El pasado 7 de julio Eduardo Baena
tomó posesión como magistrado de la Sala Civil
del Tribunal Supremo. Era la cuarta vez que
optaba a la magistratura del Supremo y, en esta
ocasión, contó con el apoyo de 13 de los 21
vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Baena está llamado a ser uno de los
doce jueces que va a definir la doctrina del
Supremo en unos años decisivos de cambio social
y económico. Entre otras cuestiones, en el
horizonte se vislumbra la necesidad de dar
respuesta a algunas de las batallas legales más
intensas que se están librando en nuestros
juzgados en materia bancaria. Ahora están
llegando al Alto Tribunal algunos casos sobre
productos financieros (preferentes, swaps,
estructurados) que requieren que el Supremo
perfile el contenido de una normativa (MiFID)
que se encuentra incorporada en nuestra Ley del
Mercado de Valores desde diciembre de 2007.
Eduardo Baena es hijo de juez y desde
los 12 años tenía claro que él quería seguir sus
pasos. En varias ocasiones ha declarado que,
además de la vocación, también ha heredado de su
padre el “sentido de rectitud” y el valor de la
libertad para ser ejercida con responsabilidad.
Cuenta con una antigüedad de 37 años en la
judicatura y desde el año 2000 ha sido el
presidente de la Audiencia Provincial de
Córdoba, su tierra natal. Ahora afronta en el
Supremo un mandato de algo menos de cinco años
hasta su jubilación. Tiempo suficiente para
moldear la jurisprudencia que va a acabar de
definir las reglas de juego en el sector
financiero y otras áreas del tráfico jurídico.
Baena ha sido ponente de sentencias
dictadas en recursos de apelación en materia de
familia, sucesiones, derecho hipotecario y
registral, edificación, propiedad horizontal,
sociedades mercantiles y daños, entre otras. Por
su trayectoria, es de esperar que su foco de
atención se centre más en materias civiles. No
obstante, los últimos pronunciamientos del
Supremo sobre productos financieros se están
haciendo por medio de sentencias del Pleno. Por
ello previsiblemente su voz se escuchará en las
deliberaciones. Sin ir más lejos, Baena ha
firmado junto al resto de magistrados las dos
recientes sentencias de 8 y 9 de septiembre de
2014 sobre preferentes.
Este juez no ha tenido inconveniente
en pronunciarse sobre las materias más
controvertidas de la actualidad como las tasas
judiciales, las huelgas de jueces o la gestión
del ‘caso Bretón’ (tramitado ante la Audiencia
Provincial que él presidía). Algunas de sus
opiniones están lejos de ser políticamente
correctas. En materia de vivienda, Baena
considera “modélica” la ley hipotecaria y
resalta que ha permitido que “grandes capas
de las clases medias -entre las que me
encuentro- hoy tengamos vivienda en propiedad,
cuando nuestros padres eran arrendatarios”.
No obstante, el juez reconoce que estamos
viviendo un “problema social gravísimo” y
que la regulación procesal ha generado problemas
de protección. Baena defendía una modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir
en los desahucios un trámite para debatir las
cláusulas abusivas antes de que el Tribunal
Europeo se pronunciara sobre el caso Aziz
y el Congreso modificara la regulación del
ejecutivo hipotecario.
En el puñado de sentencias que ha
dictado como ponente en materia financiera
encontramos algunas pistas interesantes sobre
cuál puede ser su criterio jurídico en el
Tribunal Supremo. Baena califica las
participaciones preferentes como “un producto
financiero que presenta altos niveles de riesgo
y complejidad” y lamenta que, en los últimos
tiempos, “hemos asistido a la
comercialización generalizada del mismo que
personas que carecen de aquellos conocimientos
financieros”. En materia de swaps, el
nuevo magistrado del Supremo centra bien el
origen del problema y manifiesta que
“posiblemente una de las cuestiones por las que
este contrato ha adquirido un gran protagonismo
litigioso es porque se ha desnaturalizado su
concepción original”, ya que ha pasado de
ser utilizado entre grandes empresas “a ser
comercializada de forma masiva entre clientes
minoristas, fundamentalmente entre personas
físicas y pequeñas y medianas empresas”.
Sin embargo, las principales dudas
surgen sobre cuál es el grado de protección que
concederá a los clientes bancarios. En
particular, en su argumentación contrapone los
“particulares o microempresarios” a los
“empresarios sociales (sociedades mercantiles
de capital o cooperativas)”. Esta distinción
puede generar cierta incertidumbre sobre dónde
sitúa el juez Baena el umbral de máxima
protección del ordenamiento, ya que las
sociedades de capital habitualmente son
‘clientes minoristas’, y la Ley del Mercado de
Valores no introduce subcategorías. El tiempo
dirá cómo se acaba de posicionar sobre esta
cuestión.
En cualquier caso, parece ser un juez
vocacional y ambicioso, cauto, con conciencia
social pero alejado del activismo judicial, con
un alto sentido de la exigencia y un marcado
respeto por la ley. Al saber que había sido
elegido para el Supremo, manifestó: “la vida
me cambia. Es una gran responsabilidad”. Sin
duda lo va a ser. Todo un desafío para un juez
que va a tener que definir el nuevo paisaje
jurisprudencial en unos tiempos convulsos.
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