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 Este
año
se
prevé
como
otro
momento
de
lucha
a
favor
de
la
honorabilidad
de
la
labor
de
aquellos
profesionales
que
trabajamos
en
pro
de
la
defensa
de
los
derechos
de
los
ciudadanos,
que
económicamente
no
pueden
costearse
un
litigio.
Es
la
época
del
Turno
de
Oficio
y la
Justicia
Gratuita,
pues
estamos
en
plena
temporada
de
cambios
dentro
de
este
modelo
jurídico.
Una
de
estas
modificaciones
se
plantea
a
nivel
legislativo,
ya
que
tenemos
en
el
aire
un
proyecto
de
ley
que
puede
suponer
un
antes
y un
después
para
este
servicio
de
vital
importancia
en
nuestro
estado.
El
planteamiento
de
esta
normativa
supondrá
un
paso
para
atrás
tanto
para
la
ciudadanía
como
para
los
abogados
y
procuradores
que
prestamos
este
servicio
las
24
horas,
los
365
días
del
año.
Uno
de
los
aspectos
objeto
de
análisis
es
la
supresión
de
la
residencia
del
abogado,
ya
que
se
contempla
que
no
es
necesario
que
éste
tenga
despacho
abierto
en
el
ámbito
del
colegio
donde
se
llevará
a
cabo
la
defensa
del
ciudadano.
Entonces,
¿podría
realizarse
eficazmente
esta
protección
si
el
abogado
reside
en
Asturias
y se
hace
cargo
de
un
cliente
de
Huelva?
El
resultado
es
inconcebible.
Los
que
estamos
en
contacto
con
los
ciudadanos
sabemos
que
el
resultado
sería
negativo.
Pero
no
sólo
este
aspecto
lo
rechazamos,
sino
que
también
consideramos
improcedente
el
resto
del
texto.
Perjudica
al
ciudadano,
crea
desigualdades,
burocratiza
en
exceso
el
servicio,
no
garantiza
la
financiación
pública
suficiente
y no
respeta
ni
dignifica
la
labor
del
abogado
de
oficio.
Si
es
necesario
un
cambio
en
la
redacción
de
la
vigente
Ley
de
1996,
esta
modificación
debe
realizarse
y
aprobarse
con
el
consenso
de
toda
la
abogacía,
para
que
la
profesión
no
pierda
su
dignidad.
Además,
con
este
acuerdo,
entre
el
Gobierno
y
los
que
verdaderamente
ejercen
esta
labor
social,
se
garantiza
que
ningún
ciudadano
se
quede
sin
su
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva.
Además
de
este
pacto
entre
todos
los
abogados
y el
Ministerio
de
Justicia,
la
formación
es
otro
aspecto
que
está
en
el
punto
de
mira.
Es
necesario
mantener
una
cualificación
actualizada
de
los
conocimientos
de
todos
estos
compañeros.
Es
la
única
manera
de
asegurar
el
mejor
servicio
a
los
clientes
y
que
ellos
sepan
que
cuentan
con
profesionales
plenamente
instruidos
y en
constante
formación.
La
abogacía
es
una
de
las
carreras
que
más
requiere
estar
a la
orden
del
día,
pues
se
introducen
nuevas
normativas,
modificaciones
en
las
ya
existentes.
Si
no
las
conocemos,
no
podremos
ejercer.
En
este
sentido,
es
imprescindible
aprobar
un
reglamento
que
normalice
esta
situación,
pues
es
la
única
manera
de
asegurar
este
compromiso
de
todos
los
operadores
de
la
Administración
de
Justicia
para
que
esto
sea
una
realidad.
Y si
hablamos
de
reglamentos,
la
Asistencia
Jurídica
Gratuita
requiere
un
protocolo
de
actuación
ante
la
masiva
llegada
de
inmigrantes
indocumentados
y
sin
recursos.
Esta
situación,
que
parece
bastante
común
en
nuestro
país,
requiere
un
documento
que
normalice
la
práctica
de
atender
jurídicamente
a
estas
personas.
Su
elaboración
permitirá
a la
abogacía
contar
con
una
estructura
normalizada,
lógica
y
razonada
que
garantice
el
derecho
a la
tutela
judicial,
a un
proceso
con
las
máximas
garantías
de
igualdad
e
independencia
y el
derecho
a la
defensa.
Además
de
estos
aspectos
normativos,
durante
este
año
mantenemos
otro
objetivo:
conseguir
un
pago
puntual
en
el
abono
de
los
servicios
a
los
abogados
inscritos
en
el
Turno
de
Oficio.
Hay
provincias,
como
Málaga,
donde
se
ha
vivido
una
situación
injusta
con
respecto
al
resto
de
territorios.
Mientras
algunas
comunidades
autónomas
tenían
los
pagos
al
día,
otras
tenían
pendiente
de
cobro
los
gastos
de
funcionamiento,
varios
trimestres
de
la
asistencia
a
detenidos
y
otros
tantos
del
Turno
de
Oficio.
Este
ha
sido
el
caso
que
ha
vivido
la
Comunidad
Autónoma
de
Andalucía
durante
el
año
pasado.
Parece
que
poco
a
poco
los
organismos
tratan
de
ponerse
al
día
en
estos
pagos,
pero
necesitamos
un
compromiso
que
confirme
su
apoyo
al
papel
social
que
desempeñamos
y no
lo
empobrezca.
Pero
además
exigimos
unas
cuantías
dignas
para
todos
los
abogados
que
estamos
dados
de
alta
en
estos
servicios,
con
independencia
del
lugar
de
su
residencia.
En
definitiva,
este
año
está
en
juego
mucho
más
que
un
área
de
la
abogacía.
42.500
abogados
están
en
el
punto
de
mira
y no
sólo
ellos,
sino
la
totalidad
de
la
población
con
insuficiencia
de
recursos
económicos
para
hacer
frente
a un
proceso
judicial.
Todos
los
que
formamos
parte
de
la
abogacía
española
estamos
dispuestos
a
alzar
la
voz,
a
salir
a la
calle
para
protestar
y a
luchar
por
un
trato
digno
e
igual
para
el
turno
de
oficio.
No
sería
la
primera
vez,
ya
lo
hemos
demostrado
en
repetidas
ocasiones
con
otros
temas
que
afectaban
a la
profesión
y
directamente
a
los
ciudadanos.
El
2015
es
el
año
de
la
dignidad
de
los
abogados
del
Turno
de
Oficio.
Todos
los
que
formamos
parte
de
él
prestamos
este
servicio
para
garantizar
el
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva,
porque
creemos
en
nuestro
trabajo
y en
la
labor
social
que
ejercemos
en
la
ciudadanía.
Dignidad,
protección
y
regularización
es
lo
único
que
exigimos
y
que
supondrían
los
cambios
más
importantes
para
este
año.
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