MARKETING

COMUNICACIÓN

INTERNET

FORMACIÓN

RRHH

PUBLISHING & EVENTS

Q-LAWYER

DIRECTORIO

Noticias de Despachos

Operaciones

Vida Colegial Comunidad Legal Sistema Judicial Internacional
Arbitraje Mediación TIC Abogados Jóvenes Entrevistas Colaboraciones/Opinión Reportajes Agenda BLOGS LP emprende

 
 
 
17 de FEBRERO de 2015

Marcos García-Montes, abogado:
“Espero que el CGPJ y el sentido común eviten que se elimine la acusación popular de nuestro ordenamiento”

LAWYERPRESS emprende / @LuisjaSanchez

Marcos García-Montes, abogado

Nuestro protagonista de esta entrevista confiesa llevar cuarenta y cuatro años ejerciendo como abogado en los que atesora cerca de ciento veinte títulos universitarios.  Ha sido profesor de ICADE; de la Universidad Europea y ahora, como hace algunos años, compagina su actividad profesional con diferentes conferencias. En su despacho que lleva su nombre Bufete Jurídico Marcos García-Montes trabaja su hijo Marcos García Ortega con el que pondrá en marcha el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Murcia. “Reconozco que todavía se me pone el vello de punta cuando me pongo la toga para ejercer”, comenta. Con este abogado, conocido por  llevar la acusación popular de asuntos como Filesa, la defensa de Rafael Escobedo en el caso Urquijo; Luis Roldán, director general de la Guardia Civil o la expropiación de Rumasa de 1983, hemos conversado en profundidad sobre el momento que vive nuestra justicia. El propio caso Noos y la imputación de la Infanta Cristina ha situado a la acusación popular en un primer plano. “Sería un gran error que la nueva reforma de la LECrim la redujera casi de forma testimonial. Esta es una figura nuestra, muy española que ha ayudado a luchar contra la corrupción”, comenta. Ahora ha logrado que la Audiencia Nacional impute a George Bush por los desmanes de Guantánamo. En breve viajara a EEUU para interrogar al expresidente y otros dirigentes.

En primera persona

“Corría el año 1985 cuando advertimos que el derecho punitivo no estaba solo en manos del Estado y del Ministerio Público sino que se podía desarrollar la acusación popular tal y como señala la LEcrim y la propia Constitución en su artículo 125. Gracias al apoyo de mi amigo y jurista Fernando Salas, ya fallecido empezamos las actuaciones.

Con la acusación popular hemos conseguido que el Ministerio Público y la policía funcione de otra manera. Tengo gran respeto por la FGE pero siempre ha sido una institución vinculada a los Gobiernos, eso hace que se cuestione su independencia.

“La reforma de la LECrim debe ordenar el procedimiento. Es curioso que en los procedimientos habituales hay muy pocos votos particulares en las sentencias."

De esta forma hemos conseguido las condenas de los casos Filesa; en el caso de Fondos Reservados la condena de Vera y Barrionuevo; la condena de general Manglano del CNI; del propio Luis Roldán, director general de la Guardia Civil; en el caso Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, a Manuel de la Concha por Ibercorp, entre otros.

Siempre he dicho que aquí se cazan a los corruptos que no pagan prisión pero jamás se cazará a los corruptores. Si no hubiera grandes empresas que corrompen a ciudadanos y políticos no habría corrupción.

Hay un caso que mi cliente me señaló que dejáramos la acción popular y es el de Botin y las cesiones de crédito. El asunto concluyó con la famosa cuestión del Tribunal Supremo sobre si la acción popular sola es válida para iniciar el procedimiento.

Ahora tenemos gran debate, el caso Botín y el fallo del Supremo que rechaza la acusación popular si es  única para abrir un procedimiento penal y el caso Atuxa que señala lo contrario, el desarrollo de acciones si se perjudica a la economía nacional.”

 

Sr. Garcia-Montes, la acusación popular está de actualidad por el auto del Juez Castro que avala esta iniciativa en contra de la doctrina Botín del Supremo.

Tengo mucho aprecio al magistrado Castro como al fiscal Horrach como juristas pero  por encima está la honestidad profesional. El citado magistrado ha hecho un trabajo importante en este asunto, al igual que lo ha hecho en el Palma Arena.

En este caso creo que ha hecho las cosas de manera correcta. Según el auto citado la infanta Cristina no es una persona que pasaba por allí en el caso Noos, sino que estaba en los consejos de la entidad, tenía firma y tiene una cualificación profesional al trabajar en La Caixa.

Al mismo tiempo la Audiencia Provincial de Palma en el auto de mayo pasado señala que no hay delito de blanqueo de capitales pero que sí se pueden investigar dos presuntos delitos fiscales. Ya hemos visto los resultados de investigación de la AEAT.

De este tema lo que más llama la atención es la labor defensiva de la Fiscalía sobre la propia infanta y que los abogados defensores de ella formulasen un recurso de apelación cuando no cabia, y sin embargo no hayan realizado un recurso de anulación de actuaciones que sí que cabria previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Luego han renunciado al recurso y han dejado que el juicio siga adelante contra la Infanta Cristina cuando podrían haberlo parado con un recurso de amparo ante el Constitucional

Ahora estamos en una época de reformas, la primera de la LECrim que ha suscitado muchas críticas. ¿Cómo la ve usted?

Es una reforma necesaria que intenta incluir la figura del fiscal como instructor que sería la locura absoluta en los procedimientos.  La jurisdicción la ejerce el juez no el Ministerio Público y es el propio magistrado quien tutela los derechos fundamentales.  Me opongo a  esta reforma, sin duda.

Lo que se debe hacer es ordenar el procedimiento. Es curioso que en los procedimientos habituales hay muy pocos votos particulares en las sentencias. Prácticamente lo que el magistrado ponente es lo que se firma. Es extraño toda la unanimidad que se ve.

Lo más extraño es que el juez de instrucción instruya los procedimientos de forma inquisitiva o semiinquisitiva porque de oficio plantea diligencias cuando en cualquier país del mundo, el juez no inicia actuaciones a no ser que se lo pida el fiscal. Estamos hartos los abogados que el fiscal no aparezca en las diligencias nunca y solo aparece en el juicio.

Creo que fiscal tiene que pedir las diligencias, realizar la investigación en lugar del juez y estar al mando de la policía. Que el que firme la instrucción y tome siempre las decisiones debe ser el juez.

En la citada LECrim además de reducir los plazos de los procedimientos se conoce que se quiere reducir de forma importante la figura de la acusación popular. ¿Le sorprende?

Espero que el CGPJ emita su informe y evite esta medida que es contraproducente. Hay que darse cuenta que la acción popular en España es algo histórico, nuestro que se conoce desde la Constitución de Cádiz de 1812.  Su antecedente es el derecho alemán donde el pueblo desconfiaba de una única acusación en manos de los poderes públicos.

La acción popular ha luchado y luchará contra la corrupción. Es muy preocupante que se quiera ahora reducir a la mínima expresión. Descubrió junto con los medios de comunicación muchos casos de corrupción de los que estamos hablando.

El problema es que la acción popular no es dirigible y manejable por los políticos y eso es lo que se quiere eliminar su independencia. Espero que el sentido común y el propio CGPJ se opongan a esta eliminación.

Es posible que algunas acciones populares no hayan sido honestas, puede haber algunas fuera del marco de honestidad que las caracteriza.  La acusación popular no debe ser patrimonio de nadie ni de organizaciones como Manos Limpias tiene que haber más posibilidades que desarrollen esta acción.

Los detractores de la acusación popular hablan de algunos excesos. ¿Hay alguna manera de controlar los mismos?

No creo que haya esos excesos que usted señala. Cuando el fiscal acusa y fracasa en la acusación no se le reprocha nada. Sin embargo cuando la acción popular tampoco hay que buscar reproches.

Estamos en un procedimiento donde es bueno que los tres poderes estén independizados. No es de recibo que los partidos mayoritarios elijan al presidente del CGPJ y a determinados vocales. En este intercambio de cromos siempre se sabe con antelación quien va a presidir el propio CGPJ. Este procedimiento es intolerable, a todas luces.

Al final tenemos un CGPJ que se constituye con diferentes pactos políticos y tienes la sensación que quien gobierna es un partido mayoritario, como en la actualidad, o uno bisagra que es quien impone sus condiciones, como fue el caso de CIU y Jordi Puyol.

También la acusación popular se quiere restringir a nivel internacional de derechos humanos.

Otro elemento preocupante. Abolir la llamada justicia universal ha sido un gran error de nuestros gobernantes. En nuestro despacho llevamos el tema de Guantánamo, hemos logrado que la Audiencia Nacional desde su juzgado quinto impute al expresidente Bush y   a su cúpula entera.

La Audiencia Nacional en su Pleno lo dictaminó, frente al Fiscal que pedía que se archivase el procedimiento del que le estoy hablando.

“Hay  un abuso importante de la prisión preventiva para ciudadanos anónimos salvo en casos de corrupción donde la discriminación es evidente. Es un error que a Urdangarin, Barcenas o los Gürte se les vea por la calle."

¿Cuáles entonces son los siguientes pasos en este asunto, Sr. Garcia-Montes?

Teóricamente se trataría de ir a los EEUU con una Comisión Rogatoria para interrogar a todos imputados, presidente Bush; vicepresidente DIck Cheney, secretario de defensa Ronald Rumsfeld, General Geofrey Miller, Director General de la CIA George Tenet, según se desprende del informe Human Rights Watch sobre este asunto.

Aun los asociados a Francisco de Vitoria van a seguir impugnando el nombramiento de Carlos Lesmes, rechazado recurso del Supremo van a ir al Tribunal Constitucional.

Creo que se está haciendo una gran injusticia con los profesionales de esta institución. Pese a ser una asociación de gran calado poca repercusión institucional tienen en tribunales. Nadie duda que son excelentes profesionales y que parecen alejados del bipartidismo entre PP y PSOE del que hablamos.

Hablando de la judicatura, ¿qué opinión tiene del juez Santiago Vidal , uno de los redactores de la Constitución catalana?

Cualquier juez no debe tener ninguna significación política, eso le ayudará a garantizar su independencia. Creo que Vidal ha hecho un sobreexceso y es evidente que puede serle complicado ejercer como magistrado si tiene en su cabeza el independentismo catalán. Podría ser presidente del TSJ de Catalunya cuando sea independiente pero no ahora.

Los jueces tendrán ahora su plan de prevención de riesgos laborales pero los juzgados siguen estando en condiciones lamentables.

Es cierto, es una visión tercermundista preocupante. En países como Alemania y EEUU el presupuesto es importante para la justicia y en nuestro país está olvidada. Fundamental que nuestros jueces y fiscales tengan los medios suficientes para evitar que su salud no sufra ningún riesgo importante.

La sociedad debería conocer el trabajo que hacen nuestros jueces y fiscales y funcionarios judiciales. Todo esto genera una tensión importante. Es deplorable ver sumarios tirados por el suelo porque no hay medios para archivarlos de forma conveniente.

En el caso de Madrid, la situación empeora ante el grado de dispersión de los juzgados civiles  y penales por un lado; y mercantiles y  sociales por otro.  Confiemos que la futura Ciudad de la Justicia sirva para gestionar mejor este tipo de temas.

También está el asunto de los jueces sustitutos, marginados de la carrera judicial pese a que muchos llevan años trabajando pero sin los derechos de los llamados titulares..

De este asunto solo puedo decirle que en las conferencias que doy por diferentes países europeos el presidente de una Audiencia Provincial o un Tribunal Superior es un abogado, elegido por el pueblo y que se dedica a la jurisdicción durante unos cinco años y luego vuelve a su profesión de letrado.

Hay que potenciar la vía de jueces que provengan de la abogacía del Estado o de la abogacía, como tal, porque enriquecen la carrera sin lugar a dudas. Los jueces provisionales, los que han entrado por el cuarto y quinto turno, pese a lo que digan de ellos, han traído una nueva visión de lo que es la justicia.

¿Es usted partidario de cambiar la tradicional oposición del juez, memorística cien por cien?

No se trata de cantar los temas sino que conozcas bien el terreno que vas a pisar como juez.  Normalmente un juez primerizo actual no tiene contacto con la realidad jurídica, solo lo que ha aprendido en los libros, al llegar a ese destino comprobará la importancia de las fuerzas vivas de esa localidad.

Hay que formar a jueces mucho más conectados por los problemas con los ciudadanos. Y sobre todo que sean independientes. Nadie está en contra que los jueces escriban y se les oiga pero que lo hagan de forma objetiva sobre cuestiones técnicas y jurídicas y no posicionarse ante ningún partido político o asunto de relevancia.

¿Cómo ve usted la polémica generada con las tasas judiciales, de qué lado se decanta?

Es un gran problema sin lugar a dudas. Tiene un efecto disuasorio importante y muchos clientes prefieren no litigar porque no pueden hacer frente a los costes del procedimiento, tasas incluidas. Si recurres una multa de cien euros es impensable que tengas que pagar 500 euros de tasas.

Gallardón se obsesionó con las tasas judiciales y ha sido uno de los grandes errores de su carrera como Ministro. Además las tasas judiciales ya están incluidas en las tasaciones de costas, lo que tiene que haber es más condenas en costas. Eso supondría que el que pierde, paga, realmente.

El Ministro actual debería suprimir la ley de tasas de forma inmediata o en su defecto el tribunal constitucional aceptar alguno de los recursos por los que tiene que pronunciarse sobre su inconstitucionalidad.

¿Le convence la revisión a la baja que plantea el Ministro Catalá?

Para nada, tiene que ser supresión directa. No conozco a ninguna institución medianamente seria que esté a favor de las tasas judiciales.

Veinte años después, la justicia sigue sin funcionar, ¿Qué hay que hacer para romper esta rutina?

La justicia debe abrirse a los operadores jurídicos y especialmente a la abogacía que ha perdido peso específico realmente en estos años.  Abogados y procuradores parecemos los hermanos pobres y nuestras opiniones se oyen muy poco cuando somos la correa de transmisión de la justicia.

Al mismo tiempo se debe potenciar la transparencia con los justiciables;  en algunas Audiencias Provinciales observas que faltan salas de testigos; o el autor de un robo está viendo a la víctima. Este tipo de situaciones hay que evitarlas.

Al mismo tiempo hay que potenciar la igualdad de armas entre fiscalía, abogacía del Estado y abogados. Se ha invertido mucho y mal en justicia y se legisla al hilo del acontecimiento. No podemos reformar cada dos por tres el Código Penal.

Ese nuevo Código Penal incluye la prisión permanente revisable tan criticada por muchos estamentos.

Es una figura que no es necesaria. En la actualidad nuestro sistema de cumplimiento de penas es mucho más duro que la cadena perpetua. Hay que darse cuenta que en otros países esta nueva figura a los ocho años la revisan, máximo diez años, sin embargo quieren que en España sea a los veinticinco años. Es un disparate todo el mundo tiene derecho a la reinserción.

Otro asunto importante que apenas se habla tiene que ver con las quejas de los jueces sobre el cumplimiento de las penas. Ahí la culpa totalmente es del ejecutivo. Dos personas con la misma condena depende de donde ingrese en prisión tiene un cumplimiento diferente de su condena. Luego están asuntos mediáticos que confunden al ciudadano cuando ven a determinados ciudadanos que cumplen condena salir antes de prisión.

También creo que hay un abuso importante de la prisión preventiva por parte de jueces y fiscales en ciudadanos anónimos salvo en casos de corrupción donde la discriminación es evidente. Ahí creo que hay un error el que imputados como Urdangarín, caso Gurtel y similares se les vea por la calle.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nosotros  /  Nuestro Equipo  / Contacto 

copyright, 2015 - Strong Element, S.L.  -  Peña Sacra 18  -  E-28260 Galapagar - Madrid  -  Spain - 
Tel.: + 34 91 858 75 55  -  Fax: + 34 91 858 56 97
info@lawyerpress.com  -  www.lawyerpress.com - Aviso legal