Nuestro
protagonista
de
esta
entrevista
confiesa
llevar
cuarenta
y
cuatro
años
ejerciendo
como
abogado
en
los
que
atesora
cerca
de
ciento
veinte
títulos
universitarios.
Ha
sido
profesor
de
ICADE;
de
la
Universidad
Europea
y
ahora,
como
hace
algunos
años,
compagina
su
actividad
profesional
con
diferentes
conferencias.
En
su
despacho
que
lleva
su
nombre
Bufete
Jurídico
Marcos
García-Montes
trabaja
su
hijo
Marcos
García
Ortega
con
el
que
pondrá
en
marcha
el
Instituto
de
Derechos
Humanos
de
la
Universidad
de
Murcia.
“Reconozco
que
todavía
se
me
pone
el
vello
de
punta
cuando
me
pongo
la
toga
para
ejercer”,
comenta.
Con
este
abogado,
conocido
por
llevar
la
acusación
popular
de
asuntos
como
Filesa,
la
defensa
de
Rafael
Escobedo
en
el
caso
Urquijo;
Luis
Roldán,
director
general
de
la
Guardia
Civil
o la
expropiación
de
Rumasa
de
1983,
hemos
conversado
en
profundidad
sobre
el
momento
que
vive
nuestra
justicia.
El
propio
caso
Noos
y la
imputación
de
la
Infanta
Cristina
ha
situado
a la
acusación
popular
en
un
primer
plano.
“Sería
un
gran
error
que
la
nueva
reforma
de
la
LECrim
la
redujera
casi
de
forma
testimonial.
Esta
es
una
figura
nuestra,
muy
española
que
ha
ayudado
a
luchar
contra
la
corrupción”,
comenta.
Ahora
ha
logrado
que
la
Audiencia
Nacional
impute
a
George
Bush
por
los
desmanes
de
Guantánamo.
En
breve
viajara
a
EEUU
para
interrogar
al
expresidente
y
otros
dirigentes.
En
primera
persona
“Corría
el
año
1985
cuando
advertimos
que
el
derecho
punitivo
no
estaba
solo
en
manos
del
Estado
y
del
Ministerio
Público
sino
que
se
podía
desarrollar
la
acusación
popular
tal
y
como
señala
la
LEcrim
y la
propia
Constitución
en
su
artículo
125.
Gracias
al
apoyo
de
mi
amigo
y
jurista
Fernando
Salas,
ya
fallecido
empezamos
las
actuaciones.
Con
la
acusación
popular
hemos
conseguido
que
el
Ministerio
Público
y la
policía
funcione
de
otra
manera.
Tengo
gran
respeto
por
la
FGE
pero
siempre
ha
sido
una
institución
vinculada
a
los
Gobiernos,
eso
hace
que
se
cuestione
su
independencia.
“La reforma de la LECrim debe ordenar el procedimiento. Es curioso que en los procedimientos habituales hay muy pocos votos particulares en las sentencias." |
De
esta
forma
hemos
conseguido
las
condenas
de
los
casos
Filesa;
en
el
caso
de
Fondos
Reservados
la
condena
de
Vera
y
Barrionuevo;
la
condena
de
general
Manglano
del
CNI;
del
propio
Luis
Roldán,
director
general
de
la
Guardia
Civil;
en
el
caso
Mariano
Rubio,
gobernador
del
Banco
de
España,
a
Manuel
de
la
Concha
por
Ibercorp,
entre
otros.
Siempre
he
dicho
que
aquí
se
cazan
a
los
corruptos
que
no
pagan
prisión
pero
jamás
se
cazará
a
los
corruptores.
Si
no
hubiera
grandes
empresas
que
corrompen
a
ciudadanos
y
políticos
no
habría
corrupción.
Hay
un
caso
que
mi
cliente
me
señaló
que
dejáramos
la
acción
popular
y es
el
de
Botin
y
las
cesiones
de
crédito.
El
asunto
concluyó
con
la
famosa
cuestión
del
Tribunal
Supremo
sobre
si
la
acción
popular
sola
es
válida
para
iniciar
el
procedimiento.
Ahora
tenemos
gran
debate,
el
caso
Botín
y el
fallo
del
Supremo
que
rechaza
la
acusación
popular
si
es
única
para
abrir
un
procedimiento
penal
y el
caso
Atuxa
que
señala
lo
contrario,
el
desarrollo
de
acciones
si
se
perjudica
a la
economía
nacional.”
Sr.
Garcia-Montes,
la
acusación
popular
está
de
actualidad
por
el
auto
del
Juez
Castro
que
avala
esta
iniciativa
en
contra
de
la
doctrina
Botín
del
Supremo.
Tengo
mucho
aprecio
al
magistrado
Castro
como
al
fiscal
Horrach
como
juristas
pero
por
encima
está
la
honestidad
profesional.
El
citado
magistrado
ha
hecho
un
trabajo
importante
en
este
asunto,
al
igual
que
lo
ha
hecho
en
el
Palma
Arena.
En
este
caso
creo
que
ha
hecho
las
cosas
de
manera
correcta.
Según
el
auto
citado
la
infanta
Cristina
no
es
una
persona
que
pasaba
por
allí
en
el
caso
Noos,
sino
que
estaba
en
los
consejos
de
la
entidad,
tenía
firma
y
tiene
una
cualificación
profesional
al
trabajar
en
La
Caixa.
Al
mismo
tiempo
la
Audiencia
Provincial
de
Palma
en
el
auto
de
mayo
pasado
señala
que
no
hay
delito
de
blanqueo
de
capitales
pero
que
sí
se
pueden
investigar
dos
presuntos
delitos
fiscales.
Ya
hemos
visto
los
resultados
de
investigación
de
la
AEAT.
De
este
tema
lo
que
más
llama
la
atención
es
la
labor
defensiva
de
la
Fiscalía
sobre
la
propia
infanta
y
que
los
abogados
defensores
de
ella
formulasen
un
recurso
de
apelación
cuando
no
cabia,
y
sin
embargo
no
hayan
realizado
un
recurso
de
anulación
de
actuaciones
que
sí
que
cabria
previo
al
recurso
de
amparo
ante
el
Tribunal
Constitucional.
Luego
han
renunciado
al
recurso
y
han
dejado
que
el
juicio
siga
adelante
contra
la
Infanta
Cristina
cuando
podrían
haberlo
parado
con
un
recurso
de
amparo
ante
el
Constitucional
Ahora
estamos
en
una
época
de
reformas,
la
primera
de
la
LECrim
que
ha
suscitado
muchas
críticas.
¿Cómo
la
ve
usted?
Es
una
reforma
necesaria
que
intenta
incluir
la
figura
del
fiscal
como
instructor
que
sería
la
locura
absoluta
en
los
procedimientos.
La
jurisdicción
la
ejerce
el
juez
no
el
Ministerio
Público
y es
el
propio
magistrado
quien
tutela
los
derechos
fundamentales.
Me
opongo
a
esta
reforma,
sin
duda.
Lo
que
se
debe
hacer
es
ordenar
el
procedimiento.
Es
curioso
que
en
los
procedimientos
habituales
hay
muy
pocos
votos
particulares
en
las
sentencias.
Prácticamente
lo
que
el
magistrado
ponente
es
lo
que
se
firma.
Es
extraño
toda
la
unanimidad
que
se
ve.
Lo
más
extraño
es
que
el
juez
de
instrucción
instruya
los
procedimientos
de
forma
inquisitiva
o
semiinquisitiva
porque
de
oficio
plantea
diligencias
cuando
en
cualquier
país
del
mundo,
el
juez
no
inicia
actuaciones
a no
ser
que
se
lo
pida
el
fiscal.
Estamos
hartos
los
abogados
que
el
fiscal
no
aparezca
en
las
diligencias
nunca
y
solo
aparece
en
el
juicio.
Creo
que
fiscal
tiene
que
pedir
las
diligencias,
realizar
la
investigación
en
lugar
del
juez
y
estar
al
mando
de
la
policía.
Que
el
que
firme
la
instrucción
y
tome
siempre
las
decisiones
debe
ser
el
juez.
En
la
citada
LECrim
además
de
reducir
los
plazos
de
los
procedimientos
se
conoce
que
se
quiere
reducir
de
forma
importante
la
figura
de
la
acusación
popular.
¿Le
sorprende?
Espero
que
el
CGPJ
emita
su
informe
y
evite
esta
medida
que
es
contraproducente.
Hay
que
darse
cuenta
que
la
acción
popular
en
España
es
algo
histórico,
nuestro
que
se
conoce
desde
la
Constitución
de
Cádiz
de
1812.
Su
antecedente
es
el
derecho
alemán
donde
el
pueblo
desconfiaba
de
una
única
acusación
en
manos
de
los
poderes
públicos.
La
acción
popular
ha
luchado
y
luchará
contra
la
corrupción.
Es
muy
preocupante
que
se
quiera
ahora
reducir
a la
mínima
expresión.
Descubrió
junto
con
los
medios
de
comunicación
muchos
casos
de
corrupción
de
los
que
estamos
hablando.
El
problema
es
que
la
acción
popular
no
es
dirigible
y
manejable
por
los
políticos
y
eso
es
lo
que
se
quiere
eliminar
su
independencia.
Espero
que
el
sentido
común
y el
propio
CGPJ
se
opongan
a
esta
eliminación.
Es
posible
que
algunas
acciones
populares
no
hayan
sido
honestas,
puede
haber
algunas
fuera
del
marco
de
honestidad
que
las
caracteriza.
La
acusación
popular
no
debe
ser
patrimonio
de
nadie
ni
de
organizaciones
como
Manos
Limpias
tiene
que
haber
más
posibilidades
que
desarrollen
esta
acción.
Los
detractores
de
la
acusación
popular
hablan
de
algunos
excesos.
¿Hay
alguna
manera
de
controlar
los
mismos?
No
creo
que
haya
esos
excesos
que
usted
señala.
Cuando
el
fiscal
acusa
y
fracasa
en
la
acusación
no
se
le
reprocha
nada.
Sin
embargo
cuando
la
acción
popular
tampoco
hay
que
buscar
reproches.
Estamos
en
un
procedimiento
donde
es
bueno
que
los
tres
poderes
estén
independizados.
No
es
de
recibo
que
los
partidos
mayoritarios
elijan
al
presidente
del
CGPJ
y a
determinados
vocales.
En
este
intercambio
de
cromos
siempre
se
sabe
con
antelación
quien
va a
presidir
el
propio
CGPJ.
Este
procedimiento
es
intolerable,
a
todas
luces.
Al
final
tenemos
un
CGPJ
que
se
constituye
con
diferentes
pactos
políticos
y
tienes
la
sensación
que
quien
gobierna
es
un
partido
mayoritario,
como
en
la
actualidad,
o
uno
bisagra
que
es
quien
impone
sus
condiciones,
como
fue
el
caso
de
CIU
y
Jordi
Puyol.
También
la
acusación
popular
se
quiere
restringir
a
nivel
internacional
de
derechos
humanos.
Otro
elemento
preocupante.
Abolir
la
llamada
justicia
universal
ha
sido
un
gran
error
de
nuestros
gobernantes.
En
nuestro
despacho
llevamos
el
tema
de
Guantánamo,
hemos
logrado
que
la
Audiencia
Nacional
desde
su
juzgado
quinto
impute
al
expresidente
Bush
y
a su
cúpula
entera.
La
Audiencia
Nacional
en
su
Pleno
lo
dictaminó,
frente
al
Fiscal
que
pedía
que
se
archivase
el
procedimiento
del
que
le
estoy
hablando.
“Hay un abuso importante de la prisión preventiva para ciudadanos anónimos salvo en casos de corrupción donde la discriminación es evidente. Es un error que a Urdangarin, Barcenas o los Gürte se les vea por la calle." |
¿Cuáles
entonces
son
los
siguientes
pasos
en
este
asunto,
Sr.
Garcia-Montes?
Teóricamente
se
trataría
de
ir a
los
EEUU
con
una
Comisión
Rogatoria
para
interrogar
a
todos
imputados,
presidente
Bush;
vicepresidente
DIck
Cheney,
secretario
de
defensa
Ronald
Rumsfeld,
General
Geofrey
Miller,
Director
General
de
la
CIA
George
Tenet,
según
se
desprende
del
informe
Human
Rights
Watch
sobre
este
asunto.
Aun
los
asociados
a
Francisco
de
Vitoria
van
a
seguir
impugnando
el
nombramiento
de
Carlos
Lesmes,
rechazado
recurso
del
Supremo
van
a ir
al
Tribunal
Constitucional.
Creo
que
se
está
haciendo
una
gran
injusticia
con
los
profesionales
de
esta
institución.
Pese
a
ser
una
asociación
de
gran
calado
poca
repercusión
institucional
tienen
en
tribunales.
Nadie
duda
que
son
excelentes
profesionales
y
que
parecen
alejados
del
bipartidismo
entre
PP y
PSOE
del
que
hablamos.
Hablando
de
la
judicatura,
¿qué
opinión
tiene
del
juez
Santiago
Vidal
,
uno
de
los
redactores
de
la
Constitución
catalana?
Cualquier
juez
no
debe
tener
ninguna
significación
política,
eso
le
ayudará
a
garantizar
su
independencia.
Creo
que
Vidal
ha
hecho
un
sobreexceso
y es
evidente
que
puede
serle
complicado
ejercer
como
magistrado
si
tiene
en
su
cabeza
el
independentismo
catalán.
Podría
ser
presidente
del
TSJ
de
Catalunya
cuando
sea
independiente
pero
no
ahora.
Los
jueces
tendrán
ahora
su
plan
de
prevención
de
riesgos
laborales
pero
los
juzgados
siguen
estando
en
condiciones
lamentables.
Es
cierto,
es
una
visión
tercermundista
preocupante.
En
países
como
Alemania
y
EEUU
el
presupuesto
es
importante
para
la
justicia
y en
nuestro
país
está
olvidada.
Fundamental
que
nuestros
jueces
y
fiscales
tengan
los
medios
suficientes
para
evitar
que
su
salud
no
sufra
ningún
riesgo
importante.
La
sociedad
debería
conocer
el
trabajo
que
hacen
nuestros
jueces
y
fiscales
y
funcionarios
judiciales.
Todo
esto
genera
una
tensión
importante.
Es
deplorable
ver
sumarios
tirados
por
el
suelo
porque
no
hay
medios
para
archivarlos
de
forma
conveniente.
En
el
caso
de
Madrid,
la
situación
empeora
ante
el
grado
de
dispersión
de
los
juzgados
civiles
y
penales
por
un
lado;
y
mercantiles
y
sociales
por
otro.
Confiemos
que
la
futura
Ciudad
de
la
Justicia
sirva
para
gestionar
mejor
este
tipo
de
temas.
También
está
el
asunto
de
los
jueces
sustitutos,
marginados
de
la
carrera
judicial
pese
a
que
muchos
llevan
años
trabajando
pero
sin
los
derechos
de
los
llamados
titulares..
De
este
asunto
solo
puedo
decirle
que
en
las
conferencias
que
doy
por
diferentes
países
europeos
el
presidente
de
una
Audiencia
Provincial
o un
Tribunal
Superior
es
un
abogado,
elegido
por
el
pueblo
y
que
se
dedica
a la
jurisdicción
durante
unos
cinco
años
y
luego
vuelve
a su
profesión
de
letrado.
Hay
que
potenciar
la
vía
de
jueces
que
provengan
de
la
abogacía
del
Estado
o de
la
abogacía,
como
tal,
porque
enriquecen
la
carrera
sin
lugar
a
dudas.
Los
jueces
provisionales,
los
que
han
entrado
por
el
cuarto
y
quinto
turno,
pese
a lo
que
digan
de
ellos,
han
traído
una
nueva
visión
de
lo
que
es
la
justicia.
¿Es
usted
partidario
de
cambiar
la
tradicional
oposición
del
juez,
memorística
cien
por
cien?
No
se
trata
de
cantar
los
temas
sino
que
conozcas
bien
el
terreno
que
vas
a
pisar
como
juez.
Normalmente
un
juez
primerizo
actual
no
tiene
contacto
con
la
realidad
jurídica,
solo
lo
que
ha
aprendido
en
los
libros,
al
llegar
a
ese
destino
comprobará
la
importancia
de
las
fuerzas
vivas
de
esa
localidad.
Hay
que
formar
a
jueces
mucho
más
conectados
por
los
problemas
con
los
ciudadanos.
Y
sobre
todo
que
sean
independientes.
Nadie
está
en
contra
que
los
jueces
escriban
y se
les
oiga
pero
que
lo
hagan
de
forma
objetiva
sobre
cuestiones
técnicas
y
jurídicas
y no
posicionarse
ante
ningún
partido
político
o
asunto
de
relevancia.
¿Cómo
ve
usted
la
polémica
generada
con
las
tasas
judiciales,
de
qué
lado
se
decanta?
Es
un
gran
problema
sin
lugar
a
dudas.
Tiene
un
efecto
disuasorio
importante
y
muchos
clientes
prefieren
no
litigar
porque
no
pueden
hacer
frente
a
los
costes
del
procedimiento,
tasas
incluidas.
Si
recurres
una
multa
de
cien
euros
es
impensable
que
tengas
que
pagar
500
euros
de
tasas.
Gallardón
se
obsesionó
con
las
tasas
judiciales
y ha
sido
uno
de
los
grandes
errores
de
su
carrera
como
Ministro.
Además
las
tasas
judiciales
ya
están
incluidas
en
las
tasaciones
de
costas,
lo
que
tiene
que
haber
es
más
condenas
en
costas.
Eso
supondría
que
el
que
pierde,
paga,
realmente.
El
Ministro
actual
debería
suprimir
la
ley
de
tasas
de
forma
inmediata
o en
su
defecto
el
tribunal
constitucional
aceptar
alguno
de
los
recursos
por
los
que
tiene
que
pronunciarse
sobre
su
inconstitucionalidad.
¿Le
convence
la
revisión
a la
baja
que
plantea
el
Ministro
Catalá?
Para
nada,
tiene
que
ser
supresión
directa.
No
conozco
a
ninguna
institución
medianamente
seria
que
esté
a
favor
de
las
tasas
judiciales.
Veinte
años
después,
la
justicia
sigue
sin
funcionar,
¿Qué
hay
que
hacer
para
romper
esta
rutina?
La
justicia
debe
abrirse
a
los
operadores
jurídicos
y
especialmente
a la
abogacía
que
ha
perdido
peso
específico
realmente
en
estos
años.
Abogados
y
procuradores
parecemos
los
hermanos
pobres
y
nuestras
opiniones
se
oyen
muy
poco
cuando
somos
la
correa
de
transmisión
de
la
justicia.
Al
mismo
tiempo
se
debe
potenciar
la
transparencia
con
los
justiciables;
en
algunas
Audiencias
Provinciales
observas
que
faltan
salas
de
testigos;
o el
autor
de
un
robo
está
viendo
a la
víctima.
Este
tipo
de
situaciones
hay
que
evitarlas.
Al
mismo
tiempo
hay
que
potenciar
la
igualdad
de
armas
entre
fiscalía,
abogacía
del
Estado
y
abogados.
Se
ha
invertido
mucho
y
mal
en
justicia
y se
legisla
al
hilo
del
acontecimiento.
No
podemos
reformar
cada
dos
por
tres
el
Código
Penal.
Ese
nuevo
Código
Penal
incluye
la
prisión
permanente
revisable
tan
criticada
por
muchos
estamentos.
Es
una
figura
que
no
es
necesaria.
En
la
actualidad
nuestro
sistema
de
cumplimiento
de
penas
es
mucho
más
duro
que
la
cadena
perpetua.
Hay
que
darse
cuenta
que
en
otros
países
esta
nueva
figura
a
los
ocho
años
la
revisan,
máximo
diez
años,
sin
embargo
quieren
que
en
España
sea
a
los
veinticinco
años.
Es
un
disparate
todo
el
mundo
tiene
derecho
a la
reinserción.
Otro
asunto
importante
que
apenas
se
habla
tiene
que
ver
con
las
quejas
de
los
jueces
sobre
el
cumplimiento
de
las
penas.
Ahí
la
culpa
totalmente
es
del
ejecutivo.
Dos
personas
con
la
misma
condena
depende
de
donde
ingrese
en
prisión
tiene
un
cumplimiento
diferente
de
su
condena.
Luego
están
asuntos
mediáticos
que
confunden
al
ciudadano
cuando
ven
a
determinados
ciudadanos
que
cumplen
condena
salir
antes
de
prisión.
También
creo
que
hay
un
abuso
importante
de
la
prisión
preventiva
por
parte
de
jueces
y
fiscales
en
ciudadanos
anónimos
salvo
en
casos
de
corrupción
donde
la
discriminación
es
evidente.
Ahí
creo
que
hay
un
error
el
que
imputados
como
Urdangarín,
caso
Gurtel
y
similares
se
les
vea
por
la
calle.
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