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Es evidente que en una legislatura no se puede lograr modernizar de forma plena la Administración de Justicia. De todas formas confiemos que las reformas estructurales se perfilen y ejecuten ahora, para su culminación en la siguiente legislatura”. Este es el planteamiento de Pablo Llarena, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, y desde hace más de un año, presidente de la APM, (Asociación Profesional de la Magistratura). Con él hemos mantenido una interesante conversación donde además de hablar de las reformas de la justicia comentamos el nuevo CGPJ, el problema de las tasas judiciales y la organización de nuestro sistema judicial. Llarena prefiere no valorar la labor de Gallardón como Ministro de Justicia, como hicieron sus colegas de otras asociaciones y señala al respecto que “Nosotros siempre hemos defendido que los veinte vocales del CGPJ, tal y como viene establecido en la Constitución, por la trascendencia de la función que se les encomienda, sean personas que se dediquen a ese menester a tiempo completo.” En primera persona “La Asociación Profesional de la Magistratura es una entidad que agrupa a la mayor parte de magistrados del país. En estos momentos contamos con 1400 asociados, jueces y magistrados. Somos una asociación profesional y eminentemente técnica. Nuestras propuestas tienen siempre ese marchamo profesional , sin consideraciones políticas de ningún término. Siempre buscan la mejora de la justicia como es su principal transfondo. A este respecto estamos muy pendientes de las reformas del Gobierno, como pudieran ser la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ofrecer nuestras aportaciones sobre ese texto legislativo. La idea que es que este proyecto de ley sea eficaz para todos los ciudadanos. No hay nadie como los jueces para saber los problemas que desde el punto de vista práctico tienen los tribunales. Nuestras aportaciones tienen el respaldo de esos 1.400 profesionales que apuestan por nuestra asociación. A lo largo de este año hay diversos eventos de interés. Durante el mes de abril una jornada sobre Responsabilidad Civil y Seguros, un tema de gran actualidad. Y en el próximo mes de junio un encuentro que le hemos llamado Foro de Derecho Mercantil en Alicante. Estos eventos responden a otra actividad de la asociación. Además de colaborar y dar su opinión en materia de reformas o planteamientos que mejoren nuestra justicia organiza actividades de este tipo para que los propios jueces puedan actualizar sus conocimientos. Ahí el papel de la Fundación de la Magistratura es importante.” Sr Llarena, diferentes acontecimientos han colocado a los jueces en primer plano. ¿Es eso bueno realmente? Realmente lo que tiene que ser noticia son aquellas materias resueltas por los jueces. Nuestro trabajo es resolver asuntos de derecho privado o económicos, de escasa trascendencia pero no son pocas veces cuando debatimos derechos esenciales de la ciudadanía. Esto es lo que tiene que hacer trascendente a un juez y no su posición personal. ¿Le han sorprendido las declaraciones del presidente del CGPJ y del Supremo donde señala que a los jueces hay que tratarlos con el palo y la zanahoria? Cualquiera persona que se acerque a esa entrevista interpreta de forma clara lo que el presidente del CGPJ quería decir. El presidente lo que está contando es que los jueces son susceptibles de presión o de intentar ser presionados a través de la promoción profesional y las sanciones disciplinarias. Precisamente para evitar ese riesgo que se pueda intentar manipular a los jueces de una determinada manera es por lo que la Constitución crea el CGPJ y atribuye esas decisiones a un órgano independiente del poder político. Eso es lo que decía, aunque es verdad que el ejemplo que puso era una forma desconsidera con la propia independencia judicial y la propia figura de los jueces. Expresó bien la idea pero el ejemplo fue justamente criticable. ¿Le parece apropiado este nuevo modelo de CGPJ, con menos competencias y una composición diferente a los anteriores? Este modelo actual de funcionamiento con una Comisión Permanente y el resto de vocales que compatibilizaran su trabajo con su actividad profesional, ya se defendía de algunas asociaciones judiciales no era el caso de nuestra asociación. Nosotros siempre hemos defendido que los veinte vocales que vienen establecidos en la Constitución, por la trascendencia de la función que se les encomienda, sean personas que se dediquen a ese menester a tiempo completo. ¿Cree entonces que con esta composición podrá afrontar con garantías lo que se le exige de él? Es evidente que habrá quince vocales que le dedicarán menos tiempo a la institución. Con ello el CGPJ tiene menos capacidad de actuación, con la citada Comisión Permanente de cinco miembros que con todos sus vocales trabajando de forma plena en su tiempo. De todas formas hay que señalar que las decisiones más trascendentes del CGPJ, tanto en la aprobación de reglamentos, nuevos nombramientos e imposición de sanciones son decisiones adaptadas por el Pleno. El trabajo más de día a dia, cotidiano será de la Comisión Permanente de la que hemos hablado Hablaba de esas sanciones a jueces que no hagan bien su trabajo, ¿Le parece apropiada la figura del Promotor de Acción Disciplinaria, medida introducida nueva por el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes? La idea de esta nueva figura pretende profesionalizar esta función. Anteriormente la llevanza de un expediente a juez se encomendaba a diferentes jueces, en algunos casos no tenían experiencia en estos temas, eso generó en no pocas ocasiones que el Tribunal Supremo llegase a anular esa acción por errores de forma. Con este Promotor de Acción Disciplinaria se pretende que esos expedientes recaigan en una persona. Sabemos de su perfil que es miembro de la carrera judicial, con categoría del Tribunal Supremo y aspira a que se lleven esos expedientes con profesionalidad y sin errores. Parece una buena medida la que se ha tomado. Los primeros interesados en que estos trámites se hagan de forma correcta y con algún criterio somos nosotros. Dentro de unos días se va a convocar un proceso de selección para cubrir 64 plazas de jueces en todo el territorio español, ¿Qué cantidad de jueces necesita nuestro país para tener una plantilla adecuada? Es evidente que se necesitan más jueces en España. El número que realmente se requiere depende de una seria de variables. Hay que tener en cuenta elementos como el número de procedimientos que ingresan para ser resueltos. Otro es el número de recursos que el ordenamiento jurídico reconoce a cada decisión. También hay que contar con la concentración de las decisiones judiciales en cada procedimiento; los instrumentos que utilizan los jueces para abordar esos procesos, en cuanto a personal o herramientas informáticas. En función de estos elementos la ecuación se resolverá con mayor numero de jueces. Es fundamental que los jueces tengan las herramientas adecuadas para hacer su trabajo con sosiego. No creo que haga falta contrataciones masivas de jueces, cuestión que no se ha hecho en ningún estado europeo. Es evidente que con la nueva figura de los tribunales de instancia quizás se pudiera mejor racionalizar los recursos de nuestra justicia… Es evidente que introducirá mejoras en la gestión de nuestra justicia. Solamente conocemos el trazo grueso de esta reforma que plantea el Ministerio. Nos parece adecuada la modificación estructural del funcionamiento de nuestra justicia y del poder judicial. Los Tribunales de Instancia de cara a los ciudadanos tendría una ventaja indudable. Y es que todos los ciudadanos independientemente donde residan tendrían la misma calidad de justicia, en cuanto a la especialización de los jueces y respecto a los instrumentos auxiliares con los que cuentan los jueces. Para los jueces, esta medida permitiría una mayor eficiencia en el trabajo que desempeñamos a diario. Permitiría que nos pudiéramos especializar por materias y con eso dar una respuesta más profunda al ciudadano, sin necesidad de estar como ahora formado y preparado en todas las materias jurídicas. Hace un año el Ministerio de Justicia tomó la decisión de prescindir de un colectivo amplio de jueces sustitutos. Medida para la que no se planteó recambio. ¿Fue una medida acertada? Hay que decir que entre los jueces sustitutos que había en España existían muy buenos profesionales. Todos los Estados, y nuestro país no es una excepción, estableció unos mecanismos para ver que profesionales son capaces para ejercer la función jurisdiccional. La medida venía a restringir la presencia de esas personas que no habían pasado por esos controles de capacitación, cuestión que veníamos inconveniente. Creemos que ejercer la función judicial de forma interina o temporal es un menoscabo para la independencia de los jueces. Puede ser un elemento susceptible de manipulación. Eso justificaría esa medida. Sin embargo, su protesta por sentirse discriminados frente a los otros jueces ha llegado a Bruselas donde se estudia su queja… Desde un punto de vista profesional es lógico que defiendan sus intereses al sentirse perjudicados y busquen la forma de corregir esta situación a su favor. Con estas leyes que tenemos, Sr Llarena, ¿ustedes los jueces pueden combatir la corrupción de forma adecuada? Creo que la ciudadanía tiene que estar satisfecha con la judicatura española. Está desempeñando su cometido con absoluta responsabilidad frente a los casos de corrupción que desestabilizan el propio sistema democrático. Es cierto que la corrupción se instala tanto en el sector público como en el privado. Parece como si un sector impulsara a otro. Les digo a los ciudadanos que nos ponga a prueba, es decir, que si tienen conocimiento de un supuesto de este tipo lo ponga en conocimiento de un juez y confié en nuestros tribunales de justicia. Si tuviéramos los medios precisos para ejercer nuestra función habría algunos asuntos que se solucionarían antes. De todas formas, el nivel de celeridad de nuestro país es similar a otros países de nuestro entorno. Desde fuera da la sensación que los políticos se escudan en el mal funcionamiento de la justicia para hacer y deshacer a su antojo… Es posible que así sea, pero no solo políticos sino también algunas personas con ciertos intereses del sector privado que se aprovechan de la lentitud de la justicia. Hay que darse cuenta que muchas veces los propios mecanismos del proceso hacen que éste sea más lento de lo habitual. En todo caso, los jueces y magistrados españoles son conscientes de en que casos el transcurso del tiempo puede generar perjuicios añadidos. Y en la medida que el ordenamiento jurídico lo permite utilizan las compensaciones precisas, bien sea a través de medidas cautelares o aseguramientos preventivos. Sin embargo, llevamos hablando veinte años de las reformas de la justicia y éstas no llegan… La verdad es que llevamos diez legislaturas democráticas y la justicia en nuestro país no ha alcanzado el nivel de evolución que todos queremos. Pese a ello el funcionamiento de los tribunales españoles no es malo, en relación a países de nuestro entorno. SI es verdad que las reformas deben aportar medios e instrumentos para que los jueces y magistrados hagan mejor su trabajo. Se tiene que producir. ¿Qué valoración puede hacer de los proyectos legislativos que impulsa ahora el Ministro Gallardón? No podemos generalizar en esta respuesta. Hay algunos de estos proyectos que han tenido una fuerza contestación pública, en ese sentido los sondeos de opinión deberían señalar porque se ha llegado a ese posicionamiento y no mi punto de vista. También hay que darse cuenta que vivimos una legislatura con una crisis profunda, eso hace que esos análisis de la opinión pública sean más intensos y menos sosegados que en otros momentos. Dicho esto hay otros proyectos legislativos que quieren desarrollar la reforma estructural que nuestra justicia pide. Aquí tendríamos que hablar de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la creación de los Tribunales de Instancia o la Ley de Demarcación Y Planta. Junto a ellas reformas como la del Código Procesal Penal que pretende actualizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, reforma más que necesaria para adecuarse a los nuevos tiempos penales. Hay otras iniciativas como la Ley de Seguridad Ciudadana, la propia de Seguridad Privada o el anteproyecto de interrupción del embarazo, muy criticados. Se ven como que restringen derechos a los ciudadanos. Es complicado hacer un análisis genérico de estos proyectos de ley que usted cita. Cada cuerpo legal que me cita tiene innumerables artículos. Habría que ir dando la opinión de cada uno de sus artículos. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana hay que señalar que es evidente que se están generando fuertes enfrentamientos sociales. Hay movimiento orquestados para desestabilizar la vida en comunidad. Que se haga esta reforma legislativa para que todos cumplamos las leyes me parece una medida razonable. Lo que habría es que analizar cada una de las medidas de dicha norma para cumplir ese objetivo que antes le mencionaba. Respecto a la interrupción del embarazo, estamos pendiente del desarrollo legislativo. Ignoro el posicionamiento final que adopte el Parlamento. En este sentido avanzar cuál será el resultado final de la ley es imposible. Los jueces nos dedicaremos a aplicar el ordenamiento jurídico que se nos dé. No tenemos posibilidad de objetar en conciencia aunque si se viera que fuera necesario si podrían plantear cualquier cuestión de constitucionalidad. Es una decisión acertada implantar tasas para resolver el problema del colapso de la justicia? NO es la única decisión para resolver la litigiosidad la implantación de tasas. Hay otros elementos que se pueden desarrollar como mecanismos alternativos de la justicia como la mediación o la conciliación. También se podría establecer por ley que determinadas cuestiones no se judicialicen o que algunas decisiones se solucionaran en única instancia sin que hubiera recurso de alzada. Lo instrumentos de disminución de la litigiosidad son varios en este país. Uno más es el de las tasas judiciales, así pasa en otros países. Ustedes han defendido la vuelta de las tasas… En nuestro caso siempre defendimos la reimplantación de las tasas que se eliminaron a partir de 1986. Creemos que el gasto de la administración de justicia hay que pagarlo. La cuestión es saber si lo pagamos todos, con nuestros impuestos o si lo hace esa persona que hace uso del sistema de forma abusiva. ¿Cómo ve toda la polémica que ha generado esta medida de implantar las tasas en primera instancia y a nivel de recursos? Es evidente que el pagar una tasa supone un posicionamiento colectivo frente al pago via impuestos que no se percibe de forma visible. Sin embargo creo que las tasas no suponen imponer un gasto importante. Además hay que señalar que esas tasas no son pagadas por aquellas personas que tienen el beneficio de la justicia gratuita. Por otro lado aquellos que tienen que afrontar las tasas ya están pagando cantidades mayores a abogados y procuradores. Me parece asumible que se pague una parte del coste administrativo del procedimiento. En todo caso, nuestra asociación defensión que la tasa no fuera de entrada. Que fuera de salida. Que se pagase al final del procedimiento por aquel que hubiera mantenido su postura en el procedimiento sin justificación, con dos excepciones, si ha perdido tuviera el beneficio de justicia gratuita o en el caso que el juez viera que ese argumento era jurídicamente sostenible. ¿Están contentos ustedes de la labor del Ministro, de cómo esta gestionando la relación con los operadores jurídicos? Los jueces no debemos entrar a valorar una actuación política en tránsito determinada. Si queremos que se modernice y actualice el sistema de nuestra admistración de justicia y del poder judicial. Actualmente esta administración de justicia se sustenta, en gran parte, por la labor de los jueces y magistrados de este país, siempre más allá de lo ordinario y conveniente. Dedican gran parte de su ocio para que el sistema funcione. Nuestra carrera judicial está algo agotada de ese sobreesfuerzo. Es el momento de un compromiso público de cara a la modernización de nuestra justicia, igual que se han hecho otras administraciones. Este es un reproche que hay que hacerlo a todas las legislaturas democráticas. Otros compañeros de asociaciones judiciales señalan que hay demasiados interlocutores, Ministerio, CGPJ y CCAA con competencias en justicia… El modelo que tenemos lo ha fijado el proceso político correspondiente. Creo que por eso no tiene mucho sentido analizar cómo serian las cosas de otra manera. Lo importante es saber la manera de impulsar la modernización de la justicia, desde este modelo fijado por el Parlamento, representantes de los ciudadanos en estos últimos treinta años. Es posible que tuviera que haber mayor coordinación entre esas entidades que usted ha citado. Se trata de solventar los problemas que la opción política trae consigo desde un modelo central con el Ministerio de Justicia y el CGPJ como órganos principales teniendo en cuenta las especificades de las CCAA.
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