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 La legislatura se agota y al ver al Ministro de Justicia tratando de empatizar
con los operadores jurídicos a base de declaraciones y rectificaciones, lo
primero que pienso es que él tiene escasa culpa en como están las cosas. Se ha
encontrado con una patata que no hay quien enfríe en diez meses, por tanto, en
mi opinión, salvo en la cuota de solidaridad, no culpo en absoluto del desastre
al actual Ministro. Este Gobierno -sin embargo- si ha tenido un impacto en la
Justicia, en esta legislatura, claramente negativo.
El incumplimiento de su promesa electoral estrella en materia de Justicia, que
era la despolitización del Consejo General del Poder Judicial es algo que
debería avergonzar a cualquiera que defendiera la gestión del PP en este ramo.
No solo no está despolitizado (hoy mismo se habla -ya veremos que pasa al final-
de la expulsión de un Juez con los votos de los vocales elegidos por el PP y
contra la opinión de los vocales elegidos por los demás partidos), sino que
incluso para algunos está más politizado que antes: el mismo Presidente del CGPJ
y del Tribunal Supremo es un antiguo Director General de Justicia del PP.
Eso no lo va a poder rectificar el Ministro (incluso si quisiera), y es algo que
a falta de una catarsis democrática que afronte en serio la cuestión, va a
quedar como legado del que futuras mayorías parlamentarias sabrán sacar su
beneficio. Al margen de la cuestión del CGPJ, ¿está mejor hoy la Justicia que
estaba cuando comenzó la legislatura?
A mi modo de ver está peor. No se ha avanzado en cuestión de modernización de
los medios materiales; no se han hecho reformas que permitan agilizar los
tiempos procesales; se ha pretendido reducir la litigiosidad en asuntos
fundamentales para los ciudadanos encareciendo los procesos con las tasas
judiciales que ahora se van a rectificar ante la amenaza de un varapalo por el
Tribunal Constitucional y con precedentes muy adversos para las tasas en el TEDH;
los colectivos de la Justicia (jueces, fiscales, secretarios, funcionarios,
procuradores y abogados) han sido en general ninguneados, pero un colectivo
particular y que ha prestado servicios esenciales para la Justicia ha sido
laminado, los jueces y fiscales sustitutos.
Laminado además de una manera innecesariamente cruel en lo que se refiere a esos
profesionales que han debido organizarse en pocos meses tras haber perdido su
trabajo. Además y a consecuencia de lo anterior, los efectivos de jueces y de
fiscales se han constreñido de manera alarmante. Se ha mantenido el más de un
millón de asuntos penales pendientes y otro tanto de asuntos civiles en
tramitación.
Tras tres años y pico de Gobierno, la Fiscalía ha salido dañada por las
tensiones entre el Gobierno y el FGE, que amablemente se ha ido del puesto "por
razones personales". Ellos quizá no se dan cuenta, pero tensionar políticamente
la Fiscalía produce efectos que van más allá del momento político.
La Fiscalía necesita credibilidad; la Justicia penal necesita una reforma; y la
reforma procesal necesita de la Fiscalía. Al quitar credibilidad a la Fiscalía,
se imposibilita una reforma procesal moderna. Eso, claro está, no pertenece a
las preocupaciones del momento, pero una buena reforma procesal podría durar
mucho tiempo y producir grandes beneficios a los ciudadanos. También eso se han
cargado. (Una cosa buena entre tantas debilidades: han acertado con la nueva
Fiscal General; algo es algo).
Hoy estamos ya en el final, cuando hay que dejar una buena impresión de las
cosas que se han hecho: por eso rectifican algunas cosas -sobre todo las tasas-,
abordan una pequeña reforma procesal; se anuncia otra vez el enorme compromiso
de lucha contra la corrupción; se cambia en algún aspecto llamativo el Código
Penal (de manera en general innecesaria, como una marca: hay que dejar en el
Código Penal el recuerdo de que se ha gobernado). Y en unos meses, no
demasiados, se urdirá rápidamente otro programa electoral a ver si alguien se lo
llega a creer y les sirve para seguir en el poder. El juego eterno de la
política de Justicia en la España democrática.
De cualquier manera, en otros terrenos de la política puede que sea así; pero en
Justicia, los cambios fundamentales no han tenido nada que ver con la crisis
económica, han tenido que ver con el deseo de incrementar el poder político
sobre la Justicia. Y en gran parte lo han conseguido. |
