Vivimos tiempos complicados para la independencia judicial. Nos encontramos en un contexto de fuertes tensiones sociales, de descrédito del poder político y de numerosas investigaciones por asuntos de corrupción. Todo ello debería suponer el máximo reforzamiento de la separación de poderes propia de un Estado de Derecho. Sin embargo, también todo ello hace previsibles los intentos de instrumentalización del poder judicial desde el ámbito político. Para evitar estas tentativas nuestra sociedad necesitaría de un órgano de gobierno judicial muy sólido, pero las actuaciones políticas han ido en sentido contrario, con la finalidad de controlarlo y debilitarlo.
El actual Consejo General del Poder Judicial se constituyó hace un año, a partir de una reforma impulsada por el ministro Gallardón, con unas formas y contenidos que dificultaban especialmente el cumplimiento de las funciones constitucionales que tiene asignadas. Tras esta modificación legal, que redujo al máximo sus competencias, sus integrantes fueron elegidos a través de un reparto de cuotas entre los principales partidos políticos. Y su presidente Carlos Lesmes fue nombrado tras un pacto previo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias.
Tras este primer año de gestión, el funcionamiento del CGPJ se ha ajustado al guión que era previsible. La máxima institución judicial ha actuado de forma muy dócil ante el poder político, sin reaccionar ante los ataques a la independencia de los jueces, ni tampoco reclamar los medios necesarios para que nuestros juzgados y tribunales puedan funcionar de forma adecuada. Especialmente preocupantes han sido también determinadas actuaciones del órgano de gobierno del poder judicial al dictado de lo que se le indicaba desde la esfera política.
Además, se ha producido una enorme diferenciación entre los vocales que pueden ejercer sus funciones a tiempo completo y aquellos otros que compatibilizan su condición de vocales con su actividad profesional, los cuales ven muy limitadas sus posibilidades de información y su capacidad para poder participar en las decisiones del organismo. Esta división entre vocales de primera y de segunda ha contribuido a erosionar el carácter colegiado que debe tener la institución y ha favorecido el creciente presidencialismo del presidente, Carlos Lesmes, en detrimento de la democracia interna del CGPJ.
La notoria proximidad del presidente del CGPJ al poder político ha sido un factor clave para entender la incapacidad de la institución para reclamar al poder ejecutivo medios suficientes para nuestros juzgados y tribunales, ante una situación alarmante en la que cerca de la mitad se encuentran saturados y trabajando a más del 150% de las previsiones oficiales. Esta pasividad resulta especialmente grave ante la situación de expectativa de destino de las dos últimas promociones incorporadas a la carrera, que se encuentran en una situación de interinidad impropia de quienes ejercen funciones de un poder del Estado.
Del mismo modo, esa indisimulada cercanía política explica silencios clamorosos del CGPJ en momentos en los que los integrantes del poder judicial han sido atacados en su independencia. Hemos llegado a situaciones sin precedentes, como el legítimo y más que justificado escrito a Carlos Lesmes de trece magistrados del Tribunal Supremo en el que le reclaman que intervenga ante el presidente del gobierno en defensa de la independencia judicial, ante los ataques de destacados integrantes del poder ejecutivo. No obstante, el presidente del CGPJ ha optado de nuevo por guardar silencio, a pesar de la intensidad de las intromisiones en la actuación independiente de la judicatura por parte de la vicepresidenta del gobierno, del ministro de justicia y del ministro del interior.
En la misma línea también se han producido actuaciones poco comprensibles, como la decisión de no reforzar la estabilidad del magistrado Pablo Ruz cuando ha sido cuestionado desde el poder político. Ni las críticas desde el partido que está siendo investigado ni las sugerencias inaceptables del ministro de justicia sobre el futuro de la plaza que ocupa Ruz han merecido ninguna respuesta del gobierno del poder judicial. Pero hay que recordar que esta institución debe velar especialmente por la independencia de la judicatura y oponerse a todo tipo de presiones. Al contrario, el CGPJ ha preferido precarizar al máximo la situación de Ruz, a través de una actuación muy personalizada de Lesmes, al que no ha importado la crispación interna y la división institucional que ha provocado esta decisión.
A mayor abundamiento, se ha acentuado de manera muy visible la denominada estrategia del palo y la zanahoria, en desafortunadas pero clarificadoras palabras del presidente del CGPJ. Esta doctrina se ha visto acompañada con la creación de un nuevo órgano, el del Promotor de la Acción Disciplinaria, que se ha mostrado muy activo en el control ideológico de la judicatura, en especial cuando ha actuado sin fundamento contra la libertad de expresión de integrantes del poder judicial. Los premios correlativos han consistido en determinados nombramientos, sin una motivación adecuada del mérito y la capacidad, que han tenido su origen en las dinámicas internas del actual CGPJ y especialmente en la voluntad de su presidente.
Este progresivo presidencialismo del CGPJ resulta contrario al carácter democrático, plural y colegiado que establece el texto constitucional. Y se va a agravar ante los incumplimientos de la propia ley vigente, pues ya se ha vulnerado el mandato legal de renovar la Comisión Permanente de forma anual y de procurar la rotación de sus miembros. La intención de Carlos Lesmes de no modificar la comisión del CGPJ en la que ha podido concentrar todo su poder es otro signo preocupante de la deriva de la institución.
A pesar de todo, resulta necesario recordar la imperiosa necesidad de un CGPJ que ejerza de verdad sus funciones constitucionales en defensa de la división de poderes y de la independencia judicial. Y que sea capaz de exigir los recursos que necesitan nuestros órganos judiciales para tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía y para prestar un adecuado servicio público. Plantear constantemente estas contradicciones es una exigencia moral en estos tiempos convulsos para el Estado Social y Democrático de Derecho.
