Es una de las
propuestas
presentadas
al
Ministro
de
Justicia
que
asistió
hoy
al
pleno
del
Consell
con
los
14
decanos
catalanes
El Consell
de
l’Advocacia
Catalana
ha
propuesto
al
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
que
impulse
una
ley
de
segunda
oportunidad
que
permita
reducir
la
deuda
a
las
personas
que
no
pueden
hacer
frente
a su
hipoteca
o el
alquiler
de
su
vivienda,
con
el
fin
de
frenar
los
desahucios,
que
continúan
creciendo
a
consecuencia
de
la
recesión.
Es
una
de
las
propuestas
que
los
abogados
catalanes
presentaron
ayer
durante
la
reunión
del
pleno
del
Consejo,
que
ha
contado
con
la
asistencia
del
ministro
Rafael
Catalá.
Esta
no
es
la
única
propuesta
que
la
Abogacía
Catalana
ha
hecho
llegar
al
ministro
de
Justicia.
También
le
ha
pedido
la
derogación
de
la
ley
10/2012
de
tasas
judiciales,
para
eximirse
de
su
pago
a
las
personas
físicas
y
pymes;
la
descentralización
de
la
prueba
de
acceso
a la
Abogacía,
para
que
se
pueda
hacer
también
en
Cataluña
y
que
incluya
más
temas
del
derecho
civil
catalán;
o la
retirada
de
la
ley
de
asistencia
jurídica
gratuita
hasta
consensuarla
con
la
abogacía
institucional.
Catalá
que
ha
tenido
un
dia
intenso
en
Cataluña
ratificó
a
sus
interlocutores
analizar
el
impacto
de
las
tasas
y su
posible
ajuste
si
fuera
necesario;
explicó
la
controvertida
reforma
dela
Lecrim
que
establece
plazos
a
las
instrucciones
y
permite
la
interceptación
de
las
comunicaciones
hasta
dos
años
con
permiso
del
juez
y
apostó
por
un
proyecto
de
reforma
de
la
justicia
gratuita
de
calidad.
“Ahora
lo
que
hace
falta
es
ver
los
hechos
y si
realmente
tenemos
estas
buenas
noticias”
explicó
Oriol
Rusca,
decano
del
ICAB,
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona.
Maratoniana
jornada
del
ministro
de
Justicia
en
Catalunya.
Desde
primera
hora
de
la
mañana
de
ayer
mantuvo
encuentros
al
más
alto
nivel
con
los
operadores
jurídicos
de
esta
comunidad
autónoma.
En
ese
escenario
se
producía
la
reunión
entre
el
propio
Ministro
y el
Conseller
de
Justicia,
Germán
Gordó.
Se
trataba
de
actualizar
el
conjunto
de
asuntos
que
hay
abiertos
en
materia
de
Justicia,
como
funcionarios,
competencias
o
procedimientos
judiciales.
Al
mismo
tiempo
aprovechaba
para
informar
al
conseller
de
aspectos
referentes
a
las
últimas
reformas
legislativas
del
Ministerio
de
Justicia,
como
la
reforma
del
Código
Penal,
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal,
el
Estatuto
de
la
Víctima
o la
Ley
de
Asistencia
Jurídica
Gratuita.
Tras esta
reunión
tocaba
ir
al
ICAB
y
tener
otro
encuentro
con
los
operadores
jurídicos.
Era
el
momento
del
almuerzo
en
la
octava
planta
de
esta
entidad
colegial.
Junto
los
anfitriones,
el
decano
Oriol
Rusca
y su
Junta
de
Gobierno
otros
comensales
como
María
de
los
Llanos
de
Luna,
delegada
del
Gobierno
en
Cataluña;
Miguel
Angel
Gimeno
Jubero,
presidente
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Cataluña;
José
María
Romero
de
Tejada,
fiscal
Superior
de
Cataluña;
Abel
Pié,
presidente
del
Consell
de
l’Advocacia
Catalana;
Joan
Carles
Ollé,
decano
del
Colegio
de
Notarios
de
Cataluña;
Ignacio
López
Chocarro,
decano
del
Consejo
de
los
Colegios
de
Procuradores
de
los
Tribunales
de
Cataluña;
Luis
A.
Suarez
Arias,
decano
del
Colegio
de
Registradores
de
Cataluña.
Ya en el Consell,
Catalá
conversó
con
los
catorce
decanos
de
los
diferentes
colegios
de
abogados
de
Catalunya.
Volvió
a
hablar
de
sus
reformas
y
explicar
su
hoja
de
ruta
y
desde
el
propio
Consell
se
le
hizo
entrega
de
un
documento
con
diferentes
propuestas.
Una
de
ellas
la
llamada
“Ley
de
Segunda
Oportunidad”
que
impediría
que
muchas
familias
perdiesen
su
vivienda.
En
el
Estado
Español,
cuando
una
persona
acumula
una
deuda
hipotecaria
o
por
impago
de
un
alquiler
que
no
puede
asumir,
la
situación
en
que
se
encuentra
es
de
total
desprotección
ya
que,
no
sólo
acaba
siendo
desahuciada,
sino
que
a
menudo
la
deuda
le
persigue
y le
impide
rehacer
su
vida.
Para evitarlo,
en
otros
países
europeos
-como
Francia,
Alemania,
Holanda,
Reino
Unido
o
Irlanda-
y
también
en
Estados
Unidos,
se
han
aprobado
leyes
que
regulan
el
sobreendeudamiento
familiar
y
que
ayuden
a
superar
la
situación
de
desprotección
en
que
se
encuentran
las
familias
que
no
pueden
hacer
frente
a
sus
deudas.
Ante
este
vacío
en
la
regulación
estatal,
el
Consejo
de
la
Abogacía
Catalana
ha
pedido
al
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
que
promueva
una
ley
de
segunda
oportunidad
en
España
que
regule,
entre
otros
aspectos,
la
dación
en
pago
de
la
vivienda
y
que
permita
empezar
de
nuevo
a
las
familias
que
sufren
las
consecuencias
de
la
crisis.
Propuesta
concreta
La propuesta
de
la
Abogacía
Catalana
contempla
que
el
banco
no
se
pueda
adjudicar
por
subasta
un
inmueble
por
un
valor
inferior
al
80%
de
su
precio
de
tasación,
de
modo
que
la
deuda
no
supere
el
20%
del
valor
de
la
vivienda.
También
contempla
la
desjudicialización
del
proceso
hipotecario
y la
regulación
de
un
proceso
notarial
que
permita
al
banco
ofrecer
la
cancelación
de
la
deuda
por
un
importe
no
inferior
al
80%
del
precio
de
tasación,
así
como
la
creación
de
comisiones
de
sobreendeudamiento
que
harían
de
mediadoras
entre
las
entidades
bancarias
y la
familia,
y un
tratamiento
fiscal
especial
favorable
a
las
personas
y
familias
vulnerables
y
con
riesgo
de
exclusión
social.
"Pensamos que
en
España
conviene
una
ley
de
estas
características
dirigida
a
las
familias
que,
no
sólo
han
perdido
su
vivienda,
sino
que,
además,
se
encuentran
con
dificultades
para
poder
rehacer
su
vida
a
consecuencia
de
un
deuda
que
los
persigue",
explica
el
presidente
del
Consell
de
l’Advocacia
Catalana,
Abel
Pié.
Esta no es la
única
propuesta
que
la
Abogacía
Catalana
ha
hecho
llegar
al
ministro
de
Justicia.
También
le
ha
pedido
la
derogación
de
la
ley
10/2012
de
tasas
judiciales,
para
eximirse
de
su
pago
a
las
personas
físicas
y
pymes;
la
descentralización
de
la
prueba
de
acceso
a la
Abogacía,
para
que
se
pueda
hacer
también
en
Cataluña
y
que
incluya
más
temas
del
derecho
civil
catalán;
o la
retirada
de
la
ley
de
asistencia
jurídica
gratuita
hasta
consensuarla
con
la
abogacía
institucional.
En cuanto al
recientemente
aprobado
anteproyecto
de
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal,
la
Abogacía
Catalana
ha
pedido
al
ministro
que
reconsidere
los
puntos
que
hacen
referencia
a la
posible
intervención
de
comunicaciones
telefónicas
sin
autorización
judicial,
y en
la
supresión
de
la
necesidad
de
asistencia
letrada
para
la
recogida
de
pruebas
de
ADN
de
un
detenido.
La
Abogacía
también
solicita
al
ministro
que
retire
la
propuesta
de
instauración
de
la
pena
de
prisión
permanente
revisable,
por
considerar
que
vulnera
las
previsiones
constitucionales
de
reinserción
que
deben
guiar
toda
política
penitenciaria. |