MARKETING
COMUNICACIÓN
INTERNET
FORMACIÓN
RRHH
PUBLISHING & EVENTS
DIRECTORIO
Noticias de Despachos
Operaciones
LP emprende - ENTREVISTAS
Al hilo de la reunión del pasado fin de semana del Comité Permanente de la asociación Judicial Jueces para la Democracia en el Colegio de Alcalá de Henares, reunión en la que esta entidad pidió la dimisión del Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, este diario digital ha querido conocer más en profundidad la posición sobre los grandes temas de la justicia de la propia asociación a través de su portavoz nacional, Joaquím Bosch. “Es evidente que las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana tal y como se plantean suponen un recorte grave de los derechos fundamentales del ciudadano. También es inadmisible la ley de tasas judiciales que dificulta el acceso a la justicia al ciudadano y la nueva reforma del aborto que quiere llevar al Parlamento”, explica. Desde su punto de vista hasta la fecha la gestión del Ministro no ha podido ser más negativa “ahora quiere privatizar los registros civiles mientras mantiene una legislación hipotecaria negativa para el consumidor y apuesta por un CGPJ mermado en sus funciones y claramente politizado.” Desde su punto de vista este 2014 va a ser un año complicado porque el servicio público de justicia empeorará a nivel de calidad. En primera persona “Jueces para la Democracia nació como corriente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) el 28 de Mayo de 1.983 y un año después se constituyó en asociación independiente. Somos 550 jueces asociados en todo el territorio nacional. Desde sus inicios la asociación se rige por medio de un Secretariado, integrado por 9 miembros y un Comité Permanente que se renueva cada 2 años en un congreso convocado al efecto. La reunión de ese fin de semana en Alcalá de Henares ha sido la última realizada por dicho Comité. En esta reunión tras haber analizado las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana o el próximo Código penal creemos que no haya necesidad de esos cambios, si vemos las estadísticas de delincuencia y percepción de seguridad de los ciudadanos. Se produce un efecto de intimidación para que las personas duden a la hora de acudir a una manifestación, porque pueden acabar en prisión si suceden imprevistos, o porque se les pueda poner una sanción de hasta 600.000 euros", como prevé la Ley de Seguridad Ciudadana Además, la reforma aumenta el castigo para conductas de "poca relevancia social", como ocupar pacíficamente entidades privadas."Está claro que es una referencia a las acciones de Stop Desahucios y otros colectivos que hacen protestas en el interior de los bancos, y que ahora se castigarán con penas de prisión. Se observa pues que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, bautizado por algunos colectivos como "ley mordaza", complementa algunos cambios introducidos en el Código Penal. En relación a la reforma de la Ley del Aborto, vemos inadmisible que el Gobierno quiera trasladar algunos planteamientos religiosos, que recortan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a la legislación estatal. La Ley del Aborto, a juicio de la asociación, provocará importantes desigualdades sociales, por el hecho de que algunas mujeres podrán financiarse una interrupción del embarazo en el extranjero y otras recurrirán a redes clandestinas. Sr. Bosch, entiendo que hace falta un cambio de talante en el Ministerio de Justicia. Es evidente que es así. De hecho no es de recibo que las reformas que se planteen sean restrictivas de los derechos del ciudadano con todos los sectores jurídicos en contra. No puede ser que todos estemos equivocados en relación al Ministro Gallardón. Es peligroso pretender tener razón frente a lo que dice la gente. En el ámbito político no se puede gobernar en contra de los intereses sociales. Falta una actitud de diálogo por parte del Ministro; de saber escuchar las demandas de los diferentes colectivos y de consensuar las líneas básicas de funcionamiento entre todos. Ninguna de las reformas que plantea el Ministro va a generar efectos beneficiosos para la sociedad. Por desgracia se están cumpliendo los pronósticos de los riesgos que generaban este tipo de reformas. Por curiosidad, ¿cuándo fue la última vez que Jueces para la Democracia mantuvo diálogo con el Ministro Gallardón? Nos vimos con él y su equipo en marzo del 2013. Ya nos dijo que estaba dispuesto a escucharnos pero que no modificaría nada… Creo que este planteamiento es un error para eso es mejor que no te reúnas. Cualquier Ministro debe sentarse y buscar soluciones desde una voluntad de diálogo y de llegar acuerdos constructivos. El Ministro de Justicia es prepotente en las formas y parte de un desconocimiento importante del sistema judicial. En estos dos años largos que lleva en Justicia no se le conoce que haya pisado un juzgado para interesarse como funcionan.. Tampoco ha mostrado curiosidad para entender los problemas y buscar soluciones. Llevamos los últimos veinte años en medio de posibles reformas que no llegan a nuestra justicia ¿Donde está el problema real, entonces? Hasta ahora no ha habido una voluntad por parte de los Gobiernos por hacer el esfuerzo de modernización y transformación de nuestra justicia. Seguimos a la cola en el número de jueces por habitante en Europa y los recursos que se destinan también son muy escasos. Es evidente que se ha pensado que la justicia no daba votos. Y es aquí cuando se olvida la gran capacidad de la justicia para dinamizar el sistema económico. Ahora hay cerca de 15.000 millones de euros paralizados en nuestros juzgados. Es fundamental que nuestro sistema judicial genere seguridad jurídica. Que sea más ágil y que los pleitos no se eternicen. Que no sea así perjudica a nuestro sistema económico y a potenciales inversores que buscan solidez en sus transacciones. Se ha intentando poner en marcha la Oficina Judicial con escaso éxito. Después de tantos años entre su diseño y concepción la Oficina Judicial sigue estancada. Falta la inversión pública y el compromiso ministerial adecuado para seguir adelante. Hay que darse cuenta que nuestra legislación para el desarrollo de esta iniciativa sigue sin desarrollarse de forma adecuada. Nuestro sistema de Oficina Judicial es propio del siglo XIX. Los pocos recursos que tenemos están organizados de forma muy ineficiente. Es evidente que falta una organización más adecuada de nuestro sistema judicial y creemos que este Gobierno no va a ser capaz de ponerlo en marcha y seguirá estancada cuando acabe esta legislatura. Otra de las reformas polémicas es la ley de Planta y Demarcación que busca otra reordenación de partidos judiciales. Creemos que va a ser imposible que se apruebe en esta legislatura, igual camino le va a suceder a los Tribunales de Instancia en esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que planea nuestro Ministro. Desde fuera lo que se nota es la falta de un proyecto global para modernizar nuestra justicia. Solo se ven medidas improvisadas, nada consensuadas entre los operadores jurídicos. Los principios de esta reforma son positivos si realmente consiguen una mejor gestión de los asuntos sabiendo que el antiguo modelo de partido judicial ya no vale. Suprimir determinados juzgados es algo muy delicado que habrá que ver con calma para que no afecte a los intereses del ciudadano. ¿Mejoraría nuestro sistema judicial si las comunidades autónomas devolviesen sus competencias transferidas? Yo no lo veo así. Lo que si percibo es una falta de profundizar realmente en lo que es el Estado de las autonomías. Partimos de un buen modelo de Estado autonómico para gestionar toda una serie de competencias siempre y cuando haya una voluntad de ejercerlas. De hecho hay Comunidades autónomas con competencias transferidas que han hecho funcionar la justicia como servicio público mejor que en el territorio que gestiona Justicia. No es un problema autonómico sino de voluntad y de una gestión deficiente solo hay que ver algunos juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid para ver la falta de inversiones públicas que son necesarias en esas dependencias judiciales. Nuestra justicia es lenta y litigiosa pese a las tasas judiciales que impuso el Ministro hace algo más de un año ¿ No cree que el Tribunal Constitucional debería ser más rápido en los recursos que tiene pendientes sobre la inconstitucionalidad de las mismas? No soy yo quien tiene que marcarle el ritmo de trabajo al Tribunal Constitucional pero lo que sí es cierto es que cuestiones como estas deben resolverse cuanto antes porque afectan a u derecho tan básico como es el de acceso a los tribunales. Los datos que manejamos revelan un descenso importante de los asuntos en las jurisdicciones civiles y contencioso administrativo por las tasas. Es evidente que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos a cambio de descongestionar el sistema judicial. Se dejan fuera muchos asuntos, muchas injusticias sin revolver mientras que las grandes empresas o entidades bancarias no tienen ningún problema para litigar. Hay gente que se está quedando fuera del sistema judicial y eso es muy grave. Aún no sabemos dónde irá el dinero de las tasas judiciales recaudado. Es falso que el dinero de las tasas vaya a ir a la justicia gratuita. De hecho los presupuestos de justicia gratuita pese a la crisis no se han incrementado pese al mayor número de ciudadanos que lo requieren como servicio. El dinero de las tasas va a parar al déficit general del Estado y no sirve para mejorar la justicia gratuita y, por otro lado, hay menos gente que litiga con el turno de oficio porque el número de demandantes es mayor pero se mantienen sus prestaciones. Asi se empeora este servicio no me cabe duda. Hemos sabido que este jueves Constitucional y Supremo se han reunido por vez primera en muchos años de su historia. Todo lo que sea compartir criterios y unificar, en la medida que tenga encaje legal, formas de actuación es positivo. Se trata de acercar las instituciones y que no existan ningún tipo de recelos entre ellas. Y de evitar interferencias… Se trata de trabajar con mejor sintonía. Es evidente que si el Tribunal Constitucional ha enmendado la plana al Supremo en determinadas ocasiones lo hacia desde sus propias competencias. No podemos olvidar que una de las competencias de esta institución es que todas las sentencias, incluidas las del Supremo, se ajusten a los preceptos constitucionales. Parece ser que la reunión fue promovida por Carlos Lesmes, nuevo presidente del CGPJ y del Supremo. ¿Qué valoración puede hacer de sus primeras actividades al frente de este organismo judicial? Este CGPJ nace totalmente devaluado por una pérdida muy importante de sus competencias y de la dedicación de sus vocales. Es un órgano con poca gente de dedicación total. Nos consta que hay quejas constantes por parte de los vocales de falta de información y de medios para realizar sus funciones constitucionales. Además este modelo es muy presidencialista y facilita además que el presidente tome muchas decisiones sin contar con el resto de la institución. A nadie se le escapa que el CGPj salió de un reparto entre los partidos políticos donde el Ministro Gallardón se reservó la mayoría en la institución poniendo al frente a Carlos Lesmes que ya fue Director General de Justicia en el Gobierno de Aznar. ¿Cómo afecta todos estos cambios a la independencia judicial? Como usted podrá comprobar no es positivo para esta independencia judicial que se busca. Ni tampoco para la credibilidad de la institución. Se debe percibir que el CGPJ está al margen de los intereses de los políticos y con este nuevo modelo no se ve esa separación. Aun así, sabemos de la valia de muchos de los vocales elegidos. Veremos si a medio plazo se pueden liberar del origen de la forma partidista en la que fueron nombrados y son capaces de actuar de forma autónoma y en defensa de la independencia judicial. A las dos semanas de su puesta en marcha creó la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, muy comentada en la carrera judicial. Es cierto que se ha visto con mucho recelo entre nuestra profesión esta nueva figura. Antes había instructores que funcionaban de otra manera y que no sabíamos qué tipo de procedimiento iban a instruir. Los instructores daban seguridad jurídica al estar respaldados por unas reglas. El hecho de ser una única figura, que sea siempre el mismo, nombrado por la mayoría del Consejo y que un Gobierno con mayoría absoluta haya diseñado esta figura expresa las reservas de la carrera judicial ante su actividad. Tendremos que ver ahora como se desarrolla a corto y medio plazo. ¿Cómo han visto ustedes el recurso planteado por Francisco de Vitoria sobre el nombramiento de estos doce vocales elegidos por los partidos políticos? Es evidente que los vocales del CGPJ han sido elegidos a raíz de un pacto entre las diferentes fuerzas políticas. Ya dijo el Tribunal Constitucional que la elección de los vocales sería válida siempre y cuando no trasladasen al Consejo la misma división que hay en el Parlamento. Y asi convertir el CGPJ en un miniparlamento. Pese a las advertencias del Constitucional es lo que ha pasado. Es evidente que no es positivo para la credibilidad de nuestro sistema judicial. Si el CGPJ no tiene imagen de credibilidad y neutralidad es malo para nuestra justicia. Cuestión diferente es saber qué va a pasar con la impugnación y como resolverá el Tribunal Supremo esta situación. Pensamos que este reparto por cuotas del CGPJ no se acerca al espíritu del Constitucional. Respecto a la carrera judicial, ¿Cómo valoran la reforma con la puesta en marcha de los tribunales de instancia? Se trata de cambiar órganos unipersonales en colegios de jueces y el peligro es que se vulnere el principio de juez predeterminado por la ley y que afecte a la independencia judicial. Todo lo que sea una mejor organización del trabajo judicial es positivo. Cuestión diferente es quien tomará las decisiones, los propios presidentes de los Tribunales de Instancia, cargos elegidos gubernativamente en lugar los decanos actuales elegidos por los propios compañeros. En cualquier caso hacen falta reformas estructurales más importantes que los tribunales de instancia. Se necesitan más inversiones y reformas procesales como la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras cuestiones prioritarias. ¿Qué imagen tiene la sociedad, de ustedes los jueces? La sociedad advierte que la justicia no funciona bien. Pese a ello creo que muchos de nuestros compañeros demuestran su independencia en su actuación. Ahí está el trabajo en la lucha contra la corrupción donde se valora nuestra labor.. También es cierto que los jueces han forzado ciertos cambios legislativos en las hipotecas y buscar soluciones para proteger los derechos de las personas afectadas. En el campo laboral frente a las presiones del gobierno y FMI han decidido de forma independiente sobre despidos en función de los derechos de las partes. Igual ha pasado en la sanidad madrileña donde el TSJ ha suspendido cautelarmente la privatización del servicio. Es importante que la sociedad vea que los jueces no se quieren arrastrar a un poder monolítico dirigido por el poder económico y eso la sociedad lo valora de forma positiva. ¿Qué números de jueces hacen falta en nuestra plantilla para poder dar respuesta a los asuntos que llegan? Es complicado contestar a esa pregunta. Ni siquiera el Ministerio de Justicia tiene un estudio riguroso sobre este tema tan importante. Lo que si está claro es que más de 1500 jueces sustitutos fueron despedidos sin razón alguna. Y que ahora se pretende que los jueces llamados titulares asuman esa carga, cuestión que es imposible. Hay un retraso estructural de los asuntos y otra paradoja. Tenemos cerca de 400 jueces que están en expectativa de destino y que no tienen órgano judicial donde acudir. NI CGPJ ni Justicia saben el destino de estos profesionales. Es fundamental una reestructuración a fondo de nuestro sistema judicial y una reforma más amplia fuera de la improvisación con la que ha actuado Gallardon hasta la fecha. Los políticos no invierten en justicia pero si realizan manifestaciones fuera de lugar si el fallo judicial no es acorde a sus objetivos… Hay sectores políticos que no respetan la independencia judicial y esto es impropio de un Estado de Derecho. En estos casos el CGPJ debería salir con más firmeza en defensa de esos magistrados cuestionados por sus fallos judiciales. La discrepancia es buena, y mejor con argumentos jurídicos, lo que resulta inadmisible es atacar a los jueces desde descalificaciones personales. Presionar al juez para que cambie su decisión es ilegítimo. El CGPJ debe ser más diligente y algunos políticos deben saber entender lo que es la división de poderes. Finalizamos. ¿En un año como este 2014 que vislumbra que pueda pasar con las reformas previstas por Justicia? Me temo mucho que la situación va a empeorar. Solo se han puesto parches porque no se quiere invertir en justicia. Para bajar la litigiosidad se han puesto las tasas judiciales, a la vez se han despedido a los jueces sustitutos, no son soluciones serias. Las soluciones serias pasan por mayor inversión pública en materia de justicia de cara a adaptar la planta judicial y jueces por habitante a la litigiosidad real. Además es necesaria una nueva organización judicial eficaz y que optimice mejor los recursos que tenemos. Por último necesitamos cambios procesales en regulaciones obsoletas y que necesitan de instrumentos y procedimientos más adecuados a los existentes y a las normas sustantivas que tenemos. No creo que esto se ponga en marcha durante este año. Eso hará que la calidad de nuestra justicia empeore pese a las demandas sociales que piden una mejora.
Buscar en lawyerpress.com
comparte ésta información
Tweet
copyright, 2014 - Strong Element, S.L. - Peña Sacra 18 - E-28260 Galapagar - Madrid - Spain - Tel.: + 34 91 858 75 55 - Fax: + 34 91 858 56 97 - info@lawyerpress.com - www.lawyerpress.com - Aviso legal
