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Estimado internauta:
El culebrón de las “ tasas judiciales” parece no tener fin claro. Cuando en unos días sabremos tras el estudio hecho por el Ministro Catalá cuál será la rebaja que tendrá el ciudadano sobre este gravamen que, hoy por hoy, es un claro obstáculo al acceso a la justicia, otro frente ha surgido a raíz de una pregunta parlamentaria sobre el dinero recaudado por ese impuesto.
En un país como el nuestro, donde no podemos quejarnos de reguladores y de organismos de control, otra cosa es que, visto lo visto los escándalos financieros como Bankia, Gowex, entre otros, hemos sabido que el titular de Justicia, a respuesta de una pregunta parlamentaria, desconoce el paradero de las tasas judiciales.
Catalá, del que nadie duda que ha logrado mejorar las relaciones, antes inexistentes entre los operadores jurídicos y el Ministerio, también señaló en su turno de respuesta que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria "la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa". Es un organismo que interviene en la gestión pero no puede dar información sobre el mismo.
Y aún más parece ser que , no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa", señalan fuentes consultadas de Justicia
Mayor opacidad, imposible. Curiosamente hace dos meses la vicepresidenta Soraya se deshacía en elogios sobre la Ley de Transparencia aprobada el pasado mes de diciembre y que iba a situar a nuestro país encabeza del Buen gobierno. “ Se trata que los ciudadanos tengan acceso a la información y la reclamen y las entidades rindan cuenta ante ellos”, manifestaba en una de sus últimas comparecencias.
Pues bien, no ha pasado ni siquiera dos meses de su aprobación y ya nos encontramos con situaciones como ésta. Nadie sabe dónde está el dinero de las tasas. Dinero que según el artículo 11 de la mencionada ley iba a servir para financiar la Justicia Gratuita en nuestro país. Un servicio tan falto de medios que sale a flote por el coraje de los abogados inscritos en el mismo, a falta de medios y pagos adecuados.
Catedráticos como Andrés de la Oliva critican con dureza esta situación en un contundente post de su blob que bajo el título de “la mentira de las tasas judiciales” aporta luz a esta situación kafkiana y nunca vivida en ningún país europeo. Por su calidad e importancia lo reproducimos en este artículo http://goo.gl/RhRfBT
Queda por ver qué postura adoptaran los Consejeros de Justicia, algunos de ellos como Emilio de Llera en Andalucía o Salvador Victoria en Madrid, significados públicamente por haber pedido en varias ocasiones que el dinero de las tasas sirviera para financiar la justicia gratuita http://goo.gl/2X2IFL Habrá que ver cuál va a ser su actitud futura porque ya conocen que ese dinero prometido no irá a ayudarles el servicio de la justicia gratuita.
En un país donde el ciudadano está volviendo la espalda a sus instituciones y sistema de bipartidismo actual por otras opciones menos contaminadas del conformismo y de la corrupción que se respira en el ambiente, es clave que nuestro Gobierno ofrezca una explicación más clara del destino de las tasas judiciales.
Debe ser la abogacía institucional a través del CGAE y otras instituciones como el Defensor del Pueblo quienes conminen a nuestro Ejecutivo a aclarar esta cuestión lo antes posible. Se imagina lector, si su empresa tuviera un agujero de 500 millones sin justificar. ¿Cuántas cabezas caerían, verdad?
En un año electoral como el que nos aprestamos a afrontar el ciudadano está harto de medias verdades y depositará su confianza en aquella formación que le demuestre honestidad y seriedad, elementos que por lo visto, faltan ahora en nuestra política.
No basta con aprobar leyes como la de la Transparencia, para quedar bien. Es necesario que el talante y la actividad de los poderes públicos se impregne de la misma.
Hay que pasar de la palabra a los hechos, Catalá.
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@LuisjaSánchez | 
