, servirá de marco para la firma del Convenio del Consejo de Europa de lucha contra el tráfico de órganos, un nuevo instrumento abierto a la firma de todos los países que lo deseen, y que el ministro Catalá ha descrito como un hito en su campo para poder erradicar el comercio de órganos humanos en el ámbito internacional.

El ministro de Justicia subrayaba los tres objetivos que se fija esta Conferencia Internacional: prevenir y combatir el tráfico de órganos humanos mediante medidas de derecho penal sustantivo, proteger a las víctimas de manera que reciban asistencia apropiada para su recuperación y facilitar la cooperación nacional e internacional con el fin de prevenir y combatir esta amenaza.

En la ceremonia inaugural junto con el ministro Catalá y el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, participaron también el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Santiago de Compostela, Agustín Hernández. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), intervino mediante un mensaje de vídeo.

La Conferencia se iniciaba con la apertura de la firma del Convenio Internacional contra el Tráfico de órganos, promovido por el Consejo de Europa, que han suscrito un total de 14 países, entre ellos España, el país anfitrión.

Conviene recordar que nuestro país ha jugado un papel fundamental en la gestación y desarrollo de este Convenio, en una actuación conjunta de los ministerios de Justicia; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT); y Asuntos Exteriores y Cooperación.

Quienes suscriben Convenio

Junto con España,  también han suscrito este convenio Albania, Austria, Bélgica, Republica Checa, Grecia, Italia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía. El tratado pueden firmarlo todos los Estados sean o no miembros del Consejo de Europa.

Este convenio es el primer tratado internacional para combatir este tipo de delitos. Supone un paso decisivo en la lucha contra el tráfico de órganos en el mundo. Fue adoptado el 9 de julio 2014 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que representa a todos los estados miembros. Su objetivo es la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos humanos, la protección de las víctimas y el fomento de la cooperación nacional e internacional en este ámbito. Asimismo, ofrece una oportunidad para lograr una acción concertada a nivel mundial mediante la armonización de las legislaciones nacionales.

En concreto, el tratado obliga a los estados firmantes a establecer como delito la extracción ilícita de órganos humanos procedentes de donantes vivos o fallecidos y su uso para trasplantes o para otros fines, y otras acciones relacionadas. También contiene medidas encaminadas a asegurar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplante de órganos y garantizar un acceso equitativo a los trasplantes de órganos.

El convenio establece también que las Partes habrán de adoptar las medidas legislativas y otras medidas que fueran necesarias para garantizar el acceso a la información, la asistencia y el derecho de compensación a las víctimas.

En cuanto a la prevención del delito, cada Estado deberá asegurar la existencia de un sistema nacional transparente para el trasplante de órganos y el acceso equitativo al trasplante, así como para la recogida, análisis e intercambio de información relativa a los delitos incluidos en el Convenio en cooperación con las autoridades relevantes.

En España las actividades de donación y trasplante están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. En él se pone de manifiesto el carácter gratuito que han de tener las donaciones a partir de personas vivas o fallecidas. La legislación española también establece la obligatoriedad del consentimiento libre, informado y expreso para proceder a la extracción de órganos para trasplante a partir de una persona en vida y los requisitos de consentimiento y autorización para proceder a la extracción de órganos a partir de una persona fallecida.

España, un país pionero

España ha sido pionero en el mundo en incorporar el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes al Código Penal en 2010. El Código Penal español hace referencia explícita al tráfico de órganos, establece sanciones de hasta 12 años de cárcel y dispone de una serie de artículos destinados a prevenir el delito y a proteger a sus víctimas.

Nuestro país, a través de la ONT, está implicado desde hace tiempo en numerosas iniciativas internacionales para combatir esta nueva forma de esclavitud. Entre otras actuaciones, participó en la redacción de la Declaración de Estambul, un documento de relevancia mundial de lucha contra el tráfico de órganos, promovido y suscrito por las sociedades científicas y organizaciones profesionales de mayor peso internacional en el campo de los trasplantes; también promovió la elaboración de la denominada Resolución de Madrid de la OMS, a través de la que se llama a los gobiernos y profesionales a progresar hacia el logro de la autosuficiencia en trasplantes, como estrategia fundamental para luchar contra la compraventa de órganos.

En la actualidad, la ONT forma parte del Comité Ejecutivo del Grupo Custodio de la Declaración de Estambul, encargado de velar por el buen cumplimiento de las recomendaciones de la mencionada Declaración.

El tráfico de órganos es un problema de dimensión global que viola los derechos humanos fundamentales como el de la dignidad humana, y supone una grave amenaza para la salud pública. A menudo está vinculado al crimen organizado transnacional, que se aprovecha de la vulnerabilidad de los donantes, y surge en el contexto de la incapacidad de los países para satisfacer a las necesidades de órganos de sus pacientes.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año alrededor de 10.000 trasplantes se llevan cabo de forma clandestina en el mundo.

Tras la firma del Convenio, ha dado comienzo la Conferencia Internacional que se prolongará hasta hoy  jueves, 26 de marzo. Este encuentro ha reunido a más de 200 expertos gubernamentales, jueces, fiscales, policías, profesionales sanitarios, responsables políticos y académicos para compartir puntos de vista y enfoques en la lucha contra el tráfico de órganos. Los participantes también debatirán las ventajas que aporta el convenio, y los retos que plantea su aplicación, además de alentar a los Estados a que lo firmen y lo ratifiquen.

Asimismo, los expertos analizarán el fenómeno del tráfico de órganos y los delitos cubiertos por el convenio, el perfil de las víctimas y de los autores de este tipo de delitos, las responsabilidades de los profesionales de la salud y las medidas para proteger a las víctimas.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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