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JUSTICIA
Los fiscales muestran su malestar por las declaraciones de políticos que ponen en tela de juicio el buen hacer de jueces y fiscales en muchos procedimientos abiertos de cierto tinte mediático. Duro comunicado el último que ha emitido la Unión Progresista de Fiscales hace unos días sobre la situación de nuestra justicia. De insostenible califican la situación actual con una “ansiedad legislativa que no es bueno para nadie, se ponen en marcha muchos proyectos pero pocos cuajan, explica Alvaro García portavoz nacional a este periodista. Desde esta asociación, minoritaria en el Consejo Fiscal, organismo que dirige la carrera fiscal, se muestra la disconformidad con la reforma de la LOPJ que no tiene en cuenta el papel del fiscal y se valora positivamente el esfuerzo del propio Consejo Fiscal en su nueva andadura. “ hay que apostar por la especialización y por la agilidad en la investigación por encima de todo y la LOPJ no va por ahí”, comenta. De momento no hay medidas previstas, como si parecen tenerlas las asociaciones judiciales, en el caso de que esta reforma se tramite en el Parlamento. A nadie se le oculta que las reformas en nuestra justicia son necesarias “ sin embargo se percibe en el ambiente que estas medidas no gustan a nadie. “ comenta el portavoz nacional de UPF. Para este jurista no es bueno la ansiedad legislativa que tiene nuestro país que genera más ruido que textos normativos concretos. Al mismo tiempo su organización señala la desconsideración del Ministro Gallardón con la carrera fiscal “ creo que lo pensamos todos los fiscales. En la época de Conde Pumpido teníamos más reconocimiento y teníamos alguna potestad, había un sentido en lo que se hacía de forma legislativa, pero ahora vemos que el Ministerio no nos toma en cuenta. Tenemos la sensación de estar siendo desaprovechados”, subraya. Para este experto los fiscales no pueden tener la estructura del cuerpo de Abogados del Estado al ser dos colectivos diferentes. Garcia contesta con rapidez cuando le preguntamos cuál es la relación de su asociación con el propio Ministro Gallardon. “No hay ninguna”, señala. Y reconoce que respetan el pacto de un grupo de asociaciones de no tener contacto con el propio Gallardon pero que tampoco el propio dirigente ha mostrado mucho interés. “Sabemos que tuvo una reunión testimonial con AF, Asociación de Fiscales, pero la verdad es que no hay la relación que debería existir”, apunta. Este dato llama la atención cuando se conoce la amistad del Ministro Gallardón, fiscal de carrera, con el propio Eduardo Torres-Dulce, actual FGE, pero pese a ello, no fluye el intercambio de opiniones entre los fiscales y el Ministro de Justicia. En ese comunicado se valora bastante negativamente el anteproyecto de la LOPJ, siguiendo el propio informe del Consejo Fiscal que realizó para esta futura norma: ”nuestra presencia en la reforma es escasa pese a que tenemos un peso importante específico en el Título VI del Poder Judicial de nuestra Constitución. Hubiera sido la oportunidad de reformar el proceso penal con una ley que ayudara a agilizar este procedimiento”, aclara. Tampoco le gusta la instrucción colegiada y advierte que el modelo territorial que se busca es equivocado. “hay que apostar por la especialización y por la agilidad en la investigación por encima de todo y la LOPJ no va por ahí”. Alvaro también muestra su sorpresa que esta reforma no venga acompañada de una nueva Ley de Planta y Demarcación. “La ley plantea unas cuestiones muy complicadas de resolver en la práctica. Acabar con los partidos judiciales y quedarte con la provincia y su partido eso es solo aplicable en determinadas localidades pero complejo de desarrollar en lugares como Galicia o Andalucía. Falta valentía para haber desarrollado la citada Ley de Planta”, comenta. Respecto a los informes del Consejo Fiscal, el portavoz del UPF señala que hay cierta sintonía en varios de los informes que ha hecho esta entidad “creo que la entidad va mejorando en transparencia pese a la escasez de medios que tiene. Poca gente sabe que los informes y las actas de las reuniones son redactados por los propios fiscales del Consejo. No tienen personal asignado para realizarlo y se mueven lo mejor posible para defender los intereses de nuestra carrera”. De estos informes, Alvaro García que mantienen acuerdo importante sobre el informe que el anterior Consejo Fiscal realizó sobre la futura Ley de Seguridad Ciudadana, calificado por muchos expertos como Ley Mordaza por sus restricciones. “Sin embargo en el informe del anteproyecto de la reforma del aborto dimos un voto alternativo. No nos gustaba y planteamos ese voto particular. Creo que pese a estar en minoría en el Consejo Fiscal estamos plantando cara como oposición y contrapeso”, subraya. También los fiscales muestran su malestar por las declaraciones de políticos que ponen en tela de juicio el buen hacer de jueces y fiscales en muchos procedimientos abiertos de cierto tinte mediático. Sobre el caso de la fiscalía de Madrid, con problemas de organización porque el nuevo fiscal superior provincial quiere cambiar el método de trabajo de todos los fiscales pese a que los mismos señalaron su oposición, García señala que “en estos momentos el Consejo Fiscal está muy encima para saber si el nuevo reparto que se plantea en Madrid es el adecuado. Nosotros nos preguntamos porque debe cambiar su forma de trabajar si antes no daba problemas”, señala. Con la ley en la mano el Fiscal Jefe tiene competencia plena para hacer lo que quiera, cuestión que preocupa a la UPF “debería buscarse cierto consenso con la plantilla, a parámetros de equidad que redundase en un funcionamiento eficaz de la fiscalía” añade.
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