MARKETING

COMUNICACIÓN

INTERNET

FORMACIÓN

RRHH

PUBLISHING & EVENTS

DIRECTORIO

PORTADA

Noticias de Despachos

Operaciones

Vida Colegial Comunidad Legal Sistema Judicial Internacional
Arbitraje Mediación TIC Abogados Jóvenes Entrevistas Colaboraciones/Opinión Reportajes Agenda BLOGS LP emprende

LP emprende

 
La tutela judicial, en peligro: La muerte de una certeza
MADRID, 11 de ABRIL de 2014 - LAWYERPRESS

Por Mariángeles Berrocal, Funcionaria de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

La tutela de los jueces y tribunales que consagra la Constitución en su artículo 24 lleva adosado el adjetivo de “efectiva”. Todas las personas, dice la Carta Magna, tenemos derecho a esa tutela, y está prohibida la indefensión.

Esa certeza jurídica es el pilar del ejercicio de todos los demás derechos, y estamos de luto. Las reformas del Ministerio que de manera tan obcecada dirige Gallardón son un ataque frontal a esa garantía. Cual Napoleón diseñando una estrategia ministerial, ha ido ganando el Ministro posiciones para que el acceso a los juzgados y tribunales quede vacío de contenido, mientras los operadores jurídicos asisten atónitos al final de una época.

Así, primero encareció el acceso mediante la Ley de Tasas, de modo que sólo quien pueda pagarlas tiene asegurado el proceso entero, en todas sus instancias. Los demás, según su peculio: la segunda instancia es un lujo. “No pleitees por encima de tus posibilidades”, nos dicen.

Entretanto, aleja los juzgados de los ciudadanos, dibujando una nueva planta judicial aterradoramente cercana al siglo XIX, eliminando partidos judiciales. De modo que, cuando consiga usted tener dinero para el abogado, el procurador y las tasas, rece para que su partido judicial sea de los que se mantienen. “Si no tiene juzgado cerca no pleitees”, insisten.

A la par, y por si se nos ocurre alegar pobreza para litigar, limita el uso del turno de oficio: usted sólo puede acudir a él tres veces al año. Como si también fuese un capricho contestar a las demandas que a uno le interpongan. “Si te portas bien, no te divorcias, ni te desahucian, ni te reclaman pagos, no tendrás problemas”, nos explican.

Y así, burla burlando, también pasan por encima del derecho a que te juzgue el juez predeterminado por la ley –es decir, no uno que se elija especialmente- de modo que si te ves envuelto en una “causa de especial trascendencia”, no te instruirá el asunto un juez, sino tres. “Que para eso tenemos tantos”, explica el Ministerio. Eso sí, los aforamientos no sólo se mantienen, se amplían.

Para que sus Señorías los jueces no tengan tiempo de redactar farragosas cuestiones de inconstitucionalidad, se eliminan los jueces sustitutos, que total, los asuntos pendientes van a bajar porque los pobres, que son los que tienen la manía compulsiva de pleitear, como es sabido, estarán fuera del sistema.^
Por si alguien no se rinde, habrá que recordar que el Tribunal Constitucional ha dicho siempre que la idea de indefensión engloba, entendida en un sentido amplio, a todas las demás violaciones de derechos constitucionales que puedan colocarse en el marco del artículo 24 CE.

La indefensión existe siempre que se priva o limita los medios de defensa producida en el seno de un proceso, es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales.

Ahora el ataque es el más grave: tener materialmente vedado el acceso a la Justicia.

Si este país tuviera una oposición que hiciera los deberes, alguien debería estar preguntando todos los días, a todas horas, dónde se ha invertido lo recaudado con las tasas judiciales, que, en teoría, están destinadas única y exclusivamente a modernizar la Justicia. Por si lo de “modernizar” se nos va de las manos, lo que sí han dejado dicho es que los funcionarios y los que acudan a los Juzgados deben vestir con decoro. “Una cosa es ser pobre y otra venir vestido de cualquier manera”, han señalado.

Si este país escuchara a los sectores profesionales, alguien debería estar recogiendo las denuncias ininterrumpidas de los Jueces Decanos sobre cómo se está desmontando la garantía de todos los derechos: el poderlos ejercer ante un juzgado.

Si este país tuviera una ciudadanía más consciente, las protestas por lo que exponemos no sería sólo cuestión de abogados.

Se nos llena la boca de Constitución mientras mueren las certezas jurídicas.
 

 

 

 

 

Buscar en lawyerpress.com

 

Suscribirse a nuestro Boletín semanal

 

 

 
Nosotros  /  Contacto  / MARKETING  / COMUNICACIÓN  / INTERNET  / DIRECTORIO DE BUFETES 

copyright, 2014 - Strong Element, S.L.  -  Peña Sacra 18  -  E-28260 Galapagar - Madrid  -  Spain -  Tel.: + 34 91 858 75 55  -  Fax: + 34 91 858 56 97   -   info@lawyerpress.com  -  www.lawyerpress.com - Aviso legal