Afirma
tus
derechos,
firma
contra
el
copago
confiscatorio",
es
el
lema
principal
de
la
campaña
para
la
captación
de
firmas
de
impulso
de
la
Iniciativa
Legislativa
Popular
de
reforma
de
la
Ley
de
Autonomía
Personal
y
Atención
a la
Dependencia
puesta
en
marcha
por
el
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI).
La
iniciativa
pretende
la
modificación
de
la
ley
de
autonomía
personal
para
establecer
unos
criterios
justos
de
copago
que
no
expulsen
a
las
personas
en
situación
de
dependencia
de
la
protección
social.
Con
Luis
Cayo
hemos
conversado
para
conocer
más
detalles
de
esta
iniciativa,
la
primera
de
este
género
que
impulsan
las
personas
con
discapacidad
en
nuestro
país.
Hay
más
información
en
noalcopago-ilp@cermi.es
Coincidiendo
con
el
comienzo
de
año
2015,
todo
el
sector
social
de
la
discapacidad
se
moviliza
para
la
consecución
de
las
500.000
firmas
de
ciudadanos
y
ciudadanas
mayores
de
18
años,
españoles,
y
con
todos
sus
derechos
políticos,
necesarias
para
que
prospere
la
iniciativa
legislativa
popular
de
modificación
del
copago
y
pueda
llegar
al
Congreso
de
los
Diputados
para
su
admisión
en
su
caso
y
posterior
debate.
La
iniciativa
legislativa
popular
contra
el
copago
confiscatorio
es
la
respuesta
del
movimiento
social
de
la
discapacidad
a
las
políticas
de
las
Administraciones
sociales
que
en
desarrollo
de
la
ley
de
Autonomía
Personal
y
Atención
a la
Dependencia
han
creado
una
situación
insostenible
que
hace
recaer
el
esfuerzo
económico
de
mantenimiento
del
sistema
en
las
propias
personas
en
situación
de
dependencia.
¿Por
qué
el
CERMI
impulsa
esta
ILP
contra
el
llamado
copago
en
dependencia?
Expliquemos
primero
qué
es
eso
del
copago.
El
copago
es
lo
que
la
persona
usuaria
de
un
servicio
o
recurso
público
ha
de
satisfacer
económicamente
para
obtenerlo.
La
parte
que
ha
de
aportar
a
cambio
de
recibirlo.
Esto
existe
en
el
sistema
para
la
autonomía
y
atención
a la
dependencia,
por
principio
y
desde
el
primer
momento.
“Proponemos un mínimo exento, 2,5 IPREM. Quien no alcance esa capacidad económica no tendría que copagar, y límites del 60% como máximo, para que a la persona, en el entorno más intenso de protección, guarde una parte para su economía personal” |
El
copago
llega
a
ser
confiscatorio
cuando
exige
a la
persona
usuaria
que
aporte
casi
todo
lo
que
tiene
de
capacidad
económica
para
recibir
el
recurso.
Si
reparamos
en
que
hay
copago
de
hasta
el
90
%,
se
entenderá
por
qué
hablamos
de
incautación.
Todo
o
casi
todo
lo
que
tiene
la
persona
de
destina
a un
mismo
fin,
y si
no
lo
aporta,
no
lo
obtiene.
Más
que
de
un
derecho
subjetivo
proporcionado
por
un
dispositivo
público,
habría
que
hablar
de
compra
de
un
derecho,
es
decir,
de
mercado
puro
y
duro,
y
eso
ya
existía
antes
de
la
Ley.
Como
nos
parece
injusto
y
devastador
para
personas
en
situación
de
grandes
necesidades
de
apoyo,
promovemos
la
reforma
de
la
Ley
a
través
de
la
iniciativa
legislativa
popular,
mecanismo
establecido
en
nuestra
Constitución.
¿Qué
consecuencias
está
generando
para
personas
con
mayor
dependencia?
Lo
que
está
ocurriendo
ahora,
personas
con
discapacidad
y
personas
mayores
expulsadas
de
este
sistema
de
protección
social
por
imposibilidad
de
hacer
frente
a
sus
exigencias
económicas
exorbitadas.
Y en
el
futuro,
me
temo,
que
rechazo
al
sistema
y a
lo
que
significa,
ni
siquiera
se
acercarán
al
mismo,
por
sentirlo
inamistoso
y
hostil.
Actuarán
como
si
no
existiera,
dejados
a su
suerte.
Valgan
algunos
ejemplos
gráficos.
Persona
con
“gran
dependencia”
(aunque
la
terminología
“dependencia”
al
mundo
de
la
discapacidad
no
nos
gusta
en
absoluto),
de
entre
25 y
35
año,
por
ejemplo
una
persona
con
tetraplejia,
que
recibe
servicio
residencial
del
sistema,
que
trabaja,
quizás
su
primer
empleo,
pues
esta
persona
tendría
que
aportar
el
90 %
de
sus
recursos
como
copago.
. Se
quedaría
con
un
10
%,
con
el
que
afrontar
el
resto
inmenso
de
otras
necesidades
de
su
vida,
viviría
para
su
prestación,
y
con
un
horizonte
de
décadas
por
delante,
no
tendría
margen
económico
para
el
resto
de
cosas
valiosas
en
que
consista
la
vida.
Eso
no
es
liberación
ni
apoyo,
es
servidumbre
y
cadena.
Esta
medida
implantada
por
las
Administraciones
no
revela
que
el
sistema
de
gestión
de
la
dependencia
no
funciona
y
hay
que
cambiarlo.
Decepcionante,
la
verdad,
así
calificamos
el
sistema
creado
en
2007.
La
sensación
es
de
amargura,
de
oportunidad
desperdiciada.
Muchas
palabras,
huecas,
y
pocos
hechos
positivos.
Mucha
de
nuestra
gente
tiene
la
opinión
de
haber
sido
estafada,
de
esperar
algo
que
nunca
llega.
Pero
en
el
movimiento
de
la
discapacidad
somos
constitutivamente
optimistas,
nos
sobreponemos
a lo
más
sombrío,
y
pensamos
que
hay
remedio
y
que
el
sistema
se
puede
reorientar,
que
se
puede
reconducir,
en
esas
estamos.
Como
no
nos
resignamos,
y
como
tampoco
solo
nos
indignamos,
actuamos,
y
planteamos
una
salida,
una
acción
cívica
que
conecta
con
algo
tan
revitalizante
como
que
la
ciudadanía
participe
activamente
en
los
asuntos
públicos;
que
se
haga
oír
y
sea
escuchada.
¿Qué
cambios
habría
que
abordar
en
los
artículos
14 y
33
de
la
Ley
de
Autonomía
Personal
para
que
el
copago
fuera
equilibrado?
Nuestra
iniciativa
legislativa
popular
la
hemos
centrado
en
la
cuestión
del
copago,
que
es
la
más
sangrante.
Podíamos
haber
planteado
muchos
más
cambios,
pues
la
Ley
el
modelo
están
muy
lejos
de
ser
perfectos,
pero
hemos
preferido
ir a
lo
más
doloroso
e
injusto,
el
dichoso
copago.
Proponemos
un
mínimo
exento,
2,5
IPREM,
es
decir,
quien
no
alcance
esa
capacidad
económica
no
tendría
que
copagar,
y
límites
del
60 %
como
máximo,
para
que
a la
persona,
en
el
entorno
más
intenso
de
protección,
siempre
le
quede
una
parte
para
su
economía
personal.
Además,
y
esto
es
de
enorme
relevancia,
que
estos
criterios
estén
en
la
ley
nacional
y
por
tanto
sean
aplicables
a
todos
los
territorios,
para
asegurar
la
igualdad
real
y
efectiva,
sin
agravios
por
razón
de
residencia,
en
esta
o en
otra
Comunidad.
Las
Comunidades
solo
podrían
apartarse
del
régimen
común
e
igual
para
mejorarlo,
solo
para
eso.
El
objetivo
último
es
la
gratuidad,
que
tendrían
que
establecer
las
Comunidades
Autónomas,
pero
eso
sería
la
segunda
fase.
¿Cómo
se
ha
resuelto
en
otros
países
este
asunto
tan
complejo?
No
hay
respuestas
uniformes.
Europa,
por
referirme
a lo
más
cercano,
carece
de
un
modelo
social
homogéneo;
cada
país
responde
a su
manera,
depende
de
su
nivel
de
riqueza,
de
su
tradición
en
cuestiones
de
protección
social,
de
la
solidez
de
sus
convicciones
en
lo
relativo
a
las
políticas
públicas
sociales,
etc.
Hay
variedad
de
sistemas
y
dispositivos,
y la
comparación
se
hace
difícil.
Lo
que
sí
cabe
afirmar
es
que
España
está
muy
por
debajo
de
lo
que
le
sería
exigible,
puede
hacer
bastante
más
de
lo
ha
hecho
en
términos
de
esfuerzo
país.
¿No
temen
que
una
vez
recogidas
las
firmas,
la
ILP,
al
igual
que
paso
con
el
tema
de
las
hipotecas
se
desactive?
Existe
ese
riesgo.
Creemos
honradamente
que
sí,
que
lograremos
el
objetivo,
si
no,
no
lo
plantearíamos.
El
copago
-la
verdad
es
que
no
hay
datos
reales,
actuales
y
fiables
de
lo
que
supone,
lo
que
pone
en
evidencia
al
sistema,
que
en
la
sociedad
de
la
información,
no
tengamos
datos
de
algo
que
nació
ayer
mismo-
es
solo
una
aportación
residual
al
sistema,
no
es
en
absoluto
la
base
financiera
del
mismo,
es
un
añadido.
Lo
que
se
añade,
puede
ayudar,
pero
no
puede
sostener,
el
sostenimiento
vendrá
del
esfuerzo
público.
Pero
ese
añadido,
hace
un
daño
terrible
a
quien
lo
padece;
permítaseme
el
juego
de
palabras,
no
es
“vital”
para
el
sistema,
pero
es
“mortal”
para
quien
lo
sufre.
Más
que
un
instrumento
recaudatorio,
el
copago
ha
de
ser
un
factor
de
moderación
y
corresponsabilización.
Así
lo
entendemos.
España
como
país,
aun
en
tiempos
de
crisis,
puede
y
debe
permitirse
apoyar
a
las
personas
en
situación
de
dependencia.
Serán
el
nuevo
Parlamento
y el
Gobierno
que
surja
del
mismo
-tras
las
elecciones
de
noviembre
o
diciembre
próximos-
los
que
tengan
que
hacer
frente
a
esta
demanda,
a
esta
iniciativa
legislativa
popular,
si
fructifica,
claro;
no
sabremos
que
escena
política,
qué
correlación
de
fuerzas
nos
depararán
esos
comicios,
pero
el
movimiento
de
la
discapacidad
habrá
puesto
en
la
agenda
política
un
asunto
ineludible,
que
habrá
que
afrontar.
Si
no
están
a la
altura
del
desafío,
les
pasará
factura.
|