El
Consejo
Valenciano
de
Colegios
de
Abogados
(CVCA),
ha
alcanzado
una
serie
de
acuerdos
con
la
Consellería
de
Gobernación
y
Justicia,
que
la
Abogacía
valenciana
venía
reclamando
desde
hace
años.
Los
pactos
alcanzados,
tras
una
reunión
con
el
conseller
de
Justicia,
Luis
Santamaría
y su
equipo,
hacen
referencia
fundamentalmente
a la
subida
de
un
10%
en
el
baremo
del
Turno
de
Oficio
así
como
a la
próxima
firma
de
un
convenio
que
contemple
una
“remuneración
especial”
para
aquellos
casos
judiciales
que
por
volumen,
número
de
tomos,
horas
de
trabajo
y
personas
imputadas,
incurren
en
gastos
superiores
a
los
contemplados
por
el
baremo
para
casos
de
especial
complejidad,
tales
como
las
macrocausas
o
delitos
sobre
corrupción.
El
Presidente
del
Consejo
Valenciano
de
Colegios
de
Abogados,
Mariano
Durán,
pide
una
Ley
Autonómica
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales.
Asímismo la Orden
2/2012
que
establecía
las
retribuciones
que,
por
cada
asunto,
debían
percibir
los
letrados
que
prestan
sus
servicios
en
el
Turno
de
Oficio
en
la
Comunidad
Valenciana
será
modificada
por
vía
de
urgencia,
incrementándose
en
un
10%
el
Baremo
del
Turno
de
Oficio,
con
lo
que
se
avanza
en
las
garantías
para
una
tutela
judicial
efectiva
y
una
correcta
defensa
letrada.
“Tenemos
el
compromiso
de
la
Consellería
de
conseguir
un
Baremo
“digno”
para
2016”,
afirma
el
Presidente
del
Consejo
Valenciano
de
Abogados,
Mariano
Durán.
Otra de las negociaciones
que
han
llegado
a
acuerdo
ha
sido
la
inminente
puesta
en
marcha
del
expediente
electrónico
en
el
Colegio
de
Abogados
de
Valencia
y su
incorporación
progresiva
al
resto
de
colegios
de
abogados
de
la
Comunidad
Valenciana.
Se
trata
de
un
importante
paso
en
la
mejora
de
la
eficiencia
de
la
gestión
del
turno
de
oficio,
ya
que
supone
la
gestión
telemática
de
todo
el
proceso
de
solicitud
y
concesión
del
beneficio
de
justicia
gratuita,
sin
necesidad
de
que
el
ciudadano
se
desplace
a la
Administración
Autonómica
para
acreditar
sus
recursos
económicos.
Según
el
Presidente
del
CVCA,
“el
ahorro
económico
que
supondrá
la
implantación
del
expediente
electrónico
de
justicia
gratuita
rondará
los
18,5
millones
de
euros,
casi
el
coste
del
Turno
de
Oficio
en
un
año
en
la
Comunidad
Valenciana”.
En
su
opinión,
“se
trata
de
un
ahorro
y
una
mejora
de
los
recursos
públicos
y
permitirá
que
el
beneficio
que
produzca,
se
destine
a
incrementar
el
Baremo”.
El Presidente del
CVCA
ha
solicitado
también
al
Conseller
la
creación
de
una
Ley
Autonómica
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales,
ya
que
la
Comunidad
Valenciana
tiene
asumidas
las
competencias
en
esta
materia.
“Es
necesario
encontrar
el
equilibrio
para
una
regulación
adecuada
de
los
servicios
profesionales
a
través
de
la
interlocución
con
todos
los
agentes
implicados,
ya
que
los
colegios
engloban
a
100.000
profesionales
en
nuestra
Comunidad”.
En
este
sentido,
el
Consejo
Valenciano
de
Abogados
mantiene
que
el
objetivo
de
cualquier
regulación
debe
ser
garantizar
la
prestación
de
unos
servicios
altamente
cualificados
y
con
criterios
de
calidad,
códigos
de
conducta
por
parte
de
las
profesiones
en
toda
Europa
y no
atender
únicamente
a
consideraciones
económicas.
Por otra parte, y
según
fuentes
del
CVCA,
el
Conseller
ha
asumido
el
compromiso
del
acceso
de
todos
los
abogados
a la
Sanidad
pública,
excluida
hasta
ahora
por
pertenecer
a
una
mutualidad
de
previsión
social,
en
lugar
de
estar
afiliados
al
régimen
de
seguridad
social
de
autónomos,
situación
que
ya
disfrutan
los
abogados
catalanes.
Desde
el
año
2007
las
instituciones
de
la
abogacía
junto
a
los
colegios
de
cada
comunidad
autónoma,
trasladaron
en
una
ponencia
a
los
grupos
parlamentarios
el
agravio
que
suponía
que
un
pequeño
número
de
ciudadanos
no
tuviese
derecho
a la
sanidad
pública,
sanidad
que
se
financia
con
los
impuestos
y no
con
las
cotizaciones
a la
Seguridad
Social.
Por último, en la
reunión
se
ha
manifestado
la
disponibilidad
de
reuniones
con
la
Mesa
por
la
Justicia
(que
incluye
a
Magistrados,
Fiscalía,
procuradores
y
funcionarios),
para
que
cada
uno
exponga
sus
propuestas
sobre
Justicia.
El Consejo Valenciano
de
Colegios
de
Abogados
(1992)
–
que
agrupa
a
los
Colegios
de
Abogados
de
Alcoy,
Alicante,
Alzira,
Castellón,
Elche,
Orihuela,
Sueca
y
Valencia-,
es
el
órgano
representativo
y
coordinador
de
los
colegios
de
abogados
existentes
en
la
Comunidad
Valenciana.
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