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Veinticinco
años
de
vida
no
se
cumplen
todos
los
días.
En
el
caso
de
CIMA,
Corte
de
Arbitraje
Civil
y
Mercantil
sus
promotores
impulsaron
varias
iniciativas.
La
primera
de
ellas
un
Congreso
Internacional
en
la
capital
de
España
con
la
presencia
de
principales
expertos
en
la
práctica
arbitral.
Y,
de
forma
paralela,
se
puso
en
marcha
la
gestación
de
una
monografía
sobre
estos
últimos
veinticinco
años
de
arbitraje
en
nuestro
país.
Coordinado
por
José
Carlos
Fernández
Rozas,
también
autor
del
artículo
que
relaciona
al
arbitraje
con
la
jurisdicción,
esta
publicación
es
una
magnífica
monografía
de
lo
que
ha
sido
la
evolución
del
arbitraje
en
este
cuarto
de
siglo.
Su
lectura
debería
ser
obligatoria
en
cualquier
Facultad
de
Derecho
porque
reúne
amenidad
y
rigurosidad
de
la
mano
de
los
principales
espadas
del
arbitraje
en
nuestro
país.
Uno
tras
leer
con
calma
este
volumen
puede
conocer
mejor
como
funciona
el
arbitraje
y su
procedimiento
arbitral
o
adentrarse
en
las
especialidades.
En
nuestro
caso
de
la
mano
de
Enrique
Medina,
Francisco
Prol
y
Antonio
Martínez
hemos
conocido
otras
prácticas
arbitrales
diferentes
como
en
el
campo
administrativo,
arbitraje
financiero
y el
arbitraje
tributario,
actividades
que
esperemos
no
tarden
en
llegar
a
nuestra
jurisdicción.
En
la
foto
junto
a
Juan
Serrada,
presidente,
de
izda
a
derecha
Francisco
Prol
y
Eduardo
Medina.
Enrique
Medina
Fernández, abogado del Estado
ya
en
edad
de
jubilación,
es
miembro
de
CIMA
desde
su
fundación.
En
este
monográfico
que
la
entidad
arbitral
ha
editado
sobre
este
cuarto
de
siglo,
ha
escrito
un
interesante
artículo
sobre
el
arbitraje
administrativo,
una
práctica
poco
conocida
en
esta
jurisdicción
por
el
auge
de
los
tribunales
contenciosos
administrativos
aunque
sean
lentos
en
la
práctica:
“Creo
que
CIMA
ha
sabido
adaptarse
a
los
nuevos
tiempos
de
manera
acertada.
Por
desgracia,
la
práctica
arbitral
aún
no
ha
calado
todo
lo
que
quisiéramos
como
alternativa
a la
jurisdicción
habitual”,
indica
Reconoce
como
personal
su
incorporación
al
mundo
del
arbitraje
de
la
mano
de
esta
institución
“el
arbitraje
tiene
un
porvenir
magnífico
en
España
al
igual
que
ya
está
desarrollado
en
otros
países
donde
se
confía
en
el
trabajo
de
los
árbitros
y
Cortes
por
su
eficacia
y
prontitud”
Una
de
las
cosas
que
más
valora
este
jurista
es
la
apertura
de
CIMA
a
otros
profesionales,
como
abogados
de
gran
experiencia,
Catedráticos
o
letrados
del
Consejo
de
Estado
como
árbitros.
|
“Veinticinco años de Arbitraje en España” es la obra que ha editado CIMA para resumir de la mano de los principales expertos en arbitraje el desarrollo de esta práctica en nuestro país” |
En
“Veinticinco
años
de
Arbitraje
en
España”,
Medina
ha
glosado
la
figura
del
arbitraje
administrativo,
una
de
las
cuestiones
aún
pendientes
en
la
práctica
arbitral.
Mientras
que
su
uso
es
común
en
el
derecho
civil
o en
el
mercantil
o en
el
arbitraje
internacional
“
hay
leyes
que
guardan
la
posibilidad
que
los
entes
públicos
puedan
acudir
a
arbitraje
en
sus
conflictos
con
los
particulares,
pero
las
experiencias
son
escasas.
De
hecho
en
principio,
haría
falta
una
ley
que
lo
autorizase
o,
de
otra
manera,
un
acuerdo
del
Gobierno
en
forma
de
decreto
autorizando
que
esa
relación
jurídica
se
solventara
via
arbitral
en
lugar
de
acudir
a la
jurisdicción
de
los
tribunales
contenciosos
administrativos
que
por
ley
les
atañe”.
Para
este
experto
el
arbitraje
administrativo
tendría
como
objeto
resolver
sobre
esas
cuestiones
que
hoy
en
día
van
a
los
tribunales
de
justicia
y
que
pudieran
ir a
arbitraje
si
en
esa
relación
contractual
hay
una
cláusula
arbitral
que
lo
estipula.
“La
falta
de
desarrollo
es
por
la
falta
de
la
citada
legislación,
hubo
una
norma
de
1955
que
al
final
no
se
puso
en
práctica”,
recuerda.
En
el
caso
de
Francisco
Prol,
abogado
y
árbitro
en
diferentes
Cortes
Arbitrales
entre
las
que
destaca
CIMA,
aunque
recuerda
que
actúa
más
de
árbitro
realmente
reconoce
estar
más
especializado
en
los
temas
financieros
y
societarios.
Es
precisamente
el
desarrollo
del
arbitraje
financiero
la
excusa
para
leer
un
notable
artículo
suyo
en
este
monográfico
que
ha
editado
CIMA
con
motivo
de
su
veinticinco
aniversario:
“También
al
manejar
varios
idiomas
estoy
adscrito
a
varias
Cortes
de
Arbitraje
extranjeras
desde
China
hasta
Brasil,
eso
me
permite
gestionar
arbitrajes
de
carácter
internacional
y en
otras
jurisdicciones”,
aclara.
Para
este
jurista
la
calidad
media
de
los
árbitros
de
CIMA
está
por
encima
de
la
de
otras
entidades
arbitrales
“Los
litigios
que
he
gestionado
tienen
que
ver
con
construcción,
energía.
Ahí
el
sistema
de
designación
de
árbitros
tiene
mucho
que
ver
y
que
puedas
llevar
en
esta
institución
arbitral
arbitrajes
de
diferente
naturaleza”,
comenta.
A su
juicio
la
evolución
de
CIMA
es
muy
notable
como
impulsora
del
arbitraje
en
nuestro
país.
El
arbitraje
requiere
de
especialistas
Sobre
su
artículo,
relacionado
con
el
arbitraje
financiero,
Prol
señala
que
hay
una
ventaja
clara
en
el
arbitraje
que
es
la
especialización
del
árbitro
“una
de
las
cuestiones
que
más
tienen
en
cuenta
las
empresas
para
elegir
su
método
de
resolución
de
conflictos
frente
a la
labor
del
juez
que
es
más
generalista”,
aclara.
Desde
su
punto
de
vista
no
es
inmediata
su
implantación
en
este
sector
de
la
actividad
económica
“el
arbitraje
tendrá
su
sitio
en
el
campo
financiero
cuando
se
haya
realizado
una
labor
de
educación
arbitral
de
todas
las
partes
que
puedan
estar
implicadas
en
el
asunto.
Habría
que
intentar
formar
en
esta
materia
a
responsables
de
asesoría
jurídica
de
entidades
financieras
como
a
otras
personas
que
también
influyen
en
la
toma
de
decisión
concreta.”
Y
señala
que
perder
un
caso
en
arbitraje
es
menos
justificable
a
ojos
de
terceras
personas
que
si
este
caso
financiero
se
pierden
en
la
jurisdicción
ordinaria,
sobre
todo
por
la
falta
de
conocimiento
a
nivel
empresarial
de
la
práctica
arbitral
y su
valor
añadido
respecto
a la
jurisdicción
ordinaria.
“En
muchas
ocasiones
algún
banco
internacional
me
ha
comentado
que
no
introducían
cláusulas
de
arbitraje
en
sus
contratos
porque
no
era
un
standard
a
nivel
internacional”,
comenta.
Sin
embargo
Prol
ve
el
arbitraje
con
mucho
futuro
“la
comunidad
arbitral
española
ha
crecido
mucho
tanto
en
árbitros
como
en
instituciones
arbitrales
y
eso
garantiza
su
futuro”.
Otro
de
los
autores
de
este
“Veinticinco
años
de
Arbitraje
en
España”,
editado
por
CIMA
es
Antonio
Martínez
Lafuente,
abogado
del
Estado
desde
1971,
doctor
en
Derecho
y
árbitro
de
esta
entidad
arbitral
desde
su
creación
“ La
verdad
que
estoy
muy
satisfecho
de
mi
vinculación
a
CIMA
en
este
cuarto
de
siglo.
Cuando
arrancamos
el
proyecto
éramos
la
única
entidad
arbitral
en
aquel
entonces
de
1989.
Empezó
siendo
una
entidad
corporativa
formada
por
abogados
y
letrados
del
Estado
pero
luego
ha
sabido
abrirse
al
exterior
de
forma
acertada”.
Reconoce
que
la
trayectoria
ascendente
de
esta
entidad
arbitral
es
digna
de
elogio.
Martínez
ha
sido
árbitro
en
temas
relacionados
con
incumplimientos
contractuales
por
una
de
las
partes
que
no
cumple
esas
obligaciones.
“Son
temas
muy
específicos,
donde
tienes
que
oír
a
las
partes
y
ver
las
pruebas
que
se
practican
para
luego
tomar
la
decisión
como
árbitro
que
a
veces
no
es
tan
sencilla
como
parece”,
advierte.
Su
colaboración
en
esta
monografía
sobre
el
arbitraje
es
un
tema
controvertido
y de
gran
actualidad
como
es
el
arbitraje
tributario.
“Nadie
puede
olvidar
que
este
es
uno
de
los
sectores
con
mayor
índice
de
litigiosidad
con
respecto
a
otros.
Por
desgracia,
hasta
ahora
no
existe
un
mecanismo
extrajudicial
que
se
pueda
ocupar
de
las
cuestiones
menos
graves,
fuera
del
delito
fiscal
y
otros
asuntos”,
resalta.
El
desarrollo
del
arbitraje
tributario
pasaría,
desde
su
punto
de
vista,
porque
nuestra
Hacienda
tuviera
una
ley
que
le
habilitara
para
este
cometido
y
así
crear
una
entidad
arbitral.
Al
mismo
tiempo
habría
que
ver
cómo
se
gestionan;
si
se
suspenden
el
ingreso
de
las
liquidaciones,
si
hubiera
o no
delito
fiscal.
No
hay
una
regulación
y
por
este
motivo
no
está
en
marcha”,
indica.
“En
mi
artículo
constato
esa
no
regulación.
Hablo
de
los
deseos
por
poner
en
marcha
esta
actividad,
sin
embargo
incluso
en
la
próxima
reforma
de
la
Ley
General
Tributaria
que
ya
está
en
el
Congreso
nada
dice
sobre
este
asunto.
El
principal
problema
es
que
Hacienda
se
resiste
a
que
le
enjuicien
entes
diferentes
a
los
propios
tribunales
de
justicia”,
subraya.
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