El gobierno ha puesto en marcha un paquete de reformas legislativas que
influirán en todos nuestros aspectos de la vida pública. Se están tramitando
reformas del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), y Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Estas tres leyes pueden considerarse los pilares del
procedimiento punitivo del Estado español ya que las mismas prevén las penas,
pecuniarias o de cárcel, a imponer a aquellos que cometen un acto ilícito.
Lejos de entrar en el
debate de la necesidad de estas leyes, libertad vs. seguridad, lo cual es
sin duda de controversia parlamentaria, venimos a denunciar una falta clara a
que se posibilite de mayor medios de prueba a los ciudadanos para que puedan
garantizar su inocencia en un proceso Justo, es decir, que puedan valer su
inocencia. Es preocupante observar como todas las reformas legislativas acotan
nuestros derechos y Libertades y ninguna introduce mayores mecanismos de
defensa. Esta situación de aumento de la capacidad punitiva del Estado sin
equilibrio proporcional de la introducción de mayores medios de defensa es el
anuncio de una vida social en sumisión.
Analizando cada una
de las reformas anunciadas, el Código Penal, elimina el proceso de faltas para o
criminalizar ahora tales hechos como delito o para llevarlas al proceso
administrativo, en dónde los ciudadanos carecemos de la presunción de inocencia
y se nos consideran a todos culpables salvo que consigamos probar lo contrario.
La Ley de Seguridad Ciudadana, por su parte impedirá grabar a los policías que
actúen en las manifestaciones, lo cual es una manifiesta limitación a que nos
podamos valer de todos los medios de prueba para probar en tal caso si fuera
necesario que nuestro actuar fue conforme a derecho.
Estas Leyes maquillan
y descafeínan nuestra Constitución (CE). Carta Fundamental de nuestro
ordenamiento jurídico que con estas leyes sólo deja de tener aplicación material
para quedar en papel mojado. El art. 18.3 CE recoge el derecho a la intimidad y
el secreto de nuestras comunicaciones, ¿se protegerá nuestra intimidad cuando la
misma pueda ser intervenida sin orden judicial?, el art. 20.1 CE recoge nuestro
derecho a la Libertad de expresión, ¿será Libertad no poder grabar o difundir
imágenes si estas nos pueden valer de medios para defender de nuestra
inocencia?, el art. 24.1 CE garantiza el derecho a un proceso justo, ¿es Justo
que los ciudadanos no podamos defendernos en igualdad frente a la
administración?, en un proceso en dónde gozamos de culpabilidad y la
administración goza de presunción de veracidad.
Como juristas,
echamos en falta reformas que aporten mayor seguridad jurídica a nuestros
ciudadanos, tanto en el fondo como en la forma. Nuestra actual Ley de
Enjuiciamiento Criminal, no nos permite valernos de todos los medios de prueba
necesarios para defender nuestra inocencia, y esto que provoca que en muchos
casos, no podamos reconstruir debidamente los hechos denunciados y por ende que
existan inocentes en prisión. Una ley Criminal en dónde el auto de apertura de
Juicio Oral es irrecurrible, en dónde el auto de admisión o denegación de prueba
es irrecurrible, en dónde las defensas nos jugamos a cara o cruz que el Tribunal
enjuiciador nos permita o deniegue la prueba que hemos encontrado a última hora,
en el momento antes del inicio del Juicio Oral. Y para que en caso de denegarla,
nos encontremos con una manifiesta indefensión y con que sea posible que la
presunción de culpabilidad que invade los juicios penales en España para el
acusado termine para el mismo con una sentencia condenatoria.
De todas las reformas
anunciadas, no encontramos la tan deseada reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, LOPJ, que politiza a nuestros Tribunales y que crea desigualdades
intolerables en la Ley a favor del amiguismo y en detrimento de la ceguera de la
Justicia. La politización de la Justicia es el cáncer de nuestra sociedad. Es la
enfermedad que permite el caldo idóneo para la Corrupción. Es la culpable de que
la economía no se recupere ya que no existe la debida seguridad jurídica para el
inversor, y sin embargo, es la Ley que el Gobierno no quiere reformar.
Nos adentramos a un
marco punitivo en donde cedemos a derechos y libertades en contraposición con
una falsa y necesaria seguridad, pero peor aún es que se nos cercenan
flagrantemente nuestros derechos de defensa y se limita nuestro derecho a poder
valernos en igualdad ante la Justicia. Ninguna de las leyes referidas mejora la
fase de instrucción, o mejora la permisibilidad de la prueba para que el acusado
pueda valerse de todos los medios oportunos al efecto de probar su inocencia en
un juicio justo. Y tampoco ninguna de las reformas anunciadas tan si quiera se
atreve a despolitizar o mejorar materialmente nuestros Tribunales. Aquellos que
no tienen visión de Estado por la ceguera de su ignorancia, atacan a nuestra
democracia y la convierten en su demagogia personal en detrimento del bien
social. “No existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes y
con apariencias de Justicia”, Montesquieu. |