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22 de ENERO de 2016

Jesús Remón, director del área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez:
“El arbitraje es una de las más importantes infraestructuras para la inversión, uno de los pilares de la arquitectura oculta del progreso”

Luisja Sánchez / CanalCIMA

Jesús Remón, director del área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez

Nadie mejor que nuestro entrevistado para hacer balance de este 2015 para el mundo del arbitraje. Pocos como Jesús Remón, director del área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez conocen a fondo la práctica arbitral: “Durante el año se ha confirmado que la jurisdicción - que es hoy uno de los principales factores de competitividad de los Estados en el mundo internacional- sigue respaldando el arbitraje con decisiones razonables y que revelan un buen conocimiento de los principios rectores del arbitraje. La única preocupación se encuentra en una línea de decisión seguida en procesos de anulación por el TSJ de Madrid. Se trata de una línea de decisión que no cuenta con el unánime respaldo de la Sala y que parece limitada a ciertos asuntos. Ha generado, sin embargo, una gran preocupación”, comenta. Para este prestigioso jurista es digno de reseñar la trayectoria de CIMA como entidad arbitral, de la que forma parte como árbitro: “CIMA se ha ganado un puesto entre las cortes regionales de referencia. Su larga trayectoria de seriedad y rigor, la excelente formación de los equipos de la corte y la calidad de sus árbitros se valoran como factor de seguridad. La Corte ha sabido, además, adaptarse a los retos de cada tiempo. La modificación del reglamento se ha hecho oportunamente y en términos que me parecen muy positivos”.

Su perfil

Jesús Remón se incorporó como socio en la oficina de Madrid de Uría Menéndez en el año 1996, procedente de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional. Su actividad profesional se ha centrado  en arbitrajes, tanto nacionales como internacionales, en procesos ante la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa, y en el asesoramiento sobre cuestiones jurídico-administrativas y constitucionales. Ha asumido la dirección letrada de algunos de los más relevantes procesos sustanciados ante los Tribunales españoles y las Cortes arbitrales nacionales e internacionales. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y fue CoPresidente del Club Español del Arbitraje con Antonio Hierro en el periodo 2009-2013, así como   Vicepresidente de la sección española de International Law Association.

¿Qué balance haría de este año de arbitraje que ha concluido?

Ha habido un buen número de conflictos internacionales resueltos en procedimientos arbitrales. El número de casos internos se ha mantenido, desde mi punto de vista, en los niveles habituales. Por lo demás, se ha consolidado el proceso de reforma de muchos de los reglamentos de las cortes arbitrales de referencia.

Durante el año se ha confirmado que la jurisdicción - que es hoy uno de los principales factores de competitividad de los Estados en el mundo internacional- sigue respaldando el arbitraje con decisiones razonables y que revelan un buen conocimiento de los principios rectores del arbitraje. La única preocupación se encuentra en una línea de decisión seguida en procesos de anulación por el TSJ de Madrid. Se trata de una línea de decisión que no cuenta con el unánime respaldo de la Sala y que parece limitada a ciertos asuntos. Ha generado, sin embargo, una gran preocupación.

Desde esta perspectiva, ¿Dónde ha estado el problema realmente, en una mala praxis de los jueces o en falta de rigor de los árbitros en su labor?

En los casos que conozco, los laudos se encontraban bien fundados. La mayoría de la Sala, como destaca el voto particular que acompaña a algunas de esas sentencias, incurre a mi juicio en un exceso al delimitar el alcance del orden público como motivo de anulación. Si se examinan las sentencias, el resultado es que el criterio de los árbitros es sustituido por el del Tribunal y ese efecto está vedado en la vía de la anulación.

 Discrepo así con todo respeto de esa línea de decisión, que se encuentra bastante acotada. Siempre he dicho que en los países que una cultura arbitral avanzada, entre los que se encuentra España, la acción de anulación pasa de ser un riesgo a convertirse en una garantía. Las anulaciones imprevisibles son malas para el arbitraje. Pero cuando se ajustan a los principios esenciales del sistema solo son "malas" para los "malos" arbitrajes.

Da la sensación que la práctica arbitral a nivel internacional se consolida, no tanto a nivel doméstico.

El arbitraje internacional está consolidado desde hace muchas décadas. En el comercio y las inversiones internacionales, el arbitraje es una necesidad. No hay realmente alternativa porque se necesita a un decisor neutral de los conflictos. Y el buen funcionamiento, en general, de la vía arbitral fortalece su desarrollo. Suelo repetir que el arbitraje es una de las más importantes infraestructuras para la inversión, uno de los pilares de la arquitectura oculta del progreso.

Y como se desenvuelve en el comercio internacional y en un mundo abierto y global, conforma un sistema en red cada día más universal y homogéneo. Esto es, precisamente, lo que explica la trascendencia internacional de las decisiones de las distintas jurisdicciones nacionales en materia de arbitraje, que no pueden valorarse desde una perspectiva meramente local o aislada.

En el ámbito interno, el arbitraje se va consolidando poco a poco. Los esfuerzos de las instituciones arbitrales, como del Club español del Arbitraje, van ayudando a fortalecer nuestra cultura arbitral.

A nivel arbitral se observa cierta concentración y criba en el mercado, a nivel de entidades arbitrales. ¿Era lo que se esperaba?

Las partes acuden a los cortes arbitrales con reputación, prestigio y experiencia. En este campo no hay lugar para los experimentos y no hay, por tanto, sitio a mi juicio para las pruebas.

¿Cómo valora que muchas instituciones arbitrales hayan reformado sus Reglamentos y establecidos una segunda instancia opcional?

Todo lo que sea ampliar el campo de elección de los operadores económicos es, sin duda, positivo. No estaría de acuerdo con la imposición de una segunda instancia arbitral como mecanismo obligatorio. Pero cuando se introduce como una posibilidad que se ofrece a las partes me parece una decisión sensata.

¿Qué opinión le merece la trayectoria de CIMA como entidad arbitral en sus 25 años de vida?

CIMA se ha ganado un puesto entre las cortes regionales de referencia. Su larga trayectoria de seriedad y rigor, la excelente formación de los equipos de la corte y la calidad de sus árbitros se valoran como factor de seguridad. La Corte ha sabido, además, adaptarse a los retos de cada tiempo. La modificación del reglamento se ha hecho oportunamente y en términos que me parecen muy positivos.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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