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OPINION

 
Por que no funciona la Justicia en España
MADRID, 12 de DICIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS

Por Inmaculada Galán Rodríguez, presidenta de la Asociación de Jueces Concepción Arenal

 Aun partiendo de la base de que la justicia no es perfecta, ni existe sistema judicial que no sea susceptible de critica, es la justicia española una de las peor valoradas en el continente europeo.  Estamos a la cola de Europa en materia de inversión en la Justicia y de número de Jueces por ciudadano. Por contra estamos a la cabeza de los Estados de la UE con mayor número de casos judiciales pendientes de sentencia en los ámbitos Civil y Mercantil. Este es el preocupante retrato que hace de España el Marcador sobre el estado y la calidad de la Justicia en la UE de 2014, publicado por la Comisión Europea.

Las razones que  motivan tal valoración se centran en la lentitud del sistema judicial, y su ineficacia.  

Se achaca por el gobierno, al alto índice de litigiosidad, la lentitud en la resolución de los pleitos, y la ineficacia y falta de calidad, a la importante incidencia de la “justicia no profesional”. El exceso de litigiosidad se ha intentado paliar con la implantación de la Ley de tasas 10/2012, que si bien ha provocado reducción del numero de litigios, ello ha conllevado una   vulneración de la tutela judicial efectiva, al impedir a los ciudadanos mas desfavorecidos económicamente, acceder a la justicia.

Respecto del exceso de litigiosidad, debería preguntarse el gobierno, por que hay más litigiosidad en España que en otros países europeos, y probablemente la respuesta no sea que a los españoles nos gusta pleitear más que a ningún otro ciudadano de Europa. ¿No será que la situación actual en España con continuas vulneraciones de derechos, no deja otra opción al ciudadano que la de recabar el auxilio judicial? Si el número de demandas por despidos fraudulentos , eres encubiertos, y procesos laborales con vulneración del derecho de los trabajadores ha aumentado estrepitosamente ¿ No será porque en España es constante la practica abusiva por parte de las empresas respecto de los trabajadores?. Si en vía civil , se ha producido una avalancha de procedimientos en reclamación de justicia ante las denominadas “ estafas de las preferentes”, ¿No será que en España , se ha dado un enorme poder a las entidades bancarias frente a los consumidores, propiciando una práctica bancaria abusiva? Si las reclamaciones al Estado español, se han multiplicado en los últimos años hasta el punto que en  2011 fue necesario instaurar refuerzos prácticamente en todos los Juzgados contencioso-administrativo, ¿No será porque la Administración Pública está vulnerando derechos de los ciudadanos y empresas? Precisamente es aquí donde mayor reducción de demandas ha habido. ¿No será el gobierno el mayor interesado, no solo en la lentitud de la resolución de los recursos contencioso-administrativos, sino, y sobre todo, en que no se recurra contra el Estado?

En la jurisdicción penal, el número de causas penales, han aumentado de forma vertiginosa, sobre todo por corrupción política con cerca de 2.000 causas abiertas. Estos macroprocesos son llevados por Jueces de gran valía profesional pero con escasez de medios, donde la dilación solo puede beneficiar a quien está imputado o acusado. ¿No será que en España no interesa al gobierno, ni en general a ningún partido político, que se tramiten con agilidad estos procesos, para que prescriban o por otra causa legal sean archivados sin llegar a juicio? ¿Por qué no se crean órganos especializados para este tipo de procesos, dotados con los medios humanos y materiales necesarios? ¿Por qué no están tipificados en el código penal los delitos de corrupción o blanqueo de capitales cometidos por políticos?, o ¿por qué no se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal  para lograr una simplificación del proceso penal? Las respuestas son obvias.

Pese a la instauración de la Ley de tasas, la litigiosidad en España sigue siendo muy alta, de las más altas de Europa.  

En segundo lugar, el gobierno centra el problema de la eficacia  y calidad de la justicia española, en la falta de profesionalidad de los Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, abogando por su erradicación. 

No se acierta a comprender cual es el afán o el trasfondo que subyace en la intención del Gobierno, para pretender desprenderse en estos momentos tan necesitados de Jueces, de unos profesionales del derecho cualificados, que cuentan con una trayectoria profesional impecable .

Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes que han servido correctamente en   los tribunales españoles con mayor carga de trabajo y complejidad en las causas sustanciadas.

Tras numerosos años de ejercicio dedicados a prestar un servicio al ciudadano ( algunos más de treinta años), buscando la justicia mediante la imparcialidad , independencia , legalidad ,y probidad, se ven sin trabajo en la jurisdicción pese a continuar adscritos a los tribunales de Justicia españoles , sin poder realizar ninguna otra actividad laboral por absoluta incompatibilidad . ¿Y ello por qué? Probablemente, porque no interesa que un numero tan importante de Jueces, 1500 hasta hace solo un año, es decir, casi un tercio de la judicatura de este país, que ha venido dictando más del 30% de las sentencias, continúen con esta labor, pues con ello se agilizaría la resolución de innumerables procesos, que de otra forma quedarían inmersos en un eterno impasse.

No se puede alcanzar conclusión distinta, pues la única diferencia entre un Juez de carrera y un Juez Sustituto o Magistrado Suplente, radica en la forma de acceso a la función jurisdiccional, que en los Jueces de carrera se produce a través del ejercicio de oposición memorístico, pasando después por una leve estancia en la escuela judicial (18 meses), y superada esta serán inamovibles, sin mayor control sobre su eficacia y calidad. Los Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, parten generalmente de una trayectoria profesional tras la licenciatura en Derecho (Abogados, Profesores de Derecho etc.), y posteriormente deciden dedicarse a la función jurisdiccional. Para ello se realiza una minuciosa selección, previa comprobación de capacidad y merito, realizada a través de un concurso anual publicado en el BOE, superado este acceden a la jurisdicción con absoluta incompatibilidad laboral, siendo sometidos trimestralmente a un seguimiento y control por los Tribunales Superiores de Justicia, quienes en función de ello podrán proponerlos para el próximo concurso  anual, no volver a nombrarlos, e incluso pedir su expulsión de la judicatura.

Los Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes han resuelto con eficacia demostrada causas complejas ( en numerosas ocasiones en tiempo record ) ; respetando al justiciable , al resto de los profesionales de la Justicia; y ayudando en numerosas ocasiones a Magistrados de otros órganos judiciales ,pese a la sobrecarga propia de trabajo ( un Juez Sustituto ha llevado  tres Juzgados a la vez con celebración de juicios y demás actos procesales ) , contribuyendo de esta manera al buen funcionamiento de la justicia , y anteponiendo el trabajo a su familia ,  la verdad y la justicia a los valores sociales ,políticos o económicos, y basando su  legitimidad en la probidad , la justicia y el respecto a los demás.

Pues bien, pese a ello, durante décadas el Gobierno español les ha negado los más elementales derechos de los trabajadores, como un salario digno o alta en Seguridad Social, derecho a vacaciones, descanso semanal etc. Derechos que han tenido que ser reclamados ante los Tribunales de Justicia (otra muestra más de las causas de alta litigiosidad en España).

Se está reclamando desde todas las esferas jurídicas de este país, más Jueces y más Juzgados. Sin embargo, el Gobierno, lejos de aumentar la plantilla de Jueces, realiza un despido encubierto, y de un plumazo se desprende de 1500 Jueces con eficacia demostrada, y con toda una vida dedicada a la judicatura (la gran mayoría llevan más de 10 años) . Difícilmente se puede entender la postura del Gobierno español, quien ante momentos difíciles en lugar de aprovechar los recursos que posee con la máxima optimización, los desprecia.

Los Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, son un bastión importante en la judicatura de este país, cuyo único pecado reside en no haber accedido a ella a través de una oposición memorística (algo que en los países mas avanzados de Europa no se exige) ,y por el que han pagado un precio muy alto. En atención a ello, no debe despreciarse este activo profesional plenamente capacitado, y el Gobierno español debería estudiar la forma de arbitrar un mecanismo para su consolidación. Se lo deben a estos profesionales, a los justiciables  y sobretodo, se lo deben a ESPAÑA. 

En base a lo expuesto debemos concluir que en España, la litigiosidad es muy alta respecto de la que existe en Europa, porque es directamente proporcional a los abusos que se están produciendo en cualquier ámbito sociolaboral. Por tanto, el problema de la justicia en España , radica en la absoluta pasividad del gobierno español a quien parece no interesar que funcione ( España junto con Grecia son los países de la UE que menos partida presupuestaria destinan a la Justicia.),  poniendo trabas al acceso a la justicia de los ciudadanos, al crear leyes con efecto disuasorio como la Ley 10/2012 de tasas, y reduciendo encubiertamente el número de Jueces experimentados ,capaces de solventar cuestiones jurídicas complejas que permitirían dar agilidad a las causas y eficacia a la tan denostada justicia. 

Después de estas reflexiones, ¿habrá alguien que se pregunte todavía porque no funciona la Justicia en España?


 

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