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Rechazo
en
pleno
de
la
oposición
del
uso
de
los
decretos
leyes,
forma
ilegal
y
tramposas
de
modificar
las
leyes
desde
su
punto
de
vista
 Se
confirmaron
las
más
negras
previsiones
para
nuestra
democracia.
Y en
la
mañana
tórrida
de
ayer
la
Comisión
de
Economía
del
Congreso
de
los
Diputados
dio
luz
verde,
con
el
único
voto
a
favor
del
PP,
al
proyecto
de
ley
de
medidas
urgentes
para
el
crecimiento
económico,
http://goo.gl/wksJwD,
que
afecta
a
cerca
de
una
treintena
de
normas.
El
decreto
entró
en
vigor
el 5
de
julio,
un
día
después
de
su
aprobación
por
el
Consejo
de
Ministros,
y
fue
convalidado
cinco
días
después
por
el
pleno
del
Congreso
con
el
rechazo
de
toda
la
oposición.
Así,
los
grupos
han
tenido
poco
más
de
un
mes
para
presentar
enmiendas
y
debatirlas.
Ahora
el
Tribunal
Constitucional
tendrá
que
examinar
el
recurso
que
PSOE,
Izquierda
Plural
y
UPYD
interpusieron
por
pensar
que
este
tipo
de
práctica
vulnera
de
nuestra
esencia
democrática
calificándolo
de
ilegal
y
tramposo
a la
hora
de
modificar
nuestra
legislación.
Esta
nueva
normativa,
fuertemente
discutida
por
la
oposición
en
su
trámite
parlamentario,
proyecto
de
ley
de
medidas
urgentes
para
el
crecimiento
económico,
modifica
una
treintena
de
leyes,
fue
en
la
mañana
de
ayer
aprobada
en
comisión
con
competencia
legislativa
plena,
lo
que
implica
que
será
remitida
directamente
al
Senado
sin
tener
que
pasar
por
el
Pleno
de
la
Cámara
Baja.
El informe
elaborado
por
la
ponencia
ha
sido
aprobado,
en
una
votación
de
ocho
bloques
(incluyendo
internacionalización;
aviación,
puertos
y
sector
ferroviario;
energía;
empleo;
medidas
fiscales;
carrera
militar
y
Guardia
Civil;
registro
civil;
relaciones
financieras
con
la
UE y
otras
materias),
con
la
inclusión
de
32
enmiendas,
parte
de
ellas
transaccionales
en
la
Comisión
de
Economía
y
Competitividad.
Una vez
aprobado
en
la
Comisión
de
Economía
y
Competitividad,
con
competencia
legislativa
plena,
continuará
su
tramitación
en
el
Senado.
Durante
su
paso
por
el
Congreso,
el
texto,
que
el
PP
aceptó
tramitar
como
proyecto
de
ley
y
ante
el
que
los
grupos
de
la
oposición
han
presentado
más
de
400
enmiendas,
no
ha
sufrido
modificaciones
sustanciales.
Durante
el
trámite
en
Comisión,
con
competencia
legislativa
plena
y
presidida
por
el
'popular'
Ovidio
Sánchez,
se
han
aprobado
alrededor
de
40
enmiendas
que
modifican
el
texto,
más
de
una
decena
pactadas
entre
todos
los
grupos
y
algunas
de
otras
formaciones
políticas.
La ley
contiene
decenas
de
actuaciones
que
persiguen
profundizar
en
la
liberalización
de
horarios
comerciales,
limitan
las
comisiones
de
los
pagos
con
tarjeta,
bonifican
la
contratación
de
jóvenes,
bajan
las
retenciones
fiscales
a
los
autónomos
con
menores
rendimientos
y
ceden
la
gestión
del
Registro
Civil
a
los
registradores
mercantiles,
entre
otras.
El PP
ha
acordado
enmiendas
transaccionales
con
varios
grupos
sobre
cuestiones
calificadas
por
éstos
de
menores
o
técnicas
y
que
han
sido
aprobadas,
junto
a
algunas
de
las
enmiendas
presentadas
desde
la
oposición
y el
informe
de
la
ponencia,
en
una
votación
que
se
ha
prolongado
durante
más
de
una
hora.
El decreto
entró
en
vigor
el 5
de
julio,
un
día
después
de
su
aprobación
por
el
Consejo
de
Ministros,
y
fue
convalidado
cinco
días
después
por
el
pleno
del
Congreso
con
el
rechazo
de
toda
la
oposición.
Así,
los
grupos
han
tenido
poco
más
de
un
mes
para
presentar
enmiendas
y
debatirlas.
Posteriormente,
PSOE,
La
Izquierda
Plural
y
UPyD
recurrieron
el
texto
ante
el
Tribunal
Constitucional,
que,
junto
al
resto
de
la
oposición,
han
criticado
que
modificaciones
tan
importantes
como
las
contenidas
en
el
texto
legal
hayan
sido
tramitadas
con
tal
urgencia.
Ese
ha
sido
el
fondo
del
recurso
que
han
interpuesto
ante
este
Alto
Tribunal.
Recordemos
que
t
ras
registrar
el
recurso
en
el
Alto
Tribunal,
el
también
diputado
Antonio
Pradas
manifestó
a
los
periodistas
que
el
'decreto
ómnibus'
"es
un
"atropello
del
Grupo
Popular
en
el
Congreso"
y
"pone
de
manifiesto
cuál
es
la
forma
de
actuar
de
la
derecha
en
España".
"Hay
que
tener
en
cuenta
que
el
40%
de
la
normativa
que
se
ha
aprobado
en
esta
legislatura
es
una
normativa
por
la
vía
de
urgencia,
cuando
hay
un
partido
que
tiene
mayoría
y
que
no
tendría
necesidad
de
utilizar
estos
métodos
extraordinarios
de
esta
forma
tan
habitual",
dijo.
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