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Una nueva voz en el Supremo para los productos bancarios
MADRID, 24 de OCTUBRE de 2014 - LAWYERPRESS

Por Pablo Franquet. Asociado de Litigación de Jausas

Pablo Franquet. Asociado de Litigación de JausasEl pasado 7 de julio Eduardo Baena tomó posesión como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Era la cuarta vez que optaba a la magistratura del Supremo y, en esta ocasión, contó con el apoyo de 13 de los 21 vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Baena está llamado a ser uno de los doce jueces que va a definir la doctrina del Supremo en unos años decisivos de cambio social y económico. Entre otras cuestiones, en el horizonte se vislumbra la necesidad de dar respuesta a algunas de las batallas legales más intensas que se están librando en nuestros juzgados en materia bancaria. Ahora están llegando al Alto Tribunal algunos casos sobre productos financieros (preferentes, swaps, estructurados) que requieren que el Supremo perfile el contenido de una normativa (MiFID) que se encuentra incorporada en nuestra Ley del Mercado de Valores desde diciembre de 2007.

Eduardo Baena es hijo de juez y desde los 12 años tenía claro que él quería seguir sus pasos. En varias ocasiones ha declarado que, además de la vocación, también ha heredado de su padre el “sentido de rectitud” y el valor de la libertad para ser ejercida con responsabilidad. Cuenta con una antigüedad de 37 años en la judicatura y desde el año 2000 ha sido el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, su tierra natal. Ahora afronta en el Supremo un mandato de algo menos de cinco años hasta su jubilación. Tiempo suficiente para moldear la jurisprudencia que va a acabar de definir las reglas de juego en el sector financiero y otras áreas del tráfico jurídico.

Baena ha sido ponente de sentencias dictadas en recursos de apelación en materia de familia, sucesiones, derecho hipotecario y registral, edificación, propiedad horizontal, sociedades mercantiles y daños, entre otras. Por su trayectoria, es de esperar que su foco de atención se centre más en materias civiles. No obstante, los últimos pronunciamientos del Supremo sobre productos financieros se están haciendo por medio de sentencias del Pleno. Por ello previsiblemente su voz se escuchará en las deliberaciones. Sin ir más lejos, Baena ha firmado junto al resto de magistrados las dos recientes sentencias de 8 y 9 de septiembre de 2014 sobre preferentes.

Este juez no ha tenido inconveniente en pronunciarse sobre las materias más controvertidas de la actualidad como las tasas judiciales, las huelgas de jueces o la gestión del ‘caso Bretón’ (tramitado ante la Audiencia Provincial que él presidía). Algunas de sus opiniones están lejos de ser políticamente correctas. En materia de vivienda, Baena considera “modélica” la ley hipotecaria y resalta que ha permitido que “grandes capas de las clases medias -entre las que me encuentro- hoy tengamos vivienda en propiedad, cuando nuestros padres eran arrendatarios”. No obstante, el juez reconoce que estamos viviendo un “problema social gravísimo” y que la regulación procesal ha generado problemas de protección. Baena defendía una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir en los desahucios un trámite para debatir las cláusulas abusivas antes de que el Tribunal Europeo se pronunciara sobre el caso Aziz y el Congreso modificara la regulación del ejecutivo hipotecario.

En el puñado de sentencias que ha dictado como ponente en materia financiera encontramos algunas pistas interesantes sobre cuál puede ser su criterio jurídico en el Tribunal Supremo. Baena califica las participaciones preferentes como “un producto financiero que presenta altos niveles de riesgo y complejidad” y lamenta que, en los últimos tiempos, “hemos asistido a la comercialización generalizada del mismo que personas que carecen de aquellos conocimientos financieros”. En materia de swaps, el nuevo magistrado del Supremo centra bien el origen del problema y manifiesta que “posiblemente una de las cuestiones por las que este contrato ha adquirido un gran protagonismo litigioso es porque se ha desnaturalizado su concepción original”, ya que ha pasado de ser utilizado entre grandes empresas “a ser comercializada de forma masiva entre clientes minoristas, fundamentalmente entre personas físicas y pequeñas y medianas empresas”.

Sin embargo, las principales dudas surgen sobre cuál es el grado de protección que concederá a los clientes bancarios. En particular, en su argumentación contrapone los “particulares o microempresarios” a los “empresarios sociales (sociedades mercantiles de capital o cooperativas)”. Esta distinción puede generar cierta incertidumbre sobre dónde sitúa el juez Baena el umbral de máxima protección del ordenamiento, ya que las sociedades de capital habitualmente son ‘clientes minoristas’, y la Ley del Mercado de Valores no introduce subcategorías. El tiempo dirá cómo se acaba de posicionar sobre esta cuestión.

En cualquier caso, parece ser un juez vocacional y ambicioso, cauto, con conciencia social pero alejado del activismo judicial, con un alto sentido de la exigencia y un marcado respeto por la ley. Al saber que había sido elegido para el Supremo, manifestó: “la vida me cambia. Es una gran responsabilidad”. Sin duda lo va a ser. Todo un desafío para un juez que va a tener que definir el nuevo paisaje jurisprudencial en unos tiempos convulsos. 

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