En un ejercicio de responsabilidad institucional, los Jueces Decanos de España hemos colaborado con la aportación de nuestras reflexiones a favor de la regeneración democrática y de una justicia más ágil y eficiente.
En Valencia hemos elaborado un diagnóstico del momento actual de la justicia, recalcando que “la democracia se encuentra en una situación muy delicada, a pesar de que el sistema democrático, con imperfecciones, es el mejor que hemos sido capaces de desarrollar a favor de la justicia, la igualdad, la libertad y la convivencia”.
En un contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones, la Justicia debe reivindicar el extraordinario valor de la independencia que preserva y ejerce.
Invertir en justicia es invertir en democracia, y debería sacarse del debate y la contienda política para generar un Pacto de Estado que posibilite acabar con la asignatura pendiente de la transición benévola de 1978: la necesidad de modernización de la justicia, entendida como adaptación a las circunstancias sociales, económicas y prácticas de la realidad social.
La actualidad nos muestra una justicia lenta, colapsada y desigual en muchos territorios, con juicios de despidos y expedientes de regulación de empleo en la jurisdicción social señalados para 2016; juzgados mercantiles desbordados por concursos de acreedores (cementerios de empresas); macrocausas de corrupción asolan España; procesos de preferentes y deuda subordinada; juicios hipotecarios y desahucios donde no se han respetado los derechos de los consumidores.
A pesar de todo, los ciudadanos siguen confiando en los jueces como punta de lanza contra los abusos del poder político y financiero, como defensores últimos de sus derechos y libertades (preferentes, productos tóxicos, cláusulas suelo). El nuevo panorama judicial en materia de consumidores viene promovido por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que potencia “un juez proactivo y beligerante”, actuando de oficio en el control de la existencia de cláusulas abusivas. Esta jurisprudencia ha superado no solo la legislación decimonónica de la Ley Hipotecaria, sino incluso la Ley de protección del deudor hipotecario de 2013, que se ha demostrado insuficiente para evitar o mitigar la exclusión social.
España, junto a Bulgaria y Grecia son los únicos países europeos que no tienen una Ley de Segunda Oportunidad o de sobreendeudamiento de las personas físicas. La hemos reivindicado para que el deudor que no ha provocado su insolvencia no muera civilmente ni se sitúe en economía sumergida toda su vida, para que se le dé una oportunidad de salir de situaciones injustas modulando el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 Código Civil (el deudor responde con todos sus bienes, presentes y futuros).
Hemos concretado 58 medidas para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción: medidas estructurales, organizativas y de gestión; de refuerzo y apoyo; de reforma del proceso penal; sobre el Jurado y los aforamientos; los indultos; el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial; sobre comiso de bienes intervenidos y responsabilidades civiles y pecuniarias; la corrupción en el Código Penal; reformas en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y eliminación del nombramiento de magistrados elegidos por los parlamentos autonómicos.
Los jueces somos los garantes de las promesas sociales, que no de las políticas. Ahora bien, necesitamos medios materiales, personales y armas legales para combatir el actual sistema de cosas. De la mano de Secretarios Judiciales eficientes, de Fiscales independientes, Policías íntegros y trabajadores hasta la extenuación, forenses y peritos dirigidos por jueces, con Abogados y Procuradores colaboradores de un mejor sistema posible podremos mantener la esperanza de una mejor administración de justicia.
Sin embargo, de nada servirán todos estos esfuerzos si para 2015 no hay mayor inversión en justicia, más jueces, y más fiscales anticorrupción. Al contrario, se nos anuncian reformas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a plazos imposibles de cumplir la investigación de delitos complejos, sin mayores medios materiales ni personales y sin limitar la vía exacerbante de recursos de apelación innecesarios y dilatadores en la fase de instrucción. Parece que quieren llevar al Boletín Oficial del Estado la tormenta perfecta para garantizarse la impunidad en los casos de corrupción política y cargar las culpas mediáticas a los jueces.
Los Jueces Decanos estamos organizados para poner en conocimiento de la ciudadanía la realidad del sistema, sus virtudes y sus deficiencias, incluso tenemos un magnífico portavoz nacional. Interesamos la ayuda de medios de comunicación independientes y la complicidad de la sociedad civil. No seremos corresponsables de la posible imagen de impunidad política que se puede generar en los próximos tiempos. Hoy los procesos son lentos pero llegan a juicio y personajes relevantes ingresan en prisión. Nadie entenderá que en lugar de mejorar, empeoremos. Es el momento de remediar esta situación y es Tiempo de Jueces.