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El
juez
Gómez
Bermúdez
ha
realizado
estas
declaraciones
durante
su
participación
en
los
“Encuentros
Digitales”
de
la
UDIMA
(Universidad
a
Distancia
de
Madrid).
 Javier
Gómez
Bermúdez,
magistrado
de
la
Audiencia
Nacional
participó
ayer
por
la
mañana
en
los
encuentros
digitales
de
la
UDIMA.
Durante
la
entrevista
que
le
ha
realizado
el
profesor
de
periodismo
de
esta
Universidad,
Luis
Miguel
Belda,
ha
abordado
diversos
asuntos
de
actualidad
como
la
nueva
Ley
de
Seguridad
Ciudadana
impulsada
por
el
Gobierno
o la
reforma
por
el
Gobierno
de
la
jurisdicción
universal.
También
considera
el
magistrado
Gómez
Bermúdez
que
las
sanciones
previstas
en
la
nueva
ley
“son
tan
brutales
que
hoy
por
hoy
compensará
a
cualquier
ciudadano
que
le
lleven
ante
el
juez
por
un
delito,
del
que
probablemente
salga
absuelto,
a
que
le
sancionen
administrativamente.
Hay que recordar que
este
magistrado
tiene
gran
experiencia
en
temas
relacionados
con
el
terrorismo
Fue
miembro
de
los
Tribunales
de
enjuiciamiento
(1999-2004)
y
ponente
en
procesos
a la
cúpula
de
ETA
detenida
en
Bidart
(Francia);
a
los
comandos
de
Andalucía,
Barcelona,
Vizcaya;
al
colectivo
"Artapalo".
Ha
participado
en
casos
de
gran
repercusión
como
el
asesinato
de
Miguel
Ángel
Blanco
por
ETA.Fue
ponente
de
las
resoluciones
de
la
apelación
contra
los
procesamientos
de
Segi-Jarrai;
Gestoras
Pro
Amnistía-Askatasuna;
la
suspensión
de
actividades
del
entorno
de
ETA;
la
trama
financiera
de
ETA;
la
extorsión
a
empresarios
por
ETA,
y en
juicios
y
apelaciones
de
miembros
del
GRAPO
y
GIA.
Además, tiene gran
experiencia
en
terrorismo
juvenil
por
su
labor
en
el
Juzgado
Central
de
Menores
y en
el
tratamiento
penitenciario
de
presos
terroristas
y
del
crimen
organizado
como
Juez
Central
de
Vigilancia
Penitenciaria,
y
sentó
las
líneas
jurídicas
sobre
terrorismo/vandalismo
urbano
y
tratamiento
penitenciario
del
crimen
organizado
terrorista.
En 2005 el Colectivo
de
Víctimas
del
Terrorismo
en
el
País
Vasco
le
concedió
el
IV
Premio
Internacional
COVITE
a la
actuación
en
favor
del
recuerdo
y
apoyo
a
las
víctimas.
Y
dos
años
después
presidió
el
juicio
de
los
atentados
del
11
de
marzo
de
2004
que,
en
la
provincia
de
Madrid,
costaron
la
vida
a
192
personas.
En su intervención
en
estos
encuentros
UDIMA,
El
juez
declaró
que
la
Ley
de
Seguridad
Ciudadana,
presenta
a su
juicio
algunos
aspectos
“inconstitucionales”,
como
el
referido
a la
interceptación
de
las
comunicaciones.
Asimismo,
entiende
que
“tal
y
como
está
escrita”
la
iniciativa
legislativa
propuesta
por
el
titular
del
Interior,
Jorge
Fernández
Díaz,
hay
partes,
como
la
alusiva
a la
interceptación
de
comunicaciones
por
la
Policía,
que
“son
claramente
inconstitucionales”.
Argumenta
Gómez
Bermúdez
que
la
Constitución
Española
“reserva
solamente
esa
posibilidad
al
Estado
de
excepción
y de
sitio,
ni
siquiera
de
alarma,
cosa
que
no
se
ha
producido
jamás
en
España
desde
la
llegada
de
la
Democracia.
Para Gómez Bermúdez
la
Ley
de
Seguridad
Ciudadana
se
enmarca
en
lo
que
definió
como
“tendencia
irrefrenable
de
todos
los
ejecutivos
por
regular
la
acción
ciudadana,
ya
desde
tiempo
de
la
bautizada
como
'ley
Corcuera'.
Del resto del contenido
de
la
iniciativa
del
actual
Gobierno,
señala
que
“entra
dentro
de
lo
correcto
y,
hasta
cierto
punto,
lógico”,
como
el
hecho
que
haya
que
comunicar
la
convocatoria
de
una
manifestación
para
evitar
incomodidades
al
resto
de
los
ciudadanos,
aunque
“es
algo
que
ya
existía”.
“El problema es cómo
se
interprete
la
ley”,
redunda.
“En
sí
misma
la
letra
no
me
da
miedo,
lo
único
que
no
me
gusta
de
esa
ley
es
que
produce
una
degradación
de
la
calidad
y de
las
garantías
del
ciudadano
en
cuanto
a la
sanción”,
afirma.
También considera el
magistrado
Gómez
Bermúdez
que
las
sanciones
previstas
en
la
nueva
ley
“son
tan
brutales
que
hoy
por
hoy
compensará
a
cualquier
ciudadano
que
le
lleven
ante
el
juez
por
un
delito,
del
que
probablemente
salga
absuelto,
a
que
le
sancionen
administrativamente”.
A su
juicio
la
Ley
permite,
por
la
presunción
de
veracidad,
que
se
sancione
a un
ciudadano
sin
que
intervenga
un
juez,
y si
más
tarde,
el
sancionado
recurre,
debe
pagar
una
tasa
e ir
a la
jurisdicción
contenciosa,
una
vía
“con
parámetros
de
menor
calidad
en
cuanto
a
garantías
constitucionales
que
la
penal”.
Ese
es
el
gran
problema
de
esa
ley,
que
va
en
contra
del
ciudadano
en
el
fondo”,
añade.
En relación con la
reforma
por
el
Gobierno
de
la
jurisdicción
universal,
asevera
que
ha
sido
“un
absoluto
desastre,
no
porque
tengamos
o no
jurisdicción
universal,
que
esto
es
una
decisión
del
legislador
y
los
jueces,
sino
porque
técnicamente
es
muy
mala
y
eso
está
generando
muchísimos
problemas”.
Puede ver la entrevista
completa
pichando
aquí
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