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ENTREVISTAS

 
Carlos Carnicer, presidente del CGAE:
“Hay que eliminar las tasas judiciales y la imposición de costas por razón objetiva del vencimiento de nuestro sistema jurídico”
MADRID, 21 de NOVIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

 

Carlos Carnicer, presidente del CGAE“Aun me acuerdo lo que hacía aquel 20 de noviembre del 2012. Estaba en Madrid y valorábamos junto a mi equipo la puesta en marcha de la primera concentración sobre las tasas judiciales que fue en Zaragoza. También en esa reunión valoramos interceder ante la Defensora del Pueblo para que interpusiera recurso de inconstitucionalidad sobre las propias tasas. La aparición de la ley de tasas en el BOE fue un mazazo para todos.” Es la primera reflexión de Carlos Carnicer, presidente del CGAE, en este 20N que hoy compartimos con él.  Una efeméride bastante más tranquila de la que hace un año porque nuestro interlocutor cree en las palabras y hechos del nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá: “ De todas formas, no estamos inactivos y en breve se pondrá en marcha la Comisión Mixta entre ambas entidades”, comenta a este periodista. Con Carnicer hablamos del momento que vive la abogacía en un entorno de crisis; de las tasas judiciales y de la reforma de la Justicia Gratuita, dos cambios legislativos en los que se percibe la poderosa mano del Ministerio de Economía y Competitividad, incluso por encima de la de Justicia. “No queremos que nos reintegren el dinero de las tasas judiciales que debería ir a Justicia gratuita, queremos que nuestros compañeros tengan la retribución digna, sin los atrasos que sufren”, comenta. Bajo su punto de vista pese a que queda poco tiempo a esta legislatura que ya camina por su último año, habría la posibilidad de consensuar las reformas por el procedimiento de urgencia y en Comisión Única, como se hizo con las tasas. Carnicer se muestra prudente con lo que dice y espera que las Tasas Judiciales sean pronto pasado en nuestra historia judicial.

Nuestro interlocutor confiesa que el impacto de las tasas judiciales y el efecto que producen en el ciudadano está siendo uno de los momentos más complicados de su gestión como presidente del CGAE. “Era el momento de movilizar a la abogacía, por primera vez en su historia, ante una ley injusta como es ésta de las Tasas Judiciales que quiebra algunos derechos fundamentales de nuestra Constitución como es el acceso a los tribunales y el derecho a una tutela judicial efectiva”, comenta Carlos Carnicer. Dicho esto señala la satisfacción que produce las movilizaciones que Colegios de Abogados y los propios abogados anónimos han llevado a lo largo de estos dos años. “Los barómetros revelan que los ciudadanos valoran mucho el trabajo de sus abogados y que si hemos salido a la calle ha sido para defender sus derechos dañados.”, apunta.

Hablamos con él en este 20N, día clave para este país por muchos motivos y fijado en rojo en nuestra abogacía ante la entrada en vigor de las tasas judiciales hace dos años. El presidente de los abogados atiende antes al compañero Carlos Capa con el que graba una pieza para Lawyerpress.tv donde el tema de conversación son las tasas. “Queremos que se deroguen las tasas judiciales suponen la violación a los derechos humanos de muchos ciudadanos”, comenta el presidente Carnicer. Es precisamente de las tasas el arranque de esta conversación donde no queda ningún tema por abordar.

 

Sr. Carnicer, en estos dos años convulsos de movilizaciones y protestas, ¿el cambio de Ministro en Justicia va a servir para algo realmente?

Hay un cambio de talante que es importante porque ahora se nos escucha y podemos dialogar sobre las próximas reformas. Ya es algo incluso que en abstracto anticipe algunas soluciones a los problemas de la justicia.

Para concretar que un acto político de trascendencia ha sido en estas negociaciones retomadas con Justicia al recuperar la Comisión Mixta entre ambas entidades ha sido la paralización de la tramitación de la reforma de la Justicia Gratuita, considerada como nociva por toda la abogacía.

Estamos ahora discutiendo los puntos de fricción de esa reforma que no son tantos y llegar a acuerdos concretos para que la reforma garantice la supervivencia de este modelo de Justicia Gratuita que en muchos países de nuestro entorno se ha importado.

 

Es otro talante, diferente al del Ministro saliente Gallardón.

No le quepa la menor duda y agradecemos ese nuevo enfoque y que se nos tenga en cuenta. No obstante en los últimos días alguna declaración del Ministro Catalá sobre la reforma de los Servicios y Colegios Profesionales nos preocupa.

Pensábamos que era competencia de Economía y no sabemos con qué texto nos podemos encontrar si mañana el Consejo de Ministros aprueba ese anteproyecto. Tenga en cuenta que es la abogacía, por su contacto directo con el ciudadano, quien más puede aportar en esta y otras reformas que ahora se están gestando.

 

¿Le preocupa esa reforma de los Servicios y Colegios Profesionales que ahora quiere aprobarse?

Si se está barajando el proyecto que conocimos estaremos ante una de las peores leyes de la democracia. En su contexto es una Ley Mordaza para los Colegios Profesionales. Su finalidad es controlar a los Colegios Profesionales. Es impensable que los Colegios con 20 euros de cuota mensual puedan sobrevivir.

No entendemos por qué se quiere condenar a los Colegios de Abogados a la desaparición con este cambio normativo con el buen papel que hacen en relación a la Justicia Gratuita y a salvaguardar  la deontología del abogado. Tampoco es buena idea que estas entidades colegiales pasen al control de una entidad pública que se desconoce cuál es.

Otra cuestión con la que no estamos es el eximir de la colegiación a aquellos abogados que no hacen tribunales; los que gestionan temas económicos muy sensibles. También prohíbe la reforma cobrar cuotas de acceso cuando la Directiva de Servicios lo autoriza y dice cómo hacerlo.  Esa división de la profesión entre abogados que litigan y no litigan no es muy afortunada.

 

El Ministro Catalá se ha dado de plazo hasta el 31 de diciembre para valorar el impacto de las tasas en los ciudadanos ¿Hace falta tanto tiempo? ¿Podemos esperar más?

Hay que hacerlo. Y le voy a decir porqué. Las leyes que están en cocción son tan malas y aviesas como que lo más prudente sea que se tramiten de forma concienzuda y oyendo a todas las partes implicadas.

Estamos padeciendo los efectos de una legislación inadecuada. Se ha improvisado mucho y no se han hecho las cosas bien en este sentido. Ahora el Ministro Catalá con el apoyo de los operadores jurídicos se ha propuesto sacar aquellas leyes que sean necesarias y con una calidad elevada.

 

Por cierto, le hago un inciso pero es que el Ministro saliente Gallardón ha dicho recientemente en una conferencia en ICADE que es consciente que las reformas de la justicia iban a generar problemas sociales…

No sé realmente a que se refiere el señor Gallardón. Pero sus intentos de reforma han dañado y mucho a la administración de Justicia como se puede comprobar.

Recuerdo que le invitamos al CGAE para que delante de los 83  decanos y consejeros de la entidad nos explicara sus líneas de acción. Incluso se comprometió a poner tasas en primera instancia, comentario que hizo de forma reiterada, añadiendo que la tasa en apelación sería poco elevada.

Sus promesas jamás cumplió. Para colmo en un país como el nuestro con escaso número de jueces, frente a otros países de la UE, puso en la calle a los 1.300 jueces y fiscales sustitutos que desempeñaban una gran labor en ese momento.

 

¿Qué perseguía Gallardón con este tipo de medidas, entonces?

No casa la regeneración de la justicia con este tipo de medidas que tomó Gallardón. No sabemos los verdaderos intereses del Ministro con las tasas o la imposición de costas bajo el criterio objetivo del vencimiento en la jurisdicción contenciosa-administrativa, lo que ha hecho que desciendan los pleitos en un 50 por ciento.  Tampoco es una buena la reducción del salario de los jueces en los últimos años.  Al final no es casualidad que todos los operadores  jurídicos estuvieran en contra de su política.

En este contexto a la abogacía no le quedó más que salir a la calle y manifestarse. Así se ha hecho a lo largo de estos dos años. Le recuerdo la manifestación de este verano de las Juntas de Gobierno de todos los Colegios de Abogados que vinieron a Madrid a solidarizarse y luchar por frenar la reforma de la justicia gratuita.

 

Pese a todo se puso en marcha una Comisión Mixta con Justicia que ahora se recupera.

Aún no han empezado los nuevos trabajos pero se iniciarán de inmediato. Sobre el trabajo pasado si resaltar que esa Comisión sacó adelante la prueba de examen de la primera promoción de abogados sobre acceso a la profesión después del Master, también el propio examen y se acercaron las distancias sobre la reforma de la Justicia Gratuita.

 

Volviendo a las tasas, el Ministro Catalá está muy obcecado en hacer un ajuste a la baja si se comprueba que las tasas son dañinas para el ciudadano. Así lo comentó en la Sectorial a los CCAA con competencias transferidas.

Ese planteamiento no nos vale a los abogados. Lo que le hemos planteado es la derogación de la Ley de Tasas. Incluso mucho antes que se lo plantearan el resto de las fuerzas políticas que salvo el PP advierten los problemas inherentes a esa aprobación al cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos. En su comparecencia primera en el Congreso el resto de los diputados así se lo pidieron al ministro.

 

Nadie duda, presidente Carnicer, que ese cambio de mentalidad en nuestros diputados es gracias a su trabajo de lobby entre ellos explicándoles el alcance de las tasas.

Eso fue lo que hicimos en varios momentos de este año y en seguida se dieron cuenta de la problemática de nuestras tasas judiciales. Esta cuestión nunca ha sido corporativa, como se ha pretendido comentar desde otros ámbitos. Privar a un ciudadano de su derecho a la justicia es una violación de los derechos humanos que es fundamental.

No podemos presumir de Estado de Derecho si estamos generando miles de asuntos donde se violan esos derechos. Por eso fuimos tan radicales desde el primer momento. En ese momento además muchos Colegios sufrían los retrasos en los pagos por el Turno de Oficio. Así ha pasado en la Comunidad Valenciana o Andalucía por citarle dos ejemplos claros.

En este contexto, el Gobierno de forma lamentable coloca a las tasas judiciales como la salvación de los abogados de Justicia Gratuita. Y asi venia reflejado en el ya famoso artículo 11 de la citada Ley de Tasas. Pese al  estado de necesidad de muchos compañeros no admitimos ese tipo de negociación.

 

Ahora que habla del dinero de las tasas judiciales ¿Van a reclamar esos 512 millones para que sufraguen la Justicia Gratuita?

No, para nada. Lo que queremos es que se regularice y mejore el funcionamiento de la Justicia Gratuita en nuestro país. No es tanto pedir estas cantidades como el dinero justo que se merecen los compañeros y compañeras del Turno de Oficio que ofrecen este tipo de servicios jurídicos sociales que son admirados en muchos lugares del mundo.

 

¿Y es cierto que detrás de las tasas judiciales, justicia gratuita y servicios profesionales, tres reformas que afectan a la abogacía, está la mano del Ministro de Guindos?

Es posible que así sea. El Ministerio de Economía y Competitividad es uno de los pilares fuertes de este Gobierno. Pese a ello tengo que decirle que confio en la habilidad del Ministro Catalá y en su buen hacer.

Le conocí personalmente cuando fue Secretario de Estado por el Ministro Michavila, en aquel entonces en Justicia. Logramos consensuar el modelo de juicios rápidos que hoy se conoce en la actualidad y también la lucha por la inhabilidad del sábado, al modificarse la LOPJ.

 

Analizando esta efeméride respecto a la del pasado año, donde sí hubo varias movilizaciones, da la sensación que ustedes han dado una tregua al Ministro Catalá.

Se puede pensar así aunque este año hay alguna actividad como la del mediodía en el que integrantes del CEAJ se concentran frente al Ministerio de Justicia. Hay que darse cuenta que el tema de tasas no está resuelto aún y se debe resolver.

No estamos inactivos, en el día de hoy también hay un evento con conocidos juristas, muchos de ellos activistas de las redes sociales, que van a contar su visión de la situación desde esta perspectiva.

 

De todas formas debe ser una satisfacción comprobar cómo abogados anónimos están ahí en la calle luchando por los derechos de los ciudadanos.

Es cierto, y es un orgullo para mí como presidente de todos los abogados saber que nuestro activo principal, el abogado nos responde en estas circunstancias.  Con ellos estamos contando para defender esta postura colectiva.

Igual pasó con los miembros de la Junta de Gobierno que vinieron a Madrid en un día caluroso de julio para manifestarse y defender los derechos de los ciudadanos. Es muy grato que compañeros y compañeras respondan a las llamadas de las instituciones.

 

El Ministro Catalá habla de determinadas reformas parciales para frenar la corrupción, un mal que asola nuestra sociedad. ¿Será suficiente para combatirla?

El momento de corrupción en nuestro país es inadmisible y requiere medidas urgentes.  La reflexión profunda es necesaria para atajar este mal. Es necesario mejorar el tratamiento legislativo y punitivo de nuestras leyes y, al mismo tiempo, centrarnos en la educación.

Las corruptelas no son realmente lo que son y si casos de corrupción. Es fundamental enseñarlos en la escuela. En los centros educativos hay que profundizar en valores como el esfuerzo por encima de las prebendas conseguidas de forma irregular.

 

En ese paquete de reformas se habla de la Ley de Transparencia, ¿Cómo cree que va a obligar a las instituciones este cambio normativo? ¿Y al propio CGAE?

Esperemos que ayude a mejorar el trato entre las administraciones públicas y los ciudadanos, cuestión que es necesaria para romper su escepticismo. A nivel del CGAE ya estamos trabajando para adaptarnos  a esos parámetros de transparencia que se nos exige. La abogacía quiere ser líder de la transparencia y del buen hacer profesional.

De todas formas nuestra entidad ya ha hecho algunas cosas importantes. Desde hace un par de años es miembro activo de la organización Transparencia Internacional; se ha puesto en marcha un turno de oficio de defensas pro bono y organizaremos dentro de unos días una jornada sobre este tema en el propio CGAE.

 

Finalizamos, presidente, le dejamos ahora disfrutar en este 20N ¿Qué espera de este fin de año que llega?

Se pondrá en marcha de nuevo la Comisión Mixta con Justicia y de ella esperamos consenso en algunas de las reformas.  Hay que darse cuenta que muchas de estas producciones legislativas se pueden tratar en Comisión Única y tramitarse por vía de urgencia. Así sucedió con las tasas judiciales, para nuestra desgracia.

A nuestro juicio, asuntos con el de las tasas o la imposición de costas por razón objetiva del vencimiento necesitan de una urgente revisión. Son elementos perversos que se deben eliminar del sistema.

En el caso de las costas se ha roto una jurisprudencia que ya estaba asimilada por el Supremo, no cabían costas en el contencioso por la desigualdad entre ciudadano y administración de justicia. Hay un gran desequilibrio.  Espero que el Tribunal Constitucional se pronuncie y lo repruebe. Y si ya se juntan con las costas el ciudadano desiste de la reclamación.

 

 

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