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El ministro
ha
explicado
que
la
orientación
de
la
reforma
se
basa
en
que
se
ha
detectado
que
el
75%
de
los
hurtos
que
se
producen
son
de
carácter
profesional
 El ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
explicó
ayer
a
las
más
de
25.000
empresas
que
engloba
AECOC
(Asociación
de
Empresas
del
Gran
Consumo)
la
reforma
del
Código
Penal
que
se
encuentra
en
tramitación
parlamentaria
para
hacer
frente
a
los
delitos
patrimoniales
que
sufren.
Durante
la
inauguración
del
XVII
Seminario
AECOC
de
Prevención
de
la
Pérdida,
el
ministro
subrayó
las
líneas
principales
del
próximo
Código
Penal
para
ofrecer
una
respuesta
adecuada
a
los
problemas
que
plantea
la
multirreincidencia
y la
criminalidad
grave.
Para
ello
se
suprimirá
la
falta
de
hurto
y se
introducirá
un
supuesto
agravado
aplicable
a la
delincuencia
profesional
y
organizada.
De esa hoja
de
ruta
que
Catalá
explicó
en
el
Congreso
hace
cosa
de
un
mes,
la
reforma
del
Código
Penal
en
aspectos
concretos
y la
propia
procesal
penal
para
agilizar
los
procesos
penales
y
que
no
se
eternicen
las
vistas
son
dos
de
los
cambios
legislativos
que
se
dan
por
hecho
en
un
horizonte
de
un
par
de
semanas.
En
cuanto
al
Código
Penal
se
da
la
circunstancia
que
ninguna
fuerza
parlamentaria
apoya
este
cambio
normativo
por
considerarlo
innecesario
en
estos
momentos.
Pese
a
ello,
ayer
Catalá
habló
con
los
empresarios
en
el
transcurso
del
evento
de
AECOC
y
les
comentó
algunos
cambios
que
pretende
ofrecer
mayor
seguridad
jurídica
a
estos
comercios,
asolados
a
veces
por
la
delincuencia.
De esta manera,
en
esos
cambios
quedan
indicados
que
los
supuestos
de
menor
gravedad,
que
anteriormente
se
sancionaban
como
falta,
se
regularán
tras
la
reforma
como
delitos
leves.
Además,
se
excluirá
la
consideración
de
leves
de
todos
aquellos
delitos
en
los
que
concurra
alguna
circunstancia
de
agravación.
Es
decir,
con
la
reforma
los
delincuentes
profesionales
que
anteriormente
eran
condenados
por
meras
faltas,
podrán
ser
condenados
como
autores
de
un
tipo
agravado
castigado
con
penas
de
uno
a
tres
años
de
prisión
que,
en
los
casos
más
graves,
podrían
incrementarse
hasta
llegar
a
los
cuatro
años
de
prisión.
También se
modificará
el
catálogo
de
agravantes
específicas
de
los
delitos
patrimoniales,
que
pasarán
a
ser
aplicables
a
los
delitos
de
hurto
y a
todas
las
modalidades
de
robo,
y se
incluirán
los
supuestos
de
aprovechamiento
de
la
situación
de
desamparo
de
la
víctima
(como
sucede
en
las
situaciones
de
catástrofe
o
calamidad
pública),
profesionalidad
delictiva,
utilización
de
menores
de
edad,
porte
de
armas
y
actuación
conjunta
de
varios
miembros
de
un
grupo
u
organización
dedicados
a la
comisión
de
estos
delitos.
También se
introducirá
un
tipo
agravado
en
el
delito
de
receptación,
cuando
se
trate
de
bienes
o
efectos
de
especial
protección
o
cuya
sustracción
dé
lugar
a un
delito
contra
el
patrimonio
de
mayor
gravedad.
Así
se
pretende
desincentivar
tanto
la
sustracción
de
dichos
bienes
como
su
venta
o
tráfico
ilícito.
El robo con
fuerza
pasará
a
incluir
los
supuestos
en
los
que
la
fuerza
se
utiliza
para
abandonar
el
lugar
con
el
botín.
Y se
incluirá
un
nuevo
supuesto
agravado
determinado
por
el
modo
de
comisión
–como
el
empleo
de
butrones
o
alunizajes–
o la
gravedad
de
los
daños
causados.
El ministro
indicó
que
la
orientación
de
la
reforma
se
basa
en
que
se
ha
detectado
que
el
75%
de
los
hurtos
que
se
producen
son
de
carácter
profesional,
sin
que
se
haya
observado
un
aumento
significativo
del
llamado
hurto
famélico
o
causado
por
la
extrema
necesidad.
Catalá
comentó
que
el
sector
considera
positiva
el
carácter
de
la
reforma
y se
ha
comprometido
a
estudiar
sus
propuestas
de
cara
a
poder
realizar
modificaciones
en
el
proyecto
de
ley
en
el
trámite
de
enmiendas. | 
