Treinta
años
lleva
funcionando
José
Manuel
Serrano,
Alberca
&
Conde
como
despacho
especializado
en
derecho
administrativo,
urbanismo
y
expropiaciones,
tres
especialidades
que
les
ha
creado
un
nombre
y
prestigio
en
los
últimos
años
aunque
también
trabajan
otras
disciplinas
del
derecho
a
nivel
fiscal
o
mercantil.
Su
socio
director,
que
da
nombre
al
despacho,
el
propio
José
Manuel
Serrano,
fue
letrado
de
la
Comisión
de
Asuntos
Exteriores
del
Congreso
en
las
Cortes
Generales
y
es Académico
de
la
Real
Academia
de
Jurisprudencia
y
Legislación,
un
profundo
conocedor
de
cómo
litigar
con
la
Administración
y
saber
batallar
las
expropiaciones
que
han
surgido
en
los
últimos
años
,
como
consecuencia
de
la
ejecución
de
obras
públicas:
aeropuertos,
radiales
y
otras
dotaciones.
“En
diversos
foros
he
denunciado
la
inseguridad
jurídica
en
la
que
vivimos.
Porque
la
Administración
no
cumple
las
sentencias
firmes
que
condenan
al
Estado
al
pago
de
los
justiprecios
de
las
expropiaciones.
El
Ministerio
de
Fomento
ha
dado
instrucciones
a
los
Abogados
del
Estado
para
que
se
opongan
a
todo
y lo
recurran
todo,
con
el
fin
de
no
pagar,”
comenta
a
este
periodista.
Su
bufete
asesora
ANDEX
a
nivel
legal,
asociación
creada
para
defender
los
derechos
de
los
ciudadanos
expropiados
por
unas
u
otras
circunstancias.
Desde
su
punto
de
vista
es
la
expropiación
urgente
donde
la
Administración
no
cumple
ni
paga
lo
que
debiera
a
los
expropiados:
“Todos
los
males
del
impago
de
las
expropiaciones
provienen,
en
nuestro
país
de
que
la
llamada
“expropiación
urgente”.
Se
trata
de
una
expropiación
que
es
excepcional,
de
acuerdo
con
lo
que
dice
la
ley,
pero
se
ha
utilizado
como
procedimiento
natural
y
normal,
con
lo
cual,
una
vez
que
la
Administración
ocupa
el
suelo,
el
pago
le
preocupa
poco
y lo
alarga
lo
más
posible”,
subraya.
Sr.
Serrano,
¿cuál
es
la
clave
para
que
una
reclamación
ante
la
administración
tenga
éxito?
Como todo en la vida, lo primero,
es
tener
conocimiento
de
lo
que
se
pide
y,
segundo,
saber
cuáles
son
los
procedimientos
para
solicitarlo.
Los
cauces
de
las
reclamaciones
ante
la
Administración
por
los
particulares
son
muy
variados
y se
debe
estudiar
a
fondo
cómo
conviene
plantear
la
reclamación,
ante
quién
y
por
qué
procedimiento.
Es sabido que la Administración
tarda
mucho
en
contestar
a
las
reclamaciones,
y
que
el
silencio
administrativo
ha
pasado
a
convertirse,
en
muchos
casos,
en
un
sistema
de
contestación.
Por
esta
razón,
también
conviene
instar
a la
Administración
a
que
respondan
en
sentido
positivo
o
negativo
y no
perder
de
vista
la
reclamación
efectuada.
Nuestro despacho es una boutique
jurídica
que
se
ocupa
de
asuntos
relacionados
con
las
expropiaciones,
porque
ha
habido
recientemente
unos
años
en
los
que
la
Administración
ha
llevado
a
cabo
una
actividad
expropiatoria
importante,
como
consecuencia
de
la
ejecución
de
obras
públicas:
aeropuertos,
radiales
y
otras
dotaciones.
No obstante, el despacho posee
una
vocación
mucho
más
amplia,
y se
ha
dedicado
siempre
a
temas
urbanísticos,
aunque
no
es
el
único
campo
que
manejamos.
Todo
el
planeamiento
urbanístico
de
Alcobendas,
San
Sebastián
de
los
Reyes
y
Algete,
fue
gestionado
y
desarrollado
de
una
manera
eficaz
y
con
gran
éxito
para
todas
las
Administraciones
Públicas
y
los
propietarios
de
los
terrenos.
Hoy
se
puede
observar
que
Alcobendas
y
San
Sebastián
de
los
Reyes
son
dos
pueblos
modélicos,
desde
el
punto
de
vista
urbanístico.
Litigar
con
la
administración,
no
es
fácil
ni
barato.
¿Han
notado
ustedes
la
disminución
de
asuntos
por
las
tasas
judiciales?
No hay duda de que las tasas judiciales,
que
ahora
desaparecen
en
parte,
producen
un
impacto
en
la
reclamación,
tanto
desde
el
punto
de
vista
civil,
como
en
las
reclamaciones
contra
la
Administración.
En
realidad,
el
mayor
efecto
que
se
ha
producido
en
la
disminución
de
asuntos
ha
sido
debido,
más
que
a
las
tasas
judiciales,
a la
crisis
económica,
puesto
que
la
Administración
ha
paralizado
en
gran
medida
su
actuación
y,
en
consecuencia,
hay
menos
asuntos
contra
los
que
se
puede
reclamar.
¿Por
qué
genera
tanta
polémica
el
asunto
de
las
expropiaciones
de
autopistas?
El tema de las expropiaciones de
autopistas
ha
sido
un
desastre
de
principio
a
fin.
En
un
primer
momento,
la
Administración
que
actuaba
en
el
año
2001,
se
puso
de
acuerdo
con
las
constructoras
que
necesitaban
obras
para
la
realización
de
una
serie
de
autopistas
innecesarias.
Cometieron
varios
errores,
en
primer
lugar,
el
de
la
valoración
del
suelo
a un
precio
ínfimo
y,
en
segundo
lugar,
el
del
coste
de
las
autopistas
sin
calcular
el
tráfico
que
iban
a
soportar,
aparte
de
ser
construidas
en
paralelo
con
carreteras
nacionales
que
no
tenían
peaje
y
que,
por
tanto,
hacían
la
competencia
a
las
autopistas.
Una vez planteado el problema,
resultó
primero
que
las
expropiaciones
se
incrementaron
en
su
valor
de
una
manera
razonable
por
los
Tribunales
de
Justicia,
incluso
por
el
Tribunal
Supremo,
y en
segundo,
porque
los
costes
de
construcción
fueron
elevadísimos
y
hubo
que
solicitar
créditos
a
los
Bancos
para
poder
llevarlos
a
cabo.
Estos
dos
errores
de
base
son
los
que
producen,
más
que
polémica,
un
coste
de
gestión.
La
Administración
Pública
se
niega
a
pagar
las
sentencias
firmes
del
suelo
expropiado
y no
hay
manera
de
exigir
su
cobro,
pues
aquí,
existe
un
grave
defecto
de
nuestra
legislación
a
favor
de
la
Administración.
Por otra parte, la Administración
quiere
la
rebaja
de
los
costes,
cosa
que
los
Bancos
no
permiten
porque
son
condiciones
pactadas
en
su
momento.
¿Qué
papel
juega
ANDEX,
asociación
de
la
que
su
bufete
es
asesor
legal?
La Asociación ANDEX es un instrumento
creado
por
el
despacho
para
la
defensa
del
expropiado
porque,
como
venimos
diciendo,
la
Administración
utiliza
de
manera
regular
la
expropiación
urgente,
con
lo
que
el
propietario
se
encuentra
con
que
la
Administración
le
puede
despojar
de
su
terreno
sin
pagarle.
Para
lo
cual,
el
despacho
sigue
puntualmente
todas
las
actuaciones
necesarias
para
la
defensa
de
los
derechos
de
los
expropiados,
hasta
conseguir
el
cobro
de
la
cantidad
debida.
Ésta
es
la
razón
fundamental
de
esta
Asociación
de
Defensa
del
Expropiado.
Usted
denunció
recientemente
la
inseguridad
jurídica
que
se
crea
en
relación
con
el
incumplimiento
de
las
Sentencias
firmes
que
condenan
al
Estado
al
pago
de
los
justiprecios
de
las
expropiaciones
de
las
autopistas
en
quiebra…
Efectivamente, he denunciado recientemente
la
inseguridad
jurídica
en
la
que
vivimos.
Porque
la
Administración
no
cumple
las
sentencias
firmes
que
condenan
al
Estado
al
pago
de
los
justiprecios
de
las
expropiaciones.
El
Ministerio
de
Fomento
ha
dado
instrucciones
a
los
Abogados
del
Estado
para
que
se
opongan
a
todo
y lo
recurran
todo,
con
el
fin
de
no
pagar.
Se
recurren
sentencias
sin
cuantía,
se
recurren
los
autos,
en
fin,
se
trata
de
alargar
el
proceso
de
pago
hasta
el
infinito
porque,
como
es
sabido,
a la
Administración
no
se
la
puede
embargar
o se
podrían
embargar
algunos
bienes
de
difícil
localización.
La
Administración
no
cumple
la
ley,
no
paga,
no
prepara
el
pago
con
los
créditos
correspondientes
y
“da
largas”
con
absurdas
declaraciones,
pues
no
tienen
intención
alguna
de
hacer
efectivo
el
pago.
No son las concesionarias las que
tienen
que
pagar
cuando
están
en
quiebra
o
suspensión
de
pagos,
es
el
Estado,
que
es
el
propietario
del
bien
expropiado,
el
que
tiene
que
pagar
a
los
expropiados,
pero
la
Administración
se
ha
buscado
una
serie
de
subterfugios
para
no
pagar.
¿Hay
algún
país
de
nuestro
entorno
que
haga
correctamente
las
llamadas
expropiaciones
de
las
que
estamos
hablando?
Todos los males del impago de las
expropiaciones
provienen,
en
nuestro
país
de
que
la
llamada
“expropiación
urgente”.
Se
trata
de
una
expropiación
que
es
excepcional,
de
acuerdo
con
lo
que
dice
la
ley,
pero
se
ha
utilizado
como
procedimiento
natural
y
normal,
con
lo
cual,
una
vez
que
la
Administración
ocupa
el
suelo,
el
pago
le
preocupa
poco
y lo
alarga
lo
más
posible.
Este sistema de expropiación urgente,
no
sucede
de
una
manera
tan
manifiestamente
arbitraria
como
en
España,
en
otros
países
de
Europa.
En
España
la
Administración
piensa
que
el
suelo
a
expropiar
es
un
bien
público,
por
el
que
se
debe
pagar
lo
menos
posible
y,
si
puede
no
pagar,
mejor.
Este
criterio
es
malsano
e
irreal,
porque
si
se
emplearan,
como
en
otros
sistemas
jurídicos
de
nuestro
entorno,
criterios
más
razonables,
tanto
para
la
valoración
como
para
el
pago,
se
evitaría
mucho
papeleo
y se
daría
una
solución
más
justa
a la
cuestión
expropiatoria.
Se
ha
hablado
mucho
de
la
corrupción
y de
estar
ligada
al
ámbito
del
urbanismo
y
municipal.
¿Su
receta
para
combatir
esta
lacra?
El problema del urbanismo en España
ha
sido
que,
hasta
hace
relativamente
poco
tiempo,
no
se
aplicaban
en
realidad
las
leyes
del
suelo.
En los años del boom inmobiliario,
los
Ayuntamientos
e
incluso
las
Comunidades
Autónomas,
calificaron
innecesariamente
mucho
suelo,
que
más
tarde
se
ha
comprobado
que
era
excesivo
e
innecesario,
y de
ahí
han
provenido,
en
muchas
ocasiones,
actuaciones
corruptas.
En
el
momento
actual,
la
fuerza
de
los
hechos
hace
desaparecer
la
relación
entre
calificación
y
corrupción.
¿Qué
valor
añadido
aporta
a
sus
clientes
una
firma
de
sus
características?
¿Es
necesario
inculcar
al
cliente
el
concepto
de
abogacía
preventiva?
Nuestro despacho está especializado
en
muchos
asuntos,
como
el
Derecho
Urbanístico,
el
desarrollo
del
planeamiento
y,
junto
a
ello,
todos
los
sistemas
de
actuación
utilizados
por
la
Administración,
entre
los
cuales
se
encuentra
la
expropiación.
Por
otra
parte,
llevamos
también
asuntos
de
tipo
fiscal,
defendemos
a
nuestros
clientes
de
los
ataques
y
“avaricia”
de
la
Administración
Tributaria,
procurando,
además,
dar
una
información
fiel
a
los
clientes
de
lo
que
tienen
que
pagar
a
Hacienda
evitando
subterfugios
que
puedan
ser,
a la
larga,
más
perjudiciales
que
beneficiosos.
Somos
también
abogados
de
temas
mercantiles,
societarios,
civiles,
penales,
mercantiles,
etc.
Además, todas las reclamaciones
de
nuestros
clientes
se
estudian
de
manera
detenida
por
cada
uno
de
los
abogados
del
despacho,
que
están
muy
especializados
y
formados
también
en
los
principios
básicos
del
Derecho.
Es un despacho a la medida de los
asuntos
que
lleva
y su
relación
con
el
cliente
hace
que
éste
sepa,
de
principio
a
fin,
cómo
va
su
asunto.
Sí
es
recomendable
que
el
cliente
esté
preparado
para
el
futuro.
Por
ello,
entiendo
que
la
abogacía
preventiva
es
un
instrumento
útil
para
que
el
cliente
conozca
en
estas
situaciones
cambiantes,
cuáles
son
sus
problemas.
Sin embargo, debe de tratarse con
esmero
el
planteamiento
que
se
ofrece
de
problemas
jurídicos
y
judiciales
al
cliente,
hasta
que
no
llegue
realmente
el
momento
oportuno,
pues
pasarse
de
prevención,
crea
una
sensación
de
inseguridad
cuando
no
se
materializa
el
problema
que
se
trata.
Ustedes
han
logrado
la
certificación
internacional
UNE-EN
ISO
9001
¿
qué
ha
supuesto
para
la
firma
esta
distinción?
Para nosotros es muy importante
esta
distinción
de
la
UNE-EN
ISO
9001,
porque
significa
que
ofrecemos
una
manera
de
actuar
permanente
y
exitosa
reconocida
por
esta
Organización
Internacional.
Su
despacho
es
uno
de
los
patronos
de
la
Fundación
Pro
Real
Academia
de
Jurisprudencia
y
Legislación,
que
tuvo
su
acto
inaugural
el
10
de
marzo
de
2014.
¿Qué
le
reporta
esta
labor
de
patrocinio?
La Real Academia de Jurisprudencia
y
Legislación
es
una
institución
básica
para
el
Derecho
en
España.
Por
esta
razón,
el
despacho
ha
considerado
oportuno
participar
en
su
Fundación.
Nos
reporta
actuaciones
jurídicas
que
vamos
a
desarrollar
en
la
Academia,
como
un
diccionario
jurídico
y
otras
muchas,
y el
estar
en
contacto
con
el
Derecho
vivo
que
los
grandes
juristas,
que
pertenecen
a
esta
Real
Academia,
siempre
proporcionan.
|