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30 de NOVIEMBRE de 2015

CIMA acoge en su sede el Seminario Permanente de CIAMEN, centrado en la anulación judicial del laudo arbitral

Redacción CIMA NOTICIAS

Jesús Remón, socio de procesal de Uría Menéndez, y el catedrático de la Complutense, José Carlos Fernández Rozas –ambos, árbitros de CIMA- ofrecen dos puntos de vista complementarios sobre esta cuestión.

Debate de gran altura intelectual el que se celebró el pasado jueves en el Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación (CIAMEN) del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo; evento que, en esta ocasión, trasladó su lugar habitual de encuentro a la sede corporativa de CIMA, Corte Civil y Mercantil, ubicada en el centro de la capital de España. Tras las palabras de bienvenida de Francisco Ruiz Ruiseño, secretario general de esta entidad, y de José María Beneyto, director de CIAMEN, ambos señalaron la colaboración existente desde 2007 entre estas entidades para editar la Revista de Arbitraje e Inversiones –publicación doctrinal de referencia en la materia-, para celebrar este encuentro arbitral de carácter bimensual y para organizar anualmente la Conferencia Internacional Hugo Grocio. A continuación, las intervenciones de Jesús Remón, socio de procesal de Uría Menéndez y de José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, como discussant, permitieron un debate de gran altura jurídica. Ambos son árbitros de CIMA.

Los asiduos al Seminario Permanente sobre arbitraje coinciden en señalar que este encuentro –que tuvo lugar el pasado jueves- sobre el control judicial del laudo y su anulación cumplió con las expectativas pensadas por los organizadores del mismo. Muchos de los ilustres asistentes que acudieron al mismo alabaron la capacidad técnica de los ponentes, cada uno en su terreno.  De Jesús Remón se sabe su capacidad analítica y su solvencia para lograr conclusiones que siempre hacen reflexionar. Por su parte, el profesor Fernández Rozas es una de las cabezas doctrinales más destacadas que existe en nuestro país en su materia. Fue el innovador del sistema de estudio del derecho internacional privado en los años noventa y todo el mundo sabe que es un estudioso del arbitraje. Los expertos que allí acudieron analizaron –al hilo de ambas intervenciones- el porqué de determinadas respuestas judiciales ante laudos que están bien fundamentados. Señalaron lo fundamental que es que quede bien definida por parte de los jueces de los TSJ la técnica del control del laudo.

En su intervención, Jesús Remón señaló que la anulación del laudo es un aspecto muy acotado en la práctica arbitral; es precisamente la calidad de los árbitros y de sus laudos lo que genera que su incidencia sea escasa en cualquier jurisdicción: “El problema, si no se hace bien, es que que puede generar problemas importantes de seguridad jurídica”, apuntó. Y comentó que dicha anulación de los laudos por contravenir el orden público era algo muy excepcional en nuestro ordenamiento jurídico.  “Hay que verlo como algo externo al procedimiento, donde los jueces no pueden ni deben entrar en la revisión del procedimiento o las propias pruebas del mismo”, indicó. En muchas ocasiones esa anulación se genera cuando el propio laudo se motiva escasamente. “Lo que nunca puede hacer un juez es anular ese laudo porque el desarrollo argumentativo no coincida con el de la propia Sala del TSJ”, señaló nuestro interlocutor. Para este jurista las propias sentencias del TSJ de Madrid que anulan determinados laudos centrados en temas financieros rebasan los límites establecidos y esa propia acción de anulación vulnera la tutela judicial efectiva.

Por su parte, José Carlos Fernández Rozas continuó el seminario con su exposición, matizando la cita que, sobre una opinión doctrinal suya, se contiene en una de las sentencias del TSJ de Madrid; profundizó en el concepto de orden público, distinguiendo entre su vertiente material y procesal, con mención especial al denominado “orden público económico” e hizo referencia al alcance del principio de la buena fe. Al mismo tiempo, analizó exhaustivamente la diferente respuesta que está ofreciendo las recientes decisiones del TSJ de Madrid y del TSJ de Cataluña respecto a ciertas posibles causas de anulación de los laudos y la evidente incertidumbre jurídica que ello entraña; manifestó estar completamente de acuerdo con el concepto de arbitrabilidad manifestado en el voto particular contenido en algunas de las sentencias del TSJ de Madrid; la intangibilidad del laudo en cuanto al fondo del asunto; y finalizó mostrando la preocupación, así como las posibles repercusiones que tales decisiones puedan tener para Madrid, en cuanto sede arbitral, ante el hecho de  que las recientes sentencias del TSJ de Madrid hayan generado cierta intranquilidad en los ambientes arbitrales de los países de nuestro entorno económico-social y jurídico más cercano.

Debate donde hay opiniones dispares

Con posterioridad se abrió un debate entre los asistentes, en el que se trataron diversas cuestiones: los motivos que llevaron a residenciar en los TSJ el conocimiento de las acciones de anulación de los laudos; la trascendencia que han tenido las referidas sentencias del TSJ en el extranjero y la incidencia que pueda tener respecto a los arbitrajes que tengan su sede en Madrid; el carácter expansivo de la “jurisprudencia” del TSJ de Madrid, en cuanto al orden público como causa de anulación, que empezó en el ámbito de los productos o instrumentos financieros  y se ha extendido a otras materias –como la de arrendamientos-; la necesidad de unificar los criterios de los TSJ en materia de acción de anulación de laudos y el establecimiento de algún tipo de recurso ante el TS – para “unificación de doctrina”, por “interés de ley”, etc.- o, por el contrario, atribuir directamente, y sin más, la jurisdicción y competencia para el conocimiento de la mencionada acción anulación al TS, entre otras cuestiones abordadas.

Algunos de los intervinientes centraron la discusión en determinar si la anulación de los últimos laudos por parte del TSJ de Madrid tiene su origen en un problema técnico, derivado de una ausencia de delimitación de conceptos. Coincidieron en señalar que  “es fundamental que se sepa dónde están los límites del llamado orden público económico. En este escenario, jueces y árbitros deben entender el trabajo que hacen, no solaparse y comprender cuál es la labor de cada uno. El árbitro no puede tomar decisiones ajenas a sus competencias y los jueces fiscalizar el fondo de los asuntos porque las reglas del juego son otras”, advierten. Muchos profesionales del arbitraje señalan que el problema está muy localizado y no hay que magnificarlo en su repercusión, advirtiendo que “anulaciones de laudos como éstas, generan inseguridad, mala imagen del país fuera de sus fronteras y otras consecuencias negativas para la práctica arbitral” y optando por aplicar –más que interpretar- las normas vigentes sobre la materia.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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